Sentencia RP-554-20 — Registro 14654
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, con relación a la causa instruida contra el impetrante por el delito de trafico ilicito de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una promulgada que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Debiéndose aplicar la vigente...." .... " Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO(4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud, y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer una multa de CIEN A QUINIENTOS DIAS. De acuerdo al análisis que corresponde debe aplicarse al caso concreto la pena de CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, siguiendo los parámetros de la sentencia dictada en su momento, corresponde hacer la rebaja de un cuarto (1/4) a la pena minima en este caso CUATRO AÑOS, quedando una PENA CONCRETA TRES (3) AÑOS de prisión, más multa que siguiendo los referidos parámetros de la sentencia en Revisión debe aplicarse la rebaja de 1/4 siempre al mínimo de la multa; en consecuencia de acuerdo al artículo 311, del vigente Código Penal que establece una multa a imponer va de 100 a 500 días, en este caso se deberá imponer una multa de 75 días y a razón de veinte lempiras esto bajo la fórmula establecida en el artículo 53 del código penal que ya establece valores y rangos para definir la pena de días multa, esto más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA, CESAR VLADIMIRO COREA LARA, JOSE RICARDO BADOS ALEMANO y DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, por suponerlos responsables a Titulo de Autores del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 54 al 18 de la primera pieza de los antecedentes.) 2) Que fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, junto a la Defensa del Imputado DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, presentaron ante el citado Juzgado, solicitando la aplicación del Procedimiento Abreviado. (Folio 392 al 395 de la primera pieza) 3) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia en la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado DENY LEONEL MENDOZA POSADAS por el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES MESES (3) DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 750,000.00) MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.-…” (Folios 403 al 406 de los antecedentes de primera instancia) 4) Que vía correo electrónico recibido en esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintitrés de julio de dos mil veinte, el Abogado JOSE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, presentó recurso de revisión penal a favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, contra la sentencia en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fundamentando su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 186 de la Constitución de la República 5) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 19 del recurso de mérito) 6) Que en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de apoderado legal del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS; y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque se OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 37 al 40 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional y 186 constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala en el párrafo de los antecedentes que su representado el señor Deny Leonel Mendoza Posadas, “en fecha 28 de febrero del año 2019, fue condenado mediante el procedimiento abreviado, como autor, responsable del delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole una pena ONCE (11) años TRES (3) meses de reclusión, más una MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 750,000.00), más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día seis de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JORGE ENRIQUE VALLADAREZ ARGEÑAL, actúa en representación del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al Abogado JORGE ENRIQUE VALLADAREZ ARGEÑAL, expuso: “ratificamos el recurso extraordinario de revisión presentado ante esta Sala contra la Sentencia condenatoria, dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve”. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando en su parte conducente: “El Ministerio Público, por ley es llamado a conocer el recurso de revisión penal. Interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADAREZ ARGEÑAL, a favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, en contra de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 28 de febrero del año 2019, en la causa que se le instruyó por el DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de 11 años, 3 meses de reclusión más una multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias correspondientes, por lo que rinde el siguiente dictamen; I ANTECEDENTES: 1 (referidos en las línea que preceden). CONSIDRANDO CINCO (5): Que el representante del Ministerio Público en su dictamen numeral II del ANALISIS JURIDICO expone…. “Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva, emitida en fecha 28 de febrero del año 2019, con fundamento en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, decreto ( 130-2017, el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…,” relacionada con los artículo 615 y 616 del nuevo código penal, que disponen. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 “Retroactividad de la Ley Penal: Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Ministerio Público, expone el análisis realizado a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas derogado, que en su artículo 18 establece: “El que trafique con drogas estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de Lempiras”. En el Nuevo Código Penal Vigente( decreto 130-2017), con relación al delito de tráfico Ilícito de Drogas regulado en el artículo 311 que establece: “Quien realice actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquello fines debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 7 años si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud y de 7 a 10 años en los demás casos en ambos supuestos se debe imponer además multa de 100 a 500 días”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la representante del Ministerio Público expone: que en nuestro ordenamiento jurídico la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Aplicando en este caso la pena de 4 a 7 años y con la rebaja de ¼ por la aplicación del Procedimiento Abreviado, queda una pena abstracta de 3 a 5 años 3 meses de reclusión. Así mismo contempla una multa de 100 a 550 días y al hacer la rebaja correspondiente por la aplicación del procedimiento abreviado de ¼, quedaría en una pena de multa de 75 días a 375 días, lo anterior de conformidad con los criterios establecidos para determinar la ley más favorable según el artículo 53 y 616 del nuevo código penal. Por todo ello de acuerdo al razonamiento anterior, se pronuncia porque se OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO ONCE (11): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO DOCE (12): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO TRECE (13): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS fue condenado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 28 de febrero del 2019, a la pena de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION, más una MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5, numeral 34 relacionado con el artículo 18 de La Ley Especial Contra el Tráfico de Drogas, estimando que el condenado cometió el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una promulgada que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, la pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN, más una multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS a TRES MILLONES DE LEMPIRAS y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley Especial Contra el Tráfico de Drogas. Que el condenado se sometió al procedimiento abreviado en consecuencia procede la rebaja de UN CUARTO (1/4) de la pena a imponer, en base al mínimo de la pena, señalada en quince años, la que una vez realizada la rebaja de un cuarto (1/4) corresponde una pena concreta de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUCIÓN más una multa de SETECIENTOS CIENCUENTA MIL LEMPIRAS, más las PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO(4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud, y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer una multa de CIEN A QUINIENTOS DIAS. De acuerdo al análisis que corresponde debe aplicarse al caso concreto la pena de CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, siguiendo los parámetros de la sentencia dictada en su momento, corresponde hacer la rebaja de un cuarto (1/4) a la pena minima en este caso CUATRO AÑOS, quedando una PENA CONCRETA TRES (3) AÑOS de prisión, más multa que siguiendo los referidos parámetros de la sentencia en Revisión debe aplicarse la rebaja de 1/4 siempre al mínimo de la multa; en consecuencia de acuerdo al artículo 311, del vigente Código Penal que establece una multa a imponer va de 100 a 500 días, en este caso se deberá imponer una multa de 75 días y a razón de veinte lempiras esto bajo la fórmula establecida en el artículo 53 del código penal que ya establece valores y rangos para definir la pena de días multa, esto más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ENRIQUE VALALDARES ARGEÑAL, a favor del señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, por el delito TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO AL Señor DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de TRES (3) AÑOS de prisión, más una pena multa de 75 DÍAS a razón de veinte lempiras por día para un monto total de mil quinientos lempiras exactos (L. 1,500.00); más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena. Sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ni atenuantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-554-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.