Sentencia RP-527-21 — Registro 14644
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia dictada por el a-quo, con relación a la causa que se instruyó contra el señor carlos roberto castro orellana quien fue condenado por el Delito de Actos de Lujuria Agravados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que es menester dejar claramente establecido, como ya lo ha hecho así esta Sala en forma reiterada, que el Recurso de Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las omisiones o irregularidades procesales cometidas en el curso del juicio o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada, por lo que resulta evidente para esta Sala, que los alegatos vertidos por el recurrente para fundamentar su recurso no guardan relación alguna con los motivos de revisión alegados, pues las pruebas al haber sido ya evacuadas, fueron sometidas al contradictorio de las partes en juicio y las declaraciones fueron valoradas como prueba por un tribunal legalmente constituido. Estas cuestiones tienen establecidas ya en la propia ley su vía recursiva y sus medios de impugnación en el procedimiento ordinario. El recurso de revisión como potestad del Tribunal Supremo de la República solo puede justificarse en los casos y circunstancias establecidas en la ley..." ..." Que al no alcanzar cumplir el planteamiento del recurso que se conoce con los mínimos requerimientos de ley y cuya exigencia resulta imperativa para proceder a su conocimiento, atendiendo a la naturaleza excepcional de la acción constitucional de revisión, esta Sala encuentra pertinente desestimar el recurso de revisión penal que ha sido elevado a su conocimiento y así debe establecerse en la presente resolución.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE a favor del señor CARLOS ROBERTO CASTRO ORELLANA, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha doce de agosto de dos mil nueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor CARLOS ROBERTO CASTRO ORELLANA quien fue condenado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de las menores A. M. E., R. YA. G. y D. Y. M.. CONSIDERANDO: Que el recurrente establece como causales de revisión de la acción que intenta, las contenidas en los numerales 1° y 6º del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los cuales indican que: 1° Dos (2) o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que sólo pudo ser cometido por una de ellas; y 6° Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha declarado en reiteradas decisiones que el Recurso de Revisión, es un recurso extraordinario de carácter excepcional, que al estar dirigido contra una sentencia firme con carácter de cosa juzgada pronunciada en un juicio ordinario, no se constituye como una instancia más del procedimiento y su admisión a trámite exige la concurrencia rigurosa de la causal o del motivo que se invoca. CONSIDERANDO: Que el recurrente, al presentar sus razonamientos con respecto a los motivos en que se funda, señaló, que es evidente la equivocación en la individualización concreta de la pena al haberse sentenciado la conducta penal de su representado en hechos juzgados que supuestamente ocurrieron, de manera no precisa, con testigos que nos les constaban los hechos y con prueba forense que no demostraba científica y técnicamente que su representado haya sido el autor del delito de Actos de Lujuria Agravados; además, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal como se le ocurrió y conforme a declaraciones de testigos no presenciales que fueron manipulados por los familiares de las supuestas ofendidas, por aviesos propósitos, existiendo violación al principio de legalidad penal, pues se aplicó una sanción penal no acorde a los hechos conforme estos se desarrollaron, pues si bien es cierto el delito de Actos de Lujuria Agravados supuestamente ocurrió, no es menos cierto que no existió, no existe prueba contundente, confiable y con objetividad que inculpe a su representado, en virtud de que no hubo testigo presencial alguno que asegurara haber visto, oído y constatado que el señor Carlos Roberto Castro Orellana, en su condición de maestro, haya cometido el delito por el cual se le sentenció; asimismo, alega la figura del Indubio Pro Reo, en virtud de que en todo el procedimiento no se siguió el debido proceso y al momento de la evaluación y valoración de las pruebas las mismas no fueron valoradas en forma objetiva, congruente y en su conjunto por las diferentes instancias y el Tribunal de Sentencia, quien emitió su resolución en forma equívoca e injusta. CONSIDERANDO: Que al respecto esta Sala, estima que para que las causales invocadas por el recurrente resultaran ser admisibles para revisar la sentencia de mérito, tendría que demostrarse de manera concluyente el acontecimiento, después de la condena, que demuestre quien de las personas que fueron condenadas por el mismo delito fue el que lo cometió; asimismo, los nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el condenado no lo cometió. Las alegaciones del recurrente se dirigen a cuestionar la legalidad de los elementos probatorios del expediente en mención, que según éste, sirvieron de fundamento al Tribunal de instancia y el de Alzada para aplicarle una sentencia condenatoria a su representado, distando de fundamentar su recurso y explicar la manera en la que las causales de ley concurren en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que es menester dejar claramente establecido, como ya lo ha hecho así esta Sala en forma reiterada, que el Recurso de Revisión no tiene por finalidad conocer o sancionar las omisiones o irregularidades procesales cometidas en el curso del juicio o establecer la forma en que la prueba debió ser valorada, por lo que resulta evidente para esta Sala, que los alegatos vertidos por el recurrente para fundamentar su recurso no guardan relación alguna con los motivos de revisión alegados, pues las pruebas al haber sido ya evacuadas, fueron sometidas al contradictorio de las partes en juicio y las declaraciones fueron valoradas como prueba por un tribunal legalmente constituido. Estas cuestiones tienen establecidas ya en la propia ley su vía recursiva y sus medios de impugnación en el procedimiento ordinario. El recurso de revisión como potestad del Tribunal Supremo de la República solo puede justificarse en los casos y circunstancias establecidas en la ley. CONSIDERANDO: Que al no alcanzar cumplir el planteamiento del recurso que se conoce con los mínimos requerimientos de ley y cuya exigencia resulta imperativa para proceder a su conocimiento, atendiendo a la naturaleza excepcional de la acción constitucional de revisión, esta Sala encuentra pertinente desestimar el recurso de revisión penal que ha sido elevado a su conocimiento y así debe establecerse en la presente resolución. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 186, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 96 Nº 1 y 6, 97 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE a favor del señor CARLOS ROBERTO CASTRO ORELLANA, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha doce de agosto de dos mil nueve, del cual se ha hecho mérito, al no haberse acreditado en forma fehaciente la concurrencia de las causales invocadas por el impetrante; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0527=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL