Sentencia RP-500-20 — Registro 14797
Resumen
Sentencia condenatoria contra revisionista por el delito de secuestro agravado en perjuicio de víctima con imposición de veinte años de reclusión, inhabilitación absoluta e interdicción civil, se declaró la responsabilidad civil del condenado; La Sala considera que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, debiéndose aplicar la vigente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 inciso a y 194 numeral 2; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Agravado...Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de JAIME EDUARDO COELLO TORRES. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida (Articulo 192) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. establece para la misma conducta delictiva con agravante la pena abstracta de 12 a 15 años de Prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena( Articulo 240). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS de una norma vigente que le resulta más benigna. II- Que del estudio de las presentes diligencias esta Sala aprecia que el Tribunal Sentenciador estimo la concurrencia de la agravante establecida en el numeral 2 del artículo 194 del Código Penal recién derogado, que consistía en la prolongación por más de 24 horas de la privación de la libertad, Asimismo observo la concurrencia de la atenuante del delito, como ser la minoría de edad del condenado y no tener antecedentes penales razón por la cual impuso una pena de veinte (20) años de reclusión para el delito de secuestro agravado. Que el sentenciado, al tenor del artículo 240 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro Agravado, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, concurriendo la agravante señalada en el numeral 3, estableciendo la norma penal una pena de doce (12) años a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada. Por lo tanto y en vista de las circunstancias del hecho tanto en la sentencia que hoy se revisa y en la nueva norma penal se aprecia la concurrencia de una circunstancia agravante y una atenuante del ilícito. No obstante, lo anterior y en base al principio pro homine, esta Sala es del criterio que se debe aplicar al encausado la pena mínima de doce (12) años de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. V. Al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente que corre a folio 147 de la pieza principal, verificamos que el condenado está recluido desde el 08 de diciembre del 2009, concluyendo que va cumplir 12 años de permanecer en efectiva reclusión, por lo tanto, es procedente aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar: “La ejecución de la nueva pena o la practica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión interpuesto por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ a favor del señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, manifiesta el recurrente que: “… promueve el presente recurso para que se aplique la ley más favorable en forma retroactiva, en virtud, de haberse derogado el código penal contenido en el Decreto 144-83 de fecha veintitrés de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, consecuentemente, se aplique retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el Nuevo Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017…”; con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS por dos delitos de SECUESTRO en perjuicio del señor JAIME EDUARDO COELLO TORRES. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (09) de diciembre de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada SIRIA HEEXZ RUBI, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores MARVIN SALATIEL HENRIQUEZ RAMOS Y WILSON DAVID HENRIQUEZ LIMAS, por suponerlos responsables de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio del Señor JAIME EDUARDO COELLO TORRES y PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-06 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de la libertad de JAIME EDUARDO COELLO TORRES, imponiendo al acusado, una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penal respectivo. SEGUNDO: Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: Como consecuencia de la condena de reclusión, se les impone al condenado las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: No procede la condena del acusado, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Se Decreta el comiso de un arma de fuego, tipo Escopeta, calibre 12mm, Color negra, Marca Karatay Akkar, serie TS870BDN12176. NOTIFIQUESE.” (Folios 135-141 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ en fechas seis (06) de julio de dos mil veinte (2020), nueve (09) de julio de dos mil veinte (2020), diez (10) de julio de dos mil veinte (2020), trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020), interpuso vía correo electrónico recibido en este Tribunal, recursos de revisión penal a favor del Señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-30 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 46 del recurso de mérito) 5) Que en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ en su condición de Apoderado Legal del Señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), y la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque se OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 56-60 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Al momento de emitirse la condena contra mi patrocinado, se encontraba vigente el Código Penal contenido en el decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, el cual estipulaba el tipo penal de secuestro que literalmente decía: Artículo 192. Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionaré o diere lugar a la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso de rescate… Resultando de este tipo penal derogado, que el rango de pena con que se castigaba el delito de Secuestro al momento de producirse la condena, era de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida es decir, la pena mínima era de veinte (20) años. Resultado también que de la sentencia condenatoria que se emitió en contra de mi patrocinado se deriva que los hechos probados establecido en la misma configuran el delito de Secuestro en su forma típica más simple, es decir, sin que concurra ningún tipo de agravantes ni propias del tipo penal, puesto que de ser así, se hubiere impuesto otra sanción distinta a la pena mínima del tipo penal de secuestro simple, y por tal razonamiento jurídico de los sentenciadores, se le impuso a mi patrocinado la pena de reclusión de veinte años, es decir la pena mínima, que en rango de pena abstracta del tipo penal derogado se contemplaba para dicha conducta criminosa. El día 25 de junio del 2020, ha entrado en vigencia del decreto 130-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, contentivo del Código Penal, en el cual se establece el tipo penal de Secuestro en su forma más simple o básica en el artículo 239 que literalmente dice: Artículo 239.- Secuestro. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. […] En el caso que nos ocupa resulta evidente que en el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, de reciente vigencia, se establece un tratamiento mas favorable para la persona que cometa el delito de Secuestro en su forma más simple” … CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día nueve del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, quien actúa en representación del señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, expuso: “Esta defensa efectivamente ratifica el contenido del Recurso de Revisión que se ha presentado en contra de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil once dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula en contra de mi defendido el señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, en vista de que el mismo fue condenado en esa dicha sentencia a cumplir la pena por el delito de secuestro en su forma de ejecución más simple, revisión que se solicita en aplicación del artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el artículo 96 de la Constitución de la Republica, en aplicación del principio de retroactividad penal, como una excepción al principio de legalidad, esta revisión su señoría obedece básicamente a que el tipo penal de secuestro en su forma de ejecución más simple contemplado en el artículo 239 del código penal establece una pena de ocho a doce años, es decir este código establece una pena con un tratamiento más benigno para el imputado en vista que la pena anterior, en el código anterior la pena señalaba para este delito en su forma de ejecución simple se contemplaba una pena de veinte años a perpetuidad, como tal en el proceso que se llevó acabo y los hechos probados que constan en la sentencia impetrada al momento de proferir la misma el acusado era una persona menor de edad y además no concurrieron ninguna otra circunstancia agravante que permitiera calificar al delito de otra manera, ni tampoco que se derivara de los hechos probados la peligrosidad del acusado; por lo tanto se le impuso en ese momento procesal oportuno la pena mínima de veinte años, es por eso que a la luz de este principio de retroactividad penal y de la esencia misma de dicho principio que es la aplicación de una ley más benigna es evidente que el Código Penal actual contemplado en el Decreto 130-2017 establece una pena que es mucho más benigna teniendo un rango de ocho años a doce años por el delito de secuestro en su forma de ejecución simple, en ese orden su señoría esta defensa solicita que se aplique lo contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre derechos humanos, el artículo 15.1 del Pacto Internacional de derechos civiles, el artículo 96 constitucional y que se considere otros fallos que se han emitido a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo son el caso de Ricardo Canese Vs. Paraguay en la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del dos mil cuatro en los párrafos 178 y 179 donde hace alusión a la aplicación a la benignidad de la ley penal y la aplicación retroactiva de la misma, de igual manera esta Honorable Sala también ha otorgado en fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete un Recurso de Revisión Penal archivado bajo el número 613-2015, en donde efectivamente se ha hecho acopio a la benignidad de un rango de pena mucho menor al que se establecía en la ley vigente al momento de dictar la condena”… solicitando también la libertad de su representado. La representante del Ministerio Público DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA quien hizo uso de la palabra, expresó: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida mediante Juicio oral y Público de fecha Veintiocho (28) de Febrero del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal”. CONSIDERANDO CINCO (5): Como conclusión el Ministerio Público asevero: De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: En el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, que señalaba: “Será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de Libertad de por vida… con relación al artículo 194 numeral 2 que establecía : 1)..., 2) Si la privación de la libertad se prolonga por más de veinticuatro (24) horas... 3), 4), 5), 6). En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de SECUESTRO que se encuentra regulado en el artículo 239, establece: Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de ocho (8) a doce (12) años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Asimismo, el artículo 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2)La condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o de un gobierno extranjero, alguna medida, concesión o Resolución legal o ilegal; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones; 6) La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen; 7)El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8)El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9)Se le administra a la víctima drogas o cualquier sustancia que anula o debilita su voluntad. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”. Sin embargo, es importante resaltar, que la norma que aplica al caso de mérito es la regulada en el artículo 239 del Código Penal Vigente, Decreto (130-2017), que señala la pena de ocho (08) a doce (12) años de reclusión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal Vigente, Decreto (130-2017), que señala la pena de ocho (08) a doce (12) años de reclusión. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser esta más beneficiosa para el condenado, que se ordene al juzgado de ejecución proceda a realizar un nuevo computo de la pena. Asimismo, con relación a lo que solicitado en relación a que deje en efectiva libertad el Ministerio Público considera que se debe de hacer en base a lo que en derecho corresponde y en cuanto a la solicitud de la ley más beneficiosa si pedimos que se otorgue la misma CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARVIN SALATHIEL HERNIQUEZ RAMOS fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 inciso a y 194 numeral 2; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de JAIME EDUARDO COELLO TORRES. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida (Articulo 192) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. establece para la misma conducta delictiva con agravante la pena abstracta de 12 a 15 años de Prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena( Articulo 240). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS de una norma vigente que le resulta más benigna. II- Que del estudio de las presentes diligencias esta Sala aprecia que el Tribunal Sentenciador estimo la concurrencia de la agravante establecida en el numeral 2 del artículo 194 del Código Penal recién derogado, que consistía en la prolongación por más de 24 horas de la privación de la libertad, Asimismo observo la concurrencia de la atenuante del delito, como ser la minoría de edad del condenado y no tener antecedentes penales razón por la cual impuso una pena de veinte (20) años de reclusión para el delito de secuestro agravado. Que el sentenciado, al tenor del artículo 240 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro Agravado, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, concurriendo la agravante señalada en el numeral 3, estableciendo la norma penal una pena de doce (12) años a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada. Por lo tanto y en vista de las circunstancias del hecho tanto en la sentencia que hoy se revisa y en la nueva norma penal se aprecia la concurrencia de una circunstancia agravante y una atenuante del ilícito. No obstante, lo anterior y en base al principio pro homine, esta Sala es del criterio que se debe aplicar al encausado la pena mínima de doce (12) años de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. V. Al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente que corre a folio 147 de la pieza principal, verificamos que el condenado está recluido desde el 08 de diciembre del 2009, concluyendo que va cumplir 12 años de permanecer en efectiva reclusión, por lo tanto, es procedente aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar: “La ejecución de la nueva pena o la practica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 42, 58, 240 Numeral 3, del Código Penal Vigente FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor del señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, en fecha veintiocho de febrero del año dos mil once; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de JAIME EDUARDO COELLO TORRES, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor MARVIN SALATHIEL HENRIQUEZ RAMOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DOCE (12) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena conforme lo estipulado en el artículo 51 del Código Penal Vigente, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: Que el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, realice un nuevo computo con abono del tiempo que ha estado en prisión el señor DIXIE ALLAN ALVAREZ VALDIVIEZO por el delito que fue condenado (secuestro agravado), con fundamento en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha 8 de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en los Recursos de Revisión Penal registrados en este Tribunal con los números SCO-500, 503, 509, 514 Y 518-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.