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Sentencia RP-499-20 — Registro 14796

Resumen

Sentencia condenatoria contra revisionista por el delito de secuestro en perjuicio de victimas imponiendole una pena principal de veinte (20) años de reclusión por cada una de sus víctimas;inhabilitación absoluta e interdicción civil, se declaró la responsabilidad civil del condenado; La Sala aprecia que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como en la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 05 de diciembre del 2011, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor ADELIANO AMAYA MENDOZA E HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, como pena principal; así mismo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha 05 de diciembre del 2011, mediante la cual se condenó al ciudadano JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192, literal a del Código Penal derogado, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a un norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..."..."tomando los parámetros utilizados para dictar la sentencia que hoy es objeto de revisión, mediante la cual se impuso la pena mínima, siguiendo estos criterios se debe dictar una sentencia aplicando la pena mínima de quince (15) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil..."..."la sentencia en revisión también se le impuso al señor JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ la pena de 20 AÑOS de reclusión por el delito de SECUESTRO en contra de la señora HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, En revisión de los hechos probados que corren en el 280 de pieza del juzgado, estos hechos concretos encajan en el artículo en el artículo 239 y 240 del Código Penal vigente que dicen: Artículo 239.- SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. ARTÍCULO 240.- SECUESTRO AGRAVADO..."..."tomando los parámetros utilizados para dictar la sentencia que hoy es objeto de revisión, mediante la cual se impuso la pena mínima, siguiendo éstos criterios se debe dictar una sentencia aplicando la pena mínima de doce (12) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil..."..."la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ..."

Legislación citada

Sentencia

CETIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, favor del señor JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil once (2011), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de los señores ADELIANO AMAYA MENDOZA e HILDA MELISSA PINEDA RIVERA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada MARLENE BANEGAS BREVE, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores JOSE VIRGILIO HERNANDEZ GARMENDIA, JOSE ANTONIO HERNANDEZ NAVARRO, ANTONIA YOLANY DIAZ HERNANDEZ y LESVIA ADALID HERNANDEZ MUERILLO, por suponerlos responsables a Título de Autor de la Comisión del delito de SECUESTRO, en perjuicio de ADELINO AMAYA MENOZA e HILDA MELISSA PINEDA RIVERA.-(Folios 01 al 05 de pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, como autor responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de ADELINO AMAYA MENDO, imponiendo al acusado a una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penal respectivo.- SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, como autor responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, imponiendo al acusado a una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penal respectivo. .- TERCERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, como autor responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de ADELINO AMAYA MENDOZA E HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, a las pena accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL.-(Folios 277 al 294 de la pieza del Juzgado) 3) Que el recurrente, Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha seis de julio del año dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil once (2011). 5) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 6) Que en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor a JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala, que habiéndose derogado el Código Penal contenido en el Decreto No. 144-83 de fecha 23 de agosto de 1983, consecuentemente se aplique retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo código penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017. Con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ por el delito de SECUESTRO en perjuicio de los señores ADELADIO AMAYA MENDOZA E HILDA MELISSA PINEDA RIVERA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, como garantista a favor del ciudadano JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ y la abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, quien expuso que promueve el recurso para que se aplique la ley más favorable en forma retroactiva, en virtud de haberse derogado el código penal contenido en el Decreto 144-83 de fecha 23 de agosto del año 1983, consecuentemente se apliquen las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo código penal, decreto legislativo 130- 2017; con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, por dos delitos de SECUESTRO en perjuicio de los señores ADELIANO AMAYA MENDOZA E HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, quien fue condenado mediante sentencia dictada el 5 de diciembre del año 2011, por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, a cumplir la pena de 20 años de reclusión por cada uno de los delitos de Secuestro antes señalados. El artículo 192 del derogado código penal establecía un rango de pena entre 20 años y a privación de la libertad de por vida y en la actualidad desde la entrada en vigencia del nuevo código penal establece el tipo penal de Secuestro en su forma más simple o básica, estableciendo en el artículo 239 un rango de pena de 8 a 12 años. Expone que ha su representado se le condeno por el delito de secuestro en su forma básica sin que se hayan considerado ninguna eximente atenuante o agravantes, por lo que la sala sentenciadora le impuso la pena mínima, solicitando se le aplique la pena mínima del nuevo rango de penas, quedando la pena a imponer en 8 años por cada uno de los delitos por os que se le condenó a su representado. Solicitud de Revisión que ratifica y solicita al amparo del artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, los artículos del nuevo código penal: 615 de la Retroactividad de la Ley Penal, 616 de los Criterios para determinar la ley penal más favorable, para determinar la ley penal más favorable debe compararse la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta que una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas Leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al condenado. Señala que el delito de secuestro en el código penal derogado tenía una sanción de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida. En el nuevo código penal vigente el secuestro se encuentra regulado en el artículo 239 que dispone: Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla debe ser castigado con la pena de 8 a 12 años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Además, invoca el artículo 240 del Secuestro Agravado cuya pena oscila entre 12 y 15 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, señalando las circunstancias que agravan el tipo penal. Expone que en el caso en estudio debe aplicarse el artículo 240 del vigente código penal por concurrir las circunstancias agravantes contenidas en los numerales 1.- “Que establece que el autor logra el cumplimiento de la condición”. Y el numeral 3 “La privación de libertad exceda en 72 horas, todo ello de acuerdo a los hechos probados. Por todo ello el Ministerio público es del criterio que lo dispuesto en el artículo 616 párrafo 4to. Del referido código en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de la libertad no se considera que el vigente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente código, tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada, se encuentra dentro del rango de pena imponible al delito de secuestro agravado conforme al código penal vigente. Por todo ello es de la opinión porque se mantenga la pena impuesta al señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ, por cada uno de los delitos de secuestro cometidos en perjuicio de ADELIANO AMAYA, y HILDA MELISSA PINEDA, en consecuencia, es del parecer porque se deniegue la revisión de pena solicitada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. En el caso de cumplirse los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[8]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 05 de diciembre del 2011, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor ADELIANO AMAYA MENDOZA E HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, como pena principal; así mismo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha 05 de diciembre del 2011, mediante la cual se condenó al ciudadano JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192, literal a del Código Penal derogado, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a un norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.

CONSIDERANDO DOCE (12): El señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ fue condenado a la pena de 20 AÑOS de reclusión por el delito de SECUESTRO en contra del señor ADELIANO AMAYA MENDOZA. En revisión de los hechos probados que corren en lo folios 279 vuelto y 280 de pieza del juzgado, estos hechos concretos encajan en el artículo en el artículo 239 y 240 del Código Penal vigente que dicen: Artículo 239.- SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. ARTÍCULO 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición, 2) 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora,…,4)…,5)…,6)…,7)…,8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas;9). Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de 15 a 20 años. En consecuencia, tomando los parámetros utilizados para dictar la sentencia que hoy es objeto de revisión, mediante la cual se impuso la pena mínima, siguiendo estos criterios se debe dictar una sentencia aplicando la pena mínima de quince (15) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. CONSIDERANDO TRECE (13): En la sentencia en revisión también se le impuso al señor JOSE VIRGILIO GARMENDIA LOPEZ la pena de 20 AÑOS de reclusión por el delito de SECUESTRO en contra de la señora HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, En revisión de los hechos probados que corren en el 280 de pieza del juzgado, estos hechos concretos encajan en el artículo en el artículo 239 y 240 del Código Penal vigente que dicen: Artículo 239.- SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. ARTÍCULO 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…, 2)…,3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora;4)…,5)…,6)…,7)…,8) 9). Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de 15 a 20 años. En consecuencia, tomando los parámetros utilizados para dictar la sentencia que hoy es objeto de revisión, mediante la cual se impuso la pena mínima, siguiendo éstos criterios se debe dictar una sentencia aplicando la pena mínima de doce (12) años de prisión, y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ.

POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor del señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 05 de diciembre del 2011 y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de ADELIO AMAYA MENDOZA e HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de ADELIO AMAYA MENDOZA a la pena de QUINCE AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSÉ VIRGILIO GARMENDIA LÓPEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de HILDA MELISSA PINEDA RIVERA, a la pena de DOCE AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la MAGISTRADA ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-499, 502, 506, 511 y 515=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[8] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.