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Sentencia RI-877-18 — Registro 15518

Resumen

Decreto Legislativo No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales que otorga derechos de obtención sobre semillas criollas y variedades vegetales para uso eminentemente comercial en perjuicio de la libre disposición de las riquezas y recursos naturales; concluyendo que dicha Ley inobserva garantías y derechos fundamentales y estándares internacionales en relación a la protección del derecho a una alimentación adecuada, el que está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos..."..."la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”;.."..."la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]..."..."de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate..."..."el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio..."..."el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija...."..."la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10)..."..."En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales..."..."la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado..."..."esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma total y por razón de contenido, por los señores CLETO LAGOS NIVARRES, miembro activo de la Asociación de Productores y granos básicos Oro verde de Orocuina, departamento de Choluteca, LEOPOLDO RAUDALES CALIX, campesino independiente, DONAL EUGENIO FUNES CASTRO, campesino independiente perteneciente a San José, departamento de Comayagua, OLGA NOEMI VELASQUEZ, productora independiente del Municipio de San Ignacio, departamento de Francisco Morazán, FRANCISCA CASTILLA LORENZO, miembro del Consejo Indígena de Simpinula de Santa María de La Paz, SEBASTIÁN REYES BARDALES, en su condición de Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo del departamento de La Paz, BERTILIA SARAVIA CHAVARRÍA, en su condición de Secretaria Adjunta de la Empresa Asociativa Campesina de Producción 3 de Octubre, departamento de Comayagua, contra el Decreto Legislativo No. 21-2012, contentivo de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha trece (13) de marzo del año dos mil doce (2012) y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 32,827 de fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce (2012). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los Señores CLETO LAGOS NIVARRES, LEOPOLDO RAUDALES CALIX, DONAL EUGENIO FUNES CASTRO, OLGA NOEMI VELASQUEZ, FRANCISCA CASTILLA LORENZO, SEBASTIAN REYES BARDALES y BERTILIA SARAVIA CHAVARRIA, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía acción, en forma total y por razón de contenido, contra la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, contenida en el Decreto Legislativo No. 21-2012 aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha trece (13) de marzo del año dos mil doce (2012) y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 32,827 de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil doce (2012), que otorga derechos de protección a favor de obtentores vegetales, para que se declare su inaplicabilidad por considerar que infringe preceptos constitucionales y contradice lo dispuesto en diversos tratados o convenciones internacionales del que Honduras forma parte principalmente de aquellos relacionados en el tema del uso, goce y disfrute de las semillas criollas y variedades vegetales locales considerados como elementos inherentes del derecho a la vida y respeto a la dignidad humana de los Hondureños (as) en tanto, derechos fundamentales que no deber ser disminuidos, restringidos o tergiversados por la aplicación de una ley contraria a tan caros intereses de la nación, al tenor de lo establecido en el articulo 64 constitucional que manda a la no aplicación de leyes que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, si estas las disminuye, restringen o tergiversan en consonancia con el artículo 2 de la Ley de Justicia Constitucional que establece como regla de interpretación y aplicación de la misma el aseguramiento y protección eficaz de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras. (Folios del 1 al 15 de los autos) 2) Que en fecha nueve (09) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado los impetrantes que el presente recurso va dirigido en forma total por razón de contenido contra el citado Decreto, se omitió el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio 17 de los autos) 3) Que en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por admitido el AMICUS CURIAE, presentado por la organización FIAN Internacional y su Oficina FIAN Honduras, en atención a lo dispuesto en el artículo 80 constitucional, asimismo se tuvo por evacuado el traslado concedido el Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente del Ministerio Público, a través de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución (FEPDC), quien fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado, al considerar que siendo la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación de la constitucionalidad de las normas sometidas al examen constitucional, por lo que al realizar el estudio de la norma sometida a disertación, se encuentra que no existe una contradicción con el derecho de la Constitución, en consecuencia al no existir un conflicto entre la norma primaria y el decreto en mención, considera que es procedente aplicarlo, por no vislumbrase vicios de inconstitucionalidad que se opongan a las normas constitucionales invocadas. (Folios del 32 al 46 y folio 48 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la facultad originaria y exclusiva de conocer de la Garantía de Inconstitucionalidad[1] por medio de la Sala de lo Constitucional, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución al caso concreto. CONSIDERANDO (2): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Garantía de Inconstitucionalidad que por vía de acción interpusieran en fecha quince de noviembre del año dos mil dieciocho, los señores CLETO LAGOS NIVARRES, miembro activo de la Asociación de Productores y granos básicos Oro verde de Orocuina, departamento de Choluteca, LEOPOLDO RAUDALES CALIX, campesino independiente, DONAL EUGENIO FUNES CASTRO, campesino independiente perteneciente a San José, departamento de Comayagua, OLGA NOEMI VELASQUEZ, productora independiente del Municipio de San Ignacio, departamento de Francisco Morazán, FRANCISCA CASTILLA LORENZO, miembro del Consejo Indígena de Simpinula de Santa María de La Paz, SEBASTIÁN REYES BARDALES, en su condición de Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo del departamento de La Paz, BERTILIA SARAVIA CHAVARRÍA, en su condición de Secretaria Adjunta de la Empresa Asociativa Campesina de Producción 3 de Octubre, departamento de Comayagua, para que se declare la inconstitucionalidad en forma total y por razón de contenido del Decreto Legislativo No. 21-2012, contentivo de la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales y consecuentemente la derogatoria de la Ley indicada. CONSIDERANDO (3): Que los garantistas al promover la inconstitucionalidad por razón de contenido contra el Decreto Legislativo No. 21-2012, contentivo de la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, exponen cinco motivos, por los que, a criterio de los recurrentes, se transgreden disposiciones constitucionales y Tratados Internacionales con la aplicación de la referida ley a saber: I) El Decreto Legislativo No. 21-2012, atenta contra la soberanía y libre determinación de nuestro país, al otorgar derechos de obtención sobre nuestras semillas criollas y variedades vegetales para uso eminentemente comercial en detrimento de la libre disposición de nuestras riquezas y recursos naturales. Los recurrentes arguyen que se vulnera el artículo 1 párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales[2], pues en el contexto de la suscripción del Convenio de la Unión internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales más conocidas por sus siglas UPOV, se emite el Decreto 21-2012, como una respuesta del Estado para adecuar la normativa interna e institucional del país para responder al cumplimiento de dicho Convenio, que consideran en franca contradicción con preceptos constitucionales referentes a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, principios universales ampliamente reconocidos por el Estado de Honduras y en Tratados Internacionales ratificados por el mismo, en el ámbito de la comunidad internacional al tenor de los Artículos 1[3], 5[4] y 15[5] constitucionales. Los recurrentes sostienen que la Ley que cuestionan recoge fielmente los lineamientos proporcionados por la UPOV, haciendo referencia a lo dispuesto en el artículo 7 de la referida ley; aducen los impetrantes que se contradice el Decreto 1046 de la Junta Militar de Gobierno contentivo de la Ley de Semillas de 1980, aún vigente en el país, en el sentido que ésta establece como principios de la gestión de semillas, la facultad soberana del Estado de Honduras en cuanto a ejercer el control de calidad y provisión de semilla para su multiplicación, así como también el control de la producción de las clases de semillas sean estas certificadas y comercial que permitan su comercio en el país y fuera de él ateniéndose solamente a requisitos de calidad y que estas deben estar disponibles a todos los agricultores del país, convirtiéndose así en un vehículo de transferencia de tecnología directa; siguiendo los lineamientos de la UPOV crea instancias exclusivas para su aplicación como son un calificador de variedades vegetales, con un representante de la Dirección de Propiedad Intelectual insistiendo en invocar ilegalmente la Ley de Propiedad Industrial vigente, un Registro Nacional de Variedades Vegetales que suplanta funciones al registro creado a partir del Decreto 1046 de 1989, ambas instancias vienen a sustituir el Programa Nacional de Producción de Semillas dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales, que tienen por objetivo promover y regular la producción, certificación, comercialización y exportación de semillas en el país, que prioriza en su mandato institucional los Programas de Reforma Agraria y a la promoción de la Industria Semillera y quien ejerce el control de calidad en todas las etapas de producción. El Decreto legislativo 21-2012, subordina el marco institucional y legal vigente, en aras de la aplicación de esta ley. Aquí la diferencia de enfoque es diferente y contraria, quedando claro cuál es el bien jurídico protegido en detrimento de los hondureños y a favor de la producción semillerista transnacional. II) El Convenio UPOV mediante el Decreto Legislativo No. 21-2012, violenta preceptos constitucionales a favor de la vida, la dignidad humana y el derecho de los hondureños y hondureñas a tener un nivel de vida adecuado. Como segundo motivo de inconstitucionalidad de la ley referida, los impetrantes sostienen, que se trata de una ley cuyo objetivo es la protección de los derechos del obtentor vegetal en condiciones de inequidad con respecto a los mejoradores tradicionales campesinos y comunidades indígenas, con fines eminentemente lucrativos, atentando contra la capacidad de grandes sectores de la sociedad al libre acceso a alimentos y otras variedades vegetales en un entorno ambiental saludable y sostenible, elementos fundamentales para la vida, lesionando el espíritu garantista de nuestra Constitución que reconoce a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado mismo, reconociendo su obligación de respetarla y protegerla, bajo los principios de interés social y colectivo en toda actividad de este tipo, que aseguren la inviolabilidad de la vida, el bienestar social y económico de los hondureños, como bienes jurídicos protegidos, en esa misma idea violenta el artículo 65[6] constitucional, 1[7] de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3[8] de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en este sentido los tratados internacionales de derechos humanos, generan un tipo de obligaciones por parte de los Estados frente a la comunidad internacional, obligaciones erga omnes las que tienen un carácter multilateral, por lo que pueden ser exigidas internacionalmente, en virtud de la ratificación de los tratados, convenciones y reconocimiento expreso de sus declaraciones en materia de derechos humanos, deviene obligado a respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, de no interferir en su libertad de acción y en el uso de sus propios recursos para satisfacer sus necesidades personales; a proteger a las personas y sus bienes frente a amenazas y ataques. Sostienen los recurrentes que pueden afirmar que el Decreto 21-2012 entra en contradicción con disposiciones normativas de carácter internacional de las que Honduras es parte, que reconocen las obligaciones del Estado de garantizar, proteger y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción, en su obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población, este es el caso de las semillas criollas y variedades vegetales propias, frente a empresas transnacionales que pretenden someter este patrimonio de los campesinos e indígenas, a merced del mercado como cualquier mercancía. En este mismo segundo motivo de inconstitucionalidad planteado, los recurrentes exponen que se violenta el derecho a un nivel de vida adecuado de los hondureños (as), que si bien éste derecho no se encuentra taxativamente plasmado en la Constitución se constituye para asegurar a sus habitantes el bienestar económico y social, haciendo relación al artículo 1 constitucional, 25.1[9] de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11[10] del PIDESC; se reitera que el Decreto 21-2012 por razones de naturaleza intrínseca en cuanto a propósitos y objetivos, atenta contra este derecho, en tanto limita y vuelve inseguro el goce pleno de estos derechos y demás garantías fundamentales de comunidades campesinas, indígenas como productores agrícolas y comunidades urbanas consumidores, teniendo como sujeto transversal agredido a grupos vulnerables en el caso de mujeres, niños y ancianos. El Decreto en mención contraviene al privilegiar el inertes del lucro por encima de la realización humana, al convertir en mercancía la semilla criolla patrimonio cultural y colectivo de la nación, en detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, como premisa ineludible de la soberanía y seguridad de un Estado, el poder producir su propio alimento de manera sostenible y saludable. También se atenta contra el bienestar económico de los hondureños, en tanto promueve el encarecimiento de las fuentes de alimento (encarece las semillas y variedades vegetales fuente de alimento), acceso inseguro e inequitativo (dependencia de los agricultores a las empresas productoras de semilla), desconocimiento de sus prácticas sociales, religiosas y culturales que devienen inherentes a las formas tradicionales de alimentación de un pueblo, contraviniendo los artículos 328[11], 331[12] y 333[13] constitucionales relativos al régimen del Sistema Económico de Hondura, que se fundamenta en los principios de eficiencia, justicia e interés público social, por encima de cualquier práctica económica comercial que lesione dichos principios rectores. III) Atenta contra el derecho humano a la alimentación y a la salud como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, saludables y culturalmente adecuados, en términos de acceso, disponibilidad, inocuidad y culturalmente aceptables. Sostienen los recurrentes que en nuestra Constitución el derecho a la alimentación no se encuentra reconocido de manera taxativa, como lo hace con otros derechos sociales, como el trabajo, la salud, la educación y se refiere al tema alimentario de manera indirecta, cuando aborda los derechos del niño Artículo[14] 121 y 123, asimismo el 347 que hace referencia a la producción agropecuaria. El derecho a la alimentación conlleva tres tipos de obligaciones, la de respetar, proteger y garantizar. La obligación de respetar, implica que el Estado de Honduras debe abstenerse de restringir el derecho de los pobladores a ejercer el derecho a la alimentación, o de interferir en su realización. La obligación de proteger, exige al estado de Honduras proteger a las personas o grupos de personas de la violación al derecho a la alimentación por parte de las empresas o particulares. La obligación de garantizar, significa que el Estado adopte medidas para fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida incluida la seguridad alimentaria; se puede encontrar referencias a este derecho en el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 11.2 del PIDESC, Art. 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”; en ese orden de ideas los impetrantes afirman que el Decreto 21-2012, concretamente contraviene los cuatro pilares fundamentales de la seguridad alimentaria, en cuanto a: disponibilidad, acceso, utilización estabilidad, sostenibilidad y respeto a la dignidad humana como elemento sustancial de su conceptualización, por cuanto prohíbe la libre gestión y circulación de las semillas y variedades vegetales fundamentales como fuente de alimento para la sobrevivencia, requiere de la autorización del obtentor de variedades vegetales para la producción o reproducción (multiplicación) de los materiales de propagación que son de dominio público y que luego pasan a ser de uso y goce exclusivo del obtentor, prohibiendo la utilización del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes de las especies frutícolas, ornamentales y forestales, para fines de comercialización, en el caso de nuestros campesino prevalece intercambio en el que no media lucro alguno. Asimismo sostienen que la ley cuestionada, contradice tanto el Decreto 1046 de la Junta Militar de Gobierno de 1980, contentivo de la Ley de Semillas actualmente vigente y el Tratado Internacional sobre recursos fotogénicos para la alimentación y la agricultura (FAO 2001), que reconoce los derechos del agricultor a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas u otros materiales de propagación y a disponer libremente de sus cosechas, por lo que consideran que la ley en comento expropia nuestras semillas criollas, niega los derechos de los agricultores a guardar su semilla, poder utilizarla e intercambiarla libremente para una nueva siembra, mediante la adjudicación a terceros de los derechos de propiedad de las mismas y demás especies vegetales de manera exclusiva inalienable e imprescriptible, sobre por lo menos quince géneros o especies vegetales a partir de su vigencia (2012) y al término de diez años es decir en el 2011. En el mismo tercer motivo de inconstitucionalidad promovido, los recurrentes arguyen que se atenta contra el derecho a la salud, ello debido a que la manipulación genética como uno de los métodos de manipulación fitogenética en las plantas utilizada por algunos de los obtentores vegetales, engendra una serie de desventajas en cuanto al pleno goce y en condiciones de seguridad del derecho a la salud de las personas, animales y medio ambiente, que muchos científicos coinciden hoy en día en afirmar que este tipo e fitomejoramiento comercial ocasiona daños a la salud, como la aparición de alergias a personas susceptibles a elementos utilizados en el proceso. IV) El Decreto 21-2012, por razón de contenido, contradice el artículo 145 constitucional que reconoce la obligación del Estado de Honduras de conservar el medio ambiente adecuado para proteger la salud de sus habitantes. En el cuarto motivo de inconstitucionalidad promovido, los impetrantes sostienen que la ley cuestionada contradice preceptos constitucionales y de orden internacional[15] relativas al tema de la protección y defensa del medio ambiente, de los cuales Honduras es parte. En el caso que nos ocupa se resalta aquellas causadas por la manipulación genética de la semilla y variedades vegetales, que promueve el Decreto en mención, a través del otorgamiento de títulos de obtentor vegetal entendido este como el documento expedido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el que se reconoce y ampara el derecho del obtentor de una variedad vegetal, nueva, distinta, estable y homogénea como criterios de elegibilidad, obtenida mediante la manipulación de sus genes (transgénesis) en cualquiera de sus procedimientos; cabe destacar el criterio de homogeneidad para efectos de las exigencias del mercado, que uniformiza las semillas y cultivos destruyendo la biodiversidad prevaleciente en nuestras comunidades con el consiguiente daño a la capacidad limitada para la regeneración de la especie y el aumento a la vulnerabilidad por la contaminación genética[16], que pone en peligro las múltiples variedades de semilla que existen en nuestro país, cultivadas de manera tradicional las que se han ido adaptando de manera específica de acuerdo a nuestra diversidad ecosistémica propia. V) El Decreto Legislativo 21-2012, contentivo de la Ley para la Protección de los Derechos de Obtención de Vegetales, contraviene el deber del Estado de Honduras de tutelar nuestras culturas nativas y derechos del agricultor constitucional e internacionalmente reconocidos. En relación al quinto motivo de inconstitucionalidad expuesto, los recurrentes arguyen que es una ley que contradice de manera deliberada los valores, prácticas e instituciones de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes en el uso de sus semillas y variedades vegetales, fundamentales para la vida y el desarrollo sustentable de la población en general, al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 constitucional, en relación al Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, cuyas disposiciones deben ser interpretadas bajo las premisas de mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan y que es reforzado por la adopción el 13 de septiembre de 2007 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece estándares mínimos de respeto a sus derechos que incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, como es el caso de la gestión local de sus semillas criollas y variedades vegetales, la autodeterminación y la consulta previa; la ley enunciada por razón de contenido vulnera el carácter garantista y protector del Estado de Honduras sobre estos derechos como pueblos, al uso, administración y conservación de los mismos, al autorizar el acceso con fines comerciales, a los recursos Fitogenéticos, entendidos estos desde las perspectiva del Protocolo de Nagoya, como la información contenida en y sobre las semillas criollas y variedades vegetales locales, consideradas como un recurso en tanto su diversidad y como fuente de la alimentación humana y animal, elaboración de fibras destinadas al vestido, vivienda y energía (FAO). CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la acción de Inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. A criterio de este Alto Tribunal, únicamente los recurrentes, Cleto Lagos Nivarres, Leopoldo Raudales Cálix, Donal Eugenio Funes Castro, Olga Noemí Velásquez y Francisca Castilla Lorenzo, en la condición en la cual comparecen cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, ello en virtud que los derechos invocados por los recurrentes a la alimentación adecuada y accesible, son de interés de la población hondureña en general, dado la relación entre el ser humano y un nivel de vida digno en cuanto al acceso a alimentos adecuados, saludables y nutritivos. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional. CONSIDERANDO (6): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro homine que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.[17] CONSIDERANDO (7): Que la inconstitucionalidad de la Ley Para la Protección de Obtenciones Vegetales ha sido planteada con el objeto que la misma sea declarada inconstitucional y por consiguiente inaplicable por razón de contenido, por considerar los recurrentes que la referida ley infringe preceptos constitucionales y contradice lo dispuesto en diversos tratados o convenciones internacionales del que Honduras forma parte principalmente de aquellos relacionados en el tema del uso, goce y disfrute de las semillas criollas y variedades vegetales locales considerados como elementos inherentes del derecho a la vida y respeto a la dignidad humana de los Hondureños (as) en tanto, derechos fundamentales que no deber ser disminuidos, restringidos o tergiversados por la aplicación de una ley contraria a tan caros intereses de la nación, al tenor de lo establecido en el artículo 64 constitucional que manda a la no aplicación de leyes que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, si estas las disminuye, restringen o tergiversan. CONSIDERANDO (8): Que el AMICUS CURIAE, presentado por la organización FIAN Internacional[18] y su Oficina FIAN Honduras, argumentan que dicho documento busca exponer como la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, viola múltiples derechos reconocidos en el derecho internacional de los Derechos Humanos y por lo tanto la importancia que estos estándares se tomen en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente. El referido documento indica que el derecho a la alimentación adecuada se encuentra establecido en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales, instrumento ratificado por el Estado de Honduras el 17 de febrero de 1981. Se argumenta que el Estado de Honduras se encuentra obligado a: i) abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir el acceso a una alimentación adecuada; ii) adoptar medidas positivas de protección para “velar porque las empresas o particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada”; iii) a emprender actividades que busquen fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. CONSIDERANDO (9): Que el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, fue creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; fundamentándose entre otras situaciones en la prioridad del Gobierno de promocionar la actividad inventiva en sus diversas modalidades y con ello la necesidad de crear una normativa nacional que tenga como base los principios internacionales que rigen esta materia; a prima facie se muestra como la protección del derecho a la persona natural o jurídica que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie. No obstante, a ello corresponde a este Alto Tribunal determinar en su conjunto si la ley bajo estudio contiene disposiciones que atentan contra los principios fundamentales de la seguridad alimentaria, dignidad humana, la salud, medio ambiente sano, etc. derechos humanos y fundamentales reconocidos a los habitantes de esta nación, constituida como un Estado de Derecho para asegurarles a éstos, el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. CONSIDERANDO (10): Que la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, en un Estado de Derecho, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[19] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos y fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”; esto se reafirma con dos disposiciones constitucionales: una que prevé que en caso de que un instrumento internacional afecte una disposición constitucional, deberá ser aprobado por el mismo procedimiento de reforma de la Constitución, infiriendo que la norma fundamental en ese mismo acto deberá ser armonizada con el instrumento internacional; y la otra que expresa el carácter jerárquico superior del tratado internacional frente a ley.[20] CONSIDERANDO (11): Que Honduras ha suscrito varios instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos, inter alia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos[21]. En el preámbulo de dicho instrumento se establece que los Estados Miembros se comprometen a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; asimismo el ideal, al momento de adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era el que tanto individuos como instituciones, inspirándose en ella, promovieran mediante la enseñanza y la educación, el respeto de dichos derechos y libertades, asegurándolas, por medidas progresivas y de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción; en ese orden, uno de los derechos que reconoce la Declaración en comento, es el preceptuado en el artículo 25 que señala: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; …”. -Énfasis suplido-. CONSIDERANDO (12): Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[22], también suscrito por Honduras, trata el derecho a una alimentación adecuada más extensamente que cualquier otro instrumento internacional, al establecer en el artículo 11: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” -Énfasis suplido- CONSIDERANDO (13): Que Honduras suscribió de igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos[23], teniendo como propósito el consolidar en el Continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; derechos estos que no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos; que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Siendo en consecuencia reconocido en el artículo 26 del instrumento internacional en comento el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales al indicar: “Desarrollo Progresivo Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios propios.” -Énfasis suplido- CONSIDERANDO (14): Que, en el 20° período de sesiones[24], el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abordó como Tema 7 del programa, cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación al derecho a una alimentación adecuada (art. 11), emitiendo la Observación General 12; la referida Observación recoge lineamientos generales que deben ser observados por los Estados, reconociendo la importancia fundamental del acceso a una alimentación adecuada como derecho humano, vinculado a la dignidad inherente de la persona humana, indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Observación relacionada, establece inter alia lo siguiente: La principal obligación es la de adoptar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas para garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre. El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de realizar entraña tanto la obligación de facilitar como la obligación de hacer efectivo. La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tenga por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole. CONSIDERANDO (15): La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico[25] de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Dos definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación[26], conocida por sus siglas en inglés –FAO-, y la que facilita el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés): *La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. *La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando, o utilizando otras estrategias de afrontamiento). (USDA). Es así que la seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable (FAO, 2016). CONSIDERANDO (16): Que la diversidad biológica es la base de la agricultura. La diversidad biológica agrícola incluye ecosistemas, animales, plantas y microorganismos relacionados con la alimentación y la agricultura. Hoy en día la mayoría de las especies de cultivos y ganado domesticado son el resultado de miles de años de intervención humana, como la reproducción selectiva y otras prácticas agrícolas. La diversidad biológica agrícola proporciona alimentos y materias primas para producir bienes. Es más, cada planta, animal y microorganismo tiene su función en la regulación de los servicios esenciales de los ecosistemas, tales como la conservación del agua, la descomposición de los desechos y el ciclo de nutrientes, la polinización, el control de plagas y enfermedades, la regulación del clima, el control de la erosión y la prevención de las inundaciones, el secuestro del carbono y muchos más. Aunque las prácticas agrícolas modernas han permitido que aumente la producción de alimentos, contribuyendo en gran medida a mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza, también han sido responsables de un daño considerable a la diversidad biológica, principalmente por el cambio de usos de la tierra pero también por la sobreexplotación, la intensificación de los sistemas agrícolas de producción, el uso excesivo de productos químicos y agua, la carga de nutrientes, la contaminación y la introducción de especies exóticas invasoras. La agricultura forma parte del paisaje y tiene que ser gestionada de manera sabia y sostenible en este contexto. Los conocimientos tradicionales de los granjeros[27] son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria global. Hoy en día estos conocimientos están siendo erosionados, menoscabando la importante contribución que los granjeros pueden hacer. La agricultura se enfrenta a los duros retos de satisfacer las necesidades de una población en continuo crecimiento y al mismo tiempo reducir su huella sobre los recursos de la Tierra y la diversidad biológica. Técnicamente estos retos se pueden superar, pero para ello hacen falta cambios importantes en políticas y planteamientos. Para eso es fundamental que los granjeros, los consumidores, los gobiernos y demás interesados directos colaboren más eficazmente con el fin de sacar provecho a la contribución que la diversidad biológica puede hacer al logro de una agricultura sostenible[28]. CONSIDERANDO (17): Que Honduras ha suscrito diferentes declaraciones, convenciones y tratados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de los recursos bilógicos y genéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización para lograr una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, ello ante la preocupación de los diferentes Estados para mejorar las condiciones de vida y bienestar en general de sus habitantes. Precisando la promulgación de leyes eficaces en relación a la utilización sostenible de los recursos y promoviendo la diversidad biológica, a fin de lograr la seguridad alimentaria, conservar la biodiversidad y la protección del medio ambiente de forma conjunta. Es así que en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos[29] para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)[30], las Partes reconocen la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores en materia de conservación y desarrollo de los recursos fitogenéticos. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte deberán, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en particular: la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. La utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura puede incluir, entre otras, el fomento de iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la participación de los agricultores, fortalezcan la capacidad para obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, económicas y ecológicas, como una medida de la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura[31]. CONSIDERANDO (18): Que conforme al bloque de convencionalidad, la mejor forma de tratar las cuestiones que se relacionan con el aprovechamiento y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones[32]. Asimismo se debe procurar la creación de mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos y particulares interesados en los procesos de adopción de decisiones[33]. El artículo 15 de la Constitución de la República preceptúa que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal; asimismo el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. En ese orden de ideas, este Alto Tribunal reitera que, teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, desarrollando la técnica constitucional denominada “derechos implícitos”, al señalar que los derechos que se encuentren expresamente declarados no implica la negación de otros. Es decir, la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, en relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, se garantiza la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo la participación en la utilización, administración y conservación de dichos recursos[34]. El Estado deviene obligado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, especialmente de las tierras y bosques en donde estuvieren asentadas; recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, de allí la necesidad de preservar y estimular dichas culturas; sin olvidar que el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa[35], esta última pilar fundamental para el sustento de un Estado de Derecho, la que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional[36]. La participación ciudadana es un elemento necesario y pleno para el efectivo ejercicio de la democracia a efecto de promover y fomentar diversas formas de participación y de esta forma lograr el fortalecimiento de la democracia, que es máximo anhelo de todo Estado de Derecho, en busca de satisfacer el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social como lo declara nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (19): Que de igual forma y conforme al bloque de convencionalidad, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, según sus propias políticas alimentarias, por ello es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; mientras la primera se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; sin olvidar los compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cuando en relación del derecho a la alimentación se trate. CONSIDERANDO (20): Que el Decreto No. 21-2012 que contiene la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, creada con el propósito de fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, contiene disposiciones que contradice no solo normas constitucionales, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos, relacionados con la protección del derecho a la alimentación, contenidos en diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en el orden que una alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; asimismo la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos humanos. La ley cuestionada de inconstitucional, a prima facie protege los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no obstante a ello contiene disposiciones que contraviene los compromisos asumidos por el Estado de Honduras de adoptar medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, aunado a ello la conservación de la diversidad biológica como base fundamental de la agricultura, olvidando que los conocimientos tradicionales de los campesinos son fundamentales para mantener la diversidad biológica y garantizar la seguridad alimentaria. La ley en comento, otorga título de concesión hasta por el plazo de 25 años (Art. 11), lo cual infringe las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 339 y 340, al establecer privilegios no temporales a los inventores de obtenciones vegetales, situación que favorece a criterio de esta Sala, los monopolios que prohíbe la Constitución de la República, entendido el monopolio como el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, siendo también una situación de mercado, en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder, brindando una posición de privilegio. Estas situaciones es lo que precisamente previene la Constitución de la República al garantizar y fomentar en el precepto 331 las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa, entre otros; sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Por ello y con el fin precisamente de lograr la explotación racional de los recursos naturales, los cuales son declarados de utilidad y necesidad pública, para garantizar un medio ambiente sano en beneficio de los habitantes de la nación, el Estado deviene obligado a reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con el interés social, sin olvidar la armonía con la protección y conservación de los ecosistemas y la tierra, elementos que interactúan como una unidad funcional. Aún más la Sala de lo Constitucional estima que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos naturales, especialmente al tratarse de recursos que satisfacen el derecho a la alimentación de la población, es así que la Carta Magna en consonancia con las libertades supra indicadas, establece en el artículo 340 que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, estando obligado conforme a ello el Estado, a reglamentar su aprovechamiento de acuerdo con el interés social, fijando las condiciones para su otorgamiento a los particulares, siempre en respeto a los principios que la misma Constitución fija. CONSIDERANDO (21): Que la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, contiene disposiciones que promueven el encarecimiento de las fuentes de alimento, al otorgar derechos a los obtentores de variedades vegetales sobre el material en relación con una variedad, al incluir en dicho término el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidas las plantes enteras y partes de plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (Art. 10). Nuestra Constitución de la República garantiza en el artículo 328 que el sistema económico se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social; asimismo la producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor, establece por su parte el artículo 347 constitucional. La referida ley, contiene lineamentos que en general se enfocan a contravenir las referidas disposiciones constitucionales, al otorgar derechos sobre material vegetativo que constituye la fuente biológica para una utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, lo que deriva en el encarecimiento no solo de la semilla, sino de todo el material vegetativo que es utilizado en una variedad vegetal. Aunado a ello la ley cuestionada de inconstitucional, desconoce los compromisos asumidos por el Estado de Honduras con el objetivo de promulgar leyes eficaces en relación a la utilización sostenible de los recursos y promoviendo la diversidad biológica (Art. 13), a fin de lograr la seguridad alimentaria de su población. Si bien los recursos Fitogenéticos desempeñan un papel cada vez mayor en la seguridad alimentaria y el desarrollo en el mundo, no es menos cierto que también han sido responsables de un daño considerable a la diversidad biológica, principalmente por el cambio de usos de la tierra pero también por la sobreexplotación, la intensificación de los sistemas agrícolas de producción, el uso excesivo de productos químicos y agua, la carga de nutrientes, la contaminación y la introducción de especies exóticas invasoras; por ello se hace necesario adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en particular[37]: la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. CONSIDERANDO (22): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en la Constitución de la República o en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia[38], para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (23): Que conforme lo dispone el artículo 89 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo lo primero cuando la parte o los preceptos de la ley en que se da la vulneración no pueda ser separada de la totalidad de la normativa. En el caso sub júdice los impetrantes recurren ante este Alto Tribunal Constitucional, solicitando la inconstitucionalidad en su totalidad de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, llegando a la conclusión esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados y estudiados los preceptos que integran la ley en comento, que los mismos vulneran la normativa constitucional, convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras, asimismo estándares internacionales relacionados con la protección de derechos humanos y fundamentales. Preceptos que se declaran inconstitucionales por las razones dejadas expuestas en el presente libelo y que constituyen parte fundamental de la ley, por lo que resulta imposible que la misma pueda subsistir con la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos referidos, que conforman la esencia de la ley en comento. CONSIDERANDO (24): Que la sentencia en que se declara la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de ésta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, en consecuencia tal declaración de inconstitucionalidad de una Ley o parte de ella tiene fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico; el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO (25): Que en el presente caso, se puede colegir que los artículos 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 13 de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, contenida en el Decreto Legislativo No. 21-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha trece de marzo del año dos mil doce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,827, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, vulnera lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 5, 15, 16, 59, 63, 64, 328, 331, 332, 339, 340 y 347 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 19 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales; 1 y 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 6 y 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA); al inobservar los preceptos impugnados, garantías y derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, así como estándares internacionales en relación a la protección del derecho a una alimentación adecuada, el cual se encuentra inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana, indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en diferentes instrumentos internacionales que propenden a su protección. En ese orden de ideas la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa; situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala Declara la inconstitucionalidad total de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, por contravenir restringir y menoscabar la normativa constitucional, tratados internacionales suscritos por Honduras, así como estándares internacionales relacionados a la protección del derecho a una alimentación adecuada, ello como ha sido dejado plasmado en el presente libelo, en los artículos supra indicados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 4, 5, 15, 16, 59, 63, 64, 184, 185 numeral 1º, 303, 304, 313 atribución 5ª, 316, 328, 331, 332, 339, 340 y 347 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 75, 76, 77, 79, 89 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 de la Ley del Ministerio Público; y, Artículos 4, 17, del Código Civil; FALLA: 1) DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL, POR RAZÓN DE CONTENIDO, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES DE VEGETALES, contenida en el DECRETO No. 21-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha trece de marzo del año dos mil doce y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,827, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce; 2) Declarar la ejecución inmediata de la presente sentencia; 3) La presente sentencia tiene efectos a futuro, de conformidad a la locución latina “EX NUNC”.- Y MANDA: Que se comunique al Congreso Nacional de la República el presente fallo quien deberá sin dilación ordenar su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, conforme lo dispone el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y que con la certificación del presente fallo se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0877=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CLML

[1] Artículo 184 y 313.5 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. El PIDESC, fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entro en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el Artículo 27. Suscrito mediante Decreto No. 961, publicado en La Gaceta No. 23,167 del 30 de julio de 1980.

[3] Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

[4] El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social….

[5] Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal….

[6] El derecho a la vida es inviolable.

[7] Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[8] Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[9] 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

[10] 11.1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

[11] El Sistema Económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y en el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

[12] El estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.

[13] La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por límite los derechos y libertades reconocidos por esta Constitución.

[14] En adelante Art.

[15] En relación a ello se menciona la Declaración de Estocolmo de 1972, aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que sirve de antecedente a la Declaración de Rio de 1992.

[16] Se hace mención a la Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo de junio de 1992, desarrollada con más amplitud en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, teniendo como objetivo contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos por el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogénicos para la alimentación y la agricultura (FAO 2009), conocido como TIRFAA, en el sentido de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos Fitogénicos para la alimentación la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad Alimentaria y el objetivo 15 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, vigente a partir de enero de 2016, que establece como una de sus metas frenar la pérdida de diversidad biológica.

[17] Vid artículo 63 de la Constitución que señala: (sic) “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”

[18] FIAN o FIAN Internacional, FoodFirst Information and Action Network, FIAN es la organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. Es la primera organización internacional de derechos humanos que lucha por la realización del derecho a una alimentación adecuada, como prevé la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Fundada en 1986, FIAN es una organización independiente sin fines de lucro, y tiene estatus consultivo ante la ONU. Aparte de acciones concretas, FIAN promueve el derecho a la alimentación a través de programas educacionales y políticas de apoyo orientadas a nivel local, regional e internacional. FIAN International tiene miembros y secciones en 60 países en África, América, Asia y Europa.

[19] Vid artículo 63 de la Constitución que señala: (sic) “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”

[20] Vid Artículos 17 y 18 de la Constitución de la República.

[21] La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos. naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

[22] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 3 de enero del año 1976, de conformidad con el artículo 27. La Gaceta No. 23167 de 30 de julio de 1987.

[23] Suscrita en San José de Costa Rica el 22de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[24] Celebrada en Ginebra, del 26 de abril al 14 de mayo de 1999.

[25] El Convenio de la Diversidad Biológica (Naciones Unidas 1992). Honduras ratifico el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) el 21 de febrero de 1995 mediante el Decreto Legislativo No 30-95. El CDB constituye un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, de los ecosistemas y de su importancia para el bienestar humano y la reducción de la pobreza. El referido Convenio expone en su preámbulo que conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a recursos genéticos y a las tecnologías y a la participación en estos recursos y tecnologías. El artículo 1 del referido Convenio define que son sus objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Es así que en el artículo 2 se brindan las definiciones a todos estos términos; por “diversidad biológica” se entiende la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Por “ecosistema” se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microrganismo y su medio no viviente que interactúan con una unidad funcional. Por “material genético” se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Por “recursos biológicos” se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. Por “material genético” se entiende el material genético de valor real o potencial.

[26] La Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información y ayuda a los países en vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. A 15 de junio de 2013 la FAO cuenta con 197 miembros.

[27] Al respecto véase la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales. Art. 19 “1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. Este derecho engloba: a) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; b) El derecho a participar equitativamente en el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; c) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura; d) El derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha; 2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. 3… 4. Los Estados velarán por que los campesinos dispongan de semillas de calidad y cantidad suficientes, en el momento más adecuado para la siembra y a un precio asequible. 5. Los Estados reconocerán los derechos de los campesinos a utiliza sus propias semillas locales que elijan, y a decidir las variedades y especies que deseen cultivar. Así también en relación a la temática en estudio el Art. 20.1 establece: “1. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, de conformidad con sus obligaciones internacionales pertinentes, para impedir la destrucción de la biodiversidad y garantizar su conservación y su utilización sostenible de manera que se promueva y proteja el pleno disfrute de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales…”

[28] 2011-2020 Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Viviendo en armonía con la naturaleza. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Diversidad Biológica Agrícola. https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-es-web.pdf.

[29] Los recursos fitogenéticos se definen como la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal, que se considera poseedora de un valor para el presente y el futuro. Bajo esta definición se incluyen los siguientes tipos: variedades de especies cultivadas (tanto tradicionales como comerciales), especies silvestres o asilvestradas afines a las cultivadas o con un valor actual o potencial, y materiales obtenidos en trabajos de mejora genética. Estos desempeñan un papel cada vez mayor en la seguridad alimentaria y el desarrollo en el mundo, pues ellos contribuyen de forma importante a la capacidad de la agricultura para responder a los cambios, ya sean de tipo ambiental o socioeconómico. Estos recursos son unos de los componentes de la biodiversidad agrícola, ya que son esenciales para la intensificación sostenible de la producción agrícola y para garantizar el sustento de una gran parte de las mujeres y los hombres que dependen de la agricultura.

[30] Vigente desde el 14 de enero de 2004. Honduras forma parte de este Tratado y el gobierno tiene el compromiso de adoptar medidas necesarias para su implementación en Honduras.

[31] Artículo 6 del TIRFAA.

[32] Vid. Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunidos en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores calves de las sociedades y las personas.

[33] Vid. Capítulo 8.3.c) de la Agenda 21 de la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

[34] Vid. Artículo 15 del Convenio No. 169 de la OIT; Principio 22 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; artículos 19, 23, 25, 26, 29, y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[35] Vid. Artículo 5 de la Constitución de la República.

[36] Vid. Artículos 2 y 6 de la Carta Democrática Interamericana.

[37] Vid. Artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

[38] Vid. Artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional.