Sentencia RI-718-17 — Registro 12820
Resumen
Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra artículo No.118, del Código Procesal Penal referente a la suspensión expresa del ejercicio de la profesión por tres meses, al profesional del Derecho que abandone injustificadamente la defensa,considerando recurrente que priva o limita al Padre en alimentar, asistir y educar a sus hijos por tres meses y contrario al artículo 121 de la Constitución de la República. que dice: Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad que dicha disposición es contraria al Artículo 60 párrafo primero de la Constitución de la República,con relación de haberse suspendido en el ejercicio de la profesión por abandono de la defensa a recurrente en la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Insolvencia Punible
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."reglas que al ser aplicadas nos lleva a la siguientes conclusión: No se puede aceptar que el ARTÍCULO 118 DEL CODIGO PROCESAL PENAL viola las Garantías Constitucionales citadas por los recurrentes en inconstitucionalidad, seria razonablemente insostenible porque los argumentos se basan principalmente en apreciaciones muy personales, del momento procesal en que ocurrieron; el legislador determino como medio idóneo para salvaguardar el interés del individuo y de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema judicial en perjuicio del imputado; implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que toda la totalidad del ordenamiento legal vigente es inconstitucional, siendo que las personas podemos tergiversar su contenido, al interpretar sus normas sacándolas de su contexto, desconociendo las instancias jurisdiccionales quienes le correspondería conocer de esos asuntos.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre."-CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.-CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.” Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales.-CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional.-CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Artículo No.118, del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República; no entra en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 118 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, quien actúa en su condición personal contra el Artículo No.118, del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, por considerar el recurrente que dicha disposición es contraria al Artículo 60 párrafo primero de la Constitución de la República con relación de haberse suspendido en el ejercicio de la de la profesión por el abandono de la defensa al Abogado JULIO CESAR RAMIREZ en la causa instruida ante la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, contra el señor ROBERTO GOMEZ HERNADEZ por suponerlo responsable del delito de INSOVENCIA PUNIBLE en perjuicio de SERVICIOS y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ en la causa instruida ante la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, contra el señor ROBERTO GOMEZ HERNADEZ por suponerlo responsable del delito de INSOVENCIA PUNIBLE en perjuicio de SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.-2) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal dictó providencia mediante el cual resolvió admitir el recurso de inconstitucional de que se hace referencia, en consecuencia, al dirigirse el mismo en forma parcial y por razón de contenido contra el citado artículo, se dispuso omitir librar comunicación al Congreso Nacional de la República, concediéndose traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis días para que emitiera su dictamen.-3) Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por evacuado y por emitido el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERRES, siendo de la opinión porque "SE DECLARE SIN LUGAR" el recurso de inconstitucionalidad planteado, vía acción y por razón de contenido”.-CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.-CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, señala que la presente DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION en relación a la inconstitucionalidad de la norma contenida en el Artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras por ser ya contraria al Artículo 60 párrafo primero y segundo de la Constitución de la República de Honduras; que dice todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. - En Honduras no hay clases privilegiadas. - Todos los hondureños son iguales ante la Ley; cree el Suscrito Censor se justifica de la siguiente manera: a) El Código Procesal Penal es norma vigente y positiva a partir del veinte (20) de febrero del año dos mil dos (2002). b) El Código Procesal Civil de Honduras es norma vigente y positiva a partir del año dos mil diez (2010). e) En Honduras el ejercicio de la profesión del derecho, ya permite y básicamente así sucede, que se marca o especializa sea por vía académica o práctica la materia donde el Profesional del Derecho opta por ejercer su profesión, de tal forma que Abogados como Eneas Portillo se le identifica como Abogado de Familia; Juan Sánchez Cantillano se le identifica como Abogado en materia penal; Carlos Fortín Lardizábal se le identifica como Abogado en materia civil y mercantil; Germán Leitzelar se le identifica como Abogado en materia laboral y así pueden darse ejemplos extensos. d) Como debe entenderse que el Abogado que práctica en materia penal es el único que puede verse ante la circunstancia de ser SUSPENDIDO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION POR LA LLAMADA ABANDONO DE LA DEFENSA?; sin lugar a dudas el Suscrito Censor considera esto como la circunstancia que no todos somos iguales ante la Ley, en este caso por el solo hecho de optar por la práctica forense de la profesión del derecho en materia penal y no en las otras materias, esta distinción de la norma la considero definitivamente inconstitucional, porque es una norma que no coloca al Abogado que práctica en materia penal igual que el abogado que practica en las otras materias como ser laboral, administrativa, civil, familia, etc. e) La distinción se encuentra de manera básica en la confrontación de los artículos 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras cuya declaración de inconstitucionalidad se pide y los artículos 88 y 172 5. del Código Procesal Civil de Honduras; como debe entenderse que el litigante en materia penal ante un acto similar de “supuesta mala conducta” debe ser SUSPENDIDO DE SU EJERCICIO PROFESIONAL y en materia civil la sanción es “UNA MULTA”; en el concepto básico del presente Recurso o Demanda de Inconstitucionalidad lo que se pretende establecer y dejar asentado es que ante la Ley, no es lo mismo el litigante en materia penal que el litigante en materia civil y derivado de ello lo que se aprecia es que no todos somos iguales ante la Ley y provoca de manera consecuente que en el criterio del Censor el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras debe ser YA DECLARADO INSCONSTITUCIONAL POR SU CONTENIDO; y/o en su defecto, debe ser considerado INAPLICABLE POR SU CONTENIDO INCONSTITUCIONAL cuando se valora el Código Procesal Penal en su artículo 118 párrafo tercero en relación a los artículos 22, 88 y 172 5. del Código Procesal civil de Honduras. f) Que el profesional del derecho puede realizar prácticas que se estimen de “supuesta mala conducta” no es negable; pero que la sanción cuando se aprecia esta supuesta mala conducta es LA SUSPENSION DE SU EJERCICIO PROFESIONAL lo considero INSCONSTITUCIONAL POR SU CONTENIDO; y/o INAPLICABLE POR SU CONTENIDO INCONSTITUCIONAL; me parece que siguiendo la norma constitucional de que todos somos iguales ante la Ley es procedente si, en aplicación de los artículos citados lo siguiente: 1) Efectivamente apartar al Profesional del Derecho del proceso en particular. 2) Notificar su conducta al Colegio de Abogados de Honduras para que este determine escuchadas las circunstancias la sanción disciplinaria existente de ser cierta, artículo 88 del Código Procesal Civil.- Nótese que el Suscrito Censor interpone la presente acción donde considera no se le ha dado el derecho al descargo de aquellas cosas que por su mismo ejercicio profesional deben quedar en la confidencialidad hasta por el bien del sistema de justicia, pero que considera de ser conocidas en un ambiente confidencial muy probablemente se podrá aprecia que la Juez, Julissa Aguilar quien manipulo por su enemistad manifiesta la sala quinta actúo de manera poco ética. 3) La aplicación de la sanción de multa acorde al artículo 172 5. En relación con el artículo 22 del Código Procesal Civil. g) ¿QUE TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?, existe un ejemplo que me permite decir que la norma del artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras es caprichosa, subjetiva, demasiada discrecional y obviamente inconstitucional por su contenido. Soy el Abogado Querellante en la causa 048 2015 del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán; en dicha causa recayó la sanción de suspensión del ejercicio profesional del Honorable Colega Abogado Juan Sánchez Cantillano por actos de ABANDONO DE LA DEFENSA, que hace como se prueba con uno de los documentos adjuntos que el respetado colega tenga derecho a que su sanción sea oída CON SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO y el Suscrito Censor en los autos relacionados no, en términos generales asumo que NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, en términos particulares podría estimar que a JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA si se le desea el daño de privarle de su ejercicio profesional, pido EN ESTO MEDITAD Honorable Sala de lo Constitucional en el conocimiento de la presenta Demanda de Inconstitucionalidad. h) Por las razones antes expuestas el criterio del Censor consiste en que el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras debe ser YA DECLARADO INSCONSTITUCIONAL POR SU CONTENIDO; y/o en su defecto, debe ser considerado INAPLICABLE POR SU CONTENIDO INCONSTITUCIONAL por considerarse ser contrario al artículo 60 párrafo primero y segundo de la Constitución de la República de Honduras; que dice todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.- En Honduras no hay clases privilegiadas. - Todos los hondureños son iguales ante la Ley.”-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en su exposición el impetrante sostiene que la presente DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION en relación con la inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras por ser ya contraria al artículo ARTICULO 121 de la Constitución de la República. - Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad, y en los demás casos en que legalmente proceda; cree el Suscrito Censor se justifica de la siguiente manera: a) Adjunto a la presente demanda de inconstitucionalidad las certificaciones de acta de nacimiento de LAURA ISABELLA LAINEZ CASCO y JOSE LUIS RAMIREZ CASCO, mis hijos. b) La norma contenida en el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras y ya tengo un interés directo en ello, me impide o me impedirá en los próximos días, el ejercicio de la Profesión del Derecho, única fuente de mis ingresos desde el año 1994. e) ¿Cómo voy a alimentar, asistir y educar a mis hijos durante su minoría de edad en esos tres meses?; imposible no, justo no lo considero, INCONSTITUCIONAL lo considero ABSOLUTAMENTE, máxime cuando los hechos vienen del poder discrecional de la judicatura que hasta la fecha ni el Tribunal de Alzada La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y Vos Ilustre Sala de lo Constitucional en el conocimiento vía revisión del Recurso de Amparo supra relacionado, han discurrido la denuncia intrínseca de la mala conducta, conducta poco ética y enemistad manifiesta de la Juez Julissa Aguilar quien manipulo la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia a su libre antojo. d) Definitivamente una norma secundaria como es el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras que priva o limita al Padre en alimentar, asistir y educar a mis hijos durante su minoría de edad por tres meses la considero INSCONSTITUCIONAL POR SU CONTENIDO; y/o en su defecto, debe ser considerado INAPLICABLE POR SU CONTENIDO INCONSTITUCIONAL por considerarse ser contrario al artículo 121 de la Constitución de la República. que dice: Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad.”-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el recurrente señala que la presente DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION en relación a la inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras por ser ya contraria al Artículo 127 de la Constitución de la República en el que establece el DERECHO AL TRABAJO en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. a) Toda persona tiene la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo escogido o aceptado libremente”, advierte el integrante de la Sala Social del máximo tribunal. b) El “Estado como signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no debe obstaculizar el disfrute del derecho al trabajo en plena igualdad de los derechos sociales”. e) “El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho al trabajo libremente escogido o aceptado”. Se subraya que, en consecuencia, “el Estado debe velar por esta responsabilidad social”. Esa obligación respecto al Estado y el compromiso de las normas sociales, se desprende de lo contemplado en el artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas. d) ¿Es libremente escogido un medio de subsistencia durante tres meses por la aplicación del artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras, el Suscrito Censor considera que no. e) Acá no se trata de justificar una situación jurídica concreta expresando que el suscrito censor es Notario y puede elegir esa ocupación; o que debe tener ahorros, porque seguridad colegial contra esos tres meses de suspensión no existe; acá lo que importa es que me veo obligado a buscar contra mi voluntad una ocupación diferente a la que he optado y elegido libremente, por imposición de una norma secundaria que en mi parecer es contraria a la norma constitucional que me permite elegir libremente la actividad laboral. f) En consecuencia y de la manera más práctica posible la norma secundaria como es el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal de Honduras que obliga a buscar contra mi voluntad una ocupación diferente a la que he optado y elegido libremente por espacio de tres meses la considero INSCONSTITUCIONAL POR SU CONTENIDO; y/o en su defecto, debe ser considerado INAPLICABLE POR SU CONTENIDO INCONSTITUCIONAL por considerarse ser contrario al artículo 127 de la Constitución de la República en el que establece el DERECHO AL TRABAJO en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que una vez realizado el traslado, que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, a través de su Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERRES, pronunciándose una vez realizado el análisis encontró que la norma impugnada no deriva de una desigualdad ante la Ley, ya que el impetrante al haber aceptado el mandato legal de defensa conferido por su representado, devenía en la obligación de participar oportunamente en las audiencias penales, como garantía de un correcto desenvolvimiento del proceso penal, ante todo, en beneficio de su propio defendido, asegurando la igualdad de las partes en el proceso, a fin de evitar que se produzca la indefensión del imputado, por ser un derecho constitucional que le asiste, de tal modo que frente a una acusación técnica aparezca también una defensa técnica, ya que el defensor del imputado, no sólo tiende a garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa, sino que con su labor coadyuva con la Administración de Justicia, es decir, que el abogado al asumir una causa, por ser de su libre elección, adquiere a la vez un compromiso de representar a su cliente en todas las instancias, salvo que una causa justa se lo impida, y aún, existiendo ésta, no podrá negarse a representar al imputado máxime si la misma se había iniciado. En ese orden de ideas se puede determinar que no se trata de una desigualdad de ley en una determinada materia, en este caso penal, si no que la misma corresponde a la tutela de los derechos que constitucionalmente son protegidos en ese ámbito, por lo que al realizar una confrontación entre la norma constitucional y la norma legal, nos permite concluir que el precepto legal no tergiversa el derecho constitucional. De lo anterior cabe señalar, que ante la colisión entre derechos fundamentales debe como primer paso identificarse los bienes o intereses en conflicto, para de esta manera proceder a efectuar un balance que parte de una estructura tripartita de metodologías, a saber: a) Ley de Ponderación (en función de la cual cuanto mayor es el grado de la no satisfacción de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro); b) Formula del peso (hay que determinar cuál de los principios debe prevalecer en relación con otro); y c) Cargas de la argumentación (que operan cuando se da una equivalencia entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso). Conforme a lo antes expuesto, se aprecia que no existe vulneración de los artículos 121 y 127 constitucionales, considerando que la actuación judicial garantizó la protección del derecho de defensa del imputado, en consonancia al artículo 62 de la Constitución de la República, que señala: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. En consonancia con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos, señala: 2. “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. Por lo anteriormente expuesto, esta representación fiscal no advierte una vulneración de preceptos constitucionales, como ser los contenidos en los artículos 60, 121 y 127 Constitucionales, como lo determinamos en los argumentos anteriormente esgrimidos.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que como es sabido, el proceso penal es la única vía legitimada para qué el Estado pueda imponer su pretensión punitiva, que solo puede materializarse a través de un procedimiento con todas las garantías establecidas en la Constitución y las leyes. La justicia material para lograr su consolidación debe imponer las sanciones conforme al ordenamiento jurídico-punitivo caso contrario se constituiría en un mero simbolismo que en nada coadyuvaría al fortalecimiento de un Estado de Derecho Constitucional. El proceso penal se orienta a la concretización de la pena y a la satisfacción de la exigencia económica de reparar los daños causados en los bienes jurídicos de la víctima. De tal manera que el proceso penal realmente garantista debe orientar su funcionalidad para acoger ambas pretensiones con celeridad y eficacia a efecto de lograr la tutela jurisdiccional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, así también sabemos que la Asistencia Letrada, es la garantía constitucional que hace efectivo el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso. Este derecho fundamental se concreta en, la asistencia al detenido de un Abogado en las diligencias investigativas y judiciales, velando para que se le realice una lectura e información de sus derechos, sobre los hechos por los cuales ha sido detenido, sin que en ningún caso pueda producirse su indefensión. Lo que es recogido por el Código Procesal penal vigente, en su Artículo 15, que manda: “Asistencia técnica y defensa. Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada. Si el imputado no designa defensor, la autoridad judicial solicitará de inmediato el nombramiento de uno de la defensa pública o, en su defecto, lo nombrará ella misma. Éste derecho es irrenunciable. Su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor del imputado.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que también es sabido que el derecho a la prueba es un derecho fundamental complejo, cuyo contenido está determinado por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. El principio de legitimidad de la prueba ha sido recogido por los Artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal, el mismo que establece que todo medio de prueba sólo podrá ser valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que, una de las obligaciones del Abogado para con su cliente es la lealtad. La lealtad está basada en los valores de justicia, verdad y honradez. Es obvio que quien contrata los servicios de un Abogado necesita sentir que éste le será fiel desde el principio, que no lo va a abandonar o traicionar, y que siempre utilizará toda su imaginación, creatividad e inteligencia para contrarrestar los argumentos del litigante opositor. La lealtad hacia el cliente también implica la sinceridad. El Abogado debe buscar el beneficio de su cliente y no así el propio, esa actitud es de lealtad. Para llevarla a cabo, no debe entusiasmar o asustar al cliente, sino explicarle en forma veraz cuál es su situación y la posibilidad de éxito. En ocasiones los Abogados en lugar de buscar la concordancia o el entendimiento, mantienen siempre la egresión y la discordia, provocando que los asuntos se alarguen y así cobrar más honorarios. Es por eso por lo que el abandono injustificado de la defensa es considerado una ofensa grave.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el principio de equidad debe de fundamentarse en los siguientes supuestos: 1.- No toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del Artículo 60 de la Constitución de la República, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y carece de una justificación objetiva y razonable; 2.- El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; 3.- El principio de equidad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; y 4.- Por último, “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas proporcionadas a dicho fin”.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que por todo lo anteriormente el ARTÍCULO 118 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, no se contraponen al debido proceso ni a la presunción de inocencia, ni mucho menos al derecho al trabajo o alimentos; puesto que, en este Artículo, se impone al Juez a sancionar con la suspensión expresa del ejercicio de la profesión por tres meses, al profesional del Derecho que abandone injustificadamente la defensa. En este caso, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Sin embargo, para su ejercicio, el primer paso que debe dar el Estado es por medio de la ley. El principio de legalidad es un elemento común e ineludible en la determinación de las conductas reprochables. A su vez, el siguiente paso será determinar si el castigo o represión de dichas conductas se realizará por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En esta segunda función, el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno u otro camino, pues él debe ponderar su eficacia, mérito u oportunidad, aunque sujeto a una serie de limitaciones: el principio de proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 59 Constitucional establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial[1].”-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; reglas que al ser aplicadas nos lleva a la siguientes conclusión: No se puede aceptar que el ARTÍCULO 118 DEL CODIGO PROCESAL PENAL viola las Garantías Constitucionales citadas por los recurrentes en inconstitucionalidad, seria razonablemente insostenible porque los argumentos se basan principalmente en apreciaciones muy personales, del momento procesal en que ocurrieron; el legislador determino como medio idóneo para salvaguardar el interés del individuo y de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema judicial en perjuicio del imputado; implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que toda la totalidad del ordenamiento legal vigente es inconstitucional, siendo que las personas podemos tergiversar su contenido, al interpretar sus normas sacándolas de su contexto, desconociendo las instancias jurisdiccionales quienes le correspondería conocer de esos asuntos.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre."-CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.-CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.” Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales.-CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional.-CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Artículo No.118, del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República; no entra en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 18, 60, 62, 63, 64, 77, 78, 80, 151, 152, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad por vía de Acción promovido contra el Artículo No.118, del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0718-2017.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Copiado en los términos del Decreto Número 191-94, de fecha 15 de diciembre de 1994, que contiene la reforma al Artículo 59 Constitucional; y, ratificado constitucionalmente mediante Decreto Número 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 27595, del 4 de marzo de 1995.