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Sentencia RI-706-19 — Registro 14568

Resumen

Inconstitucionalidad por vía de excepción del artículo 87 del Código Procesal Civil y su inaplicabilidad en el caso concreto,considerando recurrente ,que precepto normativo referido entra en conflicto con las normas constitucionales y secundarias no derogadas y el derecho que tienen las partes a elegir libremente a su representante Procesal,violentando la libertad de contratación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(14): Que, en cuanto a la libertad contractual, bien jurídico fundamental protegido constitucionalmente, que invoca la letrada garantista, no resulta un derecho individual con carácter absoluto; sino uno que se encuentra en tensión permanente con el principio de solidaridad, entre otros, según admitido constitucionalmente en los artículos 1, 4, 15 y 64 de la Constitución de la República. Cabe, entonces, citar in extenso lo que ha escrito el tratadista argentino Rubén S. Stiglitz, para quien, al hallarse el contrato inserto en el contexto social, y ser un instrumento de convivencia: “… debemos privilegiar la solidaridad, y a los principios y valores que la sustentan, como cláusula abierta, flexible, pura y oxigenante, que ineludiblemente debe hacer campamento, e integrarse conceptualmente, en la relación de equivalencia”.[7] Más adelante, el jurista aboga por que el contrato sea concebido con una mínima dosis de sensibilidad, o, si se prefiere, de humanidad: “… pues si aceptamos que no se trata de un fenómeno factible de ser reducido a una operación económica, también habremos de coincidir en que su función, predominantemente, consiste en satisfacer y tutelar necesidades e intereses humanos legítimos”.[8] CONSIDERANDO (15): Que, por otra parte, no resulta plausible la argumentación impetrada por la garantista con relación al quebrantamiento del principio de legalidad, a través de normas secundarias no derogadas; pues, ofrece la técnica jurídica una clara solución dogmática al surgimiento de conflictos entre normas en el tiempo, más aún, si se trata de normas del mismo rango legal. En cuanto a la protección del derecho de defensa y del debido proceso, que precaven la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los cuales conllevan a la obligación de promoción, protección y respeto, en toda actuación de las autoridades públicas, sobre todo cuando implique una posible restricción de derechos, bien sea individuales o colectivos;[9] se considera que estos se ven respetados e incólumes, no obstando el núcleo obligacional de la normativa impugnada para arbitrar una apropiada defensa, conforme al principio vinculante de buena fe entre las partes que conforman el litisconsorcio;[10] separados que sean los distintos perfiles y contornos de cada una de las personas obligadas y acorde las distintas posiciones de derecho y medios estratégicos de defensa que correspondan; en el marco de la lealtad procesal y del debido proceso. CONSIDERANDO (16): Que, de todo lo anterior, se desprende la compatibilidad entre la norma jurídica impugnada y la Constitución de la República, en razón del análisis de contenido material del acto legislativo impugnado, el cual puede leerse en clave constitucional por conservar la finalidad pre ordenada en la norma jurídica codificada, sin desmedro de los derechos constitucionalmente invocados; y, si bien se aprecia una preocupación legítima de parte del Actor constitucional, se considera no sobrepasa el contenido esencial constitucional, pues la relación jurídica procesal a que obliga la norma legal secundaria impugnada de constitucionalidad, debe regularse siempre y en todo caso acorde la buena fe y los deberes deontológicos que obligan a los profesionales del derecho que ejercen patrocinio del caso. En palabras de Ignacio de Otto y según artículo precitado: "… de que la ley sea expresión de la voluntad popular deriva la consecuencia de que opere en su favor una presunción de legitimidad constitucional, en virtud de la cual sólo procederá declarar su inconstitucionalidad cuando se haya producido una clara e inequívoca colisión con la norma constitucional". (Otto, 148).[11] CONSIDERANDO (17): Que, en definitiva, la norma jurídica recurrida de inconstitucionalidad no contrae la supresión de la libertad de contratación tutelada por el artículo 331 de la Constitución de la República, ni la del derecho a la defensa y el debido proceso; los cuales son imperativos constitucionales y convencionales asumidos por el Estado de Honduras, garantizados por el Bloque de Constitucionalidad y de Convencionalidad a todos los habitantes de la República. Se colige de lo anterior que asisten a la persona jurídica mandante, de la Abogada garantista, los derechos constitucionales que le reconoce la Carta Magna; tales como son el derecho a de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva;[12] los cuales permanecen incólumes bajo una lectura constitucional de la norma legal contenida en el artículo 87 del Código Procesal Civil promulgado a través del Decreto Legislativo N°211-2006, del 26 de mayo de 2007. CONSIDERANDO (18): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa, para efectuar el respectivo control de constitucionalidad; resultando que, en el presente caso, no se encuentra incompatibilidad entre la norma legal secundaria bajo estudio y la norma suprema constitucional, por lo cual no procede declarar con lugar el Recurso de Inconstitucionalidad promovido por vía de excepción, por legítima recurrente; sino su denegatoria, en los términos hermenéuticos dictados a través de la presente sentencia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción, por la Abogada Aura Argentina Paz Guerra, quien actúa en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada Inversiones Bicon, S.A. contra el Artículo 87 del Código Procesal Civil, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante el Decreto Legislativo N°211-2006 del Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número No.31,313 del 26 de mayo del 2007, con relación a la demanda para que declare la Inexistencia de una Compraventa, promovida por el Banco Continental, S.A., contra las sociedades mercantiles denominadas Inversiones Bicon, S.A., Inversiones Roshid, S.A., y Fondo de Inversiones, S.A.A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Omar Alexis Claros, actuando en su condición de Apoderado Judicial del Banco Continental, S.A., presentando escrito para que las sociedades mercantiles demandadas Inversiones Bicon, S.A., Inversiones Roshid, S.A., y Fondo de Inversiones, S.A., actuaran en juicio a través de un solo profesional del derecho único y común. (Folio 1 del antecedente) 2) Que en fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: 1) Declarar CON LUGAR, LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE UN PROFESIONAL ÚNICO Y COMÚN, promovido por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de apoderado judicial de BANCO CONTINENTAL (proceso de liquidación), representado por el Banco de los Trabajadores como Liquidador Fiduciario; 2) Que se requiera por medio de la secretaria de este despacho a las partes demandadas a través de sus apoderados judiciales a efecto que en el plazo de 10 días nombren o designen un profesional del derecho para todos ellos y con la advertencia que si dentro del plazo señalado no lo designan de común acuerdo las partes demandadas, esta judicatura procederá a designarlo de oficio... (Folios 24-25 vuelto del antecedente) 3) En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Aura Argentina Paz Guerra, en su condición de en Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada Inversiones Bicon, S.A., interponiendo recurso de inconstitucionalidad vía excepción por razón de fondo, en contra del artículo 87 del Código Procesal Civil y su inaplicabilidad en el caso concreto; contenido en el decreto N° 211-2006 emitido por el Congreso Nacional de la República; por considerar la recurrente que, el precepto normativo referido, entra en conflicto con las normas constitucionales y secundarias no derogadas, y que, por lo tanto, su aplicación resulta inconstitucional. (Folios 33-39 del antecedente) 4) Que en fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, esta Sala, recibió el expediente remitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contentivo del recurso de inconstitucionalidad vía excepción, interpuesto por la Abogada Aura Argentina Paz Guerra, del que se hace referencia en el numeral que precede, mismo que fue admitido mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, omitiéndose el libramiento de comunicación al Congreso la Nacional de la República, y en consecuencia se dispuso conceder el traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión en el asunto de mérito. (Folio 10 del expediente contentivo del recurso) 5) Que en fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente:…Al examinar los motivos de inconstitucionalidad planteados por la recurrente, esta Representación Fiscal considera que la norma secundaria denunciada al ser confrontada con los principios contenidos en la Constitución de la República, no vulnera el derecho de defensa reconocido en dicha constitución, que en su artículo 82 señala: "El derecho de defensa es inviolable", pues tal garantía fundamental no es cercenada en la norma denunciada ya que permite a las partes una representación procesal efectiva, es decir lo dispuesto en la norma sub-judice "Cuando diversas personas constituyan una sala parte, actuarán conjuntamente bajo la dirección de un solo profesional del derecho", debe de entenderse que tal disposición es aplicable cuando exista Litis Consorcio ya sea pasivo o activo, no debiéndose entender con ello lo regulado en dicha norma, recae en la participación de un solo profesional del derecho, pues lo que resalta en la norma cuestionada, es que aunque hayan varios procuradores tendrá dirección del juicio, un solo procurador común para todos, como Abogado Director, de lo que se extrae, que el espíritu de la norma en estudio es evitar la extensión del proceso, obstante el derecho de defensa sigue vigente en dicho texto legal, en respecto de las garantías procesales que tienen las partes, de ahí que se aprecia que la norma denunciada no colisiona con dicho precepto constitucional, ya que ésta no contraviene el derecho que tienen las partes a elegir libremente a su Representante Procesal, por lo que no existe ninguna restricción al respecto, garantizándose la defensa del mandante. De esta manera las garantías judiciales que le asisten a las partes se ven reconocidas en tal disposición ya que se protege el derecho de defensa con la máxima justicia posible en el ámbito de derechos humanos. De lo expuesto, estima la suscrita que la norma en estudio mantiene vigente el derecho de elegir a su representante procesal y este es impuesto por el Juzgador únicamente cuando alguna de las partes no cuenta con su representante legal, precisamente en aras de garantizar su derecho de defensa, por lo cual somos del criterio que la norma acusada no se encuentra en contraposición con la Constitución de la República, pues las partes gozan de esa autonomía, libertad y voluntad de elegir o contratar a su representante legal, derecho que se encuentra íntimamente ligado con la noción del debido proceso, que envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos y libertades fundamentales de carácter procesal, en tal sentido toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva imparcial y expedita de sus derechos en un proceso, con sujeción a los principios de celeridad procesal. De las premisas expuestas, esta Representación Fiscal, es de la opinión que se declare sin lugar el recurso inconstitucionalidad planteado, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación de constitucionalidad de las normas sometidas al examen constitucional, por lo que al realizar el estudio de la norma sometida a disertación encontramos que no existe una contradicción con el derecho de la constitución, en consecuencia al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria "artículo 87 del Código Procesal Civil", dicho artículo en mención es procedente aplicarlo, por no vislumbrarse vicios de inconstitucionalidad que se opongan a las normas constitucionales invocadas. V.- OPINIÓN: Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público dictamina porque SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado en los términos expresados por esta Representación Fiscal. CONSIDERANDO (1): Que a la Constitución de la República se le reconoce carácter normativo supremo, por cuanto concreta tendencialmente los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado. Asimismo, y en tanto práctica social relevante, se erige la Constitución de la República en premisa jurídica fundamental para la adopción de las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas, en el marco del Estado de Derecho: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.[1] CONSIDERANDO (2): Que, para efectos de control constitucional, establece la Constitución de la República en su artículo 185, el derecho público subjetivo de instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, la cual podrá solicitarse - inter alia - por vía de excepción; pudiendo oponerse en cualquier procedimiento judicial, suspendiéndose los procedimientos y elevándose las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (3): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad, en los casos taxativamente previstos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el ya referido artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la Acción de Inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, la profesional del derecho recurrente, Abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA, quien es casada, hondureña, del domicilio de San Pedro Sula, departamento de Cortés y actúa en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES BICON, S.A., también del domicilio de San Pedro Sula, en la demanda que se le ha incoado para que se declare la inexistencia de una compraventa, promovida por BANCO CONTINENTAL, S.A., contra su representada y contra las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES ROSHID, S.A., y FONDO DE INVERSIONES, S.A., cuenta con la legitimación necesaria y suficiente para interponer la presente garantía constitucional, en postulación procesal de su poderdante; concerniéndole a su representada en forma directa, personal y legítima, promover la declaración de inconstitucionalidad y, consiguiente inaplicabilidad, de la norma legal solicitada, por las razones expresadas en el desarrollo de su garantía constitucional, promovida por razón de fondo. CONSIDERANDO (5): Que los artículos 83 con relación al artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establecen, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de excepción deberá contener, entre otros requisitos: El nombre y apellido, profesión u oficio, domicilio y dirección para recibir notificaciones del solicitante o de su mandatario o representante legal; el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende; los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión; la explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motivan su acción; así como la explicación del concepto que motiva la garantía de inconstitucionalidad; requisitos todos de rigurosa concurrencia, cuyo examen es cumplido en el trámite de la presente excepción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (6): Que, por otra parte, los artículos 78 y 82 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determinan como requisito para ejercitar esta garantía constitucional, solicitarse en cualquier tiempo posterior a la vigencia de la ley, o de alguno (s) de los preceptos de la ley reputada de inconstitucional; mientras que, si la solicitud se hace por vía de excepción, deberá oponerse en cualquier estado del proceso, antes de la citación para sentencia; lo cual muestra efectivo cumplimiento, en tanto requisitos de procedibilidad, en el presente caso. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Suprema de Justicia conoce del recurso de inconstitucionalidad que, por VÍA EXCEPCIÓN Y POR RAZÓN DE FONDO, ha promovido la Abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA contra el artículo 87 del Código Procesal Civil, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante el Decreto Legislativo N°211-2006 emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número No.31,313 del sábado 26 de mayo del 2007, el cual prescribe, a la letra: “Artículo 87.- Profesional del Derecho Único Común. 1. Cuando diversas personas constituyan una sola parte, actuaran conjuntamente bajo la dirección de un solo profesional del derecho. Si no lo hicieren, el Juez les exigirá la actuación común y les requerirá para que en el plazo de diez (10) días nombren un profesional del derecho para todos ellos, bajo apercibimiento de designarlo de oficio. 2. La resolución que contenga el nombramiento es título que acredita el personamiento del profesional del derecho único. 3. La revocación del poder o renuncia del profesional del derecho común a varias personas que constituyan una sola parte, no surte efecto mientras no se designe uno nuevo y éste se persone al proceso”. CONSIDERANDO (8): Que, manifiesta la peticionaria, que el precepto normativo impugnado es contrario y entra en conflicto con normas constitucionales y normas secundarias no derogadas, y que, por lo tanto, su aplicación resulta inconstitucional; fundando su garantía constitucional en dos (2) motivos, desarrollados en acápites separados y diferenciados, cuyo concepto se expresa a continuación. CONSIDERANDO (9): Que la recurrente, abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA, explica así el primer motivo en que funda su recurso de inconstitucionalidad, por razón de fondo: Que el Congreso Nacional de la República al emitir el Decreto Legislativo N°211-2006, del 26 de mayo de 2007, particularmente en lo normado en el artículo 87, entró en conflicto la libertad de contratación tutelada por el artículo 331 de la Constitución de la República, el cual transcribe; pues obliga a las partes materiales a contratar un profesional del derecho que las represente en juicio, distinto del que ellas libremente elijan por considerar más apropiado para la defensa de sus intereses; privando de autonomía de la voluntad el contrato privado de mandato, al grado que si las partes deciden no celebrarlo y quedarse con el profesional de su preferencia, el tribunal revocara dicha representación y procederá a nombrarle uno de oficio a todos, lo cual anula la libertad de contratación e impone una representación no necesaria, adecuada, ni solicitada; disposición tiránica e inaplicable en un Estado Democrático. Señala que, para el caso, se está conminando a su mandante a nombrar un apoderado que la represente a ella y, también, a las demás personas jurídicas demandadas, aun cuando existe un evidente conflicto de intereses entre todas las partes que conforman el sujeto pasivo. Por ejemplo, su representada sostiene en su defensa, falta de legitimación pasiva, pues su única participación ha sido registrar el tracto sucesivo de las acciones; mientras que, las demás codemandadas, sí han de estar incluidas en el litigio por estar relacionada la pretensión del acto con sus intereses patrimoniales; de lo cual se colige la existencia de intereses antagónicos entre sí, ya que si la demanda llegase a prosperar, una de ellas debería sanearle la venta a la otra, por lo que es lógico presumir que ambas defensas deben ventilarse por separado, para evitar que el pretendido apoderado en común ejerza su defensa favoreciendo a una parte, en detrimento de otra. Considera el garantista, que tal injerencia judicial percibida en el ámbito del derecho privado y, en concreto, en las disposiciones del mandato; contraviene la libertad de contratación y limita la autonomía de la voluntad de las partes. Quedando las actuaciones de un mandatario impuesto por el tribunal, libradas a su propia voluntad o albedrío, o, la del tribunal; mas no a las directrices que emanaran del mandante. Percibiendo en ello, no solo una negación de lo legislado respecto al contenido vigente de la Constitución de la República; sino que una pauperización de la relación cliente – abogado, en la cual no podría proporcionársele a éste información privilegiada, trivializando así el aparato defensivo que constituye un derecho fundamental y arrogándole a los tribunales un derecho que constitucionalmente pertenece a quien litiga en defensa de sus intereses; deduciéndose, de todo ello, la tangibilidad del vicio de inconstitucionalidad denunciado. CONSIDERANDO (10): Que, el segundo motivo en el que funda la garantista su recurso de inconstitucionalidad, por razón de fondo es, en parte, desarrollo conceptual del que le antecede; percibiéndose la incompatibilidad de la ley secundaria con el derecho de defensa y con el debido proceso, garantizados por los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, así como respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que asegura el respeto al derecho de defensa de los ciudadanos, en condiciones de plena igualdad; estableciendo, además, que nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada, caso en el cual denuncia encontrarse su mandante y colitigantes, quienes tienen el derecho individual a elaborar por separado y en su intimidad o ambiente que estimen oportuno, su estrategia de defensa, de conformidad con el consejo de los profesionales del derecho que libremente elijan. El artículo 87 no sólo permite esta anómala situación, sino que no prevé la posibilidad de revocar el poder cuando la parte materia considere que está siendo mal representada, o que el mensaje que el representante procesal no está correspondiendo a su estrategia de defensa, o que carece de la eficiencia deseada en la promoción de sus argumentos, o en el desarrollo de la prueba, o no formula las impugnaciones u oposiciones como debería; lo cual tiene corolario lógico en que un representante en tales condiciones apenas gozaría de las facultades generales del mandato judicial, porque obviamente las facultades especiales no se conceden a extraños. Asimismo, no deja claro quien pagaría sus honorarios. Concluye significando que, la norma recurrida de inconstitucionalidad no toma en cuenta la serie de principios, valores y normas vinculantes en el proceso a la libertad de contratación y a los derechos y garantías consagrados en los artículos 62, 64 y 331 de la Constitución de la República, pues ordena la dirección del proceso por un solo procurador; desnaturalizando la regulación concreta del contrato de mandato y evidenciando un conflicto entre la norma primaria y la secundaria; por lo cual procede la declaración concreta de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (11): Que para la Sala de lo Constitucional, la presente acción de inconstitucionalidad ocurre en el ámbito protegido del derecho de acción, que constituye, a la vez, manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva.[2] Tómese en cuenta, a la vez, que consistente jurisprudencia constitucional establece que la interpretación de los preceptos legales admitidos al conocimiento especializado de la Sala de lo Constitucional deberá realizarse en su contexto político institucional y no en forma aislada e inconexa; siguiendo tal línea doctrinaria, la interpretación holística y sistemática que reseña ejemplarmente - entre otros -, el publicista argentino Linares Quintana en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”.[3] CONSIDERANDO (12): Que, de lo anterior se colige, asimismo, que la presunción de legitimidad que ampara la norma suprema es máxima y se identifica plenamente con la fuente de la cual adquiere su legitimidad de origen: el Poder Constituyente radicado en el pueblo.[4] Mientras tanto, la presunción de legitimidad de las normas legales ordinarias, sería relativa, pues es vencible; teniendo como parámetro normativo la supremacía de la norma constitucional y lo dispuesto en el bloque de convencionalidad. A título ilustrativo, lo expresado en el Dictamen Fiscal DGF-NO. 02-2007 del 31 de octubre de 2007, por el ex magistrado constitucional, Dr. Carlos David Cálix Vallecillo, para quien la función primordial de la Sala de lo Constitucional: “… es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución (…)”; agregando esta Sala, para mayor abundamiento conceptual, lo siguiente: “… La Constitución es la norma superior autorizante de todas las normas inferiores, actos y actuaciones realizadas por los particulares y los órganos públicos, de manera que su función esencial consiste en fundamentar la validez de las normas generales”.[5] CONSIDERANDO (13): Que el dictamen vertido por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, en el punto controvertido por el garantista, señala que: “… la norma acusada no se encuentra en contraposición con la Constitución de la República, pues las partes gozan de esa autonomía, libertad y voluntad de elegir o contratar a su representante legal, derecho que se encuentra íntimamente ligado con la noción del debido proceso, que envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos y libertades fundamentales de carácter procesal, en tal sentido toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva imparcial y expedita de sus derechos en un proceso, con sujeción a los principios de celeridad procesal.”[6] A lo cual agrega, en orden a la mayor claridad conceptual, en análisis de la norma sub-judice: "Cuando diversas personas constituyan una sala parte, actuarán conjuntamente bajo la dirección de un solo profesional del derecho", deberá entenderse que tal disposición es aplicable cuando exista Litis Consorcio pasivo o activo: “… no debiéndose entender (se) con ello, (que) lo regulado en dicha norma, recae en la participación de un solo profesional del derecho, pues lo que resalta en la norma cuestionada, es que aunque hayan varios procuradores tendrá dirección del juicio, un solo procurador común para todos, como Abogado Director, de lo que se extrae, que el espíritu de la norma en estudio es evitar la extensión del proceso, obstante el derecho de defensa sigue vigente en dicho texto legal, en respecto de las garantías procesales que tienen las partes, de ahí que se aprecia que la norma denunciada no colisiona con dicho precepto constitucional, …”. CONSIDERANDO (14): Que, en cuanto a la libertad contractual, bien jurídico fundamental protegido constitucionalmente, que invoca la letrada garantista, no resulta un derecho individual con carácter absoluto; sino uno que se encuentra en tensión permanente con el principio de solidaridad, entre otros, según admitido constitucionalmente en los artículos 1, 4, 15 y 64 de la Constitución de la República. Cabe, entonces, citar in extenso lo que ha escrito el tratadista argentino Rubén S. Stiglitz, para quien, al hallarse el contrato inserto en el contexto social, y ser un instrumento de convivencia: “… debemos privilegiar la solidaridad, y a los principios y valores que la sustentan, como cláusula abierta, flexible, pura y oxigenante, que ineludiblemente debe hacer campamento, e integrarse conceptualmente, en la relación de equivalencia”.[7] Más adelante, el jurista aboga por que el contrato sea concebido con una mínima dosis de sensibilidad, o, si se prefiere, de humanidad: “… pues si aceptamos que no se trata de un fenómeno factible de ser reducido a una operación económica, también habremos de coincidir en que su función, predominantemente, consiste en satisfacer y tutelar necesidades e intereses humanos legítimos”.[8] CONSIDERANDO (15): Que, por otra parte, no resulta plausible la argumentación impetrada por la garantista con relación al quebrantamiento del principio de legalidad, a través de normas secundarias no derogadas; pues, ofrece la técnica jurídica una clara solución dogmática al surgimiento de conflictos entre normas en el tiempo, más aún, si se trata de normas del mismo rango legal. En cuanto a la protección del derecho de defensa y del debido proceso, que precaven la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los cuales conllevan a la obligación de promoción, protección y respeto, en toda actuación de las autoridades públicas, sobre todo cuando implique una posible restricción de derechos, bien sea individuales o colectivos;[9] se considera que estos se ven respetados e incólumes, no obstando el núcleo obligacional de la normativa impugnada para arbitrar una apropiada defensa, conforme al principio vinculante de buena fe entre las partes que conforman el litisconsorcio;[10] separados que sean los distintos perfiles y contornos de cada una de las personas obligadas y acorde las distintas posiciones de derecho y medios estratégicos de defensa que correspondan; en el marco de la lealtad procesal y del debido proceso. CONSIDERANDO (16): Que, de todo lo anterior, se desprende la compatibilidad entre la norma jurídica impugnada y la Constitución de la República, en razón del análisis de contenido material del acto legislativo impugnado, el cual puede leerse en clave constitucional por conservar la finalidad pre ordenada en la norma jurídica codificada, sin desmedro de los derechos constitucionalmente invocados; y, si bien se aprecia una preocupación legítima de parte del Actor constitucional, se considera no sobrepasa el contenido esencial constitucional, pues la relación jurídica procesal a que obliga la norma legal secundaria impugnada de constitucionalidad, debe regularse siempre y en todo caso acorde la buena fe y los deberes deontológicos que obligan a los profesionales del derecho que ejercen patrocinio del caso. En palabras de Ignacio de Otto y según artículo precitado: "… de que la ley sea expresión de la voluntad popular deriva la consecuencia de que opere en su favor una presunción de legitimidad constitucional, en virtud de la cual sólo procederá declarar su inconstitucionalidad cuando se haya producido una clara e inequívoca colisión con la norma constitucional". (Otto, 148).[11] CONSIDERANDO (17): Que, en definitiva, la norma jurídica recurrida de inconstitucionalidad no contrae la supresión de la libertad de contratación tutelada por el artículo 331 de la Constitución de la República, ni la del derecho a la defensa y el debido proceso; los cuales son imperativos constitucionales y convencionales asumidos por el Estado de Honduras, garantizados por el Bloque de Constitucionalidad y de Convencionalidad a todos los habitantes de la República. Se colige de lo anterior que asisten a la persona jurídica mandante, de la Abogada garantista, los derechos constitucionales que le reconoce la Carta Magna; tales como son el derecho a de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva;[12] los cuales permanecen incólumes bajo una lectura constitucional de la norma legal contenida en el artículo 87 del Código Procesal Civil promulgado a través del Decreto Legislativo N°211-2006, del 26 de mayo de 2007. CONSIDERANDO (18): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa, para efectuar el respectivo control de constitucionalidad; resultando que, en el presente caso, no se encuentra incompatibilidad entre la norma legal secundaria bajo estudio y la norma suprema constitucional, por lo cual no procede declarar con lugar el Recurso de Inconstitucionalidad promovido por vía de excepción, por legítima recurrente; sino su denegatoria, en los términos hermenéuticos dictados a través de la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 15, 16, 18, 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 184, 185 No. 2, 205 numeral 1), 219, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323 y 331 de la Constitución de la República; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 82, 92 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por la Abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA, quien actúa en su condición de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES BICON, S.A., contra el contenido del artículo 87 del Código Procesal Civil, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante Decreto Legislativo N°211-2006 del Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número No.31,313 del sábado 26 de mayo del 2007. Y MANDA: Que notificada y firme que sea la presente resolución, con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-706-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. “El control de constitucionalidad de los actos administrativos”. SANTACRUZ MIRANDA, J. En: Tensiones Contemporáneas del Constitucionalismo: Actas del 3° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho Constitucional. Goyes Moreno, Isabel (Comp.) Edinar, Nariño, Colombia, 2008. Pág. 323.

[2] “Mandato de plena justiciabilidad. Con el derecho de acceso a los tribunales estamos ante una exigencia inherente a la idea de Estado de Derecho, a saber: que todos los derechos e intereses legítimos puedan, llegado el caso, ser defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación de justicia”. Luis María Diez-Picazo Giménez, citado en: El derecho a la tutela judicial efectiva. DE DIEGO DIEZ, L. A. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2014. Pág. 42.

[3] Para Germán BIDART CAMPOS: “El entorno político de la democracia con su trinidad de derechos, y con lo que la jurisprudencia colombiana apoda el núcleo esencial de los derechos fundamentales debe ser la base sólida de la jurisdicción constitucional, que debe manejar una interpretación dinámica de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos en combinación armonizante y armonizada para tender, como norte, a la maximización y optimización del plexo de derechos dentro del sistema propio de cada sociedad y de cada estado”. Vid. La interpretación del sistema de derechos humanos. EDIAR, Buenos Aires, 1994. Pág. 131.

[4] Ibídem. Pág. 136.

[5] MEDINA REYES, R. La presunción de constitucionalidad de las leyes. Artículo de fecha 12-01-2019, asequible en: https://acento.com.do/opinion/la-presuncion-constitucionalidad-las-leyes-8641436.html

[6] Ver Antecedente 5) de la presente sentencia.

[7] Ver del autor citado: Autonomía de la voluntad y revisión del contrato. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires, 1992. Pág. 69.

[8] STIGLITZ, R.S. Ibídem.

[9] Ver: BARRENA, G. El pacto internacional de derechos civiles y políticos (Fascículo 3). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, D.F. 2012. Págs. 29 y ss.

[10] Haciendo prevalecer, para el caso, los deberes que impone al Profesional del Derecho ser investidos con el poder, como consecuencia de su postulación procesal. Artículos 79 al 84 del Código Procesal Civil.

[11] Óp. Cit., MEDINA REYES, R. La presunción…

[12] Con las restricciones que estimara del caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OPINIÓN CONSULTIVA NO. 22/16, de 26 de febrero, solicitada por el Estado de Panamá; respecto a la titularidad de los derechos que consagra la Convención o Pacto de San José.