Sentencia RI-528-14 — Registro 14073
Resumen
Recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 184 del Código Procesal Penal parte final párrafos cuarto,sexto y séptimo, el cual fue reformado, alegando el recurrente que con dicha reforma del articulo se infringe la garantía de presunción de inocencia, imparcialidad, proporcionalidad e independencia de los jueces y la excepcionalidad de la prisión preventiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."19): Que, por ende y a juicio de la Sala, sí resulta posible una lectura constitucional que compatibilice la norma en cuestión con el parámetro normativo fundamental; tanto en lo concerniente a la salvaguarda de la independencia judicial, a través del margen interpretativo de la sana crítica, la cual regula el decisum judicial a lo largo del proceso penal; así como el propio control de racionalidad que provee mediante el régimen de recursos, como ha quedado explicitado. - Por todo lo cual se considera que el decreto 56/2013 que reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 9-99-E); específicamente en lo que concierne a la parte final del párrafo cuarto, párrafo sexto y párrafo séptimo del referido artículo, contentivo de los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14, 15), 16), 17), 18), 19), 20) y 21); no resulta en disminución, conculcación, o en tergiversación del principio y derecho a la independencia judicial, el cual resulta salvaguardado por los aspectos metodológicos y de diseño constitucional que quedan señalados, en tanto conditio sine qua non para efectuar la ponderación entre el principio de legalidad, la tutela judicial efectiva y demás derechos constitucionales que ha invocado la recurrente en sustento de su acción constitucional para la defensa de intereses colectivos de las personas privadas de libertad, que se encontraren sujetas a auto de formal procesamiento, en aplicación de la norma procesal penal en cuestión. CONSIDERANDO (20): Que en consonancia con lo anteriormente expuesto, cabe referenciar que todo conflicto constitucional puede manifestar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos; resultando de la presente vista que, han no se ha acreditado la vulneración de éstos por la presente Acción de inconstitucionalidad. Asimismo, tampoco se tiene por vulnerada la independencia judicial, ni ninguna de las mencionadas dimensiones del derecho fundamental al derecho de libertad, al estado de inocencia, de igualdad y no discriminación y otras garantías constitucionales y convencionales invocadas por la recurrente en sustentación del presente recurso. CONSIDERANDO (21): Que, como queda expresado, se reafirma que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada constitucionalmente como lo procedente para que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional, sea por confrontar el contenido esencial de derechos resguardados por la Carta Magna; o bien, por vulnerar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional en materia de Derechos Humanos, siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas; lo cual no es de recibo en el presente caso, al no acreditarse causal alguna que permita declarar la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad; sino que, al contrario, la procedencia de causal de desestimación por repetición, conforme al artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual debe desestimarse la presente garantía de inconstitucionalidad"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por el abogado MANDELL TOM PANDY YATES en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA (AJD), para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido de la parte final del párrafo cuarto, el párrafo sexto y el párrafo séptimo del artículo 184 del Código Procesal Penal, el cual fue reformado por el Congreso Nacional mediante Decreto número 56-2013 de fecha 16 de abril de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta número 33,126 de fecha 17 de mayo de dos mil trece, alegando el recurrente que con dicha reforma del articulo se infringe el la garantía de la presunción de inocencia, imparcialidad, proporcionalidad e independencia de los jueces y la excepcionalidad de la prisión preventiva, derechos fundamentales establecidos y reconocidos por la Constitución de la Republica, tratados internacionales de los que él Estado de Honduras es parte y pactado dentro del control de convencionalidad al que debe de sujetarse los operadores de justicia. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil catorce, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el abogado MANDELL TOM PANDY YATES en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA (AJD), para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido de la parte final del párrafo cuarto, el párrafo sexto y el párrafo séptimo del artículo 184 del Código Procesal Penal, el cual fue reformado por el Congreso Nacional mediante Decreto número 56-2013 de fecha 16 de abril de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta número 33,126 de fecha 17 de mayo de dos mil trece, alegando el recurrente que con dicha reforma del articulo se infringe el la garantía de la presunción de inocencia, imparcialidad, proporcionalidad e independencia de los jueces y la excepcionalidad de la prisión preventiva, derechos fundamentales establecidos y reconocidos por la Constitución de la Republica, tratados internacionales de los que él Estado de Honduras es parte y pactado dentro del control de convencionalidad al que debe de sujetarse los operadores de justicia. 2) Que en fecha tres de junio del año dos mil catorce, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha dieciséis de julio del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República se encuentra dotada de carácter normativo en grado superlativo, por cuanto concreta tendencialmente los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico constitucional para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado, en cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo, y en tanto práctica social relevante, se erige en premisa jurídica fundamental para la adopción de las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.[1] CONSIDERANDO (2): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir, por inconstitucionalidad formal o material; correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, debiendo pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.[2] Refiere la primera modalidad, a la formación de la Ley, verificando si se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional. En cuanto a la segunda opción, con ésta se determinaría la posible inadecuación de la ley secundaria respecto a la norma primaria; problema de fondo que requerirá una labor de interpretación y confrontación de dos (2) normas de distinto rango y jerarquía;[3] a fin de verificar la conformidad, o disconformidad, de la norma secundaria, respecto a la norma fundamental, a efecto hacer prevalecer el valor de la Supremacía Constitucional. De verificarse tal antinomia, es decir, la confrontación esencial, no susceptible de armonización a través de la interpretación conforme;[4] se procederá por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a decretar la expulsión de la norma declarada inconstitucional del ordenamiento jurídico. Asimismo, la Ley determina que tal declaratoria será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales, comportando la derogación inmediata de la norma inconstitucional; debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”.[5] CONSIDERANDO (3): Que, en continencia a lo anteriormente establecido, la Constitución de la República en su artículo 185, con relación a los artículos 77 párrafo primero, 78 y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garantiza el derecho que asiste a la ciudadanía a instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, por la vía de acción ante la Corte Suprema de Justicia; siempre que se acredite el interés directo, personal y legítimo del solicitante. CONSIDERANDO (4): Que de la Garantía de Inconstitucionalidad por vía de Acción, contra el artículo 184, reformado, parte final del párrafo cuarto, párrafo sexto y párrafo séptimo del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto Legislativo No. 56-10|3, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 16 de abril del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33126, de fecha 17 de mayo del 2013. Interpuesta en fecha 27 de mayo del año 2014, por el Abogado MANDELL TOM PANDY YATES en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA (ADM). CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de acreditarse un interés directo, personal y legítimo; requisito exigido en la Constitución de la República, que se tiene por cumplido, en el trámite de la presente acción constitucional. En consideración al cumplimiento de los mencionados requisitos de procedibilidad constitucional, acreditados por el recurrente, cuenta con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente MANDELL TOM PANDY YATES, señala que el Decreto No. 56-2013, establece que no podrán aplicarse medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva en los delitos de: homicidio, asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de moneda y billetes de banco, robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros similares y el robo de ganado mayor, magnicidio de jefe de Estado o de gobierno nacional o extranjero, genocidio, asociación ilícita, extorsión, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando, defraudación fiscal, delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, lavado de activos, prevaricato y femicidios. Curiosamente los delitos relacionados con la corrupción pública no aparecen en este listado de delitos aprobados por el Congreso Nacional. Señala que “el Estado Hondureño se decanta por un modelo de política criminal de endurecer las leyes penales y guarda una fe ciega en el encarcelamiento automático, como respuesta a la violencia y al delito, desviando la atención que debería centrarse en los problemas estructurales que ocasionan estos problemas”. Señala que la reforma dispone que las medidas sustitutivas solo deberán aplicarse en un proceso activo y por una sola vez, con lo cual se expone un amplio sector de la población a sufrir prisión preventiva, pues bastará que una persona goce de medidas sustitutivas en un proceso penal, y ante la apertura o nueva acusación criminal al tenor de esta reforma se le impondrá ipso facto el régimen de encarcelamiento, sin importar si el delito imputado es grave o de bagatela. Señala además que esta restricción a las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva es indebida al derecho de ser juzgado en libertad y atenta contra el derecho a la presunción de inocencia. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que resulta preocupante la inclusión en la reforma antes citada del prevaricato, como uno de los delitos en que no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, lo que constituye una violación grave al ejercicio independiente de la jurisdicción puesto que se convierte en una amenaza latente y que en cualquier momento un juez o jueza puede ser sometido a un proceso penal por acusaciones injustificadas lo cual traería como consecuencia que se le impondría automáticamente el régimen de prisión preventiva, lo que pende sobre los juzgadores al momento de resolver, que podría caer sobre los mismos si se apartan de los lineamientos que emanan de la jerarquía judicial o de los centros de poder respecto a las políticas de seguridad. CONSIDERANDO (9): Que el impetrante expone que la reforma es violatoria de las reglas que los jueces determinen con rigurosidad la existencia de los requisitos que autorizan la aplicación de la prisión preventiva en cada caso concreto. Señala que, en la práctica, se invade la esfera jurisdiccional al presumir la existencia de peligros procesales de manera genérica y abstracta, Son los jueces los que deben evaluar las circunstancias objetivas del caso particular que hagan necesaria la medida. Es decir deben justificar la privación de libertad de un individuo verificando circunstancias que demuestren peligro concreto de fuga del imputado o de destrucción desaparición o alteración de pruebas[6], esta disposición legal taxativamente establece delitos que deben ser juzgados en prisión, constituye una vuelta o retroceso al sistema inquisitivo, pretendiendo que los jueces sean boca de la ley, sustrayéndoles de su papel o función de garantía de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente expone que la reforma, también configura una violación al principio de proporcionalidad al encierro cautelar, que deriva en una transgresión clara del principio de presunción de inocencia, La finalidad del principio de proporcionalidad es evitar que quien se encuentre sometido a la persecución penal sufra un mal mayor que el que implicaría la aplicación de una sentencia condenatoria, es decir se busca evitar que se utilice la prisión preventiva como na pena anticipada. Además transgrede el carácter excepcional que debe tener la prisión preventiva, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[7], y como lo ha afirmado el Comité de Derechos Humanos “La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”[8]. Concluye el impetrante que dicha reforma procesal, sin duda es de contenido inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a los presupuestos que justifican la prisión preventiva y la necesidad de que estos sean valorados por el Juez en cada caso concreto, sin descartar que esta reforma vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. CONSIDERANDO (11): Que el impetrante solicita a la Sala de lo Constitucional realice un control de convencionalidad, creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”…. La Corte Interamericana también “ha indicado que el “control de convencionalidad” tiene sustento en el principio de la Buena fe que opera en el derecho internacional, en el sentido que los estados deben cumplir las obligaciones impuestas por ese derecho de buena fe y sin poder invocar para su cumplimiento el derecho interno, regla que se encuentra recogida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados”. Invoca el recurrente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (12): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste, emitió su dictamen, el que en su parte conducente deja establecido: “A través de las reformas del artículo 184 del Código Procesal Penal , el Estado ha considerado que dentro del proceso penal por los delitos ahí enumerados resulta necesaria la limitación de la libertad de la persona procesada, a fin de que el proceso penal se desarrolle de forma adecuada, estableciendo dicha limitación de la libertad a través de la medida cautelar de la prisión preventiva dentro del proceso y no como una pena ; por lo que con excepción de esos casos previstos en las reformas al artículo 184 del Código Procesal Penal, es que el Juez tiene la potestad de aplicar medidas cautelares sustitutivas a la prisión tomando en cuenta los principios que enmarcan su aplicación. Señala además que en atención a las medidas cautelares, su imposición tiene que estar orientado bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad atendiendo asegurar la presencia de los imputados en el proceso, la conservación de la prueba, protección de las víctimas, siendo el propio legislador quien ha fijado las posibilidades para el aseguramiento de los fines del proceso penal en este tipo de delitos y al haberse establecido límites de duración de la prisión preventiva, se puede decir que hay compatibilidad de esta medida con el principio de presunción de inocencia y la facultad discrecional de los órganos jurisdiccionales. Por todo ello el Ministerio Público fue de la opinión que el artículo 184 párrafos cuarto, sexto y séptimo del Código Procesal penal no confronta la constitución de la República, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO (13): Que, con base a los fundamentos jurídicos expresados y escuchado el parecer del Fiscal, se realizan pertinentes valoraciones y, en lo atinente al motivo de inconstitucionalidad, como es el derecho constitucional de presunción o estado de inocencia. Se estima que éste no se vería confrontado por la fracción del Decreto Legislativo No. 56/2013, pues el estado de inocencia guarda estrecha relación con la protección que le brinda la dogmática constitucional hondureña, a la libertad personal. Sobre el particular, ha estimado la Sala, en anteriores pronunciamientos, adicionales al citado por el Dictamen Fiscal,[9] que este guarda relación con otras garantías procesales, tales como el Derecho a la Libertad, el cual ocupa el cimero lugar después del derecho a la vida, por lo que así se consagra en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 9; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.1; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 y, finalmente, la Constitución de la República en su artículo 69; lo cual reafirma la inviolabilidad al derecho a la libertad y la inviolabilidad del Estado de Inocencia. Sin embargo, que este derecho no es absoluto ni incondicionado, pues es limitado por otros principios y normas, también del orden constitucional, como: “(…) cuando dispone que solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”; así como por otros desarrollos legislativos, tales como los dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal sobre el imputado y la estricta garantía de sus derechos, desde el momento mismo en que se prepara la imputación de un hecho revestido con la apariencia de delito, hasta la finalización del proceso, y aún en fase de ejecución de la sentencia. CONSIDERANDO (14): Que, es parecer de esta Sala de lo Constitucional, que la interpretación judicial de la norma recurrida de inconstitucionalidad, no puede tampoco obviar lo que refiere el artículo 17 del título preliminar del Código Civil, cuando establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Sobre el particular, cabe mencionar que cuando el Juez de garantías dicta como medida cautelar, la prisión preventiva, ha tenido en cuenta una serie de presupuestos previamente señalados en la ley, ley a la que se encuentra sujeto y nunca sobre la misma; contra dicha resolución si las partes o una de ellas, supone le causa agravios, la ley le provee los recursos necesarios, a fin de lograr la subsanación o corrección de los mismos. CONSIDERANDO (15): Que, por otra parte, siempre en lo concerniente a lo expuesto por la tesitura de inconstitucionalidad, otro aspecto reprochado especialmente por la misma, se refiere a una posible interferencia de la norma citada respecto a la plena vigencia del Estado de Inocencia reconocida en el artículo 89 de la Constitución de la República, con relación al artículo 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, dado que el Decreto No. 56/2013, cuestionado de inconstitucionalidad, establece legalmente la aplicación automática de la prisión preventiva en los delitos listados en el referido artículo 184 del Código Procesal Penal. Sobre este particular, la Sala de lo Constitucional, ha estimado - en congruencia con el antecedente jurisprudencial precitado – [10] que, al hacer el juicio de contraste entre la norma constitucional contenida en el artículo 89 y las normas Sobre Derechos Humanos en los artículos 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y el Decreto No. 56/2013; se estima que éste no entra en conflicto con el derecho al Estado de Inocencia, en virtud de que el legislador ha diseñado el proceso penal de tal manera que desde el momento en que una persona es detenida, se le hace conocedora de sus derechos, una vez que es presentada ante Juez competente se celebrará la audiencia de declaración de imputado, momento procesal oportuno para que cualquier persona sometida a juicio pueda exponer lo que considere a favor de su defensa, siempre salvaguardando el derecho personalísimo del o los procesados de guardar silencio, si así lo prefieren, de esta manera queda garantizado el derecho de ser oídos en audiencia bajo los principios rectores del proceso. Por otra parte, durante esta audiencia y las demás que conforman el proceso penal, el o los imputados siempre estarán con su defensor quien velará en todo momento por el respeto y garantía de los derechos del o los imputados. - Por todo ello no es de recibo el motivo de inconstitucionalidad señalado por el impetrante, al no confrontar el Decreto No. 56/2013 la normativa constitucional protectora del derecho a la libertad, ni vulnerar al estado de inocencia; por lo cual no resulta procedente declarar la inconstitucionalidad promovida por tal motivo. CONSIDERANDO (16): Que, otro principio que se considera vulnerado, según pertinente motivación presentada por la representación garantista, es el principio de independencia judicial, considerado basa inconmovible del Estado Constitucional de Derecho. Sobre el particular, reitera esta Sala consideraciones que el proceso penal hondureño está diseñado de manera a garantizar los derechos y, particularmente, el de debido proceso. Este sólo podría considerarse vulnerado cuando no se ha seguido el procedimiento legal establecido, o se han irrespetado las formalidades, garantías y derechos. Esto implica que, en para observarse el debido proceso, el procedimiento no deberá quedar librado a la libre valoración, o libre arbitrio del juzgador, pues tal proceder sería contrario al sistema vigente de la sana crítica, vigente en cada fase y etapa del proceso, como garantía procesal del imputado y como principio metodológico que orienta a los juzgadores, en la valoración del derecho aplicable y en ejecución de lo juzgado. Sin embargo, el ámbito y alcance del principio, se encuentra también sujeto a juridicidad, pues las resoluciones de los jueces deben realizarse en un ámbito de libertad e independencia de criterio, pero siempre sujetas a los correspondientes controles institucionales y normativos, tales como los recursos que se establecen en el margen de configuración que confiere la Ley. Lo anterior refuerza, a la vez, el principio objetivo de independencia y complementariedad de los poderes que proclama el artículo 4 párrafo primero de la Constitución de la República como pilar de funcionamiento efectivo del Estado de Derecho y de limitación al poder público, en sus esferas de actuación afirmativas y negativas; [11] así como en garantía a los derechos fundamentales; reafirmando así el derecho fundamental que asiste a la ciudadanía y demás habitantes de la República, a ser juzgados por jueces imparciales e independientes de toda autoridad, salvo de la autoridad del Derecho.[12] CONSIDERANDO (17): Que, de lo anterior, se sigue que la interpretación que efectúe el órgano jurisdiccional, a lo dispuesto en la normativa procesal penal cuestionada de inconstitucionalidad, se relaciona intensamente con el imperativo constitucional, concurrente al debido proceso, de que las resoluciones deben ser razonadas y motivadas, vinculadas a la Constitución y a las leyes. Es así que se conforma la premisa normativa del razonamiento judicial, con relación de subsunción lógica respecto a los hechos que se tengan por probados, como premisa fáctica; a partir de las cuales se infiere la modalidad deóntica en que operará en resolución jurídica del caso; concediéndose a las partes el derecho a ejercitar los recursos que la ley les franquea, a efecto de que las Cortes y Tribunales de Alzada puedan efectuar el control de racionalidad correspondiente. CONSIDERANDO (18): Que, abundando sobre esta última tesis jurisprudencial, es consciente esta alta Judicatura, que en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, invocado por el Abogado recurrente, se establece la obligación del Estado a proteger, respetar y garantizar: “… [el derecho de] toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Es claro que la independencia judicial se relaciona inextricablemente con la división y separación de poderes, en un plano objetivo; habiendo dejado establecido la Corte IDH que su falta constituye violación a la Convención. No son ajenas al juicio de esta sede de justicia constitucional, por tanto, las razones expresadas en el recurso, por el Abogado garantista; según el cual, la potestad de impartir justicia que tienen los Jueces y Magistrados, de forma independiente, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, se vería limitada, dado que, aunado al tenor de la reforma impugnada de inconstitucionalidad, se dictan autos de formal procesamiento fundamentados con el mínimo indicio. Considerando, finalmente, que los jueces deben tener la posibilidad de imponer cualquier medida cautelar, que resulte idónea y menos gravosa para los derechos de libertad del imputado, atendiendo lo preceptuado en el artículo 173 del Código Procesal Penal; por lo cual se estima que la normativa jurídica sometida a control constitucional, vulnera la preceptiva constitucional y convencional en materia de derechos humanos de la que el Estado de Honduras forma parte; vinculando, por consiguiente, los derechos y garantías individuales de las personas privadas de libertad. CONSIDERANDO (19): Que, por ende y a juicio de la Sala, sí resulta posible una lectura constitucional que compatibilice la norma en cuestión con el parámetro normativo fundamental; tanto en lo concerniente a la salvaguarda de la independencia judicial, a través del margen interpretativo de la sana crítica, la cual regula el decisum judicial a lo largo del proceso penal; así como el propio control de racionalidad que provee mediante el régimen de recursos, como ha quedado explicitado. - Por todo lo cual se considera que el decreto 56/2013 que reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 9-99-E); específicamente en lo que concierne a la parte final del párrafo cuarto, párrafo sexto y párrafo séptimo del referido artículo, contentivo de los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14, 15), 16), 17), 18), 19), 20) y 21); no resulta en disminución, conculcación, o en tergiversación del principio y derecho a la independencia judicial, el cual resulta salvaguardado por los aspectos metodológicos y de diseño constitucional que quedan señalados, en tanto conditio sine qua non para efectuar la ponderación entre el principio de legalidad, la tutela judicial efectiva y demás derechos constitucionales que ha invocado la recurrente en sustento de su acción constitucional para la defensa de intereses colectivos de las personas privadas de libertad, que se encontraren sujetas a auto de formal procesamiento, en aplicación de la norma procesal penal en cuestión. CONSIDERANDO (20): Que en consonancia con lo anteriormente expuesto, cabe referenciar que todo conflicto constitucional puede manifestar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos; resultando de la presente vista que, han no se ha acreditado la vulneración de éstos por la presente Acción de inconstitucionalidad. Asimismo, tampoco se tiene por vulnerada la independencia judicial, ni ninguna de las mencionadas dimensiones del derecho fundamental al derecho de libertad, al estado de inocencia, de igualdad y no discriminación y otras garantías constitucionales y convencionales invocadas por la recurrente en sustentación del presente recurso. CONSIDERANDO (21): Que, como queda expresado, se reafirma que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada constitucionalmente como lo procedente para que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional, sea por confrontar el contenido esencial de derechos resguardados por la Carta Magna; o bien, por vulnerar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional en materia de Derechos Humanos, siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas; lo cual no es de recibo en el presente caso, al no acreditarse causal alguna que permita declarar la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad; sino que, al contrario, la procedencia de causal de desestimación por repetición, conforme al artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual debe desestimarse la presente garantía de inconstitucionalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 93, 184, 185 No. 1, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1) y 4), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 92 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad promovido por vía de acción, por razón de contenido y de forma parcial contra del artículo 184 del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto No. 56-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 16 de abril de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33, 126 del 17 de mayo del año 2013; específicamente contra el penúltimo y último párrafo del referido artículo, contentivo de los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14, 15), 16), 17), 18), 19), 20) y 21). Y MANDA: 1) Que se proceda a hacer del conocimiento de la garantista el presente fallo, y; 2) Que en su oportunidad legal se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. - Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-528-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. SANTACRUZ MIRANDA, J., “El control de constitucionalidad de los actos administrativos”, en: Tensiones Contemporáneas del Constitucionalismo: Actas del 3° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho Constitucional. GOYES MORENO, Isabel (Comp.) Nariño: Edinar, 2008. Pág. 323.
[2] Artículo 184 de la Constitución de la República (Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982).
[3] Según glosa el maestro Efraín MONCADA SILVA, en Interpretación y Reforma de la Constitución. (Tegucigalpa: Edigrafic, S. de R.L., 2003, pág. IX): “Interpretar la Constitución, como en general interpretar cualquier ley, es desentrañar el verdadero sentido y alcance de sus normas y disposiciones”. Sosteniendo, inclusive, que en la práctica no se puede aplicar la Constitución sin antes interpretarla. Agregando el prologuista de la obra, Profesor Hernán CÁRCAMO TERCERO, a este parecer: “… para satisfacer las exigencias de una verdadera y legítima interpretación es procedente recurrir a los principios y reglas provenientes de diferentes fuentes.”
[4] Ver: AGURCIA VALENCIA, G., citando a LINARES QUINTANA, S., en: Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño. Tegucigalpa: OIM Editorial, 2013. Pág. 137.
[5] Ver lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Decreto No. 244-2003).
[6] Principio vigésimo del Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal.
[7] Artículo 14.2 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley”.
[8] Comité de Derechos Humanos, Observación General 8, párr… 3.
[9] Fallo SCO-275=2015 de la Sala de lo Constitucional, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis que declara NO HA LUGAR la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo No. 56-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,126 en fecha diecisiete de mayo del año dos mil trece, mediante el cual se reformó por adición el artículo 184 reformado del Decreto Legislativo número 9-99-E del Código Procesal Penal.
[10] Fallo SCO-275=2015 de la Sala de lo Constitucional, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis.
[11] Siguiendo la distinción trazada por SUNSTEIN, C. y STEPHEN, H., en: El costo de los Derechos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011.
[12] Corresponde al doctrinario anglosajón Joseph RAZ, el mérito de haber formulado la pertinente observación: Que las disposiciones sobre la independencia judicial están hechas para garantizar que los jueces procedan libres de presiones extrañas y sean independientes de toda autoridad, salvo de la autoridad del derecho. Citado originalmente por OROZCO HENRÍQUEZ, J.J., en: La función judicial: ética y democracia. MALEM, Jorge, et al (Comp.). Barcelona: Gedisa Editorial, 2003. Pág. 305.