Sentencia RI-196-18 — Registro 14067
Resumen
Que al analizar el artículo 129 que prescribe el congelamiento de salarios, se encuentra que la norma citada contiene excepciones a la prohibición de aumentos salariales o congelamiento de sueldos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."11): Que, en relación a la inconstitucionalidad del artículo 129 del DECRETO LEGISLATIVO NO. 141-2017 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el diario oficial “la gaceta” n. º 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018; se considera que tal norma general no está exenta de la obligación que tienen las autoridades públicas, de garantizar la promoción, protección y respeto a los derechos fundamentales, bien sean del orden individual o colectivo;[6] respecto a la cual, cobra razonabilidad lo argumentado en el dictamen fiscal, respeto a que la normativa impugnada contiene excepciones a la prohibición de aumentos salariales o congelamiento de sueldos, extremos que, en el caso del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), no evidencian que dicha agrupación sindical no se encuentre comprendida dentro de las excepciones que señala la norma censurada, generando diferencias injustificadas ante la regla constitucional de igualdad y la vocación misma de generalidad, que es atributo de las normas legales. La norma cuestionada, en criterio del censor, es la materialización de normas constitucionales que obligan a la Administración a realizar su actividad bajo parámetros de eficiencia y eficacia presupuestaria, cuya desvaloración por parte del actor, no demuestra la imposibilidad legal de obtener la progresividad laboral solicitada por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), en defensa y exigibilidad de sus derechos, de parte del Patrono – Estado, a quien vinculan los compromisos adquiridos en el respectivo Contrato Colectivo. CONSIDERANDO (12): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, al efectuar el control de constitucionalidad; resultando que, en el presente caso, no se encuentra incompatibilidad entre la norma legal bajo estudio y la norma constitucional, así como lo dispuesto en los Convenios Internacionales del Trabajo; por lo cual no procede declarar con lugar el Recurso de Inconstitucionalidad promovido por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por legítimo recurrente; sino que el dictado de sentencia denegatoria"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION SIMPLE, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 141-2017 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018”. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 141-2017 EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho. 2) Que en fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, esta Sala dispuso ADMITIR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición antes indicada, contra el Decreto No. 141-2017 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 34,546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, y al haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido por razón de contenido contra el citado Decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emitiera su correspondiente dictamen. 3) Que en fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal, Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, quien emitió dictamen, siendo del parecer porque NO SE OTORGUE, el recurso de inconstitucionalidad planteado; en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas: Que al analizar el artículo 129 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, que prescribe el congelamiento de salarios, se encuentra que la norma citada contiene excepciones a la prohibición de aumentos salariales o congelamiento de sueldos, extremos que, en el caso del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE) no ha evidenciado en la tramitación de la presente acción de inconstitucionalidad que dicha institución no se encuentre comprendida dentro de las excepciones que señala la norma. La norma cuestionada, en criterio del Censor, es la materialización de normas constitucionales que obligan a la Administración a realizar su actividad bajo parámetros de eficiencia y eficacia presupuestaria, cuya desvaloración por parte del Actor no demuestra imposibilidad al Sindicato de obtener el favorecimiento laboral deseado, a través de los compromisos adoptados por el Estado en el contrato colectivo suscrito; teniendo, inclusive, la posibilidad de recurrir a otras instancias para hacer valer tales derechos, en caso de incumplimiento. CONSIDERANDO (1): Que a la Constitución de la República está dotada de supremacía normativa, por cuanto establece los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado. Asimismo, y en tanto práctica social relevante, se erige en premisa jurídica fundamental para las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas, en el marco del Estado de Derecho: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.[1] CONSIDERANDO (2): Que, para efectos de control constitucional, establece la Constitución de la República en su artículo 185, el derecho público subjetivo de instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad con efectos generales, la cual podrá solicitarse - inter alia – por la vía de acción, tal como acaece en la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (3): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad, en los casos taxativamente previstos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el ya referido artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la Acción de Inconstitucionalidad, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, tal supuesto tiene cumplimiento en el presente caso, pues el profesional del derecho recurrente, Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO, ha mostrado suficiente capacidad de postulación para actuar en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION SIMPLE, de este domicilio interponiendo la presente garantía constitucional; concerniéndole a su representación gremial, de forma directa, personal y legítima, la declaratoria de inconstitucionalidad y, consiguiente inaplicabilidad, de la norma legal solicitada; lo cual tiene abundamiento en las razones expresadas por intermedio la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conoce del recurso de inconstitucionalidad que, por VÍA ACCIÓN, EN FORMA PARCIAL Y POR RAZÓN DE CONTENIDO, ha promovido el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION SIMPLE, contra el 129 del DECRETO LEGISLATIVO No. 141-2017 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, contentivo del “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018”; manifestando el peticionario que el interés directo, personal y legítimo, que motiva su acción de declaración de inconstitucionalidad, resulta de la afectación que sufren los trabajadores de la administración pública centralizada demandantes, con la aplicación de dicha norma legal; la cual disminuye, restringe y tergiversa su derecho garantizado por el artículo 128 preámbulo y numeral 15) de la Constitución de la República, que tutela y cumple los contratos colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores, quienes tienen derecho al incremento anual de salario convenido con el Estado—Patrono, en el contrato colectivo vigente, cuya tutela garantiza el precitado texto constitucional, inclusive ante el Estado – Patrono. Manifiesta que tal disposición presupuestaria quebrantaría, a la vez, el principio de progresividad salarial pactado en la contratación colectiva. Lo anterior, asimismo, en concurrencia a los compromisos de Estado adoptados por el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); puntualizando que, con el presente recurso de inconstitucionalidad, se procura no solamente amparar los derechos y garantías consagradas en la Carta Magna, sino que además el control de las leyes para garantizar la supremacía constitucional. CONSIDERANDO (6): Que, finaliza manifestando el recurrente, que el artículo 129 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, que prescribe el congelamiento de salarios, afecta a los trabajadores agraviados del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), por lo cual solicita sea declarada su inconstitucionalidad parcial y, en consecuencia, su derogatoria e inaplicabilidad. CONSIDERANDO (7): Que para la Sala de lo Constitucional, la presente acción de inconstitucionalidad ocurre en el ámbito protegido del derecho de acción, que constituye, a la vez, manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva.[2] La jurisprudencia constitucional establece que, la interpretación de los preceptos legales admitidos al conocimiento especializado de la Sala de lo Constitucional deberá realizarse en su contexto político institucional y no en forma aislada e inconexa; siguiendo tal línea doctrinaria, la interpretación holística y sistemática que reseña el publicista argentino Linares Quintana, en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”.[3] CONSIDERANDO (8): Que, de lo anterior se colige, asimismo, que la presunción de legitimidad que ampara la norma suprema es máxima y se identifica plenamente con la fuente de la cual adquiere su legitimidad de origen: el Poder Constituyente radicado en el pueblo.[4] Mientras tanto, la presunción de legitimidad de las normas legales ordinarias, sería relativa, pues es vencible; teniendo como parámetro normativo la supremacía de la norma constitucional y lo dispuesto en el bloque de convencionalidad. A título ilustrativo, lo expresado en el Dictamen Fiscal DGF-NO. 02-2007 del 31 de octubre de 2007, por el ex magistrado constitucional, Dr. Carlos David Cálix Vallecillo, para quien la función primordial de la Sala de lo Constitucional: “… es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución (…)”; agregando la Sala, para mayor abundamiento conceptual, doctrina citada respecto el valor de la presunción de legitimidad de las leyes: “… La Constitución es la norma superior autorizante de todas las normas inferiores, actos y actuaciones realizadas por los particulares y los órganos públicos, de manera que su función esencial consiste en fundamentar la validez de las normas generales (…) de que la ley sea expresión de la voluntad popular deriva la consecuencia de que opere en su favor una presunción de legitimidad constitucional, en virtud de la cual sólo procederá declarar su inconstitucionalidad cuando se haya producido una clara e inequívoca colisión con la norma constitucional". (Otto, 148)”.[5] CONSIDERANDO (9): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. Para tal proceder, deberá primero la Sala de lo Constitucional evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República, contrastando un juicio de valor sobre la compatibilidad de dos normas de distinta jerarquía; por un lado, la norma suprema, parámetro con que se mide la validez (lex legum); y por otro, la ley o norma con el mismo rango, sometida al control de validez constitucional. CONSIDERANDO (10): Que se colige de lo anterior, que sería requisito promover la inconstitucionalidad contra una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, sería materialmente imposible, declarar la inconstitucionalidad de una ley que perdiera ya su vigencia, pues el efecto general del presente recurso es expulsar del Ordenamiento las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; atentando contra la supremacía constitucional y contra lo dispuesto en el bloque de convencionalidad. CONSIDERANDO (11): Que, en relación a la inconstitucionalidad del artículo 129 del DECRETO LEGISLATIVO NO. 141-2017 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el diario oficial “la gaceta” n. º 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018; se considera que tal norma general no está exenta de la obligación que tienen las autoridades públicas, de garantizar la promoción, protección y respeto a los derechos fundamentales, bien sean del orden individual o colectivo;[6] respecto a la cual, cobra razonabilidad lo argumentado en el dictamen fiscal, respeto a que la normativa impugnada contiene excepciones a la prohibición de aumentos salariales o congelamiento de sueldos, extremos que, en el caso del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), no evidencian que dicha agrupación sindical no se encuentre comprendida dentro de las excepciones que señala la norma censurada, generando diferencias injustificadas ante la regla constitucional de igualdad y la vocación misma de generalidad, que es atributo de las normas legales. La norma cuestionada, en criterio del censor, es la materialización de normas constitucionales que obligan a la Administración a realizar su actividad bajo parámetros de eficiencia y eficacia presupuestaria, cuya desvaloración por parte del actor, no demuestra la imposibilidad legal de obtener la progresividad laboral solicitada por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), en defensa y exigibilidad de sus derechos, de parte del Patrono – Estado, a quien vinculan los compromisos adquiridos en el respectivo Contrato Colectivo. CONSIDERANDO (12): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, al efectuar el control de constitucionalidad; resultando que, en el presente caso, no se encuentra incompatibilidad entre la norma legal bajo estudio y la norma constitucional, así como lo dispuesto en los Convenios Internacionales del Trabajo; por lo cual no procede declarar con lugar el Recurso de Inconstitucionalidad promovido por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por legítimo recurrente; sino que el dictado de sentencia denegatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 15, 16, 18, 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 184, 185 No. 2, 205 numeral 1), 219, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 82, 92 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por VÍA ACCIÓN, EN FORMA PARCIAL Y POR RAZÓN DE CONTENIDO por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, quien actúa en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE), contra el artículo 129 del DECRETO LEGISLATIVO No. 141-2017 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 34, 546 el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, contentivo del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2018”. Y MANDA: Que notificada y firme que sea la presente resolución, se proceda a su archivo en Secretaría de la Sala de lo Constitucional. - Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la Sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0196=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. “El control de constitucionalidad de los actos administrativos”. SANTACRUZ MIRANDA, J. En: Tensiones Contemporáneas del Constitucionalismo: Actas del 3° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho Constitucional. Goyes Moreno, I. (Comp.) Edinar, Nariño, Colombia, 2008. Pág. 323.
[2] “Mandato de plena justiciabilidad. Con el derecho de acceso a los tribunales estamos ante una exigencia inherente a la idea de Estado de Derecho, a saber: que todos los derechos e intereses legítimos puedan, llegado el caso, ser defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación de justicia”. Luis María Diez-Picazo Giménez, citado en: El derecho a la tutela judicial efectiva. DE DIEGO DIEZ, L. A. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2014. Pág. 42.
[3] “El entorno político de la democracia con su trinidad de derechos, y con lo que la jurisprudencia colombiana apoda el núcleo esencial de los derechos fundamentales debe ser la base sólida de la jurisdicción constitucional, que debe manejar una interpretación dinámica de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos en combinación armonizante y armonizada para tender, como norte, a la maximización y optimización del plexo de derechos dentro del sistema propio de cada sociedad y de cada estado”. BIDART CAMPOS, G. La interpretación del sistema de derechos humanos. EDIAR, B. A. 1994. Pág. 131.
[4] Ibidem. Pág. 136.
[5] MEDINA REYES, R. La presunción de constitucionalidad de las leyes. Artículo de fecha 12-01-2019, asequible en: https://acento.com.do/opinion/la-presuncion-constitucionalidad-las-leyes-8641436.html
[6] Ver: BARRENA, G. El pacto internacional de derechos civiles y políticos (Fascículo 3). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, D.F. 2012. Págs. 29 y ss.