Sentencia RI-1115-16 — Registro 14174
Resumen
Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción, contra el Decreto Legislativo No. 56-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,126 mediante el cual se reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal, en el entendido que, una persona solo podrá ser beneficiada con medidas sustitutivas a la prisión en un solo proceso activo, en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal debe imponérsele la prisión preventiva en ambos juicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (18): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad de la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, que conlleva efectos generales a partir de la fecha de su declaratoria. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente ésta. En consecuencia, la ley, o la parte de ésta, que sea declarada procedente en cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad, no existe más en el ordenamiento a partir de su fecha; lo cual conlleva a un mandato de respeto y vinculación jurídica para todos los órganos, poderes y autoridades constituidas, así como para los ciudadanos en general, fijándose así un punto de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. En el presente caso, como ha quedado explicitado, no existe causal alguna que permita declarar la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad por la vía de la excepción, sino que, al contrario, causal de desestimación por repetición, conforme al artículo 91 conforme a la ley de justicia constitucional, del cual se ha hecho debido mérito; por lo cual debe desestimarse la presente garantía de inconstitucionalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto del dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción, por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en sus condiciones de apoderados del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE contra el Decreto Legislativo No. 56-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,126 mediante el cual se reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal, en el entendido que, una persona solo podrá ser beneficiada con medidas sustitutivas a la prisión en un solo proceso activo, en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal debe imponérsele la prisión preventiva en ambos juicios, con relación a la causa instruida ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA LENCA DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil catorce (2016), comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal, los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en sus condiciones de apoderados del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de excepción, contra el Decreto Legislativo No.56-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,126 mediante el cual se reformó el artículo 184 del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, en el entendido que, una persona solo podrá ser beneficiada con medidas sustitutivas a la prisión en un solo proceso activo, en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal debe imponérsele la prisión preventiva en ambos juicios.-2) Que en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió auto teniendo por recibido el escrito de inconstitucionalidad interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, y resolvió declarar SIN LUGAR en vista que esta judicatura se limita a resolver lo que en competencia se le atribuye, dicha demanda debe ser presentada en lugar que corresponde por lo que resulta improcedente resolver a lo peticionado. (Ver folios 259 al 276 de la pieza del Juzgado de Letras Penal de este Departamento).-3) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de año dos mil dieciséis (2016), la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Inconstitucionalidad y en consecuencia, al haber indicado el recurrente que el presente recurso no va dirigido al procedimiento de su creación sino que en forma parcial, contra el citado artículo, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emita su correspondiente dictamen. (Ver Folio 32 de la Pieza de la Sala de lo Constitucional).- 4) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho, Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de Inconstitucionalidad planteado por vía de excepción por razón de contenido.-CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República se encuentra dotada de carácter normativo en un grado superlativo, por cuanto concreta tendencialmente los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico constitucional para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado, en cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. Asimismo y en tanto práctica social relevante, se erige en premisa jurídica fundamental para la adopción de las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.[1]-CONSIDERANDO (2): Que para efectos de control constitucional, establece ya la Constitución de la República en su artículo 185, el derecho público subjetivo de instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, la cual podrá solicitarse - inter alia - por vía de excepción; la cual podrá oponerse en cualquier procedimiento judicial, suspendiéndose los procedimientos y elevándose las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia.- CONSIDERANDO (3): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 82, determina por su parte el procedimiento a seguir para la declaratoria de inconstitucionalidad, señalando como requisito para ejercitar esta garantía constitucional por vía de excepción, el que ésta se oponga en cualquier estado del proceso, antes de la citación para sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes, Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUÑIGA y CELESTE AIDA CERRATO, en su condición antes indicada, indicaron en su escrito que, se produjo una lesión en el interés directo, personal y legitimo que le asiste a su defendido, por lo cual solicitan la suspensión provisional del precepto considerado inconstitucional, en aras de no hacer ilusoria la presente garantía constitucional; que motivan porque se mantenga el derecho a un debido proceso del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, pues la aplicación ilegal y arbitraria de la norma comprendida en el artículo 184 del Código Procesal Penal reformado, en contra del referido ciudadano, le conculca el derecho constitucional de libertad. Por lo anteriormente expuesto, se hace plausible darle procedencia a la admisión del recurso de acuerdo con lo dispuesto y fundamentado en el artículo 76 numeral 1) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; dada la estrecha relación que guarda el artículo impugnado para con el ámbito garantista del derecho al debido proceso, según queda conceptuado, en los antecedentes de la presente garantía constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUÑIGA y CELESTE AIDA CERRATO, en su condición antes indicada, continúan manifestando que la norma jurídica impugnada de inconstitucionalidad por vía excepción, por razón de contenido y de forma parcial, es el artículo 184 párrafo 4ª del Código Procesal Penal, reformado en virtud del Decreto No. 56-2003 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33, 126; reforma que tuvo por objeto restringir el acceso de las personas imputadas a que se les imponga medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, en más de un proceso activo y, a que: “… en caso que se le decrete auto de formal procesamiento por un nuevo requerimiento fiscal debe imponérsele la prisión preventiva en ambos juicios”; lo cual cierra toda posibilidad de deliberación judicial, de probarse la concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para considerar la imposición de una medida cautelar privativa de la libertad, en violencia al propósito instrumental de las medidas cautelares y en contravención a la obligación judicial de realizar un juicio de ponderación en cuanto a la suspensión del precepto señalado de inconstitucional, por conculcar la libertad del imputado.-CONSIDERANDO (6): Que continúan en conceptualización de la presente excepción de inconstitucionalidad, explicando los recurrentes, la concurrencia de tres (3) motivos de inconstitucionalidad en la referida reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, los que se desglosan de la siguiente forma: 1) Que en primer lugar, la norma cuestionada de inconstitucionalidad vulnera el artículo 69 de la Constitución de la República y el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues consideran los recurrentes que con la aplicación automática y sin ulterior razonamiento de la reforma legal precitada que obliga a la imposición de la prisión preventiva, se violenta la prerrogativa judicial de valorar, conforme a las circunstancias del caso, quienes están en la posición legítima de evaluar si procede, o no, su imposición con base a los presupuestos establecidos en Ley; lo cual se enmarca en el examen de proporcionalidad establecido en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estimando como premisa base que la medida cautelar de prisión preventiva restringe gravemente el derecho de libertad personal, de lo cual deriva su carácter excepcional; por lo que se debería cumplir, al menos, con las exigencias de fin legítimo en una sociedad democrática, idoneidad, necesidad y proporcionalidad establecidas por el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), en cuanto a que, si bien el fin de las medidas cautelares es de carácter procesal, esto es, que el imputado no evada la acción de la justicia ni obstaculice el desarrollo del procedimiento de investigación; la adopción de tal medida de prisión preventiva debería ser compatible con los fines de un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual se ve constreñido y desnaturalizado por la adopción de la reforma censurada materialmente de inconstitucionalidad, por parte del Estado de Honduras, en detrimento del derecho constitucional y convencional en materia de derechos humanos, que queda expresado.-CONSIDERANDO (7): Que continúan explicando los recurrentes, siempre por la vía de la excepción, los subsiguientes motivos que fundamentarían la interposición de la garantía de inconstitucionalidad, así: 2) Vulneración al Estado de Inocencia preestablecida en el artículo 89 Constitucional y en el artículo 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, dado que el Decreto No. 56/2013, cuestionado de inconstitucionalidad, establece legalmente la aplicación automática de la prisión preventiva en los delitos listados en el referido artículo 184 del Código Procesal Penal, afectando a la persona a quien se le dicte un segundo auto de formal procesamiento en otro proceso activo: “…. Sin ponderarse la razonabilidad y sustento de la imputación o el fundado riesgo de fuga o el peligro de obstrucción de las investigaciones (…)”; con lo cual se vulnera el Estado de Inocencia del cual se goza constitucionalmente en el Estado de Honduras, bien que debe ser protegido, inclusive de manera transversal, en todo proceso penal; compromiso que tiene rango de jurisprudencia interamericana en el caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de noviembre de 2005 y en congrua jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Allenet de Ribemont vs. Francia. Aplicación No. 15175/89), Sentencia del 10 de febrero de 1995; fallos ambos relevantes en la materia, pues ponen de relieve que el derecho a la Presunción o Estado de Inocencia se vería vulnerado si, antes de que fuera hallado culpable el imputado, conforme a derecho, existiese alguna resolución judicial que refleje o sugiera la idea de que éste es culpable. De igual modo, comportaría tal vulneración, el dictado de tales medidas, restrictivas de la libertad personal, sin que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los requisitos exigidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Concluye la representación garantista el contenido del presente motivo, fundamentando que, la obligatoria imposición de la prisión preventiva exigida por la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, en realidad no encaja o resulta inconsistente con la regulación legal del régimen cautelar del título VI del Código Procesal Penal, pues recoge principios contrapuestos al resto del articulado, por lo que debe derogarse, por vulnerar el Estado de Inocencia constitucional y convencionalmente reconocido.-CONSIDERANDO (8): Que, en definitiva, la pretensión de los abogados recurrentes se endereza a la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo 4° del artículo 184 del Código Procesal Penal (Decreto No.9-99-E), específicamente mediante la reforma emprendida a través del Decreto No. 56-2003 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33, 126, estableciendo finalmente, para tal propósito, el siguiente y último motivo: 3) Que la Constitución de la República consagra el derecho a la independencia judicial en el artículo 90 de la Constitución de la República, según el cual nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual se prescribe la obligación del Estado a proteger, respetar y garantizar el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La independencia se relaciona también en la doctrina con la separación de poderes y con la autonomía para juzgar sobre todas las incidencias que acontezcan o se produzcan en el caso concreto, y ya la Corte IDH ha dejado establecido que su falta constituye violación a la Convención, así como la evidente violación a la igualdad para una de las partes en el proceso; concurriendo todo lo anteriormente manifestado en el debido proceso de los ciudadanos, el cual se conculca cada vez se impide a los jueces la posibilidad de analizar cuál, o cuáles medidas cautelares, resultan idóneas y menos gravosas para el imputado, atendiendo las circunstancias del caso concreto; lo que acontece con la vigencia del artículo 184 procesal penal reformado, el cual establece y vincula al Juez Competente a la imposición de un criterio fijo, como es impedirle esa facultad al órgano jurisdiccional y obligarlo a imponer prisión preventiva, aun en aquellos casos en los que no concurren los presupuestos que legitimen su imposición, vulnerando así la preceptiva constitucional y convencional previamente descrita y, consiguientemente, los derechos de los imputados. - Por todo lo cual, solicitan de esta Sala de lo Constitucional, se declare con lugar el recurso de inconstitucionalidad, del cual se ha hecho el debido mérito.-CONSIDERANDO (9): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este se pronunció en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), quien fue de la opinión SE DECLARE SIN LUGAR el presente recurso de Inconstitucionalidad planteado por vía de excepción y por razón de contenido, en virtud de no vislumbrarse vicios de inconstitucionalidad, como plantean los recurrentes.- CONSIDERANDO (10): Que con base a los fundamentos jurídicos expresados, es de advertir el mismo realiza pertinentes valoraciones sobre la procedencia o no de la garantía de inconstitucionalidad así planteada. En primer lugar, que en lo atinente al primer motivo de inconstitucionalidad, como es el derecho constitucional de la libertad, estiman los recurrentes confrontado por el decreto Legislativo No. 56/2013, el mismo guarda estrecha relación con la dogmática constitucional hondureña, tal como preceptuada en el artículo 61 Constitucional, articulo 69 de la libertad personal, artículos 71, tutelar del procedimiento para la detención preventiva la forma de restringir la libertad, así como las expresiones de libertad de asociación, reunión y circular libremente de los artículos 78, 79 y 81 todos de orden constitucional. Sobre el particular, ha estimado la Sala, en anteriores pronunciamientos,[2] que el Derecho a la libertad ocupa el cimero lugar después del derecho a la vida, por lo que así se consagra en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 9; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.1; La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 y, finalmente, la Constitución de la República en su artículo 69, que reafirma la inviolabilidad al derecho a la libertad, siendo evidente del contexto de la norma Constitucional, sin embargo, que este derecho no es absoluto ni incondicionado, pues es limitado por otros principios y normas, también del orden constitucional, como: “(…) cuando dispone que solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”; así como por otros desarrollos en la Codificación nacional, tales como lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal sobre el imputado y la garantía de sus derechos, la cual sería efectiva desde el momento mismo en que existe imputación de un hecho revestido de delito, es decir, que vale desde el principio hasta la finalización del proceso, ya en fase de ejecución de la sentencia.-CONSIDERANDO (11): Que, en tal sentido, es parecer de esta Sala de lo Constitucional, que la interpretación judicial de la norma recurrida de inconstitucionalidad, no puede obviar lo que refiere el artículo 17 del título preliminar del Código Civil, cuando establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Sobre el particular, cabe mencionar que cuando el Juez de garantías dicta como medida cautelar de prisión preventiva ha tenido en cuenta una serie de presupuestos previamente señalados en la ley, ley a la que se encuentra sujeto y nunca sobre la misma; contra dicha resolución si las partes o una de ellas, supone le causa agravios, la ley le provee los recursos necesarios, a fin de lograr subsanar los errores del A Quo. Por ello no es de recibo el primer motivo de inconstitucionalidad señalado por los impetrantes, al no confrontar el Decreto No. 56/2013 la norma constitucional del Derecho a la Libertad, a juicio de esta Sala.-CONSIDERANDO (12): Que, en lo concerniente al segundo motivo expuesto por la tesitura de inconstitucionalidad, cabe mencionar que este se refiere a una posible interferencia de la norma citada respecto a la vigencia del Estado de Inocencia reconocida en el artículo 89 de la Constitución de la República, con relación al artículo 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, dado que el Decreto No. 56/2013, cuestionado de inconstitucionalidad, establece legalmente la aplicación automática de la prisión preventiva en los delitos listados en el referido artículo 184 del Código Procesal Penal, afectando a la persona a quien se le dicte un segundo auto de formal procesamiento en otro proceso activo. Sobre este motivo en particular, esta Sala de lo Constitucional, ha estimado - también en congruencia con el antecedente jurisprudencial citado – que, al hacer el juicio de contraste entre la norma constitucional contenida en el artículo 89 y las normas Sobre Derechos Humanos en los artículos 8.2 de la Convención Sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y el Decreto No. 56/2013, estima que no entra en conflicto con el derecho de Estado de Inocencia del que gozan los acusados, en virtud de que el legislador ha diseñado el proceso penal de tal manera que desde el momento en que una persona es detenida, es conocedora de sus derechos, una vez que es presentada ante Juez competente se celebrará la audiencia de declaración de imputado, momento procesal oportuno para que cualquier persona sometida a juicio pueda exponer lo que considere a favor de su defensa, siempre salvaguardando el derecho personalísimo del o los procesados de guardar silencio, si así lo prefieren, de esta manera queda garantizado el derecho de ser oídos en audiencia bajo los principios rectores del proceso. Por otra parte, durante esta audiencia y las demás que conforman el proceso penal, el o los imputados siempre estarán con su defensor quien velará en todo momento por el respeto y garantía de los derechos del o los imputados. Por lo cual no resulta procedente declarar la inconstitucionalidad promovida por los recurrentes.- CONSIDERANDO (13): Que, finalmente, en cuanto al tercer motivo, han manifestado los recurrentes que se ha violentado con la consabida reforma la independencia judicial, por inobservancia del artículo 90 de la Constitución de la República, contentivo de la inviolabilidad de los derechos, garantías y formalidades que constituyen el debido proceso; lo que implicaría la observancia de las formas propias de cada proceso según sus características, además señalada la motivación y fundamentación de las resoluciones. Sobre el particular, reitera esta Sala consideraciones pacíficas desde el ordenamiento constitucional, que nos recuerdan el proceso penal hondureño esta diseñado de manera tal que garantiza los derechos de las partes, así el ciudadano sometido a juicio, quien desde el primer momento en que es detenido estará habilitado para conocer sus derechos y contar con un defensor que garantice el pleno ejercicio de sus derechos durante el proceso, incluyendo el derecho a ser escuchado en audiencia, donde se respetará su silencio, si el acusado así lo prefiere, sin valorarlo como un indicio de culpabilidad. Siguiendo tal orden de ideas, si el debido proceso representa el cumplimiento de las exigencias, formalidades y requisitos previamente establecidos en la ley, no podría considerarse que se ha vulnerado cuando se ha seguido el procedimiento y se han respetado las formalidades y derechos; lo cual no significa tampoco que el procedimiento quedará sujeto a la libre valoración del juzgador, lo cual sería contrario al sistema vigente de la sana crítica, vigente en cada fase y etapa del proceso, y como tal, vinculante como principio metodológico para los juzgadores, en resolución del caso concreto; lo cual es meritorio de respeto y solo censurable a través de los recursos que puedan promover las partes procesales en el ejercicio de los recursos que la ley les franquea, lo cual refuerza a la vez el principio objetivo de independencia y complementariedad de poderes proclamado en el artículo 4 primero de la Constitución de la República, a la vez que el derecho fundamental de los ciudadanos a ser juzgado por jueces imparciales e independientes de toda autoridad, salvo de la autoridad del Derecho.- CONSIDERANDO (14): Que, por lo tanto, se sigue que la interpretación que efectúe el órgano jurisdiccional a lo dispuesto en la normativa procesal penal cuestionada, se relaciona intensamente con el imperativo constitucional, intrínseco al debido proceso, de que las resoluciones deben ser razonadas y motivadas, vinculadas únicamente a la Constitución y a las leyes atinentes que conforman la premisa normativa del razonamiento judicial, con relación a los hechos que se tengan por probados, como premisa fáctica; concediéndose a las partes el derecho a ejercitar los recursos que la ley les franquea, a efecto de que las Cortes y Tribunales de Alzada puedan efectuar el control de racionalidad correspondiente. De manera que, a juicio de la Sala, sí resulta posible una lectura constitucional que compatibilice la norma en cuestión con el parámetro normativo fundamental, a través del margen interpretativo de la sana crítica, que regula el decisum judicial en el ámbito procesal penal; así como del propio control de racionalidad que provee el régimen de recursos en la materia. Salvaguardándose así la independencia judicial, en tanto conditio sine qua non para efectuar la ponderación entre el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales que invocan los recurrentes.- Por todo ello se considera que el principio y derecho a la independencia judicial no ha resultado conculcado por el decreto 56/2013 que reforma el articulo 184 párrafo 4ªdel Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 9-99-E).-CONSIDERANDO (15): Que en consonancia con lo anteriormente expuesto, cabe referenciar que todo conflicto constitucional puede manifestar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos; resultando de la presente vista que, ninguna de las mencionadas dimensiones del derecho fundamental al debido proceso, al derecho de libertad ni al Estado de Inocencia, ha resultado acreditada por la Excepción de inconstitucionalidad de la cual se ha hecho señalado mérito.-CONSIDERANDO (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO (17): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa, para efectuar el respectivo control de constitucionalidad.-CONSIDERANDO (18): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad de la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, que conlleva efectos generales a partir de la fecha de su declaratoria. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente ésta. En consecuencia, la ley, o la parte de ésta, que sea declarada procedente en cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad, no existe más en el ordenamiento a partir de su fecha; lo cual conlleva a un mandato de respeto y vinculación jurídica para todos los órganos, poderes y autoridades constituidas, así como para los ciudadanos en general, fijándose así un punto de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. En el presente caso, como ha quedado explicitado, no existe causal alguna que permita declarar la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad por la vía de la excepción, sino que, al contrario causal de desestimación por repetición, conforme al artículo 91 conforme a la ley de justicia constitucional, del cual se ha hecho debido mérito; por lo cual debe desestimarse la presente garantía de inconstitucionalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 59, 61, 64, 69, 71, 78, 79, 81, 82, 89, 90, 184, 185 No. 2, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1) y 4), 77 No. 2), 78, 79, 80, 81, 92, 93 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad promovido por vía de excepción y por razón de contenido y de forma parcial contra el articulo 184 reformado del Código Procesal Penal (Decreto No.9-99-E). Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 1115-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. SANTACRUZ MIRANDA, J., El control de constitucionalidad de los actos administrativos, en: Tensiones Contemporáneas del Constitucionalismo: Actas del 3° Congreso Nacional y 1° Internacional de Derecho Constitucional. GOYES MORENO, Isabel (Comp.) Edinar, Nariño, 2008, p. 323.
[2] Ver fallo SCO-275=2015, fallado por la Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016).