Sentencia RI-1067-19 — Registro 14069
Resumen
Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vía Acción en forma parcial y por razón de contenido según recurrentes a través de artículos 96 y 102 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras decreta veda por un término de dos años, para el rubro del transporte la importación de Moto-taxis
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(12): Dicho lo anterior, en la presente acción constitucional, se alega que a la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., como persona jurídica individual, se le ha vulnerado su derecho a continuar con la importación y la distribución de Vehículos Automotores y afines, específicamente la denominada Mototaxi, en virtud de la reforma a los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS por el Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, el diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, según los recurrentes se decreta una veda por un término de dos años, para la importación de Moto-taxis. Sostienen que se le estaría vulnerando su derecho de desarrollo económico en virtud que la prohibición de importación y adquisición de mototaxis en el país, por lo que se estaría poniendo en detrimento el desarrollo económico de esta persona jurídica.
CONSIDERANDO TRECE (13): Esta Sala de lo Constitucional observa que los legisladores, dispusieron en el artículo 102 <redacción original>, realizar estudios técnicos y socioeconómicos sobre cada ruta, a fin de determinar si procede o no otorgamiento de la Concesión respectiva, realizando en su caso una distribución equitativa de las mismas. Asimismo, en la reforma a este artículo, se decretó con el propósito que el Instituto de Transporte, realice un ordenamiento a nivel nacional en este rubro, para lo cual se requiere la veda temporal por un término de dos (2) años para la importación de mototaxis. Con ello el poder legislativo, esta creando leyes que faciliten al poder ejecutivo una adecuada gerencia en el rubro transporte, ordenando la realización de estudios y creación de ordenamientos, con el fin de proteger, favorecer y garantizar el bien común es esta área, tanto para los transportistas como para la población que hace uso de este medio de trasporte y para las personas que circulan en vehículos particulares, pues la proliferación de este medio de trasporte “mototaxis” debe ser analizada con la responsabilidad debida para el cuidado de la población en general. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la actividad legislativa señalada se ha realizado en observancia a lo dispuesto en las siguientes disposiciones constitucionales: Artículo 328. El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” “Artículo 331. El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Sobreponer el bien común al bien individual es una máxima constitucional y convencional de obligado cumplimiento, que no constituye una vulneración sostenida a los artículos 96 y 102 de la Ley de Trasporte Terrestre de Honduras, determinando esta Sala de lo Constitucional que la normativa contenida en el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019 es constitucional, razón por la cual se estima procedente Sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 335 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto Vía Acción en forma parcial y por razón de contenido, por los Abogados BENITO ARTURO ZELAYA CALIX y JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA, en sus condiciones de Representantes Procesales de la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., representada legalmente por el Señor ENGELS OSWALDO ZELAYA CALIX, contra los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS reformados por el Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, según los recurrentes se decreta una veda por un término de dos años, para la importación de Moto-taxis. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, los Señores BENITO ARTURO ZELAYA CALIX y JOSE MARIA DIAZ AVILA, quienes actúan como Representantes Procesales de la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., representada legalmente por el Señor ENGELS OSWALDO ZELAYA CALIX, contra los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS reformados por el Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, según los recurrentes se decreta una veda por un término de dos años, para la importación de Moto-taxis. (Folios 01-13 del presente recurso) 2) Que en fecha siete (07) de enero del dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado los recurrentes que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio 15 del presente recurso) 3) Que en fecha nueve (09) de marzo del dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado POR RAZON DE CONTENIDO, por no vislumbrar vicios de Inconstitucionalidad en los artículos arriba citados por los recurrentes. (Folio 18-29 y 31 del presente recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que a criterio de esta Sala Constitucional, los recurrentes, Abogados BENITO ARTURO ZELAYA CALIX y JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA, en sus condiciones de Representantes Procesales de la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., representada legalmente por el Señor ENGELS OSWALDO ZELAYA CALIX, cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, por el solo hecho de que el impetrante es una Asociación legalmente constituida, que se dedica a la distribución de vehículos automotores y afines, dentro de las que se incluyen las denominadas Mototaxis, por lo que, a su juicio, la veda de dos años en la importación de estos vehículos decretada por el Decreto Legislativo No. 61-2019 es lesiva a los intereses de las personas que se dedican a este rubro además de constituir una clara vulneración a la norma suprema de todo Estado de Derecho de la cual se desprende el resto del ordenamiento jurídico, o sea, la Constitución de la Republica. Además de lo anterior, las disposiciones señaladas de inconstitucionales son referentes al económico al que se dedican, por lo que las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, están vinculadas directamente con la obligatoriedad del Estado y a la creación de políticas públicas encaminadas al aseguramiento de los derechos fundamentales, relativos a que estos mismos no deben ser disminuidos, ni deben tergiversar ni cambiar derechos inherentes a todo ser humano. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad parcial, que por vía de acción y por razón de contenido, han promovido los Abogados BENITO ARTURO ZELAYA CALIX y JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA, en su condición de Representantes Procesales de la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., representada legalmente por el Señor ENGELS OSWALDO ZELAYA CALIX, contra los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS, reformados por el Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, según los recurrentes se decreta una veda por un término de dos años, para la importación de Moto-taxis, contraviniendo, según el impetrante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de conformidad a lo expuesto por los recurrente, expresan en el acápite: PROCEDENCIA DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: lo siguiente: “La reforma contenida en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019 que modifica en su totalidad el artículo 102 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, establece literalmente lo siguiente: “ARTICULO 102: Decretar una veda temporal, por un término de dos (2) años para la importación de mototaxis, con el propósito que el Instituto realice un ordenamiento a nivel nacional en este rubro, consecuentemente a partir de la vigencia de esta norma, no podrán importarse y adquirir mototaxis, sólo pudiéndose transferir bajo cualquier título, las que los importadores tengan en existencia y lo harán solamente para sustituir las unidades autorizadas para operar con anterioridad a esta veda, en cuyo caso deberá hacerlo mediando autorización escrita del Instituto. Esta veda se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 96 párrafo último precedente de esta Ley”. Anterior a la reforma, el artículo precitado disponía lo siguiente: “ARTICULO 102: En los lugares donde se prestan los servicios de Transporte Público terrestre sin la autorización correspondiente, el Instituto debe proceder en un plazo máximo de tres (3) meses, a iniciar los estudios técnicos y socioeconómicos sobre cada ruta, a fin de determinar si procede o no otorgamiento de la Concesión respectiva, realizando en su caso una distribución equitativa de las mismas”. Esta nueva disposición legal, contenida en una ley de orden secundaria, contradice disposiciones de orden constitucional, que jerárquicamente son superiores. En consecuencia, la referida reforma al artículo 102 de la Ley de Transporte Terrestre entra en conflicto con el artículo 64 de la Constitución de la Republica que menciona “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. La reforma al artículo 102 restringe los derechos contenidos en los artículos 328 y 331 de la Constitución de la Republica que enuncia la primordial obligación del Estado de Honduras de reconocer, garantizar y fomentar las libertades de inversión y comercio; por tanto, menester es indicar la obligación del Estado de garantizar a mi representada el ejercicio efectivo de estas libertades, que bajo ningún contexto son contrarias al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. La acción de inconstitucionalidad se intenta, además, por la directa vulneración que el referido articulo 102 implica en el derecho de los ciudadanos que previo a la vigencia del Decreto Legislativo No. 61-2019 habían realizado pedidos para la importación de estos vehículos automotores, que por razones de traslado a larga distancia, no han podido ingresar al territorio hondureño; en este sentido, la cláusula de la irretroactividad de la ley, contenida en el artículo 96 constitucional dispone “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado’”, es decir, la reforma en mención no forma parte del derecho penal por lo que no puede aplicarse de forma retroactiva, lo que implica que los pedidos de Mototaxis realizados previos a la vigencia del Decreto Legislativo No. 61-2019, no pueden ser afectados por la veda de importación decretada. La reforma al artículo 102 de la Ley de Transporte Terrestre no es más que un exceso de las potestades otorgadas al Congreso Nacional de la Republica, por lo que se vuelve imprescindible el control jurisdiccional de esta honorable Sala mediante la garantía de inconstitucionalidad, en virtud del artículo 76 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que se transcribe a continuación los MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE CONTENIDO.- “…Las razones que viabilizan el Recurso de Inconstitucionalidad, en virtud de que el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019, restringen y disminuyen los derechos y garantías que la Constitución de la Republica, enmarca en su articulado; las cuales se desglosan y se expresan en los motivos por razón de contenido que a continuación se presentan: Disminución Restricción del Ejercicio de las Declaraciones, Derechos y Garantías establecidos en la Constitución. Ya el artículo 64 de la Constitución de la Republica contempla y manda que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, y en virtud que el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019, decreta una veda por un término de dos (2) años para la importación de Mototaxis, y en vista que mi representada se dedica a la Distribución De Vehículos Automotores y afines, siendo así que se considera que la denominada Mototaxi es una motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte y que mecánicamente forma parte de lo que engloba el término de vehículos automotores, es por ello que a vos honorable Corte Suprema de Justicia manifiesto que mediante el articulo precitado se disminuye y restringe lo emanado en el artículo 331 de la Constitución de la Republica, mismo que reza que el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman nuestra Constitución. Violación a la Promoción del Desarrollo Económico. Por la implementación y entrada en vigencia del artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 612019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019, a mi representada se le estaría vulnerando su derecho de desarrollo económico en virtud que esta veda de prohibir la importación y adquisición de mototaxis en el país, siendo así que se estaría poniendo en detrimento el desarrollo económico, comprobable, que mi representada estaría sufriendo al aplicarse esta la normativa contenida en el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019, y siendo que el Estado promueve el desarrollo económico y social, mismo que debe estar sujeto a una planificaci6n estratégica y que la ley regula el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas y que para realizar la función de promover el desarrollo económico y social y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado con visión a mediano y largo plazo, debe desafiar concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos y a razón que el articulado antes en mención va en contra de todo lo antes expuesto, es necesario que vos honorable Corte Suprema de Justicia, declaréis la inconstitucionalidad del artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61 2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019. Discriminación. - El artículo 96 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, afecta el libre flujo del Comercio Nacional e Internacional, disminuyendo las ventajas que el mismo ofrece a todos los participantes, incluyendo al mismo Estado. Ya establece el artículo 62 de la Constitución de la Republica de Honduras que “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. De lo anterior podemos identificar que lo enunciado en el artículo 96 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, en su último párrafo, donde se limita la libertad del individuo prohibiendo que cada núcleo familiar pueda ser poseedor de más de dos unidades de mototaxis, es una clara contradicción con la garantía constitucional enunciada, pues la adquisición de este vehículo no limita derechos de terceros, ni presenta un riesgo para la seguridad nacional o a individuos, no afecta el bienestar general ni mucho menos impide el desenvolvimiento democrático. Véase la discriminación en contra de los poseedores y comercializadores de mototaxis en contraste con los poseedores de demás medios de transporte, carros, microbuses, motocicletas, buses y otros similares, en los cuales no existe ningún límite de unidades por persona, mucho menos por núcleo familiar, teniendo como resultado la transgresión de garantías constitucionales como, por una parte la libertad comercial y económica de los individuos, la cual se refiere a la ausencia de obstáculos que impidan el acceso de los agentes económicos a la actividad comercial, expresándose en distintas libertades, y por otra, el principio de igualdad, que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, reconociendo la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles, económicos y políticos, garantizando que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color, origen étnico, religión u otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad, los cuales están consagrados ya en la carta magna.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que Disposición constitucional supuestamente vulnerada: Artículo 64 de la Constitución de la República indica: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” “Artículo 62. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” “Artículo 328. El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” “Artículo 331. El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Sala de lo Constitucional estima que teniendo nuestra Constitución como eje central la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros. Es decir, la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Constitución de la República reconoce el bien común como un interes superior a los intereses y conveniencias individuales, así, en el artículo 331, prescribe que el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución, y es en el segundo párrafo que el legislador decide poner un alto y lo desapodera de un absolutismo al determinar que el ejercicio de dichas libertades no podrán ser contrarios al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.” Sin embargo, no solo nuestra Constitución sobrepone el bien común al bien individual, otras declaraciones de derechos exponen esta salvedad al final de cada derecho proclamado, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969) además de referirse al reconocimiento de derechos individuales hace hincapié al límite del bien común así: en el artículo 13, sobre la libertad de expresión; artículo 15 sobre la libertad de reunión; artículo 16 sobre el derecho de asociación; o el artículo 16 sobre la libre circulación, añade en su artículo 32 numeral 2: "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". CONSIDERANDO ONCE (11): Que en el párrafo segundo del artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puede observarse la idea de que el bien común es un límite o un freno al derecho individual, debiéndolo acatar el bien común como un bien alternativo al propio, como un sacrificio personal en beneficio de los demás; aunque no se puede llevar una existencia humana carente de libertad, igualdad y seguridad jurídica, pero éstas no son suficientes si no se cuenta con un nivel adecuado de normas que satisfagan los aspectos económicos, sociales y culturales, como bien los garantiza nuestra constitución en el artículo 331 antes señalado, resultando claro que los derechos humanos son interdependientes entre sí, sean estos individuales o extensivos a la generalidad y se conviertan en derechos humanos sociales, económicos , culturales, es decir, para la sociedad, y que unos se apoyan en los otros para integrar el mencionado bloque o unidad de constitucionalidad, estamento legal que protege ya sea derechos individuales o derechos que protejan el bien común. CONSIDERANDO DOCE (12): Dicho lo anterior, en la presente acción constitucional, se alega que a la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., como persona jurídica individual, se le ha vulnerado su derecho a continuar con la importación y la distribución de Vehículos Automotores y afines, específicamente la denominada Mototaxi, en virtud de la reforma a los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS por el Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, el diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, según los recurrentes se decreta una veda por un término de dos años, para la importación de Moto-taxis. Sostienen que se le estaría vulnerando su derecho de desarrollo económico en virtud que la prohibición de importación y adquisición de mototaxis en el país, por lo que se estaría poniendo en detrimento el desarrollo económico de esta persona jurídica.
CONSIDERANDO TRECE (13): Esta Sala de lo Constitucional observa que los legisladores, dispusieron en el artículo 102 <redacción original>, realizar estudios técnicos y socioeconómicos sobre cada ruta, a fin de determinar si procede o no otorgamiento de la Concesión respectiva, realizando en su caso una distribución equitativa de las mismas. Asimismo, en la reforma a este artículo, se decretó con el propósito que el Instituto de Transporte, realice un ordenamiento a nivel nacional en este rubro, para lo cual se requiere la veda temporal por un término de dos (2) años para la importación de mototaxis. Con ello el poder legislativo, esta creando leyes que faciliten al poder ejecutivo una adecuada gerencia en el rubro transporte, ordenando la realización de estudios y creación de ordenamientos, con el fin de proteger, favorecer y garantizar el bien común es esta área, tanto para los transportistas como para la población que hace uso de este medio de trasporte y para las personas que circulan en vehículos particulares, pues la proliferación de este medio de trasporte “mototaxis” debe ser analizada con la responsabilidad debida para el cuidado de la población en general. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la actividad legislativa señalada se ha realizado en observancia a lo dispuesto en las siguientes disposiciones constitucionales: Artículo 328. El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” “Artículo 331. El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. Sobreponer el bien común al bien individual es una máxima constitucional y convencional de obligado cumplimiento, que no constituye una vulneración sostenida a los artículos 96 y 102 de la Ley de Trasporte Terrestre de Honduras, determinando esta Sala de lo Constitucional que la normativa contenida en el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019 es constitucional, razón por la cual se estima procedente Sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 102 del Decreto Legislativo No. 155-2015, contentivo de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, reformado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019, aprobado en fecha 10 de julio de 2019. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 1, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar sin lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido por Vía Acción en forma parcial y por razón de contenido, por los Abogados BENITO ARTURO ZELAYA CALIX y JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA, en sus condiciones de Representantes Procesales de la Sociedad Mercantil GRUPO UMA S.A. DE C.V., representada legalmente por el Señor ENGELS OSWALDO ZELAYA CALIX, contra los artículos 96 y 102 de la LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HONDURAS reformados por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 61-2019 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS diez de julio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35071 de fecha 11 de octubre de dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente. - Redacto el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. – NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1067=2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL