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Sentencia RC-873-16 — Registro 13885

Resumen

Se interpuso Recurso extraordinario de Revisión Civil en la demanda para el pago a socios de liquidación de utilidades declaradas en proceso de rendición de cuentas, al considerar la recurrente, que la referida sentencia fue dictada en violación a los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República, y fundamentando dicha acción en el artículo 102 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “NOVENO: La mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional respecto al motivo invocado por el revisionista, verifica las siguientes observaciones derivada del despliegue probatorio evacuado: 1) Que la contraparte de la Revisionista desde el dos (02) agosto del año dos mil doce presentaron una demanda de Rendición de cuentas, del manejo Administrativo dinerario contra la Sociedad Vida Nueva S. de R.L. de C.V.; 2) De acuerdo a la probanza consistente en avalúos, dictámenes pericias, es que finalmente se dictó sentencia favorable a los peticionarios, los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, misma que adquirió su carácter de firme, por lo que inició su ejecución; 3) La parte demandada, después de haberse opuesto férreamente durante el proceso, a lo peticionado por los ciudadanos Alvarado Mejía, una vez firme la sentencia, y en proceso de ejecución, realiza las siguientes acciones: la abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, interpone Demanda para el pago a los siguientes socios: Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reina Yomila Alvarado y de la sociedad Inversiones Alianza, S.A. de C.V., de liquidación de utilidades declaradas en proceso de rendición de cuentas, a substanciarse por la vía del proceso declarativo ordinario, para tal efecto hace uso de la sentencia favorable dictada a favor de los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía; mientras ejerció sus derechos de defensa contra la petición los socios Alvarado Mejía, contra la firmeza de la sentencia y la ejecución de la misma; se omite en todo momento el conocimiento de la demanda declarativa vía proceso ordinario a los ciudadanos Alvarado Mejía, sin apreciar que a ellos concierne todo lo relacionado con la sociedad mercantil, puesto que aunque, la misma tenga su propio sistema interno de funcionamiento, se evidencia un trato desigual por parte de la representación legal de esa empresa, de la que nunca obtuvieron utilidades, pese a que los demandados realizaron actividades empresariales en su momento, (de acuerdo a la sentencia con carácter de firme dictada a su favor), situación que originó la controversia inicial. DECIMO: Es menester mencionar en la presente resolución que la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-1184-2015 se sobreseyó, misma referente a la reclamación que presentó en su oportunidad el señor Carlos Humberto Medrano Irías a favor de la Sociedad Vida Nueva, contra las decisiones judiciales que instaban la ejecución de la sentencia dada a favor de los ciudadanos Alvarado Mejía, a criterio de la Sala de lo Constitucional por no existir una vulneración a los derechos constitucionales. DECIMO PRIMERO: Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia una vez analizadas las presentes diligencias, adoptan como válidos y hacen suyos los criterios esbozados por la Mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo que de acuerdo a los razonamientos tanto fácticos como normativos anteriormente desarrollados estiman que la garantía instada por Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, debe de ser declarada sin lugar.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA Y COMO MAGISTRADOS INTEGRANTES: GARIN ENOC URQUIA CASTRO, ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, ROXANA LICETH MORALES TORO, LISSIEN GICELA CHUIZ LAITANO, DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, siendo designado ponente para el conocimiento y respectiva redacción de la sentencia el Magistrado Integrante ARGUETA BOURDETT, en el Recurso extraordinario de Revisión Civil interpuesto y venido en conocimiento de este Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dicta la siguiente RESOLUCIÒN: COMPARECEN LOS SIGUIENTES INTERVINIENTES: La Abogada Paola Marcela Iraheta Morales, quien interpone la garantía de revisión en materia civil y actúa en su condición de representante procesal de los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía.- La Abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, representante procesal de los señores Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reina Yomila Alvarado Medina, e Inversiones Alianza, S.A. de C.V.; el Abogado Omar Antonio Chávez Mejía, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida S. de R. L. de C. V.; y, la Abogada Karla Patricia García Arita en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ANTECEDENTES PROCESALES: PRIMERO: En fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés, la abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, en su condición de representante procesal de los ciudadanos Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, conocida también como Luisa Dolores Alvarado de Cook, y Reina Yomila Alvarado Medina conocida también como Reina Yomila Alvarado de Aguirre, y la sociedad Inversiones Alianza, S.A. de C.V., promoviendo Demanda para el Pago a Socios de Liquidación de Utilidades Declaradas en Proceso de Rendición de Cuentas, contra la Sociedad Cristiana Nueva Vida, S. de R.L. de C.V., a través de su Gerente Administrativo y Representante Legal José Abraham Alvarado Medina. SEGUNDO: Aconteciendo que en vista de la anterior pretensión en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva, mediante la cual en la parte resolutiva falló: 1) Declarando con Lugar la Demanda ordinaria de pago promovida por la Abogada DORIS SCARLETT FAJARDO COELLO, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de los señores JORGE ARMANDO ALVARADO MEDINA, CARLOS ROBERTO ALVARADO MEDINA, LUISA DOLORES ALVARADO MEDINA, también conocida como LUISA DOLORES ALVARADO DE COOK; y de REINA YOMILA ALVARADO MEDINA conocida también como REINA YOMILA ALVARADO DE AGUIRRE y de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES ALIANZA, S.A. DE C. V. Contra la Sociedad mercantil denominada SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de su Gerente Administrativo y representante legal señor JOSE ABRAHAM ALVARADO MEDINA; 2) Se condena a la Sociedad Mercantil SOCIEDAD CRISTIANA NUEVA VIDA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de su Gerente Administrativo y representante legal señor JOSE ABRAHAM ALVARADO MEDINA a pagar a los demandantes la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L 133,713.217.75); ...." (Ver folios del 60 al 62 de la primera pieza de autos) TERCERO: La abogada Paola Marcela Iraheta Morales, actuando en su condición de representante procesal de los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo garantía de Revisión en materia civil, contra la sentencia definitiva de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés, al considerar la recurrente, que la referida sentencia fue dictada en violación a los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República, y fundamentando dicha acción en el artículo 102 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CUARTO: Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) la Sala de lo Constitucional tuvo por admitida la garantía de Revisión anteriormente aludida, ordenando la inmediata remisión de los antecedentes del caso. (Folio núm. 128 de la garantía de Revisión) que, una vez recibidos los antecedentes, mediante auto de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, ordenó la celebración de la respectiva audiencia. (Folio núm. 160 de la garantía de Revisión).- En fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional, compareciendo la abogada Paola Marcela Iraheta Morales, en su condición de representante procesal de los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, la abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, representante procesal de los señores Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reina Yomila Alvarado Medina, e Inversiones Alianza, S.A. de C.V.; el abogado Omar Antonio Chávez Mejía, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida S. de R. L. de C. V.; y, la abogada Karla Patricia García Anta en su condición de Fiscal del Ministerio Público; ocasión en la que, cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder la referida garantía de Revisión, emitiendo su opinión la agente fiscal del Ministerio Público en que era procedente la revisión de la sentencia recurrida. (Ver folios del 169 al 175 de la pieza que contiene la garantía de Revisión). QUINTO: Que la revisionista Abogada Paola Maricela Iraheta Morales, expone sus argumentos con el objeto de acreditar la causal invocada y que se describe en el numeral anterior (maquinación fraudulenta), aduciendo que concurre en este caso dado que los beneficiados por la sentencia en revisión, fueron vencidos en otro juicio por sus representantes, ese primer proceso se inició un juicio de rendición de cuentas bajo el expediente 0501-2012­02133, dado que a sus patrocinados, nunca se les convocó a una asamblea ordinaria de socios, tampoco fueron llamados para compartir utilidades y pérdidas, por lo que solicitan otorgamiento de las ganancias como socios desde el período de 1994, juicio que se llevó a través del procedimiento abreviado; se citó a la Sociedad Cristiana Nueva vida, S de R.L; en el proceso se interpuso una nulidad, sin embargo después de incidente, se realizó la audiencia y los demandados no comparecieron a la misma, dejando precluir su derecho, y es la última audiencia de procedimiento abreviado manifestando que presentó medios probatorios de su alegación como la norma Procesal civil lo manda y es en ese momento donde el juez estima, después de los cinco días se otorgó la rendición de cuentas y se emite el fallo de condena, en noviembre de dos mil doce, para que la demandada rindiera lo pretendido por sus patrocinados, sin embargo no lo hicieron, dejan otra vez terminar su derecho, porque en todo el proceso tuvieron sus tiempos y nunca rindieron sus cuentas, a pesar de que el órgano judicial en ese momento les dio quince días para que ellos rindieran sus cuentas, como lo establece la norma procesal en derecho privado. SEXTO: En sus alegatos la recurrente expone en su resumen sobre el origen de la controversia y las actuaciones procesales realizadas a lo largo del proceso, exponiendo que la parte contraria presentó un amparo contra una decisión motivada por una sentencia de una garantía de amparo que ella interpuso a favor de sus representados, y que fue resuelto favorablemente; señala que en este momento surge la maquinación fraudulenta, causa que invoca para esta revisión. Manifiesta que mientras ella estaba dando seguimiento a la admisión del amparo, ellos estaban interponiendo otro proceso judicial, con el sentido de entorpecer la ejecución de lo resuelto en el primer proceso, más que acumularse de forma fraudulenta a su ejecución, explica que, al admitir el amparo sin suspensión, de nada le sirve querer ejecutar si la misma Corte dice que el A-quo debe abstenerse de dictar un fallo, la Revisionista sigue exponiendo en sus pretensiones, que la revisión debe estimarse porque nunca fueron llamados como parte procesal necesaria, el allanamiento violentó el interés de sus representados, se llevó a cabo en una audiencia que no fue firmada por las partes, entonces la audiencia nunca se celebró, como un juez no puede dictar sentencia cuando omite este tipo de disposiciones que manda la norma procesal civil, manifiesta que en el "expediente 195", al reverso folio núm. 159 no hay ninguna firma y sin embargo se emitió el fallo, existiendo una maquinación fraudulenta con el propósito de ellos acumularse a su sentencia y a su ejecución tal como lo hicieron. Señala que con la sentencia ellos obtuvieron un título en un juicio donde sus representados no fueron integrados, por lo que el juicio debe ser anulado. Invoca el artículo 485 del código Procesal Civil que manda, que tuvieron que ser llamados a juicio y no fueron llamados, en un juicio de ciento treinta tres millones se dictó a la "velocidad de un rayo", manifestando además que por todo ello se vieron en la necesidad de denunciar al abogado Nelson Omar chinchilla, agregando como medios probatorios el informe de Inspectoría donde dice que en efecto los argumentos planteados es procedente a derecho e incurrió en una falta, por lo que considera la causal número 4 del artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se cumple en el presente caso, precisando la revisión del expediente N° 195-2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia, y que otorgue la revisión civil por la causal señalada. SEPTIMO: La Abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, representante procesal de los ciudadanos Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reina Yomila Alvarado Medina y de Inversiones Alianza S.A. de C.V, manifestó: que su postura en la audiencia es de oposición a la revisión solicitada, en el sentido de que ella trata de hacer ver que sus representados que debieron haber sido llamados a integrar el juicio planteado por su representados en condición de socios de la sociedad Nueva Vida, de la misma forma que ellos en su momento hicieron uso del mismo derecho, el cual en el juicio de rendición de cuentas, plantearon tramitaron hasta su finalización, se les declaró con lugar al reclamo de utilidades con base a una rendición de cuentas presentada por ellos, el resto de las intimidades del juicio desconozco por ser ella parte del mismo, señala que la contraparte insiste en que debieron haber sido llamados a juicio de acuerdo al artículo 69 numeral 2 del Código Procesal Civil, que expresa la posibilidad al juez de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de un tercero, ya sea como demandante o como demandado, haciendo la pregunta: ¿En qué condición el juez de primera instancia pudo haber llamado a los clientes de la abogada actora de la presente garantía si ya a ellos se les había declarado el derecho en un juicio anterior, entonces en qué posición entrarían ellos. Como demandantes, demandando nuevamente un derecho ya adquirido, que precisamente estaba ya en ejecución, como demandados, como parte de la sociedad Vida Nueva, porque si bien es cierto ellos demandan una rendición de cuentas, están demandando a una Sociedad y no están demandando a sus socios, igual derecho tienen mis clientes de demandar el pago de utilidades que como bien dijo ella no le habían sido entregadas desde el tiempo que ella mencionó de 1994, mis clientes han hecho valer el mismo derecho que ellos tuvieron. Consideró que la Revisión presentada esta completamente fuera de lugar, pues no había una posición dentro del juicio con registro N° 195-2016, en la cual ellos pudiesen entrar como integrantes. En cuanto a la maquinación fraudulenta señala que lo único que se hizo fue presentar una demanda en la cual estaba pidiendo que se pagara a sus clientes las cantidades que aparecen en el avalúo contable que los mismos revisionistas presentaron en el su expediente 0501-2012­02133, que aparece a folio 309 en ese expediente se puede ver que ellos se hacen llamar avalúo contable. OCTAVO: El Abogado Omar Antonio Chávez García en su condición de representante procesal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida, S. de R.L. de C.V. manifestó: que en ambos procesos hizo uso de los recursos que la ley le provee, los procesos se substanciaron de acuerdo con las garantías que establece la Constitución de la República, dentro de ellos el principio del debido proceso, el principio de defensa, principio de igualdad, contradicción, en este caso corresponderá a la parte recurrente argumentar y probar la supuesta causa de revisión civil y que la parte afectada en esta garantía desvanezca ese motivo. NOVENO: La Abogada Karla Patricia García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en conocimiento del presente recurso extraordinario de revisión, emitió la siguiente opinión: Como se ha podido establecer de la revisión planteada, la afectación en la demanda presentada por el pago de utilización de utilidades, hay una aceptación condicional, hay un allanamiento parcial a esta demanda, derivada del amparo que está pendiente de fallo y condicionado también a la condena en costas, al revisar todo lo expuesto por las partes presentes, en relación al artículo 485 del Código Procesal, si se advierte que al existir un allanamiento parcial el juez tiene dos posibilidades, una recoger en autos todo lo que es el allanamiento y otra abrir el juicio contra aquellos que no han sido afectados por la parte demanda, pero sí cuestionamos esas disposiciones del artículo 485 con el artículo 82 de nuestra norma procesal, vemos que efectivamente hay un litisconsorcio, el juez puede citar de oficio o a instancia de parte los interesados, para que estos puedan contestar u oponerse a lo que es la demanda, entonces el juez tiene esa facultad a efecto de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, y el principio de legalidad máxime cuando estamos hablando de un juicio donde los ahora revisionistas fueron los primeros en presentar una demanda para el pago de utilidades, si bien es cierto hay una contestación de demanda del representante procesal de la Sociedad Vida Nueva, no podemos pretender de que hay una representación de los ahora revisionistas. Considerando que es procedente se proceda a revisar la sentencia, bajo los parámetros antes agotados en este dictamen. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Que la garantía de revisión se encuentra desarrollada en el artículo 186 de la Constitución de la República, teniendo como regla general que ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en los casos en materia civil y penal, que pueden pedirse bajo ciertas causas establecidas en la Ley, a petición de los afectados, de cualquier persona, de Ministerio Público o de oficio; dice la Constitución que toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en él, posee legitimación activa para solicitar la revisión de sentencias firmes en materia civil, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia. Esta garantía solo puede conocerla la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, aun cunado no se trata propiamente de un mecanismo exclusivo de justicia constitucional ya que en general lo consagran los ordenamientos procesales, el recurso de revisión puede identificarse como un medio extraordinario para la revisión ex post facto de sentencias definitivamente firmes en las cuales, por circunstancias sobrevenidas, pueda estimarse que en general, cuando se dictaron, vulneraron algunas de las garantías constitucionales del debido proceso. SEGUNDO: Que la recurrente interpone esta garantía, fundando su petición en lo preceptuado en el artículo 102 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dice: De la procedencia de la Acción. La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme pronunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en los casos siguientes: 1) ..., 2) ..., 3) ..., 4) Si la sentencia se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. TERCERO: Como se ha relacionado en el numeral primero de esta fundamentación la norma suprema del Estado reconoce la garantía de revisión civil en su artículo 186, en su último párrafo establece que la Ley reglamentará los casos y la forma de revisión, refiriéndose a la Ley Sobre Justicia Constitucional que en sus artículos 95 y 102 de la procedencia de dicha garantía, el artículo 104 de esa Ley, señala los efectos de la sentencias, al respecto la ley dispone claramente que si el órgano de justicia constitucional, estimaré procedente la revisión por haberlo comprobado, con arreglo a la ley, los hechos en que se funda, lo declarará así y anulará en todo o en parte la sentencia impugnada. Para interponer la garantía de revisión es necesario que se configuren ciertos elementos establecidos previamente en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como ser: 1) la garantía deberá enmarcarse en alguna de las cuatro situaciones que establece la Ley, siendo en este caso concentro la denuncia de la causal establecido en el numeral cuarto del artículo 102 que dice: si la sentencia firme se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta; 2) En cuanto a la Revisión de la garantía, solo podrá ser revisado si el órgano de justicia constitucional considera procedente la revisión, por tener elementos suficientes para tener por acreditado alguna de las causales legales referidas en el numeral anterior, por lo que la procedencia de la garantía está condicionada de acuerdo a la norma a la comprobación del hecho en que se funda, debiendo pronunciarse sobre la anulación en todo o en parte de la sentencia impugnada. El artículo 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, expresa que la sentencia cuando acepte la revisión, declarará si se debe o no seguirse nuevo juicio; cuando se siga el órgano de justicia constitucional debe determinar además el estado en que quedará el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al órgano jurisdiccional de que proceda; lo que ciertamente se ajusta a las decisiones del Juez Constitucional, en virtud que éste solo examina el quebrantamiento de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, respetando la operatividad de la garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, operatividad referida al cumplimiento de lo establecido, caso contrario resultaría en una decisión arbitraria, puesto que el órgano competente para decidir el fondo de la Litis, con arreglo a los principio de contradicción, dualidad de posiciones, disposición de partes, entre otros elementos procesales, sigue siendo el órgano jurisdicción que lleva la inmediación de la contienda entre todas las partes procesales, no siendo este Órgano. CUARTO: Que el fundamento de la garantía de revisión se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor los derechos y libertades fundamentales, reconocidas en la Constitución de la República, frente a un acto, que puede estar revestido de algunos elementos que den apariencia de legalidad, pero que quebrantan la seguridad jurídica, puesto que se han hecho en inobservancia de ciertos elementos constitucionales, es por ello que la Constitución de la República, prevé una garantía constitucional, de tal manera que dicha sentencia pueda ser revisada por el más Alto Tribunal del Estado, no contemplar lo anterior, deviene en una situación inadmisible en un Estado Constitucional de Derecho. En este sentido, la revisión plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales del ordenamiento jurídico, por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo y, en general, cualquier resolución judicial, en un momento determinado, sea irrevocable, y el principio de Justicia Constitucional, que en su sentido jurídico lo entendemos como el conjunto de leyes que garantizan que los órganos jurisdiccionales apliquen sin discriminaciones o privilegios las leyes igualmente para los habitantes de la República, como también que excepcionalmente se pueda hacer revisión de una sentencia firme, y con ello reconocer el derecho fundamental que le asiste al revisionista. QUINTO: Que en aquellos casos en que se produzca una contradicción entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que fuesen manifiestamente contrarias al orden constitucional, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitir la posibilidad de que se pueda revocar dicha sentencia, o, por el contrario, dar prioridad al principio de justicia y admitir, que, en ciertos casos, la cosa juzgada puede quedar sin efecto. El fundamento de la garantía de revisión, como antes queda dicho responde a ésta última opción, es decir, a la prevalencia de la justicia que, junto a la libertad, la cultura, el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen las bases en que descansa el Estado Constitucional de Derecho, esto al tenor de lo establecido por el artículo 1 de la Constitución de la República. SEXTO: Que la garantía de revisión, al margen o con independencia de que se le considere una garantía propiamente dicha o un procedimiento autónomo, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.

SEPTIMO: Que con respecto a la maquinación fraudulenta como motivo alegado por la impetrante, el criterio jurisprudencial se constata en revisión en materia civil cuando exista una sentencia firme de condena en materia penal en contra del servidor judicial que realizó la decisión en revisión por parte del juez constitucional; pero también se debe analizar para su otorgamiento de la revisión, que excepcionalmente se observe que se ha conseguido una sentencia favorable a través de una conducta maliciosa mediante argucias, artificios, dirigidos intencionalmente a falsear ilegítimamente el resultado de un proceso; está representada por una concreta actuación maliciosa, que supone aprovechamiento astuto y deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios directos e inmediatos que ocasionaron grave irregularidad procesal, instaurando situación de indefensión. OCTAVO: Se han señalado como antecedentes las revisiones contenidas en los expedientes SCO-504-2014 y SCO-0997-2014 en el cual el criterio que la Sala de lo Constitucional ha tenido respecto del numeral cuatro del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es el motivo alegado también en este caso, que el mismo se configura cuando se dan estos tres tipos de conductas ilícitas: el cohecho, la violencia y la maquinación fraudulenta. Tales conductas, para que la revisión prospere, han de haber tenido una influencia decisiva y causal en la sentencia que se pretende revisar. En la causa de mérito no se ha demostrado la existencia o la concurrencia de los anteriores conceptos, la inexistencia de la figura del cohecho ni el de violencia misma que ha de entenderse el empleo tanto de la fuerza física como de la intimidación, ya sea sobre las personas que integran el órgano jurisdiccional, ya sobre alguna de las partes del proceso, ya sobre quienes asuman su defensa o representación procesal, con objeto de obtener una sentencia que beneficie a la parte en cuyo provecho se ejerció. En lo que atañe a los elementos del motivo de maquinación fraudulenta, es necesario evidenciar los siguientes: a) Ha de consistir en una conducta maliciosa tendente a conseguir mediante argucias, artificios o ardides una ventaja o lesión frente a la contraria. b) Ha de existir un nexo causal y directo entre esta conducta y la sentencia firme y favorable para la parte que utilizó ese proceder. c) Se ha de deducir de hechos ajenos al pleito y ocurridos fuera del mismo, no de los planteados y discutidos en él. d) El hecho constitutivo de la maquinación y su eficacia causal en el resultado del pleito han de ser acreditados con toda precisión por la parte que insta la revisión e) A pesar de que las argucias suponen una irregularidad y generan una situación de indefensión, no pueden identificarse, sin más, con el quebrantamiento de las formas del juicio, ya que éste se produce mediante la actuación procesal desarrollada dentro del proceso mismo y, por lo tanto, el medio adecuado para su reparación es el que proporciona el sistema de recursos. Los vicios procesales no tienen necesariamente el carácter de maquinación, pero sí cabría englobar en tal concepto jurídico las irregularidades procedimentales que las partes interesadas provoquen, conozcan y consientan y que además se aprovechen decididamente de las mismas para favorecer su postura en el pleito, que así resulta más ventajosa, circunstancia que tampoco fue acreditado en las presentes diligencias. NOVENO: La mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional respecto al motivo invocado por el revisionista, verifica las siguientes observaciones derivada del despliegue probatorio evacuado: 1) Que la contraparte de la Revisionista desde el dos (02) agosto del año dos mil doce presentaron una demanda de Rendición de cuentas, del manejo Administrativo dinerario contra la Sociedad Vida Nueva S. de R.L. de C.V.; 2) De acuerdo a la probanza consistente en avalúos, dictámenes pericias, es que finalmente se dictó sentencia favorable a los peticionarios, los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, misma que adquirió su carácter de firme, por lo que inició su ejecución; 3) La parte demandada, después de haberse opuesto férreamente durante el proceso, a lo peticionado por los ciudadanos Alvarado Mejía, una vez firme la sentencia, y en proceso de ejecución, realiza las siguientes acciones: la abogada Doris Scarlett Fajardo Coello, interpone Demanda para el pago a los siguientes socios: Jorge Armando Alvarado Medina, Carlos Roberto Alvarado Medina, Luisa Dolores Alvarado Medina, Reina Yomila Alvarado y de la sociedad Inversiones Alianza, S.A. de C.V., de liquidación de utilidades declaradas en proceso de rendición de cuentas, a substanciarse por la vía del proceso declarativo ordinario, para tal efecto hace uso de la sentencia favorable dictada a favor de los ciudadanos Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía; mientras ejerció sus derechos de defensa contra la petición los socios Alvarado Mejía, contra la firmeza de la sentencia y la ejecución de la misma; se omite en todo momento el conocimiento de la demanda declarativa vía proceso ordinario a los ciudadanos Alvarado Mejía, sin apreciar que a ellos concierne todo lo relacionado con la sociedad mercantil, puesto que aunque, la misma tenga su propio sistema interno de funcionamiento, se evidencia un trato desigual por parte de la representación legal de esa empresa, de la que nunca obtuvieron utilidades, pese a que los demandados realizaron actividades empresariales en su momento, (de acuerdo a la sentencia con carácter de firme dictada a su favor), situación que originó la controversia inicial. DECIMO: Es menester mencionar en la presente resolución que la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-1184-2015 se sobreseyó, misma referente a la reclamación que presentó en su oportunidad el señor Carlos Humberto Medrano Irías a favor de la Sociedad Vida Nueva, contra las decisiones judiciales que instaban la ejecución de la sentencia dada a favor de los ciudadanos Alvarado Mejía, a criterio de la Sala de lo Constitucional por no existir una vulneración a los derechos constitucionales. DECIMO PRIMERO: Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia una vez analizadas las presentes diligencias, adoptan como válidos y hacen suyos los criterios esbozados por la Mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo que de acuerdo a los razonamientos tanto fácticos como normativos anteriormente desarrollados estiman que la garantía instada por Ana Luisa Alvarado Mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, debe de ser declarada sin lugar. - POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos de sus miembros siendo disidentes los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez y Edgardo Cáceres Castellanos, en aplicación de los artículos 1, 59, 63, 64, 80, 82, 90, 103, 186, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos humanos; artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 91 95, 102, 104 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la revisión de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, de veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016). SEGUNDO: En vista de que la presente resolución es irrecurrible se declara firme la sentencia mencionada en el numeral anterior. - TERCERO: Sin costas por considerar que el recurrente tuvo motivos racionales para litigar.- CUARTO: Que, con la certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de su procedencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. Sello y Firmas. ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, Magistrado. EDGARDO CACERES CASTELLANOS, Magistrado. WILFREDO MENDEZ ROMERO. Magistrado. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, Magistrada. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, Magistrada. GARIN ENOC URQUIA CASTRO, Magistrado Integrante. ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA, Magistrada Integrante. YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, Magistrado Integrante. CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante. ROXANA LICETH MORALES TORO, Magistrado Integrante. LISSIEN GICELA CHUIZ LAITANO, Magistrado Integrante. DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, Magistrada Integrante. Firma y sello. REINA MARIA LÓPEZ CRUZ, Secretaria General.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Civil registrado en este Tribunal bajo el número SCO-873-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL