Sentencia RC-756-17 — Registro 17426
Resumen
Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida declaró sin lugar demanda ordinaria para la devolución o restitución de cantidades de dinero y pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios promovida por recurrente contra la señora Ivin Rosibel Leiva Rivera; La Sala consideró que los argumentos de recurrente en cuanto a que recobró documento decisivo, detenido por fuerza mayor son aspectos no acreditados en el recurso de mérito que pudieran dar lugar a la causal tasada fundamentada en el artículo 102.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que procede declarar NO HA LUGAR la presente garantía constitucional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la causal de anulación de la sentencia condenatoria firme invocada por el revisionista, es la contenida en el artículo 102 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la cual no muestra congruencia con lo alegado y probado en sede de recurso, por parte revisionista; en primer lugar, porque la sentencia definitiva que se revisa y que tiene indubitada condición de firmeza, reúne en sí todas las condiciones para su validez, eficacia y legitimidad; fundándose así, de manera congruente y en el plano formal, la irrevocabilidad jurídica del mandato.[3]..."...."en cuanto a las valoraciones sustanciales que amerita la presente revisión civil, estas se reconducirían a un alegato jurídico procesal del revisionista sobre el valor probatorio que el mismo concedería, peculiar y subjetivamente, a la eventual adición de un documento privado al acerbo probatorio conocido, deliberado y resuelto en su oportunidad por el Juez de Instancia. Sin embargo, se considera por esta Sala, que el Juzgador fue claro y preciso al referenciar al documento controvertido - según lo refiere expresamente el dictamen fiscal –; como consistente con la elaboración de un documento unilateral, por parte interesada, con el objeto de acreditar la existencia de un nexo societario entre parte demandante y demandada; lo cual no es necesariamente compatible con la consideración legal de recobro de documento decisivo, detenido por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado; aspectos no acreditados categóricamente en la interposición del recurso, pues se alegan como supuestos posibles, dados a la inferencia lógica del Juzgador; más no de hechos considerados probados que pudieran dar lugar a la causal tasada del recurso que invoca el revisionista, con fundamento en el artículo 102 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual procede dictar sentencia declarando NO HA LUGAR la presente garantía constitucional de revisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 102, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por los Abogados FREDY OMAR MADRID y CLAUDIA AMALIA MARQUEZ OCHOA a favor del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, que declaró SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para la devolución o restitución de cantidades de dinero y pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, interponiendo Demanda Ordinaria para la restitución de cantidades de dinero, pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA. (Folios 02 al 114 del expediente de la Demanda) 2) Que en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, el citado Juzgado procedió a emitir su sentencia en la solicitud relacionada en el numeral anterior y en la cual: “FALLA: PRIMERO DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria para que se condenando al pago o restitución de QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS ($ 500,000.000) o su equivalente en moneda nacional mas el interés legal dejado de percibir, así como condena al pagó de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS ($185,652.60)o sea TRES MILLONES QUINIENTOS TREITA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS ( L.3,534,825.50) más los pagado mensualmente hasta la fecha de la sentencia en concepto de daños y perjuicios presentada por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: CON COSTAS por no haber tenido motivos suficientes para litigar…”(Folios 722 al 727 del expediente de la Demanda) 3) Que los Abogados FREDY OMAR MADRID y CLAUDIA AMALIA MARQUEZ OCHOA, actuando en su condición de apoderados legales del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha nueve de octubre del año dos mil diecisiete, interponiendo Recurso de Revisión Civil, contra la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Estimando los recurrentes que se ha acreditado la procedencia de la acción, conforme lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 95 y 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01 al 08 de la pieza del Recurso de Revisión) 4) Que en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, ésta Sala tuvo por admitido el recurso de revisión de mérito, ordenando la inmediata remisión de los antecedentes del caso. (Folio 63 del recurso de revisión) 5) Que, una vez recibidos los antecedentes, mediante auto de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, ordenó la celebración de la respectiva audiencia. (Folio 68 de la pieza del recurso de revisión) 6) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de esta Sala Constitucional, compareciendo los Abogados FREDY OMAR MADRID y CLAUDIA AMALIA MARQUEZ OCHOA, en su condición de Apoderados Legales del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO; el Abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, apoderado legal de la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA, y; la Abogada SUSSY GUADALUPE COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; ocasión en la que, cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; emitiendo su opinión la Fiscal del Ministerio Público en la que SE OPONE a la revisión de la sentencia recurrida; y que se denegare la presente acción de Revisión, en virtud de dos (2) consideraciones jurídicas: a) Que no se ha demostrado la ocurrencia de un hecho nuevo y diferente que evidencia la condición de decisivo para la causa que se pretende revisar. b) Que, de igual manera, no se encuentra acreditada por la parte impetrante la causal invocada, en vista a que el documento consistente en carta suscrita en fecha dieciséis (16) de agosto del año 2002 por el señor CARLOS NAVARRO, carece de la fuerza probatoria para cambiar el fallo desfavorable en la sentencia que se pretende revisar; ya que consiste en un documento unilateral, creado por la parte interesada en acreditar la existencia de dicha sociedad; la cual no reviste las formalidades que previene la ley para considerarla como un documento constitutivo de sociedad, tal como ha motivado el juzgador en su fallo. (Folios 98 al 101 del recurso de revisión) CONSIDERANDO (1): Que el recurrente funda su petición, en lo preceptuado en el artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que refiere a la letra: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme pronunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en los casos siguientes: 1) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado 2)….3)…4)….” CONSIDERANDO (2): Que la sentencia contra la cual se interpone recurso de Revisión en materia civil es la dictada por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, que declaró sin lugar la DEMANDA ORDINARIA PARA LA DEVOLUCIÓN DE RESTITUCIÓN DE CANTIDADES DE DINERO Y PAGO DE INTERESES LEGALES DEJADOS DE PERCIBIR E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO, contra la señora IVIN ROSIBEL LEIVA RIVERA; exponiendo, inter alia, los Abogados recurrentes, en el marco de la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas celebrada en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que ratificaban en todo su contenido y contexto el recurso de revisión; manifestando, mientras tanto, la parte recurrida, que su fundamento acorde a derecho es que; si se está hablando de una sociedad mercantil extranjera, debe ser una sociedad que cumpla con los requisitos para funcionar legalmente en la nación, teniendo los requisitos de validación consular debidamente apostillados y que puedan hacer prueba en juicio. CONSIDERANDO (3): Que, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, a que se ha hecho anterior e inmediata referencia, fue el momento procesal en que la Representante del Ministerio Público expresó su opinión porque se denegare la presente acción de Revisión, en virtud de no encontrarse acreditada la causal de revisión invocada por los impetrantes, acorde a las precisiones que se resumen en el Antecedente 6) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, en síntesis, solicitan los recurrentes que sea revisada la sentencia judicial a la cual se ha hecho anterior referencia, por haberse recobrado con posterioridad al dictado de la sentencia que se revisa, confirmada en apelaciones y cuya casación fuere desestimada en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), un documento decisivo para resolver la causa;[1] el cual, señala, fue ocultado en sede judicial sin ninguna excusa, dando lugar al dictado de una sentencia injusta en perjuicio de su representación procesal. Considera el revisionista, en el preámbulo de su acción, que el obstáculo impeditivo a la adición probatoria de dicho documento decisivo al examen judicial de la causa, fue por fuerza mayor ajena a la voluntad de la parte actora, probable ocultamiento avieso por la parte demandada y posible colusión de quien debía custodiarlo. Como antecedente relevante de la causa, señala que el Juzgado desestimó la acción restitutiva por falta del documento que diera sustento legal o probatorio a la existencia del hecho material o el acto jurídico de que los valores que aceptó la demandada haber recibido (Porque los montos no fueron objeto de contienda), fueron o no producto de una sociedad; extremo que resulta patente de la lectura de los hechos probados y motivación jurídica contenida en las sentencias de primera y segunda instancia relacionadas, los cuales relaciona en su escrito el revisionista. Solicitando, por ende, se admita el presente recurso en el motivo señalado, y que, como consecuencia inmediata; se dicte nueva sentencia por parte de este alto Tribunal, en la cual se decrete HA LUGAR la demanda ordinaria para la devolución o restitución de cantidades de dinero y pago de intereses legales dejados de percibir e indemnización de daños y perjuicios; enmendando de tal manera, la arbitrariedad jurídica a que se ha hecho relación. CONSIDERANDO (5): Que el fundamento del recurso de revisión se encuentra, genéricamente, en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica en situaciones provocadas por sentencias írritas a la justicia material, en caso concreto. En el límite, tal incompatibilidad debe resolverse a favor de la justicia, en el marco del Estado de Derecho; a través del enjuiciamiento de supuestos excepcionales de revisión, taxativamente establecidos en el Ordenamiento. CONSIDERANDO (6): Que en tal sentido, la revisión como garantía constitucional hondureña se plantea el problema de articular dos (2) supuestos fundamentales para la integridad del ordenamiento jurídico: por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo pueda llegar a considerarse como definitiva e irrevocable; y, por otro lado, la necesidad principialista que tal principio ceda, en caso excepcionalmente tasado, haciendo lugar a una sustancial aproximación al principio de Justicia.[2] CONSIDERANDO (7): Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que resultasen evidenciadas como ostensiblemente injustas o espurias, por no encontrarse acordadas en su formación a lo que establece el Derecho; se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitirse posibilidad alguna de revocación de dicha sentencia; o si bien, por el contrario, cabe otorgarle prioridad al principio de justicia reconociendo que, en ciertos casos, la cosa juzgada podría quedar sin lugar ni efecto, sobre bases legítimas y racionales, argumentadas en caso concreto. CONSIDERANDO (8): Que el fundamento del recurso de revisión responde, como queda dicho, a conferirle prioridad a ésta última opción, es decir, a la prevalencia del principio de Justicia, en aquellos casos tasados de procedibilidad legal a la garantía de revisión; lo cual, en conjunto a la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituye objetivo fundamental del Estado de Derecho, según establece el artículo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que la Revisión Civil en sentencias firmes dictadas en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, al margen o con independencia de que se le considere un recurso propiamente dicho o una acción autónoma, reviste siempre los siguientes caracteres en su configuración jurídica: a) Extraordinario, porque responde a una finalidad especial y concreta, por completo excluyente de las competencias conferidas por ley a la jurisdicción ordinaria; como es el de rescindir o anular sentencias firmes, pasadas en autoridad de cosa juzgada; por considerárseles por injustas y no concordantes a derecho positivo vigente; razón por la cual cabe admitirlo únicamente en aquellos supuestos previa y especialmente prevenidos por el legislador en el artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; mientras que, b) El carácter de Excepcional derivaría de constituir una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y, por ende; constituir fundada excepción al principio de seguridad jurídica, el cual tiene una de sus más importantes basas en la firmeza e inamovilidad de la cosa juzgada. CONSIDERANDO (10): Que, en tal sentido, es claro el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL Y CIVIL”; al disponer: “Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona del Ministerio Público o de oficio. Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis (6) meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia. La acción de revisión, se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. CONSIDERANDO (11): Que la causal de anulación de la sentencia condenatoria firme invocada por el revisionista, es la contenida en el artículo 102 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la cual no muestra congruencia con lo alegado y probado en sede de recurso, por parte revisionista; en primer lugar, porque la sentencia definitiva que se revisa y que tiene indubitada condición de firmeza, reúne en sí todas las condiciones para su validez, eficacia y legitimidad; fundándose así, de manera congruente y en el plano formal, la irrevocabilidad jurídica del mandato.[3] CONSIDERANDO (12): Que, en cuanto a las valoraciones sustanciales que amerita la presente revisión civil, estas se reconducirían a un alegato jurídico procesal del revisionista sobre el valor probatorio que el mismo concedería, peculiar y subjetivamente, a la eventual adición de un documento privado al acerbo probatorio conocido, deliberado y resuelto en su oportunidad por el Juez de Instancia. Sin embargo, se considera por esta Sala, que el Juzgador fue claro y preciso al referenciar al documento controvertido - según lo refiere expresamente el dictamen fiscal –; como consistente con la elaboración de un documento unilateral, por parte interesada, con el objeto de acreditar la existencia de un nexo societario entre parte demandante y demandada; lo cual no es necesariamente compatible con la consideración legal de recobro de documento decisivo, detenido por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado; aspectos no acreditados categóricamente en la interposición del recurso, pues se alegan como supuestos posibles, dados a la inferencia lógica del Juzgador; más no de hechos considerados probados que pudieran dar lugar a la causal tasada del recurso que invoca el revisionista, con fundamento en el artículo 102 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual procede dictar sentencia declarando NO HA LUGAR la presente garantía constitucional de revisión. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actuando como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República y oído que fue el parecer del pretensor y la opinión vertida por la Fiscalía del Ministerio Público, POR unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 3 numeral 4), 95 y 102 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) Declarando NO HA LUGAR el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por los Abogados FREDY OMAR MADRID y CLAUDIA AMALIA MARQUEZ OCHOA a favor del señor CARLOS FRANCISCO NAVARRO contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, y; II) RATIFICANDO la firmeza de la sentencia revisada, en todas y cada una de sus partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Civil bajo el número SCO-756-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Se refiere al documento contenido en el Expediente Original de Guarda y Custodia numeral 92-05 y registrado bajo el número 19311, Localización: 6538, Registro: 223, 317, Ubicación: 137 y Folio: 71. (Ver: Considerando Quinto del Motivo del presente Recurso Extraordinario de Revisión, según refiere a folio 5 frente, del expediente de la Sala).
[2] Ver: BONORINO, P. Objetividad y verdad en el derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. Pág. 41.
[3] Ver: CALAMANDREI, P. Derecho Procesal Civil. México: Oxford University Press S.A. de C.V., 1999. Pág. 271.