Sentencia EP-896-21 — Registro 14168
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal de los señores actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; exponiendo el peticionario que: “…dicha autoridad es la responsable de las medidas de seguridad a favor del agraviado, la cuales, no las están cumpliendo y se desconoce cuál es la situación de la integridad física de los recurrentes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que, del Informe rendido en el presente Recurso de Exhibición Personal procedió el Juez Ejecutor, Abogado ENRIQUE FLORES, Defensor Público de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a emitir las conclusiones e informe que le fuera requerido, el cual obra literalmente consignado en el Antecedente numeral 3); concluyendo en la no viabilidad de otorgamiento del presente recurso, por no resultar proporcional, necesario, ni adecuado al caso de protección de derechos humanos impetrado.-CONSIDERANDO (8): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles.[2] -CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos privados de libertad; o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad legalmente impuesta; lo cual no se refleja en los hallazgos del señor Juez Ejecutor, en cumplimentación de la presente garantía constitucional.-CONSIDERANDO (10): Que la libertad personal es inviolable, pudiendo ser restringida únicamente conforme a Ley. Consta del informe rendido por el Juez Ejecutor, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la garantía de habeas corpus; no encontrándose sujetos los beneficiarios del presente recurso a detención, prisión o privación de la libertad de cualquier género, dictada por juez o tribunal regular; resultando del caso aprobar el Informe por la Sala, en su parte resolutiva formal y en cuanto a todos sus considerandos motivacionales y fundamentos jurídicos, en pertinente aplicación del artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-; por todo lo cual, procede la desestimación de la presente garantía de Hábeas Corpus, por parte de la Sala de lo Constitucional.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre del dos veintiuno.-VISTO: Para dictar Sentencia los Recursos de Exhibición Personal interpuestos por el Abogado LUIS MORENO a favor de los señores JUAN CARLOS LAGOS LOVO, EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, GUILLERMO URBINA URBINA, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; exponiendo el peticionario que: “…dicha autoridad es la responsable de las medidas de seguridad a favor del agraviado, la cuales, no las están cumpliendo y se desconoce cuál es la situación de la integridad física de los señores JUAN CARLOS LAGOS LOVO, EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, GUILLERMO URBINA URBINA, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL, JULIO CESAR CUEVAS LINARES…”, respectivamente.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Abogado LUIS MORENO, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JUAN CARLOS LAGOS LOVO, EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, GUILLERMO URBINA URBINA, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Exhibición Personal, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, “… dicha autoridad es la responsable de las medidas de seguridad a favor del agraviado, la cuales, no las están cumpliendo y se desconoce cuál es la situación de la integridad física de los señores antes mencionados.”-2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al Abogado ENRIQUE FLORES, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 17 del presente Recurso).-3) Que el abogado ENRIQUE FLORES, en su condición de Juez Ejecutor y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a dicho cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos: “SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INFORME FINAL DEL EJECUTOR El Infrascrito Juez Ejecutor, a la Sala de lo Constitucional, a los 1 día del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) en cumplimiento al nombramiento recibido por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en la cual se me nombra como Juez Ejecutor en el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, con su respectiva comunicación de ampliación del habeas recibido por este juez ejecutor en fecha 22 de octubre de 2021, sobre el recurso interpuesto por el abogado LUIS MORENO en representación de las personas 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO, 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, 6) GUILLERMO URBINA URBINA, 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), según consta en el sello plasmado en el escrito de interposición del presente recurso, tengo a bien informar lo siguiente, entregando el presente informe: ANTECEDENTES PRIMERO: Que en fecha 27 de septiembre del 2021 la Sala Constitucional, emitió comunicación para este ejecutor, con motivo de ampliar la resolución del habeas corpus en mención, recibido en fecha 22 de octubre de 2021, bajo las disposiciones siguientes: “instruir al mencionado juez ejecutor, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, en el sentido de proceder, a requerir a la autoridad denunciada como a entrevistar a los beneficiarios de esta acción, así como cuanta diligencia estime necesaria que correspondan…”. Razón por la cual el suscrito emitió un requerimiento a la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, solicitando 1) Rinda informe de la situación Jurídica y/o legal de los señores: 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO, 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, 6) GUILLERMO URBINA URBINA, 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES en relación con la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad -2) Rinda informe sobre la situación de las medidas de Seguridad solicitadas por los agraviados en mención. 3) Informe si se ha realizado alguna diligencia y de qué tipo para garantizar el cumplimiento de dichas medidas y si reportan alguna novedad en relación a las mismas. 4) Rinda informe sobre la ubicación física de los agraviados y si alguno se encuentra en las instalaciones de dicha institución sea puesto inmediatamente a la vista y orden del juez ejecutor. 5) Informe los datos personales de cada uno de los agraviados donde debe constar número de teléfono, dirección domiciliaria u otro importante para su ubicación. El requerimiento fue recibido por dicha institución en fecha 26 de octubre del 2021. SEGUNDO: En respuesta a lo solicitado por el suscrito ejecutor, recibí informe en fecha 28 de octubre del 2021, donde la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, el que contiene los oficios DGPN No. 7334-2021 en relación al DGPN-DNPSE- No. 1093-2021, individualiza la situación de los agraviados en cuanto a lo requerido por el ejecutor en los numerales 2 y 3, en relación a las medidas de seguridad solicitadas en dicho despacho, de la forma siguiente: JUAN CARLOS LAGOS LOVO: No existe registro alguno en los archivos de esta Dirección del caso de señor Lagos Lovo. EDINSON ELAM BONILLA MERCADO: No existe registro alguno en los archivos de esta Dirección del caso de señor Bonilla Mercado. GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO: No existe registro alguno en los archivos de esta Dirección del caso de señor Alemán Romero. EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA: En fecha 11 de diciembre del 2018 esta Dirección recibió OFICIO-SEDS-DDHH-2094-2018 por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, mediante el cual se solicita se realice análisis de riesgo al ciudadano antes en mención, posteriormente en fecha 18 de diciembre de 2019 el comité de análisis de riesgo COAR de esta Dirección se reunió para tratar el caso en materia de protección, sin embargo, en el análisis de riesgo no se identificaron datos suficientes o pruebas fehacientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que constituyan como amenazas de causar daño al señor, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA dando como resultado la ponderación de nivel de riesgo en ORDINARIO, según lo establece el Decreto 323-2013 en su artículo segundo (2), literal e, indicando que dicho nivel de riesgo proviene de manera espontánea tanto de factores internos y externos a la persona humana y su derivación surge a partir de la convivencia en sociedad y no requiere intervención especial del estado con medidas de protección. En tal sentido, El día 24 de diciembre del 2019 se procedió a notificar en legal y debida forma al ciudadano, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA con número de identidad 0703-1985-05541, la decisión del COAR mediante RESOLUCIÓN 041-2019. ELMER ORLANDO MENDOZA HERNÁNDEZ: En fecha 11 de diciembre del 2018 esta Dirección recibió OFICIO-SEDS-DDHH-2094-2018 por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, mediante el cual se solicita se realice análisis de riesgo al ciudadano antes en mención, posteriormente en fecha 3 marzo de 2020 el comité de análisis de riesgo COAR de esta |Dirección se reunió para tratar el caso en materia de protección, sin embargo, en el análisis de riesgo no se identificaron datos suficientes o pruebas fehacientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que constituyan como amenazas de causar daño al señor ELMER ORLANDO MENDOZA HERNÁNDEZ, dando como resultado la ponderación de nivel de riesgo en ORDINARIO, según lo establece el Decreto 323-2013 en su artículo segundo (2), literal e, indicando que dicho nivel de riesgo proviene de manera espontánea tanto de factores internos y externos a la persona humana y su derivación surge a partir de la convivencia en sociedad y no requiere intervención especial del estado con medidas de protección. Así mismo, El día 20 de marzo del 2020 se procedió a notificar en legal y debida forma al ciudadano, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ la decisión del COAR mediante RESOLUCIÓN 05-2020. GUILLERMO URBINA URBINA: En fecha 11 de diciembre del 2018 esta Dirección recibió OFICIO-SEDS-DDHH-2094-2018 por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad, mediante el cual se solicita se realice análisis de riesgo al ciudadano antes en mención, posteriormente en fecha 4 de julio de 2019 el comité de análisis de riesgo COAR de esta Dirección se reunió para tratar el caso en materia de protección, sin embargo, en el análisis de riesgo no se identificaron datos suficientes o pruebas fehacientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que constituyan como amenazas de causar daño al señor, GUILLERMO URBINA URBINA, dando como resultado la ponderación de nivel de riesgo en ORDINARIO, según lo establece el Decreto 323-2013 en su artículo segundo (2), literal e, indicando que dicho nivel de riesgo proviene de manera espontánea tanto de factores internos y externos a la persona humana y su derivación surge a partir de la convivencia en sociedad y no requiere intervención especial del estado con medidas de protección. Es importante hacer mención que el ciudadano antes en mención no fue notificado a razón que no se logró a ubicar en su lugar de domicilio declarado mediante la entrevista que se realizó en la Residencial Villa Oriente, de Tegucigalpa Francisco Morazán. IVAN EDGARDO RODRÍGUEZ TERUEL: No existe registro alguno en los archivos de esta Dirección del caso del señor Rodríguez Teruel. JULIO CESAR CUEVA LINARES: En fecha 17 de diciembre del 2018 esta Dirección recibió OFICIO-SEDS-DDHH-2154-2018 por parte del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, mediante el cual se solicita se realice análisis de riesgo al ciudadano antes en mención, posteriormente en fecha 05 de febrero de 2020 el comité de análisis de riesgo COAR de esta Dirección se reunió para tratar el caso en materia de protección, sin embargo, en el análisis de riesgo no se identificaron datos suficientes o pruebas fehacientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que constituyan como amenazas de causar daño al señor, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, dando como resultado la ponderación de nivel de riesgo en ORDINARIO, según lo establece el Decreto 323-2013 en su artículo segundo (2), literal e, indicando que dicho nivel de riesgo proviene de manera espontánea tanto de factores internos y externos a la persona humana y su derivación surge a partir de la convivencia en sociedad y no requiere intervención especial del estado con medidas de protección. TERCERO: La Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, en respuesta al numeral 1) Informe de la situación Jurídica y/o legal de los señores agraviados, adjunto los Oficios DGPN (DRH-D. L) No. 0542-2021 y Oficio DGPN-DNPSE-No.1093-2021 y los respectivos acuerdos de cancelación de los señores 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO (notificado de la cancelación el 21 de noviembre 2016), 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO (notificado de la cancelación el 14 octubre 2020), 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO (notificado de la cancelación el 25 de octubre 2016), 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA (notificado de la cancelación el 2 de junio 2016), 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ (notificado de la cancelación el 2 de junio 2017), 6) GUILLERMO URBINA URBINA (notificado de la cancelación el 21 junio 2016), 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL (notificado de la cancelación el 23 de febrero 2021) y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES (notificado de la cancelación el 24 de abril 2018). Como resultado del informe con los respectivos documentos a la vista, el suscrito puede determinar que los supuestos agraviados ya no tienen un vínculo legal con la institución requerida. CUARTO: La Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, en respuesta al numeral 4) Rinda informe sobre la ubicación física de los agraviados y si alguno se encuentra en las instalaciones de dicha institución sea puesto inmediatamente a la vista y orden del juez ejecutor. 5) Informe los datos personales de cada uno de los agraviados donde debe constar número de teléfono, dirección domiciliaria u otro importante para su ubicación. Manifestaron desconocer la información personal y datos generales de domicilio de los ex miembros de dicha institución los señores 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO, 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, 6) GUILLERMO URBINA URBINA, 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES. QUINTO: Que la acción de habeas corpus interpuesta por el abogado Luis Moreno de que “L a secretaria de Estado en el despacho de seguridad es la responsable de las medidas de seguridad a favor de el (ellos) las cuales no está cumpliendo”, el suscrito teniendo a la vista la documentación soporte y adjunta a la presente resolución llega a concluir que los señores 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO, 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO nunca llegaron a solicitar dichas medidas por tanto no se puede determinar una obligación para la ejecución de las mismas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. En cuanto a los señores 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, 6) GUILLERMO URBINA URBINA, 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES. Según los oficios anexos y basados en el análisis no se identificaron datos suficientes o pruebas fehacientes que permitan evidenciar, deducir o identificar en el caso en concreto la presencia de situaciones de peligro real que constituyan como amenazas de causar daño, por tanto, nunca gozaron de las medidas que reclamaba el abogado de los agraviados mediante el recurso. Llegando a la conclusión de que los agraviados nunca estuvieron en situación de riesgo, ni privados de libertad ni legal ni ilegalmente, de modo alguno que los haga menester de la protección de la garantía de habeas corpus. Por tanto es necesario recapitular la Procedibilidad material del Recurso: Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición personal de acuerdo con el acápite anterior y lo que establece el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional procede cuando se cumple cualquiera de los dos presupuestos siguientes: 1) Cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y 2) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-También el Articulo 15 del referido cuerpo legal establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 24 establece las privaciones de la libertad que se consideran ilegales o arbitrarias, y son las siguientes: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. SEGUNDO: Procedibilidad formal del Recurso: Que se puede desprender de la interposición del recurso, que la petición del quejoso refiere al incumplimiento por parte de la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, en cuanto a las medidas de seguridad dictadas por dicha institución a favor de los agraviados. No encontrándose bajo los supuestos materiales que exige la norma constitucional para la interposición del recurso. Ya que los mismos, a priori, no se encuentran detenidos ilegalmente, ni en detención legal bajo los supuestos establecidos en el hecho primero. Del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras en su párr. 63. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana sobre derechos humanos, remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2. 64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Es así que el recurso de habeas corpus, en el caso particular, no cumple los requisitos de viabilidad, adecuación e idoneidad, para dar solución al problema en concreto CONSIDERACIONES DEL CASO, OBSERVACIONES Y RESOLUCION PRIMERO: Que según lo establecido en La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha quince (15) de Mayo del año dos mil quince (2015). DE LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN artículo 34.- Del rol del departamento de derechos humanos de la secretaría de estado en el despacho de seguridad.- En los casos que las medidas de protección decretadas deban en todo o en parte ser implementadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su Departamento de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección. Correspondiendo a este ultimo la supervisión de las medidas. SEGUNDO: No puede pasar desapercibido para el juez ejecutor que bien este recurso no es el pertinente para verificar los extremos en el planteado, es necesario tomar medidas por parte de los órganos competentes, en razón de salvaguardar y prevenir cualquier situación en la que un servidor público que trabaje en sector justicia puede verse expuesto a peligros que atenten contra su integridad corporal. En ese sentido Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 2832 párr. 139. La obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. En ese mismo sentido el parr.141. Esta Corte también ha señalado que, además de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, del artículo 1.1. de la Convención derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En esta línea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. TERCERO: Sobre la no pertinencia del recurso en el presente caso, Corte Interamericana ha manifestado en: Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8120. Así mismo, el hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. La Corte Interamericana ha sostenido en su Opinión Consultiva OC-9/87 que, para que un recurso sea efectivo “se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama. POR TANTO: El Suscrito Juez Ejecutor nombrado por la Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Extorsión de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los Artículos 69, 87 y 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 13, 24, 26, 37, 33, 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, DECLARA NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal interpuesta por los señores: 1) JUAN CARLOS LAGOS LOVO, 2) EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, 3) GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, 4) EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, 5) ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, 6) GUILLERMO URBINA URBINA, 7) IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y 8) JULIO CESAR CUEVAS LINARES a través de su abogado LUIS MORENO en fecha en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), solicitando el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de la Secretaria de Estado en los despachos de Seguridad, para deducir las responsabilidades pertinentes. Es importante recalcar que garantizar el acceso a la justicia es un derecho fundamental en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, en el presente caso se observa y considera el suscrito que NO se cumplen los requisitos formales y materiales para proceder con el problema jurídico atreves de la acción de habeas corpus, ya que no es susceptible del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, ya que el mismo es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; por lo que después del análisis respectivo consideramos que el caso que hoy nos ocupa no cumple con los supuestos contenidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - NOTIFIQUESE. ABOG. ENRIQUE FLORES. JUEZ EJECUTOR. (Folios 21 al 25 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo 182, precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia, en el Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla (…): a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO (3): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado.- CONSIDERANDO (4): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[1] -CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona; así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en el transcurso de la detención legal.-CONSIDERANDO (6): Que están vistos para fallo los antecedentes de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, presentada por el señor LUIS MORENO a favor de los ciudadanos JUAN CARLOS LAGOS LOVO, EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, GUILLERMO URBINA URBINA, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; manifestando el peticionario lo expresado en el preámbulo y Antecedente 1) de la presente resolución, en lo conducente a que se investigue la situación de omisión de cumplimiento, a las medidas securitarias correspondientes a los agraviados, por parte del Estado.-CONSIDERANDO (7): Que, del Informe rendido en el presente Recurso de Exhibición Personal procedió el Juez Ejecutor, Abogado ENRIQUE FLORES, Defensor Público de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a emitir las conclusiones e informe que le fuera requerido, el cual obra literalmente consignado en el Antecedente numeral 3); concluyendo en la no viabilidad de otorgamiento del presente recurso, por no resultar proporcional, necesario, ni adecuado al caso de protección de derechos humanos impetrado.-CONSIDERANDO (8): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles.[2] -CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos privados de libertad; o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad legalmente impuesta; lo cual no se refleja en los hallazgos del señor Juez Ejecutor, en cumplimentación de la presente garantía constitucional.-CONSIDERANDO (10): Que la libertad personal es inviolable, pudiendo ser restringida únicamente conforme a Ley. Consta del informe rendido por el Juez Ejecutor, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la garantía de habeas corpus; no encontrándose sujetos los beneficiarios del presente recurso a detención, prisión o privación de la libertad de cualquier género, dictada por juez o tribunal regular; resultando del caso aprobar el Informe por la Sala, en su parte resolutiva formal y en cuanto a todos sus considerandos motivacionales y fundamentos jurídicos, en pertinente aplicación del artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-; por todo lo cual, procede la desestimación de la presente garantía de Hábeas Corpus, por parte de la Sala de lo Constitucional.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 3, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8, 25 y 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el señor LUIS MORENO a favor de los señores JUAN CARLOS LAGOS LOVO, EDINSON ELAM BONILLA MERCADO, GERZAN VIDAL ALEMAN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, ELMER ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ, GUILLERMO URBINA URBINA, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al peticionario de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal (Acumulados) registrado en este Tribunal bajo el número 896-897-898-900-902-905-906y908 = 2021
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[2] ZÁRATE CONDE, A. (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.