Sentencia EP-861-21 — Registro 13447
Resumen
Se interpuso recurso de exhibición personal contra actuaciones del Director del Centro Penal “Marco Aurelio Soto” exponiendo que: ”… al agraviado se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el juicio en libertad, tuvo una experiencia con el covid-19 y estuvo a punto de perder la vida teniendo que ir a comprar medicamentos ya que ahí se agotan, que padece de enfermedades terminales, hipertensión arterial, por lo que solicita el su excarcelación de inmediatamente…”
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario, se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado, se deduce de los antecedes que al privado de libertad no le comprenden los presupuestos de los artículos transcritos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; en consecuencia, procede declarar sin lugar la presente acción de habeas corpus, en razón que no se están vulnerando las garantías individuales al privado de libertad como ha quedado aclarado, su condición jurídica es de condenado, por tanto si considera que su pena ya está cumplida, en aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable, dispone el artículo 615 del Código Penal vigente, los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones resultan más favorables tomadas en su conjunto en cuyo caso se aplican estas. De acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando sobre los cuales no hubiere recaído sentencia no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. En el caso que nos ocupa, al momento de dictar sentencia no había entrado en vigencia el nuevo código penal, cuya vigencia es del 25 de junio del 2020 y la sentencia condenatoria se dictó el año 2002 según se informa, por lo que, de asistirle el derecho, deberá encaminar su acción ante el órgano jurisdiccional que conoció de su causa. CONSIDERANDO(14):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República más aun cuando se encuentran privados de libertad en centros de reclusión destinados por el Estado de Honduras, está garantizada por los órganos jurisdiccionales, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, interpretando en atención a los instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por el Juez Ejecutor que declara sin lugar el recurso, al comprobare que al privado de libertad no se le están vulnerando garantías individuales, su condición jurídica es de sentenciado por el delito de Asesinato como ya quedo constatado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de exhibición personal, interpuesto por la Ciudadana TELMA AZUCENA HERNANDEZ a favor del Señor NOE OLIVA ARCHILA contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, exponiendo que: ”… al agraviado se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el juicio en libertad, tuvo una experiencia con el covid-19 y estuvo a punto de perder la vida teniendo que ir a comprar medicamentos ya que ahí se agotan, que padece de enfermedades terminales, hipertensión arterial, por lo que solicita el su excarcelación de inmediatamente…” A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Ciudadana TELMA AZUCENA HERNANDEZ a favor del Señor NOE OLIVA ARCHILA contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADO EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. (Folio 01 del presente Recurso) 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como Juez Ejecutor al Abogado ANDRES FERNANDO MARTINEZ, Defensor Público de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 3 del presente Recurso) 3) Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el Juez Ejecutor ANDRES FERNANDO MARTINEZ recibió de esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Que el día lunes veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno me traslade a la sala de Tamara Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán a la Penitenciaria Marco Aurelio Soto con el objetivo de requerir al Director de dicho Centro Penal y que rindiera respectivo informe así como exhibir al señor NOE OLIVA ARCHILA, el cual en ese momento se mandó a llamar al señor Noe Oliva, donde fue entrevistado por mi persona refriendo el señor Archila que tiene 52 años que fue condenado a 32 años, está recluido desde el 12 de enero del 2021, no lo llevaron a los juzgados y lo sentenciaron sin testigos, que se ha sentido golpeado por la pandemia, medicamento no tenía desde hace dos meses fue eso no ha sido maltratado por autoridades del Centro Penal no habían medicamento, sufre de hipertensión arterial le proporcionaban medicamentos cartones de pastillas cada día tiene expediente clínico en el Hospitalito. SEGUNDO: Que en fecha 24 de agosto del año 2021, se me remitió informe por parte del Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, donde refiere que el interno privado de libertad ingreso bajo el nombre de Noe Archila Oliva en fecha once de Diciembre del año 2003, al ser trasladado desde el Centro Penal de Trujillo, Colon, a donde ingreso en fecha 12 de enero del año 2002 por suponerlo responsable del delito de ASESINATO CONSUMADO en perjuicio de MARIA BEATRIZ PINEDA ROMERO, a la orden del Juzgado de Paz de lo Criminal de Trujillo, Departamento de Colon el cual fue condenado a la pena de TREINTA AÑOS, de reclusión por el delito de ASESINATO, en perjuicio de MARIA BEATRIZ PINEDA ROMERO, asimismo adjuntan evaluación médica realizada al señor NOE OLIVA ARCHILA, diagnostican una enfermedad de Hipertensión arterial, y una enfermedad de Hemorroidal. Recibe como tratamiento Irbesartan de 300mg v.o. C/día, en el plan establece un cambio de terapia con Propanolol 40 mg v. C/días, mas furosemida 40mg c/días ya que paciente refiere sintomatología adversa y no toma hace seis días, hace como recomendación toma de presión arterial por cinco días. MOTIVACION: UNICO: que habiendo analizado lo solicitado por la ciudadana TELMA AZUCENA HERNANDEZ la exhibición personal a favor del señor NOE OLIVA ARCHILA consideramos que el señor NOE OLIVA ARCHILA no se le han violentado garantías de vulneren su integridad física o psíquica, o que contravengan la libertad individual del señor Archila, considerando que el mismo está cumpliendo una condena en el Centro Penitenciario de Tamara donde fue condenado e el año 2002 por el delito de asesinato a la pena de 30 años, habiendo observado que de igual manera no ha cumplido la pena, también en el informe enviado por las autoridades del Centro Penitenciario, se anexo una evaluación médica donde determina que padece de la presión arterial y que ha sido atendido con su debido medicamentos y atención médica, es en ese sentido y en aplicación a lo que establece el artículo 13 de la Ley de Justicia Constitucional establece que el habeas corpus o exhibición personal procede a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y b) cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Que en el caso que nos ocupa, dicha exhibición personal o habeas corpus interpuesto no cumple con los requisitos exigidos por la LEY sobre Justicia Constitucional los privados de libertad han sido atendido por medio tratante del médico adscrito al centro penal y otro especialista externo, y tal como refiere el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que se declara con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta ley. POR TANTO: el suscrito Juez Ejecutor nombrado por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la República; DECLARA: NO HA LUGAR la acción del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, interpuesto por la ciudadana TELMA AZUCENA HERNANDEZ a favor del Señor NOE OLIVA ARCHILA, en consideración y motivación de los fundamentos legales antes esgrimidos. NOTIFIQUESE. - CUMPLASE.” (Folios 08–13 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por cuanto la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse en caso necesario y sin demora las medidas necesarias a través de la investigación del caso denunciado de conformidad con lo que dispone la ley. CONSIDERANDO (3): Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año en curso, la señora Telma Azucena Hernández presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de habeas corpus o exhibición personal a favor de Noe Oliva Archila, contra actuaciones del Director del Centro Penal “Marco Aurelio Soto” en Tamara Francisco Morazán, expresando en el recurso al agraviado se le han violentado todos sus derechos constitucionales, privados e internacionales, no se le ha permitido esperar el proceso judicial estando en libertad con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal vigente, estuve bastante mal de salud por el COVID 19, compre los medicamentos porque aquí no hay se agotaron, que padece de enfermedades terminales como hipertensión arterial por lo que solicita se le excarcele de inmediato, que le extiendan su carta de libertad definitiva, fundando su petición en el artículo 182 de la Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional seguidos los procedimientos de ley, admite el recurso en la misma fecha y ordena que se investigue lo expuesto por el recurrente, quien guarda prisión en Centro Penal de Tamara, Francisco Morazán, relativo a la violación de sus derechos, constitucionales privados e internacionales, ya que no le han permitido esperar el juicio en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigente Decreto 136-2020, y solicita que se le conceda su Carta de liberta definitiva; en consecuencia la Sala designa como juez ejecutor para efectos del Habeas Corpus al defensor público de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, abogado Andrés Fernando Martínez, a efecto de determinar la procedencia del recurso intentado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del señor Noe Oliva Archila, requerir de la autoridad denunciada el informe respectivo en cumplimiento del artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ordenando se libre la comunicación con las inserciones de estilo y se notifique al fiscal del despacho para el cumplimiento de sus deberes inherentes al cargo. CONSIDERANDO (5) : Que examinadas las investigaciones, obra en autos que el Juez Ejecutor designado enterado de su designación en el recurso de mérito, se constituyó en el Centro Penal de Tamara Marco Aurelio Soto en fecha veintidós (22) de agosto del año en curso, para requerir al Director del Centro Penal, haciéndole saber sobre el recurso de exhibición personal presentado a favor del señor Noe Oliva Archila para que de forma inmediata emita un informe en el que señale el estado de salud del privado de libertad así como determinar si existen tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del interno, asimismo, se le exhiba al privado de libertad, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que es visible a folio 10 de las investigaciones, el informe rendido por el director del Centro Penitenciario de fecha 24 de agosto del 2021 como respuesta al requerimiento del Juez Ejecutor, en el que expone lo siguiente: “Que en base a lo requerido, remite la evaluación médica hecha al interno Noe Oliva Archila, así como la condición jurídica del interno, quien ingreso al Centro penitenciario en fecha 11 de diciembre del 2003, en trasladado desde el Centro Penal de Trujillo, Colón, donde ingresó en fecha 12 de enero del 2002 por suponerlo responsable del delito de ASESINATO CONSUMADO en perjuicio de MARIA BEATRIZ PINEDA ROMERO, a la orden del Juzgado de Paz de lo Criminal de Trujillo, Departamento de Colón, condenado a la pena de Treinta (30) años de reclusión por el delito de ASESINATO. Que, si se encuentra recluido en dicho Centro penal, que le fue exhibido al Juez Ejecutor para entrevista donde constató su estado físico y de salud. Que agrega al informe la evaluación medica del Doctor Rafael Antonio Rodríguez, Medico asistencial del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. CONSIDERANDO (7): Que la evaluación médica realizada al privado de libertad, con fecha 24 de agosto del 2021, señala entre otros conceptos, como antecedentes patológicos, refiere que padece de hipertensión arterial hace un año, enfermedad hemorroidal (sin ninguna sintomatología en estos momentos). Diagnóstico: Hipertensión Arterial no controlada, Enfermedad Hemorroidal, tiene tratamiento con Irbesartan 300 mg v.o. c/día. PLAN: Cambio de terapia con propanolol 40 Mg v.o. C/día, más furosemida 4 Mg/ C/día, ya que paciente refiere sintomatología adversa y no toma hace seis días. Recomendación: tomar presión arterial por cinco días. CONSIDERANDO(8): Que en la misma fecha, el Juez ejecutor procedió a tomarle entrevista al encausado, refiriendo que tiene 52 años de edad, que fue condenado a 32 años de reclusión, que se encuentra recluido desde el 12 de enero del 2001, no lo llevaron a los juzgados y lo sentenciaron sin testigos, que se ha sentido golpeado por la pandemia y que hace dos meses no tiene medicamentos, que no ha sido maltratado por las autoridades del Centro Penal, que sufre de hipertensión arterial, que le proporcionaban cartones de medicamento pero que no hay y que tiene expediente clínico en el hospitalito (f) para constancia. CONSIDERANDO(9): Que, finalizadas las actuaciones investigativas y anexados todos los documentos a los autos, el juez ejecutor rinde su informe a la Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14) de septiembre del año en curso, concluyendo que, de la investigación y análisis de los documentos, así como de su actuación in situ en el Centro penitenciario, en su motivación única expone: “que al interno Noe Oliva Archila no se le han violentado garantías que vulneren su integridad física o psíquica, o que contravengan la libertad individual del señor Achila, se encuentra cumpliendo una condena en el Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán, condenado en el año 2002 por el delito de Asesinato a la pena de 30 años, observando que de igual manera no ha cumplido la pena, también en el informe enviado por las autoridades del Centro Penitenciario, se anexa una evaluación medica la que determina que padece de hipertensión arterial (hace 1 año) y que ha sido atendido con su debido medicamento y atención médica, es en ese sentido y en aplicación a lo que establece al artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que el habeas corpus o exhibición personal procede: a) Cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Que en el caso que nos ocupa, dicha exhibición o habeas corpus interpuesto no cumple con los requisitos exigidos por la Ley Sobre Justicia constitucional, el privado de libertad ha sido tratado por el medico del Recinto Penitenciario y otro especialista externo, y tal como refiere el articulo 38 se declara con lugar la exhibición personal cuando se constante la violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional no siendo este el caso como ha quedado constatado. CONSDIERANDO (10):Que para esta Sala, visto el informe rendido por el Juez Ejecutor y los documentos soporte al mismo, así como las actuaciones in situ, es del parecer que habiendo cumplimentado las investigaciones según lo ordenado y constatado los extremos en que se encuentra el privado de libertad, es del criterio que acompaña el informe rendido por el Juez ejecutor designado, quien ha actuado de conformidad a las actuaciones inherentes a su cargo, por tanto se concluye que no se dan los presupuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, su privación de libertad está ordenada por autoridad competente a quien se le ha seguido un proceso penal con todas las garantías a un debido proceso y se le ha impuesto pena por el delito de ASESINATO en perjuicio de MARIA BEATRIZ PINEDA ROMERO, por lo que no se encuentra comprendido en los citados artículos y que su condición jurídica actual es de condenado. CONSIDERANDO (11): Que reconocidas por esta Sala de lo Constitucional todas las actuaciones del Juez Ejecutor, que tienen como propósito verificar In Situ los hechos denunciados, así como recabar toda la información que permita verificar si los hechos narrados por el recurrente a presuntas violaciones a derechos constitucionales privados contra el imputado Noe Oliva Archila son ciertas por parte de la autoridad denunciada, se concluye, que el privado de libertad fue encontrado culpable del delito de Asesinato, tal como resulta del informe rendido, determinándose que la condición jurídica del privado de libertad es de condenado, por tanto no caben los hechos denunciados en el presente recurso de exhibición personal, su privación de libertad procede de autoridad judicial, asimismo se comprobó que el imputado no ha recibió, malos tratos, tormentos, exacciones ilegales o restricciones en la prisión por parte de la autoridad penitenciaria o por personas del recinto penitenciario. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 69 de nuestra Carta Magna señala, que la libertad individual es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente; por tanto procede la restricción únicamente con la intervención del órgano jurisdiccional, en el presente caso queda constatado que al privado de libertad se le recluye por orden de autoridad competente y que pende sobre él una sentencia que lo halló culpable por el delito de asesinato, por tanto se descarta el hecho de que se le estén vulnerando sus derechos y garantías individuales, tal como se desprende de la entrevista con el condenado, no ha recibido malos trataos o vejámenes de ningún tipo donde se encuentra recluido, su queja radica en falta de aplicación del nuevo Código Penal con respecto a la pena que está cumpliendo, no siendo este el medio para conseguir sus propósitos, que de asistirle el derecho de conformidad a lo que establece el Código Penal vigente, proceda a la revisión de la misma a través de los procedimientos que la misma ley determina, por tanto, se descartan los hechos denunciados contra la autoridad recurrida, esta diligencia procesal no depende directamente del director del Centro Penitenciario como autoridad recurrida. CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario, se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado, se deduce de los antecedes que al privado de libertad no le comprenden los presupuestos de los artículos transcritos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; en consecuencia, procede declarar sin lugar la presente acción de habeas corpus, en razón que no se están vulnerando las garantías individuales al privado de libertad como ha quedado aclarado, su condición jurídica es de condenado, por tanto si considera que su pena ya está cumplida, en aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable, dispone el artículo 615 del Código Penal vigente, los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones resultan más favorables tomadas en su conjunto en cuyo caso se aplican estas. De acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando sobre los cuales no hubiere recaído sentencia no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. En el caso que nos ocupa, al momento de dictar sentencia no había entrado en vigencia el nuevo código penal, cuya vigencia es del 25 de junio del 2020 y la sentencia condenatoria se dictó el año 2002 según se informa, por lo que, de asistirle el derecho, deberá encaminar su acción ante el órgano jurisdiccional que conoció de su causa. CONSIDERANDO(14):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República más aun cuando se encuentran privados de libertad en centros de reclusión destinados por el Estado de Honduras, está garantizada por los órganos jurisdiccionales, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, interpretando en atención a los instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por el Juez Ejecutor que declara sin lugar el recurso, al comprobare que al privado de libertad no se le están vulnerando garantías individuales, su condición jurídica es de sentenciado por el delito de Asesinato como ya quedo constatado; POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por la señora Telma Azucena Hernández a favor de Noe Oliva Archila. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0861-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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