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Sentencia EP-788-21 — Registro 13076

Resumen

Juez Ejecutor declaró sin lugar recurso de mérito contra actuaciones de Autoridad recurrida en relación a solicitud de recurrente sobre su estado de salud frente a la Pandemia de CORONAVIRUS-19; se constató que recurrente cumple pena de reclusión impuesta por Tribunal de Sentencia en juicio oral por proceso por dos delitos de asesinato en perjuicio de dos víctimas y asesinato en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de ofendido; su detención es legal y su condición física a pesar de las enfermedades base que padece esta siendo controlada con la medicación apropiada y asistencia médica dentro del Centro Penitenciario

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"este Alto Tribunal, observa que la beneficiaria de la presente garantía se encuentra privada de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por el delito Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Gladis Anabety Rosa Villeda, Roxana Gisell Mejía Rosa y José Antonio Mejía, a una pena de 80 años de Reclusión; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por la peticionaria no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a la Privada de Libertad Rosa Eugenia Peña, se advierte que se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar las enfermedades que padece..."..."el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal, interpuesto por la Señora ROSA EUGENIA PEÑA a favor de SÍ MISMA contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL “CEFAS”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, exponiendo la peticionaria que fue detenida el 8 de julio del año 2002, trasladada al Centro Penal de CEFAS el 4 de octubre del año 2003, en la actualidad con 50 años de edad, que se le han violentado sus derechos privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad; continua expresando la peticionaria que con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal vigente, ya cumplió la pena, que estuvo bastante mal por el Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se presentó ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Hábeas Corpus a favor de la Señora ROSA EUGENIA PEÑA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL “CEFAS”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán. (Folios 01 de los autos) 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el recurso de mérito y, en consecuencia, designó como Juez Ejecutor a la Abogada SUYAPA CONCEPCION TORRES, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente y determinar la procedencia del recurso intentado; haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de la señora Rosa Eugenia Peña, debiendo requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el articulo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 3 de los autos) 3) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora SUYAPA CONCEPCION TORRES AGUILERA, compareció ante la Sala de lo Constitucional y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos, lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: SOBRE UNA DETENCIÓN ILEGAL: 1.- La peticionaria expresa en su libelo que ya cumplió la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia el cual emitió sentencia en fecha 17 de julio del 2003, que de acuerdo a la certificación de Sentencia fue condenada al delito de asesinato en perjuicio de Gladis Anabety Rosa; asesinato en perjuicio de Roxana Gisell Mejía y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de José Antonio Mejía. 2.- En fecha 18 de agosto del año 2003, el Juzgado de ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula le hace cómputo de sus penas a razón de 30 años por cada asesinato consumado y 20 por el asesinato en grado de ejecución de tentativa, haciendo una suma total de 80 años de reclusión. Sin embargo, haciendo la aplicación de la norma en cuanto a la suma de penas acumuladas y su vedado exceso de 30 años, esta pena será cumplida el 8 de julio del año 2032. 3.- De acuerdo al artículo 76 del código penal vigente al momento de la condena por la cantidad de años impuestos que exceden de 12; para optar al beneficio de libertad condicional, debe haber cumplido las tres cuartas partes de la misma. En la operación aritmética realizada, se trata de que la señora Rosa Eugenia Peña debe cumplir veintidós años y medio de reclusión, es decir que ello seria en fecha 8 de enero del año 2025. La señora ROSA EUGENIA PEÑA, está en pleno cumplimiento de la condena impuesta por un Órgano Jurisdiccional competente de San Pedro Sula que conoció del juicio oral y público y decidió condenar como se ha expuesto; pudiendo optar al beneficio de libertad condicional, previo cumplimiento de los requisitos además del tiempo en reclusión y mediante el procedimiento de rigor ante el Juzgado de Ejecución. SEGUNDO: (SOBRE RESTRICCIONES O MOLESTIAS EN SU SALUD) 1.- De acuerdo con la entrevista Realizada a la privada de libertad ROSA EUGENIA PEÑA, sobre su estado de salud, ella manifestó que de acuerdo a sus problemas de salud a ella la trasladaban al hospital y clínica del diabético cada dos meses o cuando se ponía mal, sin embargo, a raíz de la pandemia esos traslados para revisión y evaluación médica se han suspendido; no obstante, el medicamento le es traído hasta el Centro Penitenciario. Se inyecta insulina y le proveen de metformina. 2.- De acuerdo al análisis en la evaluación de la Doctora de medicina Forense, doctora Isis Nereida Martínez; la privada de libertad ROSA EUGENIA PEÑA, padece de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica, neuropatía diabética, e insuficiencia venosa. La Doctora encuentra a la señora PEÑA estable metabólicamente, hemo dinámicamente, cardiopulmonarmente y neurológicamente de todas estas enfermedades de base recomendando continuar con la medicación que hasta el momento ha tenido y control en el hospital del Centro Penitenciario, siguiendo las medidas de bioseguridad en el cuidado y prevención de un contagio por covid-19. Dicha Doctora concluye que de acuerdo a la valoración funcional en la escala de Karnofsky, la privada de libertad ROSA EUGENIA PEÑA tiene 90% de capacidad funcional; con ello indica que es capaz de llevar a cabo actividades normales, con signos y síntomas leves de sus enfermedades de base. Con toda la información obtenida por esta Jueza Ejecutora y que el escrito contentivo de la interposición de la acción no los contiene, es menester señalar que la señora ROSA EUGENIA PEÑA se encuentra cumpliendo la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula en audiencia de juicio oral, después de seguirse el proceso contra ella iniciado por dos delitos de asesinato en perjuicio de Gladis Anabety Rosa y Roxana Gisell Mejía así como asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de José Antonio Mejía de en fecha 8 de julio de 2002. De la totalidad de la pena impuesta que es 80 años, se redujo a 30 años, pues las penas acumuladas por varios delitos como es el presente caso no ha de exceder de 30 años. De acuerdo a lo anterior, lo que procede es esperar el tiempo de cumplimiento de las tres cuartas partes de 30 años para que la privada de libertad pueda optar al beneficio de libertad condicional siendo esto ajeno absolutamente a lo que establece el artículo 13 numeral 1 literal a) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la detención que actualmente guarda la señora ROSA EUGENIA PEÑA es totalmente legal por lo que la garantía de habeas corpus no es procedente. Asimismo de acuerdo a lo expuesto por la peticionaria sobre su situación de salud, con lo investigado y documentación obtenida, su condición física a pesar de las enfermedades base que padece esta siendo controlada con la medicación apropiada y asistencia médica dentro del Centro Penitenciario que la ubican como estable y con la atención requerida: por lo que tampoco concurre lo preceptuado en el artículo 13 numeral 1 literal b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la privada de libertad no esta teniendo restricciones que menoscaben su integridad física, específicamente daño a su salud. POR TANTO, con base a las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 13 Numeral 1 literales a y b; 33 y 37 de la Ley de Justicia Constitucional ESTA JUEZA EJECUTORA RERSUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL INTERPUESTO. Ordenando la devolución de la Comunicación enviada por LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSITICIA, debidamente cumplimentada, para los efectos legales correspondientes.” (Folios del 12-14 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”; asimismo el artículo 69 constitucional dispone que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dos de agosto del presente año dos mil veintiuno, se presentó ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Garantía de Hábeas Corpus a favor de la Privada de Libertad señora ROSA EUGENIA PEÑA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL “CEFAS”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, según la peticionaria fue detenida el 8 de julio del año 2002, trasladada al Centro Penal de CEFAS el 4 de octubre del año 2003, en la actualidad con 50 años de edad, que se le han violentado sus derechos privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad; continua expresando la peticionaria que con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal vigente, ya cumplió la pena, que estuvo bastante mal por el Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata. CONSIDERANDO (5): Que en fecha dieciocho de agosto del presente año dos mil veintiuno, la Juez Ejecutora nombrada por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Suyapa Concepción Torres Aguilera, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que con toda la información obtenida, la señora Rosa Eugenia Peña, se encuentra cumpliendo la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, la cual asciende a 80 años, no obstante de la totalidad de la pena impuesta, se redujo a 30 años, pues las penas acumuladas por varios delitos no ha de exceder de 30 años; lo que procede en consecuencia es esperar el tiempo de cumplimiento de las tres cuartas partes de 30 años para poder optar al beneficio de libertad condicional. Asimismo de acuerdo al análisis en la evaluación de la Doctora de Medicina Forense Isis Nereida Martínez, y en atención a la valoración funcional en la escala de Karnofsky, la privada de libertad señora Rosa Eugenia Peña, tiene el 90% de capacidad funcional, con ello se indica que es capaz de llevar a cabo actividades normales, con signos y síntomas leves de sus enfermedades de base, las que hasta el momento ha tenido control en el Hospital del Centro Penitenciario. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 de la precitada Convención en relación a la libertad personal indica: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las acusas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que la beneficiaria de la presente garantía se encuentra privada de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por el delito Asesinato y Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Gladis Anabety Rosa Villeda, Roxana Gisell Mejía Rosa y José Antonio Mejía, a una pena de 80 años de Reclusión; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por la peticionaria no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a la Privada de Libertad Rosa Eugenia Peña, se advierte que se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar las enfermedades que padece. Observando asimismo del Dictamen emitido por la Dra. Isis Nereida Martínez Herrera, en sus conclusiones refiere que según la valoración funcional en la escala de Karnofsky, la evaluada tiene 90% de capacidad funcional, es decir que es capaz de llevar a cabo actividad normal, pero con signos y síntomas leves de sus enfermedades de base. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de la privada de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5]. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora ROSA EUGENIA PEÑA, a favor de SÍ MISMA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL “CEFAS”, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la Privada de Libertad señora ROSA EUGENIA PEÑA; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Hércules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-0788-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.