Sentencia EP-769-21 — Registro 13442
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, alegando el abogado de los recurrentes que la Secretaria es responsable de las medidas de seguridad a favor de los agraviados, las cuales según el peticionario no las están cumpliendo y se desconoce la situación de la integridad física de ellos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11):Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, en consecuencia, la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional así como de los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido, esta Sala de lo Constitucional comparte el informe rendido por la Juez Ejecutora quien realizo todas las actuaciones investigativas ordenadas que llevan a este Tribunal a concluir que a los presuntos agraviados no se le están vulnerando las garantías individuales, y en cuanto a las medidas que supuestamente no les estaría brindando la Secretaria de Seguridad, ha quedado constatado que en el caso de dos de ellos (Guillermo Urbina Urbina y Julio Cesar Cuevas Linares) no están comprendidos dentro del Decreto que ordena se requiere intervención Especial del Estado según lo establece el artículo 2 Literal e) del Decreto 323-2013 para brindarles medidas de seguridad, pues el comité técnico a través de los respectivos análisis determinó que su nivel de riesgo es ordinario y los tres restantes se presume del informe, no han solicitado medidas de seguridad; asimismo, los ciudadanos ya no tienen ningún tipo de relación laboral con la Secretaria de Seguridad como entidad recurrida, pues se constató que han sido cancelados por las causales ya relacionadas en los considerandos que anteceden. Que la finalidad del Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es el de proteger el derecho a la vida y la libertad individual, en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, situación que no sucede contra los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares, Juan Carlos Lagos Lovo, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Edinson Elan Bonilla Mercado, procede entonces que si los supuestos agraviados requieren de medidas de protección por sentirse amenazadas en su integridad física, las obtengan a través de los mecanismos legales ya establecidos en el sistema de protección a través de la Secretaria de Protección de los Derechos Humanos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.-VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado LUIS MORENO, a favor del señor GUILLEMO URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por ser responsable de las medidas de seguridad a favor de los agraviados, las cuales según el peticionario no las están cumpliendo y se desconoce la situación de la integridad física de ellos.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS MORENO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal favor de a favor del señor GUILLEMO URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por ser responsable de las medidas de seguridad a favor de los agraviados, las cuales según el peticionario no las están cumpliendo y se desconoce la situación de la integridad física de ellos. (Folio 02 del presente Recurso).-2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada PATRICIA MARGARITA FLORES MARTINEZ, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 03 del presente Recurso).-3) Que en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora Abogada PATRICIA MARGARITA FLORES MARTINEZ, compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “VISTA: Para resolver la ampliación de la solicitud de Exhibición Personal presentada por el Abogado LUIS EDMUNDO MORENO TORRES, en su condición personal a favor de los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO quien según Recurso de Exhibición, la Secretaria de Seguridad se están violentado derechos fundamentales por no estarse cumpliendo con las medidas de seguridad a favor de las personas antes citadas y desconocerse cuál es la situación de la integridad física de ellos. CONSIDERANDO: Que la suscrita Jueza Ejecutora en fecha trece de Julio de dos mil veintiuno, realizo diligencias ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad a fin de que rindiera un informe los extremos plasmados en el Recurso de Exhibición personal interpuesto por el Abogado LUIS EDMUNDO MORENO TORRES, informe del cual es desprende que los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, tenían una relación laboral con dicha Secretaria de Estado, tal es el caso de los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINAREZ y JUAN CARLOS LAGOS LOVO fueron cancelados por reestructuración, en el caso del Señor IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL cuenta con Acuerdo de Cancelación por Invalidez, y en el caso del Señor EDINSON BONILLA MERCADO este fue cancelado por falta de méritos o calificación deficiente. CONSIDERANDO: Que el Articulo 182 numeral 1 de la Constitución de la República, establece “1) EL HABEAS CORPUOS O EXHIBICION PERSONAL: a) cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, coacción ilegal y toda coacción, restricción, molestias incensarías para su seguridad individual o para el orden de la prisión, requisito que no se cumple en virtud que los señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, en virtud que de acuerdo al Informe rendido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, estos Señores ya finalizaron su relación laboral con dicha Secretaria, en consecuencias los mismos no se encuentran detenidos ilegalmente, ni ostentan la calidad de imputado, como para poder determinar la procedibilidad del Recurso de Exhibición Personal.- El Artículo 15 del referido cuerpo legal establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 24 establece las privaciones de la libertad que se consideran ilegales o arbitrarias, y son las siguientes: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO: Que la Ley de Justicia Constitucional en su Artículo 31 de la Exhibición Obligatoria, establece: “El detenido o preso deberá ser presentando al ejecutor, aun cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular” que con las diligencias realizadas por la Suscrita Jueza Ejecutora se logró establecer que los Señores antes citados no se encuentran detenidos o presos, tal y como lo establece el presente Artículo. CONSIDERANDO: Que en lo que refiere a la pprocedibilidad formal del Recurso: se puede desprender de la interposición del recurso, que la petición del quejoso refiere al incumplimiento por parte de la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, en cuanto a las medidas de seguridad dictadas por dicha institución a favor de los agraviados, medidas que de acuerdo al Informe rendido por la Secretaria de Estado no era necesario en virtud que los mismos se encuentran en un nivel de riesgo ordinario, observándose que dicho Recurso de Exhibición no se encuentran bajo los supuestos materiales que exige la norma constitucional para la interposición del recurso. Ya que los mismos, a priori, no se encuentran detenidos ilegalmente, ni en detención legal bajo los supuestos establecidos en el hecho primero. Del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras en su párr. 63. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana sobre derechos humanos, remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2. 64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Es así que el recurso de habeas corpus, en el caso particular, no cumple los requisitos de viabilidad, adecuación e idoneidad, para dar solución al problema en concreto. CONSIDERANDO Que según lo establecido en La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha quince (15) de Mayo del año dos mil quince (2015). DE LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN artículo 34.- Del rol del departamento de derechos humanos de la secretaría de estado en el despacho de seguridad.- En los casos que las medidas de protección decretadas deban en todo o en parte ser implementadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su Departamento de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección. Correspondiendo a este ultimo la supervisión de las medidas. CONSIDERANDO: Que a criterio de la Suscrita Jueza Ejecutora si el peticionario lo que persigue es que a los Señores antes citados se les impongan medidas de seguridad por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad no es a través de la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, ya que el mismo no es el pertinente para verificar los extremos planteados, es necesario tomar medidas por parte de los órganos competentes, en razón de salvaguardar y prevenir cualquier situación en la que un servidor público que trabaje en sector justicia puede verse expuesto a peligros que atenten contra su integridad corporal. En ese sentido Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 2832 párr. 139. La obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. En ese mismo sentido el parr.141. Esta Corte también ha señalado que, además de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, del artículo 1.1. de la Convención derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En esta línea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. CONSIDERANDO: Sobre la no pertinencia del recurso en el presente caso, Corte Interamericana ha manifestado en: Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8120. Así mismo, el hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. La Corte Interamericana ha sostenido en su Opinión Consultiva OC-9/87 que, para que un recurso sea efectivo “se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama. POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora nombrada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco y en aplicación de los artículos 69, 87 y 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 13 en relación con los artículos 24, 25, 26, 37 y 38 de la Ley de Justicia Constitucional, DECLARA NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL interpuesto por el ABOG. LUIS EDMUNDO MORENO TORRES A FAVOR DE LOS SEÑORES, GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, Es importante recalcar que garantizar el acceso a la justicia es un derecho fundamental en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, en el presente caso se observa y considera el suscrito que NO se cumplen los requisitos formales y materiales para proceder con el problema jurídico atreves de la acción de habeas corpus, ya que no es susceptible del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, ya que el mismo es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; por lo que después del análisis respectivo consideramos que el caso que hoy nos ocupa no cumple con los supuestos contenidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - NOTIFIQUESE. - NOTIFIQUESE. ABOG. PATRICIA FLORES. JUEZA EJECUTORA.”.-CONSIDERANDO (1): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la alteren o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del privado de libertad.-CONSIDERANDO (2): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo primero expresa que tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO(3): Que el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, de tal manera que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno la Secretaria de la Sala Constitucional da por recibidas las actuaciones que inicialmente se presentaron ante el Juzgado de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, donde compareció el abogado Luis Edmundo Moreno Linares presentando recurso de habeas corpus o exhibición personal a favor de los señores: 1) Guillermo Urbina Urbina, 2) Julio Cesar Cuevas Linares, 3)Juan Carlos Lagos Lovo, 4)Iván Edgardo Rodríguez Teruel y 5) Edinson Elan Bonilla Mercado, contra actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, según los hechos relatados, el peticionario expone que la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad está vulnerando los derecho fundamentales por ser la responsable de las medidas de seguridad a favor del Comisionado General de Policía, Guillermo Urbina Urbina, Sub Comisario de Policía, Julio Cesar Cuevas Linares, Sub Comisario de Policía Juan Carlos Lagos Lovo, Inspector de Policía, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Sub Inspector de Policía, Edinson Elan Bonilla Mercado, las cuales no se están cumpliendo y se desconoce cuál es la situación de la integridad física de ellos.-CONSIDERANDO (5): Que corre a folios del 16 al 18, la documentación soporte del informe rendido por la Secretaría de Seguridad, con lo cual se acredita la situación actual de los presuntos agraviados y por los cuales se interpone el presente recurso de habeas corpus o exhibición personal. Está acreditado el Oficio No. DGPN.4979-2021 de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el director de la Policía Nacional, Comisionado General, Orbin Alexis Galo Maldonado, informando que, recogida la información de la Dirección de Recursos Humanos, se constató que se encuentran cancelados por motivo de reestructuración en el caso de los señores Guillermo Urbina Urbina, según Acuerdo No.1312-2016; Julio Cesar Cuevas Linares, Acuerdo No,0798-2018 y Juan Carlos Lovo, acuerdo 3112-2016; en el caso de Iván Edgardo Rodríguez Teruel tiene un acuerdo de cancelación por invalidez, pendiente de recibir por parte del interesado en la Secretaria General y el señor Edison Bonilla Mercado, cancelado según Acuerdo No.1009-2020, motivo falta de méritos o calificación deficiente, acuerdos que transcritos han sido notificados a los interesados.-CONSIDERANDO (6): Que la Juez Ejecutora en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, como se refleja de las actuaciones, requirió de la autoridad recurrida toda la información necesaria tal como lo dispuso el auto de admisión respectivo. Que obtenida la información procedió a rendir el informe final concluyendo que se declare No Ha Lugar la acción de habeas corpus o exhibición personal a favor de los supuestos agraviados, pues con el informe rendido por la Secretaria de Seguridad se desvirtúa que se les estén vulnerando sus derechos fundamentales como lo habían motivado en el recurso, pues no les comprenden los presupuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que el derecho a su libertad personal nunca ha sido vulnerado por el Estado, es decir, que los mismos no han sido privados de su libertad, encarcelados, o que sobre su humanidad se estén aplicando tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, considerando además que los supuestos agraviados ya no laboran para la institución y no están sometido a medidas de seguridad a su favor, por ende, no se está violentándose ninguna garantía constitucional, como se desprende las actuaciones.-CONSIDERANDO (7): Que adicionalmente, se amplió el informe rendido por la Juez Ejecutora, en el sentido de la no aplicación de las medidas de seguridad a los precitados señores debido a la relación laboral que existía con la Secretaria de Seguridad, explicando que en el caso de los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares y Juan Carlos Lagos Lovo, fueron cancelados por reestructuración, en el caso del señor Iván Edgardo Rodríguez Teruel cuenta con acuerdo de cancelación por invalidez y el señor Edinson Bonilla Mercado este fue cancelado por falta de méritos o calificación deficiente, de lo que resulta que los señores ya finalizaron su relación laboral con dicha Secretaria, en consecuencia, los mismos no se encuentran detenidos ilegalmente, ni ostentan la calidad de imputados, para determinar la procedibilidad del Recurso de Habeas Corpus, que sin embargo, el artículo 15 establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueron conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad se resolverá también sobre esta violaciones, y el artículo 31 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que “El detenido o preso deber ser presentado al ejecutor aun cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular”, al establecer la Juez Ejecutora, que los precitados señores no se encuentran detenidos o presos, y que la petición del quejoso es por falta de aplicación de medidas de seguridad, y el informe recoge que los quejosos se encuentran en un nivel de riesgo ordinario, el recurso de exhibición personal no se encuentra bajo los supuestos materiales que exige la norma constitucional para la interposición del mismo. Que la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en su artículo 34 establece el rol del departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en los casos que las medidas de protección decretadas deben en todo o en parte ser implementadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su departamento de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección, correspondiendo a este último supervisión de las medidas.-CONSIDERANDO (8):Que se desprende del informe rendido por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, de la Secretaria de Seguridad, según oficio de fecha 14 de julio del 2021 y que se encuentra acreditado a folio 29 de las diligencias de investigación, relativo a solicitudes de medidas seguridad por parte de los presuntos agraviados, en el caso de Guillermo Urbina Urbina, el 11 de diciembre del 2018 el Departamento de Derechos Humanos de la misma Secretaria remitió oficio, solicitando análisis de riesgo, en fecha 4 de julio del 2019, el Comité de Análisis de Riesgo se reunió para tratar el caso de protección a su favor, que realizado el análisis al ciudadano Guillermo Urbina Urbina, presenta un nivel de riesgo ordinario, por lo que no requiere intervención Especial del Estado según lo establece el articulo 2 Literal e) del Decreto 323-2013, que contiene la Ley de Protección de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario; en el caso de Julio Cesar Cueva Linares, en fecha 17 de diciembre del 2018 se solicitó el mismo proceso a su favor, y en fecha 5 de febrero del 2020 el Comité atendió el caso y según el análisis del Comité Técnico igualmente, este ciudadano presenta un nivel de riesgo ordinario, por lo tanto no requiere intervención del Estado, únicamente procede la protección cuando el riesgo es extraordinario; con los demás ciudadanos Iván Edgardo Rodríguez, Juan Carlos Lagos Lovo y Edinson Bonilla Mercado, no existe registro alguno en los archivos de dicha Dirección, de lo que se presume no han solicitado medidas de seguridad a su favor.-CONSIDERANDO(9): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, al igual que lo ha hecho la Juez Ejecutora, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas sobre la situación de los señores 1) Guillermo Urbina Urbina, 2) Julio Cesar Cuevas Linares, 3)Juan Carlos Lagos Lovo, 4)Iván Edgardo Rodríguez Teruel y 5) Edinson Elan Bonilla Mercado, el caso que nos ocupa no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla en su artículo 13 Numeral 1. a)Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricciones o molestias innecesarias; partiendo de estos hechos y no comprenderle los presupuestos, el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor y ser declarado no ha lugar por la Jueza Ejecutora está fundando en derecho.-CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. En el caso de mérito, los presuntos agraviados no se encuentran privados de libertad por tanto no están comprendidos dentro de ninguno de los numerales transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción de habeas corpus, en vista que no consta en el informe tanto del Juez Ejecutor como de la autoridad requerida que se encuentren privados de libertad mucho menos que se les estén vulnerando sus garantías individuales, como se desprende de las investigaciones realizadas fehacientemente.-CONSIDERANDO (11):Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, en consecuencia, la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional así como de los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido, esta Sala de lo Constitucional comparte el informe rendido por la Juez Ejecutora quien realizo todas las actuaciones investigativas ordenadas que llevan a este Tribunal a concluir que a los presuntos agraviados no se le están vulnerando las garantías individuales, y en cuanto a las medidas que supuestamente no les estaría brindando la Secretaria de Seguridad, ha quedado constatado que en el caso de dos de ellos (Guillermo Urbina Urbina y Julio Cesar Cuevas Linares) no están comprendidos dentro del Decreto que ordena se requiere intervención Especial del Estado según lo establece el artículo 2 Literal e) del Decreto 323-2013 para brindarles medidas de seguridad, pues el comité técnico a través de los respectivos análisis determinó que su nivel de riesgo es ordinario y los tres restantes se presume del informe, no han solicitado medidas de seguridad; asimismo, los ciudadanos ya no tienen ningún tipo de relación laboral con la Secretaria de Seguridad como entidad recurrida, pues se constató que han sido cancelados por las causales ya relacionadas en los considerandos que anteceden. Que la finalidad del Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es el de proteger el derecho a la vida y la libertad individual, en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, situación que no sucede contra los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares, Juan Carlos Lagos Lovo, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Edinson Elan Bonilla Mercado, procede entonces que si los supuestos agraviados requieren de medidas de protección por sentirse amenazadas en su integridad física, las obtengan a través de los mecanismos legales ya establecidos en el sistema de protección a través de la Secretaria de Protección de los Derechos Humanos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 9 N.º. 1, 13 N.º. 1) literal a), 24, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Declarar Sin Lugar el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado, Luis Edmundo Moreno Torres, a favor de los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares, Juan Carlos Lagos Lovo, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Edinson Elan Bonilla Mercado contra actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se archiven las presentes diligencias sin más trámite. Redactó Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0769-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.-VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado LUIS MORENO, a favor del señor GUILLEMO URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por ser responsable de las medidas de seguridad a favor de los agraviados, las cuales según el peticionario no las están cumpliendo y se desconoce la situación de la integridad física de ellos.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS MORENO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal favor de a favor del señor GUILLEMO URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por ser responsable de las medidas de seguridad a favor de los agraviados, las cuales según el peticionario no las están cumpliendo y se desconoce la situación de la integridad física de ellos. (Folio 02 del presente Recurso).-2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada PATRICIA MARGARITA FLORES MARTINEZ, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 03 del presente Recurso).-3) Que en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora Abogada PATRICIA MARGARITA FLORES MARTINEZ, compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “VISTA: Para resolver la ampliación de la solicitud de Exhibición Personal presentada por el Abogado LUIS EDMUNDO MORENO TORRES, en su condición personal a favor de los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO quien según Recurso de Exhibición, la Secretaria de Seguridad se están violentado derechos fundamentales por no estarse cumpliendo con las medidas de seguridad a favor de las personas antes citadas y desconocerse cuál es la situación de la integridad física de ellos. CONSIDERANDO: Que la suscrita Jueza Ejecutora en fecha trece de Julio de dos mil veintiuno, realizo diligencias ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad a fin de que rindiera un informe los extremos plasmados en el Recurso de Exhibición personal interpuesto por el Abogado LUIS EDMUNDO MORENO TORRES, informe del cual es desprende que los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, tenían una relación laboral con dicha Secretaria de Estado, tal es el caso de los Señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINAREZ y JUAN CARLOS LAGOS LOVO fueron cancelados por reestructuración, en el caso del Señor IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL cuenta con Acuerdo de Cancelación por Invalidez, y en el caso del Señor EDINSON BONILLA MERCADO este fue cancelado por falta de méritos o calificación deficiente. CONSIDERANDO: Que el Articulo 182 numeral 1 de la Constitución de la República, establece “1) EL HABEAS CORPUOS O EXHIBICION PERSONAL: a) cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, coacción ilegal y toda coacción, restricción, molestias incensarías para su seguridad individual o para el orden de la prisión, requisito que no se cumple en virtud que los señores GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUEZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, en virtud que de acuerdo al Informe rendido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, estos Señores ya finalizaron su relación laboral con dicha Secretaria, en consecuencias los mismos no se encuentran detenidos ilegalmente, ni ostentan la calidad de imputado, como para poder determinar la procedibilidad del Recurso de Exhibición Personal.- El Artículo 15 del referido cuerpo legal establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 24 establece las privaciones de la libertad que se consideran ilegales o arbitrarias, y son las siguientes: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO: Que la Ley de Justicia Constitucional en su Artículo 31 de la Exhibición Obligatoria, establece: “El detenido o preso deberá ser presentando al ejecutor, aun cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular” que con las diligencias realizadas por la Suscrita Jueza Ejecutora se logró establecer que los Señores antes citados no se encuentran detenidos o presos, tal y como lo establece el presente Artículo. CONSIDERANDO: Que en lo que refiere a la pprocedibilidad formal del Recurso: se puede desprender de la interposición del recurso, que la petición del quejoso refiere al incumplimiento por parte de la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, en cuanto a las medidas de seguridad dictadas por dicha institución a favor de los agraviados, medidas que de acuerdo al Informe rendido por la Secretaria de Estado no era necesario en virtud que los mismos se encuentran en un nivel de riesgo ordinario, observándose que dicho Recurso de Exhibición no se encuentran bajo los supuestos materiales que exige la norma constitucional para la interposición del recurso. Ya que los mismos, a priori, no se encuentran detenidos ilegalmente, ni en detención legal bajo los supuestos establecidos en el hecho primero. Del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras en su párr. 63. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana sobre derechos humanos, remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2. 64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Es así que el recurso de habeas corpus, en el caso particular, no cumple los requisitos de viabilidad, adecuación e idoneidad, para dar solución al problema en concreto. CONSIDERANDO Que según lo establecido en La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha quince (15) de Mayo del año dos mil quince (2015). DE LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN artículo 34.- Del rol del departamento de derechos humanos de la secretaría de estado en el despacho de seguridad.- En los casos que las medidas de protección decretadas deban en todo o en parte ser implementadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su Departamento de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección. Correspondiendo a este ultimo la supervisión de las medidas. CONSIDERANDO: Que a criterio de la Suscrita Jueza Ejecutora si el peticionario lo que persigue es que a los Señores antes citados se les impongan medidas de seguridad por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad no es a través de la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, ya que el mismo no es el pertinente para verificar los extremos planteados, es necesario tomar medidas por parte de los órganos competentes, en razón de salvaguardar y prevenir cualquier situación en la que un servidor público que trabaje en sector justicia puede verse expuesto a peligros que atenten contra su integridad corporal. En ese sentido Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 2832 párr. 139. La obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. En ese mismo sentido el parr.141. Esta Corte también ha señalado que, además de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, del artículo 1.1. de la Convención derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En esta línea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. CONSIDERANDO: Sobre la no pertinencia del recurso en el presente caso, Corte Interamericana ha manifestado en: Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8120. Así mismo, el hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. En el mismo sentido: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 82; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 50. La Corte Interamericana ha sostenido en su Opinión Consultiva OC-9/87 que, para que un recurso sea efectivo “se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama. POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora nombrada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco y en aplicación de los artículos 69, 87 y 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 13 en relación con los artículos 24, 25, 26, 37 y 38 de la Ley de Justicia Constitucional, DECLARA NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL interpuesto por el ABOG. LUIS EDMUNDO MORENO TORRES A FAVOR DE LOS SEÑORES, GUILLERMO URBINA URBINA, JULIO CESAR CUEVAS LINARES, JUAN CARLOS LAGOS LOVO, IVAN EDGARDO RODRIGUZ TERUEL y EDINSON ELAN BONILLA MERCADO, Es importante recalcar que garantizar el acceso a la justicia es un derecho fundamental en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, en el presente caso se observa y considera el suscrito que NO se cumplen los requisitos formales y materiales para proceder con el problema jurídico atreves de la acción de habeas corpus, ya que no es susceptible del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, ya que el mismo es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; por lo que después del análisis respectivo consideramos que el caso que hoy nos ocupa no cumple con los supuestos contenidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - NOTIFIQUESE. - NOTIFIQUESE. ABOG. PATRICIA FLORES. JUEZA EJECUTORA.”.-CONSIDERANDO (1): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la alteren o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del privado de libertad.-CONSIDERANDO (2): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo primero expresa que tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO(3): Que el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, de tal manera que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno la Secretaria de la Sala Constitucional da por recibidas las actuaciones que inicialmente se presentaron ante el Juzgado de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, donde compareció el abogado Luis Edmundo Moreno Linares presentando recurso de habeas corpus o exhibición personal a favor de los señores: 1) Guillermo Urbina Urbina, 2) Julio Cesar Cuevas Linares, 3)Juan Carlos Lagos Lovo, 4)Iván Edgardo Rodríguez Teruel y 5) Edinson Elan Bonilla Mercado, contra actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, según los hechos relatados, el peticionario expone que la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad está vulnerando los derecho fundamentales por ser la responsable de las medidas de seguridad a favor del Comisionado General de Policía, Guillermo Urbina Urbina, Sub Comisario de Policía, Julio Cesar Cuevas Linares, Sub Comisario de Policía Juan Carlos Lagos Lovo, Inspector de Policía, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Sub Inspector de Policía, Edinson Elan Bonilla Mercado, las cuales no se están cumpliendo y se desconoce cuál es la situación de la integridad física de ellos.-CONSIDERANDO (5): Que corre a folios del 16 al 18, la documentación soporte del informe rendido por la Secretaría de Seguridad, con lo cual se acredita la situación actual de los presuntos agraviados y por los cuales se interpone el presente recurso de habeas corpus o exhibición personal. Está acreditado el Oficio No. DGPN.4979-2021 de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el director de la Policía Nacional, Comisionado General, Orbin Alexis Galo Maldonado, informando que, recogida la información de la Dirección de Recursos Humanos, se constató que se encuentran cancelados por motivo de reestructuración en el caso de los señores Guillermo Urbina Urbina, según Acuerdo No.1312-2016; Julio Cesar Cuevas Linares, Acuerdo No,0798-2018 y Juan Carlos Lovo, acuerdo 3112-2016; en el caso de Iván Edgardo Rodríguez Teruel tiene un acuerdo de cancelación por invalidez, pendiente de recibir por parte del interesado en la Secretaria General y el señor Edison Bonilla Mercado, cancelado según Acuerdo No.1009-2020, motivo falta de méritos o calificación deficiente, acuerdos que transcritos han sido notificados a los interesados.-CONSIDERANDO (6): Que la Juez Ejecutora en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, como se refleja de las actuaciones, requirió de la autoridad recurrida toda la información necesaria tal como lo dispuso el auto de admisión respectivo. Que obtenida la información procedió a rendir el informe final concluyendo que se declare No Ha Lugar la acción de habeas corpus o exhibición personal a favor de los supuestos agraviados, pues con el informe rendido por la Secretaria de Seguridad se desvirtúa que se les estén vulnerando sus derechos fundamentales como lo habían motivado en el recurso, pues no les comprenden los presupuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que el derecho a su libertad personal nunca ha sido vulnerado por el Estado, es decir, que los mismos no han sido privados de su libertad, encarcelados, o que sobre su humanidad se estén aplicando tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, considerando además que los supuestos agraviados ya no laboran para la institución y no están sometido a medidas de seguridad a su favor, por ende, no se está violentándose ninguna garantía constitucional, como se desprende las actuaciones.-CONSIDERANDO (7): Que adicionalmente, se amplió el informe rendido por la Juez Ejecutora, en el sentido de la no aplicación de las medidas de seguridad a los precitados señores debido a la relación laboral que existía con la Secretaria de Seguridad, explicando que en el caso de los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares y Juan Carlos Lagos Lovo, fueron cancelados por reestructuración, en el caso del señor Iván Edgardo Rodríguez Teruel cuenta con acuerdo de cancelación por invalidez y el señor Edinson Bonilla Mercado este fue cancelado por falta de méritos o calificación deficiente, de lo que resulta que los señores ya finalizaron su relación laboral con dicha Secretaria, en consecuencia, los mismos no se encuentran detenidos ilegalmente, ni ostentan la calidad de imputados, para determinar la procedibilidad del Recurso de Habeas Corpus, que sin embargo, el artículo 15 establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueron conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad se resolverá también sobre esta violaciones, y el artículo 31 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que “El detenido o preso deber ser presentado al ejecutor aun cuando la detención o prisión sea consecuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular”, al establecer la Juez Ejecutora, que los precitados señores no se encuentran detenidos o presos, y que la petición del quejoso es por falta de aplicación de medidas de seguridad, y el informe recoge que los quejosos se encuentran en un nivel de riesgo ordinario, el recurso de exhibición personal no se encuentra bajo los supuestos materiales que exige la norma constitucional para la interposición del mismo. Que la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en su artículo 34 establece el rol del departamento de Derechos Humanos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en los casos que las medidas de protección decretadas deben en todo o en parte ser implementadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su departamento de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección, correspondiendo a este último supervisión de las medidas.-CONSIDERANDO (8):Que se desprende del informe rendido por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, de la Secretaria de Seguridad, según oficio de fecha 14 de julio del 2021 y que se encuentra acreditado a folio 29 de las diligencias de investigación, relativo a solicitudes de medidas seguridad por parte de los presuntos agraviados, en el caso de Guillermo Urbina Urbina, el 11 de diciembre del 2018 el Departamento de Derechos Humanos de la misma Secretaria remitió oficio, solicitando análisis de riesgo, en fecha 4 de julio del 2019, el Comité de Análisis de Riesgo se reunió para tratar el caso de protección a su favor, que realizado el análisis al ciudadano Guillermo Urbina Urbina, presenta un nivel de riesgo ordinario, por lo que no requiere intervención Especial del Estado según lo establece el articulo 2 Literal e) del Decreto 323-2013, que contiene la Ley de Protección de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo Extraordinario; en el caso de Julio Cesar Cueva Linares, en fecha 17 de diciembre del 2018 se solicitó el mismo proceso a su favor, y en fecha 5 de febrero del 2020 el Comité atendió el caso y según el análisis del Comité Técnico igualmente, este ciudadano presenta un nivel de riesgo ordinario, por lo tanto no requiere intervención del Estado, únicamente procede la protección cuando el riesgo es extraordinario; con los demás ciudadanos Iván Edgardo Rodríguez, Juan Carlos Lagos Lovo y Edinson Bonilla Mercado, no existe registro alguno en los archivos de dicha Dirección, de lo que se presume no han solicitado medidas de seguridad a su favor.-CONSIDERANDO(9): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, al igual que lo ha hecho la Juez Ejecutora, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas sobre la situación de los señores 1) Guillermo Urbina Urbina, 2) Julio Cesar Cuevas Linares, 3)Juan Carlos Lagos Lovo, 4)Iván Edgardo Rodríguez Teruel y 5) Edinson Elan Bonilla Mercado, el caso que nos ocupa no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla en su artículo 13 Numeral 1. a)Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricciones o molestias innecesarias; partiendo de estos hechos y no comprenderle los presupuestos, el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor y ser declarado no ha lugar por la Jueza Ejecutora está fundando en derecho.-CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. En el caso de mérito, los presuntos agraviados no se encuentran privados de libertad por tanto no están comprendidos dentro de ninguno de los numerales transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción de habeas corpus, en vista que no consta en el informe tanto del Juez Ejecutor como de la autoridad requerida que se encuentren privados de libertad mucho menos que se les estén vulnerando sus garantías individuales, como se desprende de las investigaciones realizadas fehacientemente.-CONSIDERANDO (11):Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, en consecuencia, la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional así como de los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido, esta Sala de lo Constitucional comparte el informe rendido por la Juez Ejecutora quien realizo todas las actuaciones investigativas ordenadas que llevan a este Tribunal a concluir que a los presuntos agraviados no se le están vulnerando las garantías individuales, y en cuanto a las medidas que supuestamente no les estaría brindando la Secretaria de Seguridad, ha quedado constatado que en el caso de dos de ellos (Guillermo Urbina Urbina y Julio Cesar Cuevas Linares) no están comprendidos dentro del Decreto que ordena se requiere intervención Especial del Estado según lo establece el artículo 2 Literal e) del Decreto 323-2013 para brindarles medidas de seguridad, pues el comité técnico a través de los respectivos análisis determinó que su nivel de riesgo es ordinario y los tres restantes se presume del informe, no han solicitado medidas de seguridad; asimismo, los ciudadanos ya no tienen ningún tipo de relación laboral con la Secretaria de Seguridad como entidad recurrida, pues se constató que han sido cancelados por las causales ya relacionadas en los considerandos que anteceden. Que la finalidad del Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es el de proteger el derecho a la vida y la libertad individual, en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales, situación que no sucede contra los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares, Juan Carlos Lagos Lovo, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Edinson Elan Bonilla Mercado, procede entonces que si los supuestos agraviados requieren de medidas de protección por sentirse amenazadas en su integridad física, las obtengan a través de los mecanismos legales ya establecidos en el sistema de protección a través de la Secretaria de Protección de los Derechos Humanos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 9 N.º. 1, 13 N.º. 1) literal a), 24, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Declarar Sin Lugar el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado, Luis Edmundo Moreno Torres, a favor de los señores Guillermo Urbina Urbina, Julio Cesar Cuevas Linares, Juan Carlos Lagos Lovo, Iván Edgardo Rodríguez Teruel y Edinson Elan Bonilla Mercado contra actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se archiven las presentes diligencias sin más trámite. Redactó Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0769-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL