Sentencia EP-61-21 — Registro 14434
Resumen
En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada que declaró no ha lugar el Recurso de Exhibición Personal manifestando el peticionario que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal; por suponerlo responsable del delito de lavado de activos y posesión ilegal de armas y de explosivos, en perjuicio de la economía y la seguridad interior del estado de honduras. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos s 59, 60, 61, 65, 68, 80, 82, 90, 96, 145, 303, 304, 313.5 y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 24, 27 y 33 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (7): Que este Tribunal, a través de la Sala de lo Constitucional ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, teniendo el recurrente la vía expedita para accionar lo que estime oportuno y pertinente en torno a la situación jurídica del supuesto agraviado conforme con la ley. CONSIDERANDO (8): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del supuesto agraviado, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Habeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).
La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ PRESIDENTE, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA Y MAGISTRADOS INTEGRANTES YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, GARIN ENOC URQUIA CASTRO MENDOZA, BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT; dicta la siguiente RESOLUCIÒN:
VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesta por el abogado TEODORO SALVADOR GODOY, a favor del señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL; manifestando el peticionario que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal; con relación a la causa instruida contra el señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y POSESION ILEGAL DE ARMAS Y DE EXPLOSIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos s 59, 60, 61, 65, 68, 80, 82, 90, 96, 145, 303, 304, 313.5 y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 24, 27 y 33 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
ANTECEDENTES
En fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, el abogado TEODORO SALVADOR GODOY, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL. Manifestando el peticionario, que ya se encuentra vencida la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa instruida contra el señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y POSESION ILEGAL DE ARMAS Y DE EXPLOSIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 68, 80, 82, 90, 96, 145, 303, 304, 313.5 y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 24, 27 y 33 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (folios 1-9 del antecedente).
En fecha diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), la citada Corte de Apelaciones admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombr6 como Juez Ejecutora a la abogada ELDI LETICIA BONILLA IRIAS, Defensora Publica de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso (folio 10 del antecedente).
En fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la mencionada Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha once de noviembre de dos mil veinte, se presentó el informe rendido por la Abogada ESTHER CAROLINA FLORES, en su condición de Jueza del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en donde se pudo constatar lo siguiente: que ellos conocen de la causa instruida contra el señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, por suponerlo responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y POSESION ILEGAL DE ARMAS Y DE EXPLOSIVOS en perjuicio de ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; que en fecha catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018), se llevó a cabo la Audiencia Inicial, en donde se le decreto el auto de formal procesamiento y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva; que en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se decretó el auto de apertura a juicio, y el Tribunal de Sentencia tuvo por recibido los antecedentes de la causa, en fecha once (11) de febrero de dos mil veinte (2020), en donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual vencía en fecha siete (7) de junio de dos mil veinte (2020); que mediante oficio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ve que la misma resolvió en fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), ampliar la medida cautelar de prisión preventiva, por el termino de seis (6) meses, resolviendo hasta esta fecha, por la paralización de labores que se dio, debido a la pandemia de COVID-19; B) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), se presentó en las instalaciones del mencionado Tribunal de Sentencia, para entrevistar al señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, que venía a audiencia de juicio oral y público, quien le manifestó: que no era objeto de ningún tormento o tortura; no se le ha restringido su seguridad individual, y; no ha sido objeto de malos tratos, ni por las autoridades del centro penitenciario, ni por los otros reclusos; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora resolvió: (SIC) "DECLARA: NO HA LUGAR la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el Abogado TEODORO SALVADOR GODOY” (folios 22-128 del antecedente).
En fecha ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021), la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia, mediante al cual falló: (SIC) "PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal de la cual se ha hecho merito ..." (folios 129-131 del antecedente).
En fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal que nos ocupa, quien a través de su presidente remitió a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia los autos, una que fueron sometidos a discusión y votación, todo en cumplimiento del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Folio 1 de las presentes diligencias de revisión del Recurso).
En fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, para ser conocido y decidido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo dispone el 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (folio veintiuno (21) de las presentes diligencias de revisión del Recurso).
CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: "El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a promoverla: 1° Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual: y 2°. Cuando en su detención o prisión legal. se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión".
CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Habeas Corpus intentada por el Abogado TEODORO SALVADOR GODOY, a favor del señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL, en relación a la detención ilegal del señor DANIEL ALBERTO TICAS, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal intentada.
De acuerdo con los razonamientos de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el caso de autos se colige que no se configuran los presupuestos de una exhibición personal, pues de las actuaciones practicadas por la Juez Ejecutora y los informes rendidos por el Tribunal conocedor del proceso y relacionados en los considerandos precedentes, se aprecia que el imputado se encuentra legalmente detenido, cumpliendo una medida cautelar impuesta por juez competente y no ha sido objeto de torturas, vejámenes, malos tratos, que es lo que se debe determinar en este tipo de recurso; además, de conformidad con el informe rendido por la Juez Ejecutora, la prisión preventiva no se ha vencido, otra razón para determinar que no está detenido ilegalmente.
CONSIDERANDO (3): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor nombrada, que esta se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, con sede en esta ciudad de Tegucigalpa, con el propósito de requerir del Juez conocedor de la causa, informe en relación a la condición jurídica del privado de libertad DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS; del que pudo constatar que al privado de libertad se le impuso medida cautelar de prisión preventiva por parte de juez competente, constatándose que la prisión preventiva no se encuentra vencida, en virtud de dilaciones atribuibles a la defensa, las que suman 23 dias, acorde a la preceptuado en el artículo 181 del Código Procesal Penal; por ello a criterio de la Juez ejecutor la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, no se encuentra vencida, por dilaciones atribuibles a la defensa.
CONSIDERANDO (4): Que del examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas en el presente trámite se revela, que el privado de libertad señor DANIEL ALBERTO TICAS SANTOS, fue detenido en fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), celebrándose audiencia de declaración de imputado en esa misma fecha y seguido a ello se realizó audiencia inicial resolviendo imponer la medida cautelar de prisión preventiva en fecha catorce (14) de junio de ese mismo (2018). De lo cual se colige, que a la fecha de interposición de la garantía de Exhibición personal, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por más de dos (2) años, seis (6) meses, sin que se haya dictado sentencia; no obstante a ello, el Tribunal de Sentencia, señaló audiencia de juicio oral y público para los dias 14 y 15 de diciembre de 2020, estimándose que en el presente asunto la medida cautelar de prisión preventiva no se encuentra vencida, al existir retrasos atribuibles a la defensa, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 181 del C6digo Procesal Penal.
CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva a saber: "Duración de la Prisión Preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Articulo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público...”; la norma citada determina a prima facie que el plazo de duración de la medida cautelar de la prisión preventiva, por regla general es de un año, no obstante, a ello el legislador fue previendo en la norma en comento, circunstancias mediante las cuales este plaza puede ampliarse, llegando incluso a durar hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida; en el caso sub judice, el proceso se encuentra en la fase de sustanciación de juico, por ende, no se ha emitido sentencia definitiva, sobrepasando ya el proceso, el plazo de dos años, seis meses, que señala la ley antes del dictado de sentencia definitiva; el legislador ante diferentes circunstancias que se pudiesen presentar en el desarrollo del proceso, dejó previsto en el párrafo sexto de la norma citada que "Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar"; observando del informe emitido por la autoridad recurrida, es visto que existen demoras en el proceso y que estas son atribuibles a la defensa. Conforme a ello, el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, no se ha superado, atendiendo a los retrasos atribuibles a la defensa y que fueron considerados por el Tribunal de Sentencia, facultad exclusiva del órgano jurisdiccional de instancia, conforme a las potestades legales que le otorga el Código Procesal Penal, norma que atendiendo a los compromisos asumidos por el Estado ante la ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determina las condiciones fijadas para la privación de la libertad física de una persona.
CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.
CONSIDERANDO (7): Que este Tribunal, a través de la Sala de lo Constitucional ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, teniendo el recurrente la vía expedita para accionar lo que estime oportuno y pertinente en torno a la situación jurídica del supuesto agraviado conforme con la ley.
CONSIDERANDO (8): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del supuesto agraviado, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Habeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos XVIII de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 5, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 59, 60, 68, 69, 80, 82, 86, 90, 92, 182, 303, 304 y 313.5 de la Constitución de la Republica; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3.1, 5, 8, 9,13, 39, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en revisión y dictada por la Corte de lo Penal de Francisco Morazán en fecha ocho (08) de enero del afio dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que, con la certificación de estilo, la secretaria del tribunal devuelva los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Integrante Brenda Celina Hernández. - NOTIFIQUESE.
[1] Jesús María Casal, Convención Americana sabre Derechos Humanos, Articulo 7. Derecho a la Libertad personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, "por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas que contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las "causas" y las "condiciones" en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.