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Sentencia EP-558-21 — Registro 12898

Resumen

Se interpuso recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del director del Centro Penal “La Tolva” ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso, manifestando el peticionario que el agraviado fue absuelto por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ordenando la excarcelación sin que el mismo haya sido puesto en libertad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que, consta el informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada TESLA SIBRIAN, la no acreditación de los supuestos que fundan el otorgamiento del presente recurso; informe el cual se aprueba, pues se efectuó la exhibición personal del agraviado, descartándose la restricción ilegal o arbitraria a su libertad y seguridad, por parte de la autoridad denunciada; la cual procedió a dejarle en libertad en fecha veinticinco (25) de mayo del año en curso, habiéndose corroborado la información solicitada y recibida del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara, por la cual se pudo constatar que el interno LICONA VELASQUEZ, egresó de dicho establecimiento en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciocho (2018), por cumplimiento de la pena definitiva de cinco (5) años, a él impuesta por cometer el delito de PORTACIÓN DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVO POLICIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, 1360-2013 TST/FM-329-2014 acumulado al 18-03-2015, Cert.1000-2017; no teniendo procesos pendientes. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia denegatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de agosto del dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, a favor del señor Bryan Noel Licona Velásquez, contra actuaciones del Director del Centro Penal “La Tolva” ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso, manifestando el peticionario que el agraviado fue absuelto por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ordenando la excarcelación sin que el mismo haya sido puesto en libertad.-ANTECEDENTES: 1) Que, en fecha veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, interpuso ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, recurso de exhibición personal a favor del señor Bryan Noel Licona Velásquez, contra actuaciones del Director del Centro Penal “La Tolva” ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso, manifestando el peticionario que el agraviado fue absuelto por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ordenando la excarcelación sin que el mismo haya sido puesto en libertad. (Folio 2-3 del recurso).-2) En fecha veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Tener por Admitido el recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por el Abogado NOÉ NAZARETH BURGOS HERRERA a favor de BRYAN NOEL LICONA VELASQUEZ.- SEGUNDO: Nómbrese como Juez Ejecutor a la Abogada TESLA SIBRIAN en su condición de Defensora Pública, ubicada en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. (Folios 4-5 del recurso).-3) En fecha dos de junio de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de exhibición personal interpuesta por el Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera a favor del señor Bryan Noel Licona Velásquez. (Folio 10 del recurso).- 4) En fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: …TERCERO: Con la declaración anterior rendida por el interno BRAYAN NOEL LICONA VELASQUEZ quien manifestó que se encuentra interno en el módulo número seis de media desde el tres de enero del dos mil diecinueve, por extorsión y portación ilegal de arma comercial y que tiene otro proceso en el cual tiene carta de libertad definitiva desde el veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho y que no ha sufrido ningún tipo de vejámenes, ni maltratos y ni coacción alguna por parte de las autoridades de dicho Centro Penitenciario. Se anexa declaración rendida por interno BRAYAN NOEL LICONA VELASQUEZ, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintiuno… SEPTIMO: Luego de recibir la información solicitad al Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara, se pudo constatar que el interno LICONA VELASQUEZ, egresó de este establecimiento, en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciocho (2018), en virtud de haber cumplido la pena definitiva de cinco años, impuesta por cometer el delito de PORTACIÓN DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVO POLICIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, 1360-2013 TST/FM-329-2014 acumulado al 18-03-2015, Cert.1000-2017. Y siendo que el imputado BRAYAN NOÉ LICONA VELASQUEZ, fue puesto en libertad en fecha veinticinco de mayo del año en curso, después de haber recibido la información del Centro Penitenciario de Ilama de que no tenía procesos pendientes. POR TANTO: …la SUSCRITA JUEZ EJECUTORA, …RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL INTERPUESTO, en virtud de no concurrir ningún requisito contemplado en dicho artículo de la presente ley mencionada anteriormente, así como también por haber sido puesto en libertad en fecha veinticinco de mayo del año en curso. Se remite a la Honorable Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia; con todo lo actuado para la emisión de la sentencia juntamente con el informe rendido por el Centro Penitenciario de Morocelí. (Folios 18-20 del recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1].-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2].- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5].-CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se enfatiza, a este respecto, la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”.[7]-CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[8] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[9]-CONSIDERANDO (8): Que, se sigue de ello, el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, coadyuvando al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana.-CONSIDERANDO (9): Que, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica, entre los efectos de procedencia de la garantía de hábeas corpus; el deber de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, pudiendo ordenarse también la libertad del agraviado.-CONSIDERANDO (10): Que, consta el informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada TESLA SIBRIAN, la no acreditación de los supuestos que fundan el otorgamiento del presente recurso; informe el cual se aprueba, pues se efectuó la exhibición personal del agraviado, descartándose la restricción ilegal o arbitraria a su libertad y seguridad, por parte de la autoridad denunciada; la cual procedió a dejarle en libertad en fecha veinticinco (25) de mayo del año en curso, habiéndose corroborado la información solicitada y recibida del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara, por la cual se pudo constatar que el interno LICONA VELASQUEZ, egresó de dicho establecimiento en fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil dieciocho (2018), por cumplimiento de la pena definitiva de cinco (5) años, a él impuesta por cometer el delito de PORTACIÓN DE MATERIAL DE USO EXCLUSIVO POLICIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, 1360-2013 TST/FM-329-2014 acumulado al 18-03-2015, Cert.1000-2017; no teniendo procesos pendientes. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia denegatoria.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el abogado NOE NAZARETH BURGOS HERRERA, a favor del señor BRYAN NOEL LICONA VELÁSQUEZ, contra actuaciones del Director del Centro Penal “La Tolva” ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0558-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Ver artículo 30 de la CADH.2

[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.

[8] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.

[9] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.