Sentencia EP-521-21 — Registro 12913
Resumen
En Revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró con lugar el recurso de exhibición personal con relación al delito de robo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley, lo cual debió hacer el Juez Ejecutor en el presente caso y no decretar que se ponga en libertad al encausado pues no tiene facultad para ello como ya se dijo líneas arriba. CONSIDERANDO (13): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por el juez ejecutor designado, que el señor Erick Misael Pérez Rubio, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo. No obstante a ello la situación de privación de libertad planteada no responde a los supuestos enunciados en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; empero y conforme lo preceptuado en el Artículo 15 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante el vencimiento del plazo establecido en el Artículo 181 del CPP, procede la revisión inmediata de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al Privado de Libertad, actuación que corresponde realizar al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danlí, por ser el competente para resolver la petición de la Defensa del imputado Erick Misael Pérez Rubio. CONSIDERANDO (14): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, como corolario de los hechos y fundamentos de derecho enunciados en el presente libelo, ello porque no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para declarar Con Lugar la garantía de Hábeas Corpus promovida; asumiendo igual posición la Corte Tercera de Apelaciones en la sentencia que se revisa, por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. VISTO: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que declaró con lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto la Abogada ANNY MARIELLE LOPEZ RODRIGUEZ a favor del Señor ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, con relación a la causa instruida contra el Señor ERICK MISAEL PEREZ RUBIO por suponerlo responsable del delito de ROBO en perjuicio de la Señora YESSENIA MARBELLI SEVILLA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso, la Abogada ANNY MARIELLE LOPEZ RODRIGUEZ interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del Señor ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, en relación a la causa que se le instruye por suponerlo responsable del delito de ROBO en perjuicio de la Señora YESSENIA MARBELLI SEVILLA. (Folios 01-02 de la pieza del A-Quo). 2) Que en la misma fecha el Juzgado antes citado, admite la solicitud de Exhibición Personal presentada a favor del señor ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, nombrando como Juez Ejecutor al Abogado RAFAEL LEONARDO FLORES LOPEZ, Defensor Público, a efecto que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 03-04 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el Juez Ejecutor tiene por recibida la comunicación con procedencia del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos lo siguiente: “Que me personé ante la oficina del Departamento Legal del Centro Penitenciario de la ciudad de Danlí, El Paraíso, específicamente con el abogado SHARLY KARIN HANNA KAFATY ABUGHATTAS, a quien le hice saber mi nombramiento como juez ejecutor en el Habeas Corpus, para verificar el estado circunstancial de la medida de cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, a quien se le siguen diligencias por suponerlo responsable de la comisión del delito de ROBO, en perjuicio de YESSENIA MARBELLI SEVILLA, encontrado como hallazgos relevantes en el expediente penitenciario del imputado y del dictamen emitido por el departamento legal de ese centro penitenciario que el procesado ingreso a ese centro penal en fecha cinco de Noviembre del año dos mil dieciocho, por el delito de Robo, en perjuicio de Yessenia Marbelli Sevilla, expresión escrita esta que fue ratificada por el imputado al momento de la entrevista quien manifestó haber ingreso en esa fecha a ese centro penitenciario y que ha este momento tiene más de dos (2) años y medio de estar privado de libertad. Que asimismo me persone en las oficinas del tribunal de sentencias de esta sección judicial a fin de revisar el expediente que corresponde al imputado (0703-2019-00045 T.S.), corroborando que efectivamente la causa inicio en fecha 05/11/2018, que se celebró audiencia de imputado en fecha 05/11/2018, donde se decretó la medida de detención judicial, posteriormente se celebró audiencia inicial en fecha 08/11/2018, en la que se le decreto un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva hasta por 2 años, por la gravedad del delito y se había señalado para el día 15 de abril de 2021, mismo que no se llevó a cabo y no se encuentra constancia del porqué de su suspensión. Una vez revisadas y analizadas las diligencias y los expedientes tanto penitenciario como judicial, este juez ejecutor pudo precisar que efectivamente la medida cautelar de prisión preventiva su ampliada por seis meses más, a solicitud del ministerio público y que fue ordenada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero que a este momento transcurrieron incluso esos seis meses que sumados a los dos años de prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia inicial, por lo que ha este momento el imputado ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, a quien se le siguen diligencias por suponerlo responsable de la comisión del delito de ROBO, en perjuicio de YESSENIA MARBELLI SEVILLA, se encuentra ilegalmente detenido, por lo que se debe hacer cesar esta medida restrictiva de la libertad inmediatamente, todo esto en virtud de que el artículo 181 del Código Procesal Penal, establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un año, pero cuando la pena aplicable del delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años, excepcionalmente y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deberá rendirse, la corte suprema de justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a solicitud del ministerio público y por otra parte el artículo 39 de la Ley sobre justicia Constitucional, establece que si del estudio de los antecedentes resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretara la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y en las presentes diligencias se ha contestado el vencimiento de la prisión preventiva en su máximo plazo, por lo que debe ordenarse la cesación de la misma y que le sea sustituida por otras medidas sustitutivas que le mantenga sometido al proceso…. Por lo cual RESUELE: 1) Declarar con lugar el recurso de Habeas Corpus presentado a favor del señor ERICK MISAEL PEREZ RUBIO, y 2) Decreta que se ponga en libertad al imputado …” (Folios 12-22 de la pieza del A-Quo). 4) Que una vez recibidas las diligencias y el informe del Juez Ejecutor, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021), dictó sentencia en la cual Falló: (SIC) “1.-DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por la Abogada ANNYE MIRIELLE LOPEZ RODRIGUEZ, a favor del Señor ERIK MISAEL PEREZ RUBIO.- 2.- Y MANDA:. . .” (Folios 25–28 de la pieza del A-Quo) 5) Que en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que con fundamento en el informe presentado por el Juez Ejecutor, la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, sin más motivación que copiar textualmente un considerando de la sentencia de fecha veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, emitida según el Ad-Quem, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, mediante la cual declara Con Lugar el Recurso de Exhibición Personal promovido por la abogada Anny Marielle López Rodríguez. CONSIDERANDO (3): Que según se desprende del Informe emitido por el Juez Ejecutor, establece que “…se constituyó en el Departamento Legal del Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, en donde reviso el expediente penitenciario del imputado Erick Misael Pérez Rubio, verificando que el procesado ingreso a ese centro penal en fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, por el delito de Robo en perjuicio de Yessenia Marbelli Sevilla, lo cual fue ratificado por el imputado al momento de la entrevista; asimismo que se personó a las instalaciones del Tribunal de Sentencia a fin de revisar el expediente 0703-2019-00045 T.S., corroborando que la causa inicio en fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, que se celebró audiencia de imputado en la misa fecha, decretándose la medida de detención judicial; en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho se celebró audiencia inicial en la cual se le decretó Auto de Formal Procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva; constató que la medida cautelar de prisión preventiva fue ampliada por seis meses más por la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Ministerio Publico, determinando que en ese momento ya habían transcurrido incluso esos seis meses, sumados a los dos años de prisión preventiva que le fueron impuestos en audiencia inicial, por lo cual considera que en ese momento el señor Erick Misael Pérez Rubio, se encuentra ilegalmente detenido, pues se encuentra recluido desde hace mas de dos años y medio, por lo cual declara con Lugar el Recurso de habeas Corpus y en su calidad de Juez Ejecutor decreta que se ponga en libertad al imputado…”. CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona, así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en su detención legal. CONSIDERANDO (5): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[1]. CONSIDERANDO (6): Que conforme lo preceptuado en el artículo 90 constitucional, la libertad personal sólo podrá ser suspendida y restringida con arreglo a las leyes; en ese orden de ideas el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta el grado de dificultad, la dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. El mismo precepto 181 de la ley penal adjetiva señala que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) Que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos. CONSIDERANDO (9): Que consta del informe emitido por el Juez Ejecutor nombrado Abogado Rafael Leonardo Flore López, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, su declaratoria Con Lugar del Recurso de Hábeas Corpus promovido, en base a que el encausado Erick Misael Pérez Rubio, se encuentra recluido desde hace más de dos años y medio, por lo cual según el Juez Ejecutor, debe hacer cesar la medida privativa de libertad, declara con lugar el Recurso de Habeas Corpus y decreta que se ponga en libertad al imputado; igual postura deja plasmado la Corte Tercera de Apelaciones, en la sentencia que se revisa, sin referir si se cumplen o no los presupuesto establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para declarar Con Lugar la garantía de Hábeas Corpus promovida. CONSIDERANDO (10): Que de las investigaciones realizadas por el Juez Ejecutor, este Alto Tribunal advierte que la Privación de Libertad del señor Erick Misael Pérez Rubio, responde al cumplimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva que fue impuesta en su contra, en audiencia inicial celebrada en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, Departamento de El Paraíso, a raíz del proceso penal que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de Robo, en perjuicio de Yessenia Marbelli Sevilla; por lo que a criterio de este Alto Tribunal no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para declarar Con Lugar la garantía de Hábeas Corpus promovida; asimismo no se acreditó que se haya solicitado Revisión de Medida Cautelar ante el Tribunal que conoce del proceso. No obstante, no configurarse los presupuestos establecidos en los preceptos antes relacionados, el artículo 15[2] de la misma normativa legal, indica que se resolverá sobre otras situaciones relacionadas con la libertad personal en cualquiera de sus formas. CONSIDERANDO (11): Que siendo evidente el vencimiento de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, sin haber finalizado el proceso, al estar pendiente la celebración del Juicio Oral y Público, éste Alto Tribunal concluye que el Tribunal de Sentencia que conoce del proceso, es quien deberá realizar la Audiencia de Revisión de Medida; ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación; por ser criterio de este Alto Tribunal que la privación de libertad del ciudadano Erick Misael Pérez Rubio, no se considera arbitraria[3] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley, lo cual debió hacer el Juez Ejecutor en el presente caso y no decretar que se ponga en libertad al encausado pues no tiene facultad para ello como ya se dijo líneas arriba. CONSIDERANDO (13): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de Hábeas Corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por el juez ejecutor designado, que el señor Erick Misael Pérez Rubio, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo. No obstante a ello la situación de privación de libertad planteada no responde a los supuestos enunciados en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; empero y conforme lo preceptuado en el Artículo 15 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ante el vencimiento del plazo establecido en el Artículo 181 del CPP, procede la revisión inmediata de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva impuesta al Privado de Libertad, actuación que corresponde realizar al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danlí, por ser el competente para resolver la petición de la Defensa del imputado Erick Misael Pérez Rubio. CONSIDERANDO (14): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, como corolario de los hechos y fundamentos de derecho enunciados en el presente libelo, ello porque no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para declarar Con Lugar la garantía de Hábeas Corpus promovida; asumiendo igual posición la Corte Tercera de Apelaciones en la sentencia que se revisa, por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. 2) Se DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal venido en Revisión; Y 3) Se ordena al Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, por ser la autoridad competente, que proceda de inmediato a señalar audiencia de revisión de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva al imputado Erick Misael Pérez Rubio, ante el vencimiento de los plazos establecidos en el Artículo 181 del Código Procesal Penal, y proceda a imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, bajo las formalidades exigidas en el proceso y como consecuencia, ordene la excarcelación del agraviado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-0521-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.
[2] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.
[3] En relación a las privaciones de libertad arbitrarias e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.