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Sentencia EP-199-21 — Registro 12675

Resumen

Actuaciones de Autoridad recurrida al suponer que recurrente fue objeto de torturas, lesiones, tratos crueles dentro de las instalaciones contra él a quien se le supone responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos CDE-061; el Juez Ejecutor determinó que los golpes que recibió fueron por internos no por funcionarios del centro penal quienes al oir quejas llevaron a recurrente a la clínica para su atención médica, siendo trasladado a otro módulo, cesando así los malos tratos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que lo expresado por la defensora pública, abogada LUCÍA MARÍA NAVAS FLORES en su condición de juez ejecutora es correcto y, por ende, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. -Por otra parte, es necesario establecer que la garantía de exhibición personal no tiene como propósito sancionar a los responsables de los hechos verificados y que son motivo para declarar con lugar un habeas corpus. Su objetivo es hacer cesar de inmediato la violación al derecho a la libertad o a la integridad física, psíquica y moral.-De manera que para que prospere la garantía constitucional de exhibición personal es necesario que la violación sea actual o inminente; sin embargo, en el presente caso resulta evidente que el ciudadano Rigoberto Raudales Espinoza fue objeto de malos tratos por parte de unos internos miembros de la mara 13, pero de igual manera consta en autos que al momento de practicarse el habeas corpus, la juez ejecutora Lucía María Navas Flores verificó que el ciudadano Rigoberto Raudales Espinoza estaba en ese momento seguro, bajo resguardo y con los cuidados médicos necesarios. De tal forma que, el incidente ya era un hecho pasado..."..."-Ahora bien, con la entrevista que la juez ejecutora le hizo al privado de libertad[1], el dictamen médico elaborado por el médico penitenciario de turno colegiado 13447[2] y el oficio No. 273-CPS-2021 de fecha cinco de febrero expedido por el subcomisionado de policía Lenin René Pineda Bocanegra en su condición de director del centro penitenciario Siria, ubicado en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán[3], se desprenden elementos que podrían conducir a la sospecha de que el ingreso del interno al módulo donde habitan los miembros de la mara 13 no fue un error sino que pudo ser un acto deliberado, por lo tanto merece investigación para que dicho hecho que podría constituir delito no quede impune.-El artículo 269 del Código procesal penal dispone la obligación de denunciar que tienen los servidores públicos que en ocasión de sus funciones tengan conocimiento de la posible comisión de delitos; en virtud de lo cual procede que se envíe atento oficio al Fiscal general de la República para que proceda de acuerdo con las atribuciones que la ley le confiere..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiuno.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta ante el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de extorsión por la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, contra actuaciones del director del centro penal ubicado en la localidad de Siria, municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, exponiendo la peticionaria que tuvo conocimiento que el agraviado ha sido objeto de torturas, lesiones, y tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las instalaciones de dicho centro penal, con relación a la causa instruida contra el señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CDE-061.-ANTECEDENTES PROCESALES..-1. En fecha tres de febrero del año dos mil veintiuno, la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión, garantía constitucional de exhibición personal a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, contra actuaciones del director del centro penal ubicado en la localidad de Siria, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CDE-061. (Folios 1-2 del expediente).-2. En fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión, tiene por recibida la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, promovida por la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, nombrando juez ejecutora a la abogada LUCÍA MARÍA NAVAS FLORES, en su condición de defensora publica de la ciudad de Tegucigalpa. Asimismo, estima que su conocimiento es a prevención por lo que ordena que posteriormente se remita el caso a la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión. (Folios 3 al 4 del expediente).-3. En fecha nueve de febrero del año dos mil veintiuno, la juez ejecutora rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, su decisión de declarar SIN LUGAR el habeas corpus presentado a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA. (Folios 42 al 43 de la pieza del expediente).-4. En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de letras de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión dictó auto mediante el cual remite las diligencias a la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión. (Folio 44 de la pieza del expediente).-5. En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión dictó auto devolviendo el caso al Juzgado de letras de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión. (Folios 48 y 49 de la pieza del expediente).-6. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de letras de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión dictó auto mediante el cual remite las diligencias a la honorable Sala de lo Constitucional. (Folios 48 y 49 de la pieza del expediente).-7. En fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno esta Sala recibió el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley sobre justicia constitucional. -FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por la garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. La impetrante de la presente exhibición personal señala que el mismo día en que presenta esta garantía constitucional, se enteró que su poderdante fue víctima de torturas, lesiones, tratos crueles inhumanos y degradantes dentro del centro penitenciario ubicado en la aldea Siria, municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.-Reclama que las autoridades de dicho centro han callado lo ocurrido.-CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora LUCÍA MARÍA NAVAS FLORES, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a informar lo siguiente: “PRIMERO: En fecha [cuatro] de febrero del dos mil veinte, a las once con veinte minutos de la mañana, se recibió la exhibición JLPCNE 025-2021 interpuesta por la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS a favor de RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA quien establece que su representado ha sido objeto de TORTURAS, LESIONES, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES. PRIMERO: En fecha 5 de febrero del presente año, siendo las nueve de la mañana presente en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de extorsión procedí a entrevistar a RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA en virtud que se encontraba en audiencia inicial, observando que tenía problemas para estar sentado y caminaba despacio, manifiesta: Que ingresó al centro penal de Siria un lunes por la tarde, como a las cuatro, nos pidieron nuestros nombres, un guardia lo entrevistó y le preguntó sí era de alguna mara o pandilla, yo le dije que no era de ninguna mara ni pandilla, me dijo que me iba a ingresar al módulo de talleres, me llevaron al taller número 2, donde estos me dijeron que eran MS, andaban tatuada las letras MS en el pecho, ellos los internos me desnudaron y me golpearon con unas tablas en la cabeza, cabeza pecho, yo le dije a los policías que estaban afueran no sé los nombres, ellos no hicieron nada, ellos los policías me movieron al módulo 14 donde habían unos señores y ellos nos habían visto y nos dijeron que podíamos entrar ahí, el mismo lunes nos cambiaron, hasta que escucharon llantos nos fueron a sacar, manifiesta que anda llagado y que en la clínica de ahí solo le dieron pastillas, en el módulo donde estoy me curaron las heridas, manifiesta que en el lugar donde está actualmente se encuentra está bien. SEGUNDO: El día cinco de febrero del presente año, me constituí en las instalaciones del centro penitenciario de Siria, con el fin de requerir al director LENIN RENÉ PINEDA BOCANEGRA a fin de que rindiera informe sobre los hechos narrados en la exhibición JLPCNE 025-2021 interpuesta por la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS quien establece que su representado ha sido objeto de TORTURAS, LESIONES, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, entre la información más relevante consignó que el interno ingreso a dicho centro el 01 de febrero del año dos mil veintiuno, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CD-061, en su condición de primo delincuente, en su condición de procesado, quien fue ubicado en el módulo de primer ingreso (Taller 2) en virtud de que el llenó en el formulario de ingreso que no pertenecía a ninguna estructura criminal. Se adjunta copia de la ficha de ingreso. El privado de libertad RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, después de haber ingresado al módulo de taller 2 fue identificado por los privados de libertad compañeros de módulo de la estructura criminal MS-13, como simpatizante o miembro de la pandilla 18, motivo por el cual lo golpearon en diferentes partes del cuerpo, quien al gritar productos de los golpes que recibía fue escuchado por los agentes de policía y penitenciarios quienes lo llevaron a la clínica para que le prestaran asistencia médica, quien diagnosticó múltiples hematomas, prescribiendo tratamiento para sus lesiones procediendo el trasladaron al módulo 14, por sospecha de tener alguna relación con la pandilla 18, en donde fue entrevistado por los privados de libertad que coordinan el módulo 14, quienes confirmaron que era simpatizante a la pandilla 18, debido a que reside en una zona controlada por dicha estructura criminal. Para confirmar ese extremo se adjuntó la copia del libro de novedades. TERCERO: Así en fecha 5 de febrero del presente año, se requirió al doctor EDUARDO OSEGUERA para que se procediera a evaluar físicamente al señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, quien en dictamen establece que el recluido presenta traumas en el glúteo derecho e izquierdo, por lo que se le indicó antibióticos vía oral y que se encuentra en buen estado general sin ninguna enfermedad que ponga en riesgo su vida. CUARTO: Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), tormento viene del latín tormentum y significa acción y efecto de atormentar, dolor corporal que se causa al reo para obligarlo a confesar o declarar. Esta definición está íntimamente ligada al concepto de tortura, según el artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece que se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona a dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. QUINTO: Según las diligencias hechas por esta juez ejecutora, se logró establecer con la declaración del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, que fue objeto de golpes por parte de los internos del módulo de taller número dos del centro penitenciario de Siria, no por funcionarios del centro penal, quienes al oír las quejas del interno se avocaron a fin de saber lo que pasaba, procediendo a llevar al señor Raudales a la clínica para que le brindaran atención médica y trasladándolo a otro módulo, cesando así los malos tratos de los que estaba siendo objeto por parte de los internos de ese módulo, manifestando el interno RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, que en el módulo 14 se encuentra bien. SEXTO: La justicia constitucional a través de la garantía de habeas corpus interviene o se activan sus mecanismos de protección, cuando se constata que se ha incurrido en dos acciones: 1) una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, 2) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión (art. 13 de la Ley sobre justicia constitucional). Por tanto: Esta juez ejecutora, en aplicación de los artículos 80, 82, 182 de la Constitución de la República de Honduras; 172, 174, 178, 181, 184, 188 del Código Procesal Penal; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 de la Ley sobre justicia constitucional; falla: 1) Declarar SIN LUGAR el habeas corpus presentado a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley sobre justicia constitucional. y manda: que se remitan las diligencias Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión. Juntamente con la documentación soporte en el recurso de habeas corpus presentado. CÚMPLASE.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que lo expresado por la defensora pública, abogada LUCÍA MARÍA NAVAS FLORES en su condición de juez ejecutora es correcto y, por ende, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. -Por otra parte, es necesario establecer que la garantía de exhibición personal no tiene como propósito sancionar a los responsables de los hechos verificados y que son motivo para declarar con lugar un habeas corpus. Su objetivo es hacer cesar de inmediato la violación al derecho a la libertad o a la integridad física, psíquica y moral.-De manera que para que prospere la garantía constitucional de exhibición personal es necesario que la violación sea actual o inminente; sin embargo, en el presente caso resulta evidente que el ciudadano Rigoberto Raudales Espinoza fue objeto de malos tratos por parte de unos internos miembros de la mara 13, pero de igual manera consta en autos que al momento de practicarse el habeas corpus, la juez ejecutora Lucía María Navas Flores verificó que el ciudadano Rigoberto Raudales Espinoza estaba en ese momento seguro, bajo resguardo y con los cuidados médicos necesarios. De tal forma que, el incidente ya era un hecho pasado.-Ahora bien, con la entrevista que la juez ejecutora le hizo al privado de libertad[1], el dictamen médico elaborado por el médico penitenciario de turno colegiado 13447[2] y el oficio No. 273-CPS-2021 de fecha cinco de febrero expedido por el subcomisionado de policía Lenin René Pineda Bocanegra en su condición de director del centro penitenciario Siria, ubicado en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán[3], se desprenden elementos que podrían conducir a la sospecha de que el ingreso del interno al módulo donde habitan los miembros de la mara 13 no fue un error sino que pudo ser un acto deliberado, por lo tanto merece investigación para que dicho hecho que podría constituir delito no quede impune.-El artículo 269 del Código procesal penal dispone la obligación de denunciar que tienen los servidores públicos que en ocasión de sus funciones tengan conocimiento de la posible comisión de delitos; en virtud de lo cual procede que se envíe atento oficio al Fiscal general de la República para que proceda de acuerdo con las atribuciones que la ley le confiere.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 269 del Código procesal penal; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por la abogada DORIS ALINA CRUZ SALAS a favor del señor RIGOBERTO RAUDALES ESPINOZA, contra actuaciones del director del centro penal ubicado en la localidad de Siria, municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, exponiendo la peticionaria que tuvo conocimiento que el agraviado ha sido objeto de torturas, lesiones, y tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las instalaciones de dicho centro penal. Y MANDA: Que la secretaría de este alto tribunal de justicia: 1. proceda a librar atento oficio al Fiscal general de la República para que proceda de acuerdo con las atribuciones que la ley le confiere. 2. Una vez notificado el presente fallo, proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0199-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Folios 16 y 17 del expediente de habeas corpus.

[2] Vid. Folio 20 del expediente de habeas corpus.

[3] Vid. Folio 21 del expediente de habeas corpus.