Sentencia EP-1161-20 — Registro 12945
Resumen
Sentencia en revisión en base al Informe de Juez ejecutor declaró no ha lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial a nivel nacional quien fue declarado culpable del delito de lavado de activos en perjuicio de la Hacienda Pública, habiendose señalado audiencia de individualización de Pena; el Juez ejecutor constató que no ha sufrido ninguna tortura o maltrato físico ni verbal en su lugar de reclusión por lo que no se encuentra en detención ilegal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla (del artículo 338) indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada acusación. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la última fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal..." ..."esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad del señor Romel Bimard Posas Matute; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo..."..."se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que el señor Romel Bimard Posas Matute, tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria..."…"para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar con lugar el Recurso Constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Romel Bimard Posas Matute, de inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el señor Romel Bimard Posas Matute, con la cual el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme..."..."por todas las razones y planteamientos antes plasmados la Sala de lo Constitucional estima procedente CONFIRMAR la sentencia venida en revisión que declara SIN LUGAR el presente recurso de exhibición personal a favor del señor Romel Bimard Posas Matute..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 341 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 343 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020), que declaró No Ha Lugar el recurso interpuesto el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor del Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL, manifiesta el peticionario que: “…el agraviado se encuentra recluido en la PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, alegando que dada las circunstancias el caso y de las condiciones de la detención, la prisión preventiva decretada como medida cautelar, se ha vuelto ilegal y arbitraria, por haber sido ratificada por dicha autoridad; con relación a la causa instruida contra el Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA HACIENDA PUBLICA” ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial a Nivel Nacional, manifestando el peticionario que: “el agraviado se encuentra recluido en la PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, alegando que dada las circunstancias el caso y de las condiciones de la detención, la prisión preventiva decretada como medida cautelar, se ha vuelto ilegal y arbitraria, por haber sido ratificada por dicha autoridad, con relación a la causa instruida contra el Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios 01-14 de la pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), la presente Sala Resolvió: (SIC) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; 2º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, para los efectos legales consiguientes; 3º A PREVENCION DESIGNAR COMO JUEZA EJECUTORA A LA ABOGADA CARMEN MURILLO, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien deberá de manera inmediata constituirse al lugar donde se encentra recluido el supuesto agraviado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo deberá requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y examinar los antecedentes relativos al caso de mérito. Debiendo emitir sus conclusiones e informe sobre lo actuado dentro de un plazo prudencial ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Para lo cual, líbrese la respectiva comunicación con las inserciones de estilo, a la cual se deberá acompañar copia simple del escrito de interposición del presente recurso. -” (Folio 16 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020), la infrascrita Juez Ejecutora en cumplimiento y considerando que el presente Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, tiene como propósito constatar la violación del debido proceso, la cual explico a continuación: (SIC): “PRIMERO: En fecha 16 de Noviembre de 2020, siendo las dos de la tarde, me constituí a las instalaciones del Tribunal de Sentencia, a fin de requerir en legal y debida forma al Juez conocedor de la causa registrada bajo el numero TS/JN 8-99-2019, requerimiento que no fue posible realizar en la precitada fecha en vista que la secretaria Osiris Castellanos me manifestó que el Señor Juez conocedor de esa causa era el Abogado WALTER LARA MEJIA y que el mismo se había reportado mal de salud ese día, razón por la cual no se realizó dicho requerimiento, de lo cual la suscrita procedió a levantar la respectiva constancia. SEGUNDO: Siendo que la suscrita ya tenía asignaciones pendientes de evacuar en días posteriores, se procedió nuevamente en fecha 19 de noviembre 2020, a requerir en legal y debida forma al Señor WALTER LARA, para que dentro del término que establece la ley emitiera su respectivo informe en relación a los antecedentes procesales del expediente TS/JN 8-99-2019 específicamente en relación al imputado ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, el cual extendió su respectivo informe en esa misma fecha. TERCERO: En esa misma fecha 19 de noviembre de 2020, la suscrita se persono a las instalaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, sita en el Valle de Tamara, Francisco Morazán, con el objeto de tener a la vista al privado de libertad ROMEL BIMARD POSAS MATUTE y proceder a su respectiva entrevista. Una vez mencionadas las diligencias realizadas, se procede a informar lo siguiente: 1) CONSIDERANDO: Que el Juez conocer de la causa en su informe emitido pone en conocimiento que la causa registrada bajo el numero TS/JN-8-99-2019 fue instruida contra varias imputados, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA HACIENDA PUBLICA, que en fecha 12 de Abril de 2018 fue presentado el requerimiento fiscal, leyéndosele sus derechos al imputado el 16 de abril 2018 y que el termino de dos año de PRISION PREVENTIVA venció el 16 de abril de 2020.- Pero que dicha prisión preventiva fue AMPLIADA el 03 de Abril 2020, por el termino de 6 MESES mediante oficio número 322-2020-SP-CSJ. Entendiéndose que estos 6 meses vencían el 16 de octubre de 2020. Mencionando entre otras circunstancias importantes que en fecha 25 de abril de 2018 la Defensa Privada del imputado presento recurso de apelación contra la resolución emitida por el A-quo en fecha 20 de abril 2018, en relación al Auto de Formal Procesamiento con Prisión preventiva decretado contra su representado. Contestando el Ministerio Publico este recurso el 19 de junio 2018, renunciando posteriormente la defensa del imputado ROMEL BIMARD POSAS del recurso de apelación interpuesto. Celebrándose audiencia preliminar el 12 de abril de 2019.- Siendo remitidas las diligencias al Tribunal de Sentencias el 21 de junio 2019, habiéndose señalado Juicio oral y público para los días 17 y 18 de agosto 2020. Y en vista de la emergencia Nacional decretada por el Covid-19 fue reprogramado para el 28 de septiembre 2020, fecha en la cual no se realizó a petición de las DEFENSAS de los imputados, siendo reprogramado en estrados para los días del 5 al 16 de octubre de 2020. Emitiéndose fallo de culpabilidad el 30 de octubre de 2020, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS. - Estando señalada audiencia de INDIVIDUALIZACION DE PENA para el 27 de noviembre 2020. Razón por la cual la Sentencia aún está en redacción.- Al analizar la información proporcionada por el Tribunal de Sentencia se aprecia que la Defensa del imputado consintió la reprogramación del Juicio Oral y Público, aun sabiendo que estaba por vencer la prisión preventiva de su representado. Y al existir un fallo de culpabilidad se rompe el estado de inocencia del imputado, citando como referencia las Sentencia SCO-0512-2017 y SCO-0254-2019 emitidas por la Sala de lo Constitucional, las cuales tratan de similares circunstancias. 2) CONSIDERANDO: Que fecha 19 de noviembre de 2020 se entrevistó al privado de libertad ROMEL BIMARD POSAS MATUTE quien al ser entrevistado puso en conocimiento su situación en relación a la causa que se le sigue por el delito de Lavado de Activos, exponiendo que su Abogado privado interpuso este recurso por considerar que se le violentaron sus derechos constitucionales, ya que su juicio se celebró pasado los 30 meses y que en el juicio que se celebró en su contra salió condenado por unanimidad de votos y que desconoce a cuantos años fue condenado porque aún no le han dictado su sentencia condenatoria.- Que actualmente se encuentra recluido en el módulo de diagnóstico y que no ha sufrido ningún tipo de tortura o maltrato físico ni verbal en su lugar de reclusión. 3) CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Constitución de la República en el artículo 84 establece. Nadie podrá ser arrestado o detenido si no en virtud de mandato escrito por autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. 4) CONSIDERANDO: La circular 02-2018 emitida por la Sala de lo Penal, en el literal d) establece: De la contabilización del término de la Prisión Preventiva: En cuanto a la medida cautelar de Prisión Preventiva que se imponga en cualquier proceso, el inicio de la misma deberá contarse a partir de la privación de la libertad que se produzca durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el Órgano jurisdiccional competente. En los casos en que la Policía Nacional prive de su libertad a un ciudadano, antes de iniciado el proceso, la prisión preventiva comenzara a correr desde el momento en que el imputado es privado de su libertad, ya sea por orden judicial o detenido por autoridad competente o desde el momento en que es puesto a disposición de ésta. 5) CONSIDERANDO: Artículo 181. Del Código Procesal Penal Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que éste artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. 6) CONSIDERANDO: La carta magna establece en su artículo 90 que: Nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. 7) CONSIDERANDO: EL ARTÌCULO 13 DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL ESTABLECE DEL DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA LIBERTAD PERSONAL Y LA INTEGRIDAD E INTIMIDAD DE LA PERSONA HUMANA. El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y de Habeas Data. En consecuencia en el Habeas Corpus o Exhibición Personal , toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Habeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: EL HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. 8) CONSIDERANDO: El artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado. 9) CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Opinión Consultiva numero OC-8/87 emitida Corte Interamericana de Derechos Humanos establece entre otras cosas: Que El habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que este pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad. 1) El artículo 25.1 de la Convención dispone: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) En la Convención este procedimiento aparece en el artículo 7.6 que dice: Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona. 3) Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el amparo es el genero y el habeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así como los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el habeas corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquellos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el habeas corpus es denominado “amparo de la libertad” o forma parte integrante del amparo. 4) El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición, o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. POR TANTO: La suscrita Juez Ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 37 de la Ley de Justicia Constitucional ES DEL CRITERIO DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCION DEL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL, interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA a favor del señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, por considerar que no se encuentra en Detención Ilegal.” (Folios 45–48 de la pieza del Antecedente) 4) Remitido el informe en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020), a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitido por el Juez Ejecutor y emitida la Sentencia en fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020), Falló: (SIC) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito.” (Folios 51–52 de la pieza del Antecedente) 5) Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente relacionado se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el abogado Walter Leonel Ramírez García, a favor del Privado de Libertad ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en relación a la posible detención ilegal del referido ciudadano ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, (Sic) “CONSIDERANDO: Que, del informe rendido por la Juez Ejecutora, manifiesta. “En fecha 19 de noviembre de 2020 se entrevistó al privado de libertad Romel Bimard Posas Matute, quien al ser entrevistado puso en conocimiento su situación en relación a la causa que se le sigue, exponiendo que su Abogado privado interpuso este recurso por considerar que se le violentaron sus derechos constitucionales, ya que su juicio se celebró pasado los 30 meses y que en el juicio que se celebró en su contra salió condenado por unanimidad de votos y que desconoce a cuantos años fue condenado porque aún no le han dictado su sentencia condenatoria. Que actualmente se encuentra recluido en el módulo de diagnóstico y que no ha sufrido ningún tipo de tortura o maltrato físico ni verbal en su lugar de reclusión”. - CONSIDERANDO: Que en el caso de los autos, el señor Romel Bimard Posas matute fue juzgado en Juicio Oral y Público, habiendo sido encontrado culpable por el delito de Lavado de Activos; habiéndose señalado audiencia de Individualización de Pena para el día veintisiete de noviembre del presente año.- El referido señor Posas Matute, en su oportunidad fue detenido por orden de autoridad competente y su estado de inocencia ha sido quebrantado, al habérsele declarado culpable, y por otra parte no ha sido objeto de vejámenes, trato cruel, inhumano o degradante, que son los presupuestos para que proceda la exhibición personal de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional.” POR TANTO: FALLA: (sic) Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho merito”. CONSIDERANDO (3): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo siete (7) numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. CONSIDERANDO (4): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. CONSIDERANDO (5): Que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, está vinculado con el derecho a ser oído en un plazo razonable reconocido en el artículo ocho (8) numeral primero de la Convención antes citada; pudiéndose citar el caso de la Corte Interamericana Suárez Rosero vs. Ecuador, en el que se razonó los artículos siete y ocho de la Convención, expresando que “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”[1]. CONSIDERANDO (6): Que también se puede estimar que la Corte ha establecido que se debe de tutelar que solo se restringa el derecho a la libertad personal, cuando existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesario para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de justicia[2]. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso se discutirá sobre la licitud de la detención del beneficiario del presente recurso, para ello habrá que indicar que la legitimación de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permita aplicarla en ciertas situaciones específicas, como presunción general, sino que debe de mediar con base al principio de proporcionalidad, que debe de tenerse en cuenta no solo en el plano normativo sino también en el de ejecución. CONSIDERANDO (8): Que la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales[3]. En el Caso López Álvarez en contra de nuestro Estado, la jueza Medina Quiroga indica que los procesos judiciales requieren un tiempo considerable para que se resuelvan en un asunto de fondo, ya sea de carácter penal o civil, porque hay que darles a las partes la posibilidad, inter alia, de buscar pruebas, presentarlas a juicio, objetar las del contrario y hay que darle al tribunal la posibilidad de ponderar todo esto con cuidado. De ahí que el plazo debe ser razonable, lo que significa que no puede ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto. CONSIDERANDO (9): Que el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución No. 43/173, del nueve de diciembre de 1988) establece en su principio 39 que excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de un infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelas que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificaciones suficientes de la prisión preventiva[4]. CONSIDERANDO(11): Que en el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, estableciendo el Principio III, punto dos que dice: La privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos. CONSIDERANDO (12): Que se vuelve necesario analizar el artículo 181 del Código Procesal Penal de la República de Honduras, dado que dicho precepto establece la duración de la prisión preventiva, indicando que como regla general podrá durar hasta un (1) año, pero cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la misma podrá durar hasta dos (2) años. En ambas situaciones de forma excepcional se podrá ampliar la prisión preventiva hasta por seis (6) meses más, a solicitud fundada del Ministerio Público, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Posteriormente dicta la norma procesal que, en ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, asimismo se puede leer que, una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prologarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (13): Que se puede entender que la prisión preventiva se extiende hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza, por lo que una vez que se hayan vencido los plazos ordinarios o extraordinarios, podría alegarse que el mantenimiento de la prisión preventiva vulneraria derechos constitucionales como el principio de inocencia; pero ya resuelta dicha situación el Código Procesal expresa que dicha medida cautelar podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia. Es necesario interpretar lo anterior conforme a la Convención Americana, siendo que el órgano jurisdiccional deberá de reevaluar posterior a la declaración de culpabilidad, la necesidad de asegurar que el presunto culpable no eludirá la acción de justicia. CONSIDERANDO (14): Que es fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el treinta (30) de octubre del año dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, declaró la culpabilidad del señor Romel Bimard Posas Matute, lo que rompe la presunción de inocencia. Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla (del artículo 338) indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada acusación. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la última fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. CONSIDERANDO (15): Que, si bien el Código Procesal Penal establece que la emisión de la Sentencia Condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad del señor Romel Bimard Posas Matute; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo. CONSIDERANDO (17): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que el señor Romel Bimard Posas Matute, tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria. CONSIDERANDO (18): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar con lugar el Recurso Constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Romel Bimard Posas Matute, de inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el señor Romel Bimard Posas Matute, con la cual el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme. CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones y planteamientos antes plasmados la Sala de lo Constitucional estima procedente CONFIRMAR la sentencia venida en revisión que declara SIN LUGAR el presente recurso de exhibición personal a favor del señor Romel Bimard Posas Matute. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 59, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos1, 5, 7, 8y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos: 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos: 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMAR el Recurso de Exhibición Personal venido en Consulta, interpuesto por el Abogado Walter Leonel Ramírez García, a favor del señor Romel Bimard Posas Matute, contra las omisiones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: 1) Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redacto la Magistrada Reina A. Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto para resolver el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación de fecha veintiocho de enero del presente año, por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA contra la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, conocido por cuestión de competencia por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, venido en revisión de la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, que declaró No Ha Lugar el recurso interpuesto contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL, manifiesta el peticionario que: “…el agraviado se encuentra recluido en la PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO” UBICADA EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, alegando que dada las circunstancias el caso y de las condiciones de la detención, la prisión preventiva decretada como medida cautelar, se ha vuelto ilegal y arbitraria, por haber sido ratificada por dicha autoridad; con relación a la causa instruida contra el Señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS…”. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que ésta no ataca el fondo o la forma de la resolución impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 48, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA contra la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada. CUMPLASE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas veintiuno de enero y nueve de febrero de dos mil veintiuno ambas, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-1161-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 70.
[2]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 93.
[3]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, párr. 162.
[4]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74.