Sentencia EP-1154-21 — Registro 16341
Resumen
Acto recurrido en relación a lograr la atención de reclusos con covid 19, verificar si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario, se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado, se deduce de los antecedes que a los privado de libertad no le comprenden los presupuestos de los artículos transcritos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; su detención procede de autoridad competente..." ..." Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre de dos mil veintiuno.-VISTO: para dictar sentencia el recurso de Exhibición personal interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de LOS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE COVID 19, contra actuaciones del director del Instituto Nacional Penitenciario, agregando que se verifique si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del Estado es la Vida Humana, todo tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interponiendo Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE COVID 19, contra actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, agregando que se verifique si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas ya que el fin supremo del Estado es la Vida Humana, todo tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.-2) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional tiene por admitido el Recurso de Exhibición Personal presentado, por lo que designa como Juez Ejecutor a la Abogada IRIS ONDINA CASTRO, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que a la mayor brevedad posible presentara un informe sobre los hechos relatados por el recurrente. (Folio 3 de la pieza de los antecedentes).-3) Que la Abogada IRIS ONDINA CASTRO, en su condición de Juez Ejecutora, con las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), consignando entre otros extremos: “PRIMERO: Que el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interpone un recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus contra las actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, en las que solicita que se verifique si se les está dando el tratamiento adecuado y si los están evaluando especialistas, el Abogado recurrente, no establece en forma clara y precisa, sobre quien o quienes recae el Recurso de Exhibición Personal ya que no indica de forma individual cada persona privada de libertad que tiene la enfermedad de Covid 19, si no que lo hace de manera generalizada, sumando a ello no especifica la situación jurídica de cada uno de los privados de libertad, por lo cual debió establecer con claridad el nombre completo de las personas a favor de quien interpone, siendo que el nombre es un atributo de la personalidad, es la forma de identificar cada persona dentro de una colectividad determinada para ejercer sus derechos legítimos. SEGUNDO: El recurrente no indica en cual o cuales, de los distintos centros penales del país, se encuentra recluidos cada uno de los privados de libertad que tiene la enfermedad del Covid 19 y agrega que el Juez Ejecutor verifique si se les esta dando el adecuado tratamiento, por lo que a criterio de esta Juez Ejecutora que en esta circunstancias no puede constituirse en todos los centros penales a nivel nacional, sin tener la información necesaria para cumplir con la función encomendada, tomando en consideración el limitado recurso con el que actualmente cuenta el Poder Judicial; agregado a ello la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 27 nos establece la exhibición obligatoria del agraviado, lo cual para el caso que nos ocupa se desconocen nombres de los supuestos agraviados, por lo que es imposible entrevistar personas sin conocer datos específicos, puesto que cada persona agraviada deberá ser entrevistada de manera personal para poder constatar los extremos que reza el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y así establecer si estas personas se encuentran sufriendo privación de libertad arbitraria o que siendo legal están siendo objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, requisito indispensable para interponer este tipo de recurso, como lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.- La Doctrina establece que “el Habeas Corpus o| Exhibición Personal es una institución de la Justicia Constitucional, que protege específicamente la libertad personal frente a las actuaciones arbitrarias o ilegales del poder del Estado y también de los particulares, protege al individuo en los casos de privación de libertad o de amenaza a dicha privación que se vuelva arbitraria, e incluso en los casos de daños a la integridad personal como consecuencia de dichos actos.- En ese sentido la acción está planteada de manera incorrecta por cuanto el objetivo de un Habeas Corpus o Exhibición Personal es detener la arbitrariedad de alguna autoridad por la ilegalidad de una detención o aplicación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, etc…, o incluso para lograr la corrección de excesos de autoridad en esas vías, por lo cual obligatoriamente necesita la detención ilegal o molestias dentro de la detención legal de una persona determinada, y ninguna de estas situaciones se contemplan en la interposición del recurso; y si lo que se pretende que sean revisados sus expedientes en el Juzgado de Ejecución, estas pretensiones que el peticionario pretende, no se pueden conceder mediante el recurso invocado. A su vez el Presente Recurso está interpuesto en contra del Director del Instituto Nacional Penitenciario, ubicado en Tamara, Francisco Morazán , quien solo tiene la facultad de guardar y custodiar a los privados de libertad , pero no es el funcionario competente para excarcelar algún interno, pudiendo hacerlo únicamente si hay una orden emanada de un ente Judicial competente.- Que según los hechos del escrito, se determina que no se cumplen con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Habeas Corpus o Exhibición Personal; siendo del criterio de la suscrita y por las razones anteriormente expuestas que no es necesario ni se debe requerir a la autoridades penitenciarias para que rindan algún tipo de informe, por lo que haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional y la Doctrina legal, se logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la presente acción. La suscrita Jueza Ejecutora en uso de las facultades que le confiere la ley, en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la Republica; 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 27, 34, 37, 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 1) DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS interpuesta por El Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO a favor de los Privados de Libertad que tiene la enfermedad COVID 19.” -CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por cuanto la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse en caso necesario y sin demora las medidas necesarias a través de la investigación del caso denunciado de conformidad con lo que dispone la ley. -CONSIDERANDO (3): Que el abogado Arturo Heller Portillo en fecha 26 de octubre del 2021, interpuso acción de habeas corpus o exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional a favor de privados de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva en todos los centros penales a nivel nacional y que no han sido puestos en libertad, motivando “…que el fin supremo del Estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla…” acción que interpone contra autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, pide la exhibición de los privados de libertad en la condición ya expresada, fundando su petición en los artículos 59, 80 y 321 de la Constitución de la República, 1, 2, 3, 4, 7, 9 No.1, 13 inciso a) 19, 21, 22, 25, 26 27 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (4): Que mediante auto de la misma fecha, la Sala de lo Constitucional admite el recurso y seguidos los procedimientos de ley, procede a designar como juez ejecutor para los efectos del habeas corpus a la abogada Alba Olivia Zuniga Ayala, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien deberá constatar los extremos narrados por el recurrente, a efecto de determinar la procedencia del recurso intentado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los supuestos agraviados, asimismo, deberá requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la ley Sobre Justicia Constitucional, ordenando libramiento de la respectiva comunicación con las inserciones de estilo, notificando al fiscal del despacho para el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Artículos 182, 313 atribución 5ta. Y 316 numeral 1) de la constitución de la República y demás aplicables Sobre la Ley de Justicia Constitucional. -CONSNDIERANDO (5): Que, la Juez Ejecutora designada dando cumplimento a las funciones inherentes a su cargo en la acción de mérito presentada, expresa en su informe, que visto y analizado el recurso interpuesto por el recurrente, en cuanto a las personas privadas de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva, expresa: a) Que no está especificando quienes son las personas a favor de las cuales interpone dicho recurso al expresar “de las personas privados de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva”, siendo un aspecto necesario el individualizar a las personas con su nombre y apellido, como lo establece el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: “toda persona natural tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre y apellido o apellidos que legalmente lo identifican por estar inscrito en el Registro Civil”. Al ser un atributo de la personalidad dentro de la sociedad para el ejercicio de sus derechos, también el nombre del individuo tiene las funciones de :a) Particularización o individualización para la cual solo aquella persona puede ser conocida con aquel nombre y b) De identificación donde tiene su atributo social que permite identificar por un nombre al individuo que lo posee; 2) Aunado a esto no menciona con exactitud donde están recluidas las personas ya que menciona los 26 centros penales a nivel nacional, siendo extremadamente difícil que esta juez ejecutora se traslade a cada uno de los centros penales buscando a personas de las que desconoce su nombre y situación legal. En vista de lo anterior, no se harán los requerimientos e informes a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, ya que las instituciones guardan basta información de todas las personas privadas de libertad a nivel nacional, no se puede tomar como un nombre para realizar tal diligencia y por ende no se puede realizar las solitudes de inmediata exhibición de los privados de libertad como lo exigen los artículos 26 y 27 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la juez ejecutora, expresa que la acción de exhibición personal para ser interpuesta no requiere de formalidades, pero no menos cierto es que el recurso no tiene definido de manera clara a favor de quienes es el mismo, siendo imposible realizar diligencias de investigación a la deriva, aunado a esto de su simple lectura los hechos relacionaos no se enmarcan en los requisitos establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional 13 y 24, en relación al deber que tiene el Estado de garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana, es necesario entonces, que el juez ejecutor tenga como funciones las de considerar si existe una detención ilegal o si en su detención legal una persona está sometida a vejámenes, torturas, tratados crueles e inhumanos y degradantes, lo cual no se observa en el libelo interpuesto.-CONSIDERANDO (7): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal es una Garantía (Derecho) Constitucional que protege el derecho a la libertad de un ciudadano hondureño. Este recurso está regulado en la Constitución de la República y su proceso en la Ley sobre Justicia Constitucional, si bien su interposición no requiere formalidades procedimentales ante los órganos jurisdiccionales para admitirlo, no menos cierto es que el recurrente en los hechos denunciados tendrá claridad de lo que pide y se enmarcará dentro de los presupuestos que ordena la ley, en el caso que no ocupa, arguye únicamente que se ha vencido la prisión preventiva, sin especificar a quienes o a favor de que personas recurre, lo que dificulta al Juez Ejecutor investigar, pues el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional especifica con claridad en su incisos a) y b) los presupuestos de procedencia de la acción que hoy intenta el recurrente.-CONSIDERANDO(8): Que, con la motivación expuesta queda claro que la privación de libertad está ordenada por autoridad competente, que se les sigue un proceso y se desconoce su condición actual, el artículo 178 del Código Procesal Penal establece que se entenderá por prisión preventiva la privación de libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme y que por supuesto concurran los requisitos que establece la ley. Por otro lado, el artículo 181 del mismo cuerpo legal, determina las reglas para la duración de la prisión preventiva y dispone en el párrafo séptimo, que, si vencido el plano no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares prevista en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. -CONSIDERANDO (9): Que esta Sala reitera al recurrente, tal y como se le hizo saber en el en el fallo SCO-1133-2021, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, de ahí que, si bien en el pasado esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, las mismas fueron interpuestas en forma juiciosa y responsable, mostrando sus peticionarios el compromiso y dedicación que este tipo de acciones exige, explicando en su momento a los miembros de esta Sala, con detalle, las condiciones específicas de los centros penales que denunciaban y la situación de las personas agraviadas, lo cual difiere grandemente con el proceder del impetrante, quien en forma desocupada, no denuncia hechos, violaciones o situaciones concretas sino que de manera general, se refiere a los privados de libertad que ya cumplieron la prisión preventiva en los centros penales a nivel nacional, lo que evidencia el desconocimiento y falta de interés del recurrente en la acción promovida, más allá de un mero afán fatuo y protagónico que dista del propósito, importancia y la generosidad de esta acción constitucional, lo que claramente es irrelevante para el compareciente. Esta Sala en repetidas decisiones, ha manifestado, que el objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. -CONSIDERSANDO (10) : Que el artículo 181 del Código Procesal Civil, señala de manera específica al imputado, reconociendo que se trata de una persona que tiene un nombre y apellido legalmente identificado y a quien se le atribuye participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal y de darle seguimiento a la causa que se le sigue, a través de un debido proceso, en respeto a sus garantías individuales; por tanto, no es a través de un recurso de habeas corpus o exhibición personal de forma masiva la vía para recurrir; su pretensión va más allá de una acción de habeas corpus, procede entonces, que el recurrente considere lo que establece el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: “toda persona natural tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre y apellido o apellidos que legalmente lo identifican por estar inscrito en el Registro Civil”, asimismo cabe persuadir al recurrente para que se persone ante los órganos administradores de justicia penal, en procura de una revocación o sustitución de medidas cautelares privativas de libertad, tal como lo establece Código Procesal Penal para estos efectos en los artículos del 188 al 190. .CONSIDERANDO (11): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara no ha lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en el presente fallo y se le exhorta para que concurra a seguir los procedimientos establecidos en Código Procesal Penal en procura de la libertad de los privados de libertad que considere cumplen con los presupuestos de los artículos relacionados en el presente fallo. -CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario, se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado, se deduce de los antecedes que a los privado de libertad no le comprenden los presupuestos de los artículos transcritos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; su detención procede de autoridad competente. -CONSIDERANDO(13):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción; POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar Sin Lugar, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por el abogado Cesar Augusto Heller Portillo a favor de privados de libertad, recluidos en centros penales a nivel nacional y que según el recurrente han cumplido el tiempo de la prisión preventiva contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 1154-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre de dos mil veintiuno.-VISTO: para dictar sentencia el recurso de Exhibición personal interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de LOS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE COVID 19, contra actuaciones del director del Instituto Nacional Penitenciario, agregando que se verifique si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del Estado es la Vida Humana, todo tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interponiendo Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de LAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE COVID 19, contra actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, agregando que se verifique si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas ya que el fin supremo del Estado es la Vida Humana, todo tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.-2) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional tiene por admitido el Recurso de Exhibición Personal presentado, por lo que designa como Juez Ejecutor a la Abogada IRIS ONDINA CASTRO, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que a la mayor brevedad posible presentara un informe sobre los hechos relatados por el recurrente. (Folio 3 de la pieza de los antecedentes).-3) Que la Abogada IRIS ONDINA CASTRO, en su condición de Juez Ejecutora, con las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), consignando entre otros extremos: “PRIMERO: Que el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interpone un recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus contra las actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, en las que solicita que se verifique si se les está dando el tratamiento adecuado y si los están evaluando especialistas, el Abogado recurrente, no establece en forma clara y precisa, sobre quien o quienes recae el Recurso de Exhibición Personal ya que no indica de forma individual cada persona privada de libertad que tiene la enfermedad de Covid 19, si no que lo hace de manera generalizada, sumando a ello no especifica la situación jurídica de cada uno de los privados de libertad, por lo cual debió establecer con claridad el nombre completo de las personas a favor de quien interpone, siendo que el nombre es un atributo de la personalidad, es la forma de identificar cada persona dentro de una colectividad determinada para ejercer sus derechos legítimos. SEGUNDO: El recurrente no indica en cual o cuales, de los distintos centros penales del país, se encuentra recluidos cada uno de los privados de libertad que tiene la enfermedad del Covid 19 y agrega que el Juez Ejecutor verifique si se les esta dando el adecuado tratamiento, por lo que a criterio de esta Juez Ejecutora que en esta circunstancias no puede constituirse en todos los centros penales a nivel nacional, sin tener la información necesaria para cumplir con la función encomendada, tomando en consideración el limitado recurso con el que actualmente cuenta el Poder Judicial; agregado a ello la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 27 nos establece la exhibición obligatoria del agraviado, lo cual para el caso que nos ocupa se desconocen nombres de los supuestos agraviados, por lo que es imposible entrevistar personas sin conocer datos específicos, puesto que cada persona agraviada deberá ser entrevistada de manera personal para poder constatar los extremos que reza el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y así establecer si estas personas se encuentran sufriendo privación de libertad arbitraria o que siendo legal están siendo objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, requisito indispensable para interponer este tipo de recurso, como lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.- La Doctrina establece que “el Habeas Corpus o| Exhibición Personal es una institución de la Justicia Constitucional, que protege específicamente la libertad personal frente a las actuaciones arbitrarias o ilegales del poder del Estado y también de los particulares, protege al individuo en los casos de privación de libertad o de amenaza a dicha privación que se vuelva arbitraria, e incluso en los casos de daños a la integridad personal como consecuencia de dichos actos.- En ese sentido la acción está planteada de manera incorrecta por cuanto el objetivo de un Habeas Corpus o Exhibición Personal es detener la arbitrariedad de alguna autoridad por la ilegalidad de una detención o aplicación de torturas, vejámenes, exacciones ilegales, etc…, o incluso para lograr la corrección de excesos de autoridad en esas vías, por lo cual obligatoriamente necesita la detención ilegal o molestias dentro de la detención legal de una persona determinada, y ninguna de estas situaciones se contemplan en la interposición del recurso; y si lo que se pretende que sean revisados sus expedientes en el Juzgado de Ejecución, estas pretensiones que el peticionario pretende, no se pueden conceder mediante el recurso invocado. A su vez el Presente Recurso está interpuesto en contra del Director del Instituto Nacional Penitenciario, ubicado en Tamara, Francisco Morazán , quien solo tiene la facultad de guardar y custodiar a los privados de libertad , pero no es el funcionario competente para excarcelar algún interno, pudiendo hacerlo únicamente si hay una orden emanada de un ente Judicial competente.- Que según los hechos del escrito, se determina que no se cumplen con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Habeas Corpus o Exhibición Personal; siendo del criterio de la suscrita y por las razones anteriormente expuestas que no es necesario ni se debe requerir a la autoridades penitenciarias para que rindan algún tipo de informe, por lo que haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional y la Doctrina legal, se logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la presente acción. La suscrita Jueza Ejecutora en uso de las facultades que le confiere la ley, en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la Republica; 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 27, 34, 37, 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 1) DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS interpuesta por El Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO a favor de los Privados de Libertad que tiene la enfermedad COVID 19.” -CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por cuanto la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse en caso necesario y sin demora las medidas necesarias a través de la investigación del caso denunciado de conformidad con lo que dispone la ley. -CONSIDERANDO (3): Que el abogado Arturo Heller Portillo en fecha 26 de octubre del 2021, interpuso acción de habeas corpus o exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional a favor de privados de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva en todos los centros penales a nivel nacional y que no han sido puestos en libertad, motivando “…que el fin supremo del Estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla…” acción que interpone contra autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, pide la exhibición de los privados de libertad en la condición ya expresada, fundando su petición en los artículos 59, 80 y 321 de la Constitución de la República, 1, 2, 3, 4, 7, 9 No.1, 13 inciso a) 19, 21, 22, 25, 26 27 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (4): Que mediante auto de la misma fecha, la Sala de lo Constitucional admite el recurso y seguidos los procedimientos de ley, procede a designar como juez ejecutor para los efectos del habeas corpus a la abogada Alba Olivia Zuniga Ayala, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien deberá constatar los extremos narrados por el recurrente, a efecto de determinar la procedencia del recurso intentado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los supuestos agraviados, asimismo, deberá requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la ley Sobre Justicia Constitucional, ordenando libramiento de la respectiva comunicación con las inserciones de estilo, notificando al fiscal del despacho para el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Artículos 182, 313 atribución 5ta. Y 316 numeral 1) de la constitución de la República y demás aplicables Sobre la Ley de Justicia Constitucional. -CONSNDIERANDO (5): Que, la Juez Ejecutora designada dando cumplimento a las funciones inherentes a su cargo en la acción de mérito presentada, expresa en su informe, que visto y analizado el recurso interpuesto por el recurrente, en cuanto a las personas privadas de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva, expresa: a) Que no está especificando quienes son las personas a favor de las cuales interpone dicho recurso al expresar “de las personas privados de libertad que ya cumplieron el tiempo de la prisión preventiva”, siendo un aspecto necesario el individualizar a las personas con su nombre y apellido, como lo establece el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: “toda persona natural tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre y apellido o apellidos que legalmente lo identifican por estar inscrito en el Registro Civil”. Al ser un atributo de la personalidad dentro de la sociedad para el ejercicio de sus derechos, también el nombre del individuo tiene las funciones de :a) Particularización o individualización para la cual solo aquella persona puede ser conocida con aquel nombre y b) De identificación donde tiene su atributo social que permite identificar por un nombre al individuo que lo posee; 2) Aunado a esto no menciona con exactitud donde están recluidas las personas ya que menciona los 26 centros penales a nivel nacional, siendo extremadamente difícil que esta juez ejecutora se traslade a cada uno de los centros penales buscando a personas de las que desconoce su nombre y situación legal. En vista de lo anterior, no se harán los requerimientos e informes a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, ya que las instituciones guardan basta información de todas las personas privadas de libertad a nivel nacional, no se puede tomar como un nombre para realizar tal diligencia y por ende no se puede realizar las solitudes de inmediata exhibición de los privados de libertad como lo exigen los artículos 26 y 27 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la juez ejecutora, expresa que la acción de exhibición personal para ser interpuesta no requiere de formalidades, pero no menos cierto es que el recurso no tiene definido de manera clara a favor de quienes es el mismo, siendo imposible realizar diligencias de investigación a la deriva, aunado a esto de su simple lectura los hechos relacionaos no se enmarcan en los requisitos establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional 13 y 24, en relación al deber que tiene el Estado de garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana, es necesario entonces, que el juez ejecutor tenga como funciones las de considerar si existe una detención ilegal o si en su detención legal una persona está sometida a vejámenes, torturas, tratados crueles e inhumanos y degradantes, lo cual no se observa en el libelo interpuesto.-CONSIDERANDO (7): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal es una Garantía (Derecho) Constitucional que protege el derecho a la libertad de un ciudadano hondureño. Este recurso está regulado en la Constitución de la República y su proceso en la Ley sobre Justicia Constitucional, si bien su interposición no requiere formalidades procedimentales ante los órganos jurisdiccionales para admitirlo, no menos cierto es que el recurrente en los hechos denunciados tendrá claridad de lo que pide y se enmarcará dentro de los presupuestos que ordena la ley, en el caso que no ocupa, arguye únicamente que se ha vencido la prisión preventiva, sin especificar a quienes o a favor de que personas recurre, lo que dificulta al Juez Ejecutor investigar, pues el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional especifica con claridad en su incisos a) y b) los presupuestos de procedencia de la acción que hoy intenta el recurrente.-CONSIDERANDO(8): Que, con la motivación expuesta queda claro que la privación de libertad está ordenada por autoridad competente, que se les sigue un proceso y se desconoce su condición actual, el artículo 178 del Código Procesal Penal establece que se entenderá por prisión preventiva la privación de libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme y que por supuesto concurran los requisitos que establece la ley. Por otro lado, el artículo 181 del mismo cuerpo legal, determina las reglas para la duración de la prisión preventiva y dispone en el párrafo séptimo, que, si vencido el plano no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares prevista en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. -CONSIDERANDO (9): Que esta Sala reitera al recurrente, tal y como se le hizo saber en el en el fallo SCO-1133-2021, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, de ahí que, si bien en el pasado esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, las mismas fueron interpuestas en forma juiciosa y responsable, mostrando sus peticionarios el compromiso y dedicación que este tipo de acciones exige, explicando en su momento a los miembros de esta Sala, con detalle, las condiciones específicas de los centros penales que denunciaban y la situación de las personas agraviadas, lo cual difiere grandemente con el proceder del impetrante, quien en forma desocupada, no denuncia hechos, violaciones o situaciones concretas sino que de manera general, se refiere a los privados de libertad que ya cumplieron la prisión preventiva en los centros penales a nivel nacional, lo que evidencia el desconocimiento y falta de interés del recurrente en la acción promovida, más allá de un mero afán fatuo y protagónico que dista del propósito, importancia y la generosidad de esta acción constitucional, lo que claramente es irrelevante para el compareciente. Esta Sala en repetidas decisiones, ha manifestado, que el objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. -CONSIDERSANDO (10) : Que el artículo 181 del Código Procesal Civil, señala de manera específica al imputado, reconociendo que se trata de una persona que tiene un nombre y apellido legalmente identificado y a quien se le atribuye participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal y de darle seguimiento a la causa que se le sigue, a través de un debido proceso, en respeto a sus garantías individuales; por tanto, no es a través de un recurso de habeas corpus o exhibición personal de forma masiva la vía para recurrir; su pretensión va más allá de una acción de habeas corpus, procede entonces, que el recurrente considere lo que establece el artículo 49 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: “toda persona natural tiene derecho a su individualidad, al uso de un nombre y apellido o apellidos que legalmente lo identifican por estar inscrito en el Registro Civil”, asimismo cabe persuadir al recurrente para que se persone ante los órganos administradores de justicia penal, en procura de una revocación o sustitución de medidas cautelares privativas de libertad, tal como lo establece Código Procesal Penal para estos efectos en los artículos del 188 al 190. .CONSIDERANDO (11): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara no ha lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en el presente fallo y se le exhorta para que concurra a seguir los procedimientos establecidos en Código Procesal Penal en procura de la libertad de los privados de libertad que considere cumplen con los presupuestos de los artículos relacionados en el presente fallo. -CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario, se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado, se deduce de los antecedes que a los privado de libertad no le comprenden los presupuestos de los artículos transcritos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; su detención procede de autoridad competente. -CONSIDERANDO(13):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción; POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar Sin Lugar, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por el abogado Cesar Augusto Heller Portillo a favor de privados de libertad, recluidos en centros penales a nivel nacional y que según el recurrente han cumplido el tiempo de la prisión preventiva contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 1154-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL