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Sentencia EP-1140-20 — Registro 12943

Resumen

…"Sentencia en revisión en base al informe de juez ejecutor declaró sin lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Director del Centro Penal de Yoro; al quejoso se le sigue proceso por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de una menor de edad; se constató que recurrente no ha sido objeto de torturas ni malos tratos crueles; además se le dictó sentencia condenatoria en base a lo resuelto en audiencia de procedimiento abreviado, se le suspendió la pena y ordenó su excarcelación..."

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"este alto tribunal de justicia hace constar que, en la sentencia dictada por el juzgado de letras en mención, se estableció en forma literal lo siguiente: “… considerando de igual manera que lo que ha ocurrido en la presente causa es una dilación y retardo de justicia en cuanto a darle cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de procedimiento abreviado de fecha siete de octubre del año en curso, en la cual la suscrita juez de letras declaró a lugar en acta el procedimiento abreviado estableciendo en el acta QUE SE DICTARÁ SENTENCIA CONDENATORIA en base al artículo 403 y 404 y de igual forma declaró a lugar la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por la defensa y en la cual no hubo oposición por pate del Ministerio Público, por lo que de conformidad al artículo 3 y 5 del Código Procesal Penal que son principios universales que DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL DICTAR LA SENTENCIA EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE ya que su anuncio en el acta no detalló las particularidades o los efectos de lo que le solicitaron las partes a excepción de la declaración ha lugar del procedimiento abreviado y de la suspensión de la ejecución de la pena ya que el momento procesal en donde detallaría lo mismo al realizar la sentencia,..."..."La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente reformar la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de letras seccional de Olanchito, departamento de Yoro, en virtud de ser correcta su decisión de declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal, pero se modifica su motivación porque se deben establecer algunos aspectos con más claridad. Este alto tribunal toma en cuenta para su decisión que en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el mismo Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, dictó la sentencia definitiva mediante la cual condenó al joven Jeison Soriel Romero Martínez a la pena de cuatro años con seis meses de reclusión y a la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión; asimismo le suspende dicha pena y se ordena su inmediata excarcelación. En virtud de todo lo anterior, quedó constatado en autos que la detención del joven Jeison Soriel Romero Martínez en principio se hizo de manera legal porque la orden fue emitida por autoridad judicial competente, y que se mantuvo su privación de libertad legal en virtud de habérsele dictado auto de formal procesamiento e impuesto la medida de prisión preventiva; también consta en autos que una vez dictada la sentencia arriba mencionada se ordenó su inmediata libertad luego de habérsele suspendido la ejecución de la pena, y que la solicitante de la exhibición personal se notificó de dicha sentencia hasta el trece de noviembre de dos mil veinte, quedando evidenciado con ello, lo siguiente: 1. La garantía de exhibición personal, se interpuso el treinta de octubre de dos mil veinte, mismo día en que se dictó la sentencia que ordena la excarcelación del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez. 2. La actual solicitante del habeas corpus se notificó de dicha sentencia el trece de noviembre de dos mil veinte. Con lo anterior se evidencia que la excarcelación del joven Jeison Soriel Romero Martínez no era posible en virtud de que la sentencia que ordena la suspensión de la pena impuesta y su inmediata libertad, no se encontraba firme y no causaba ejecutoria al momento de interponerse la presente garantía constitucional de exhibición personal. De manera que no hubo en todo ese tiempo detención ilegal. Asimismo, con la entrevista y demás diligencias llevadas a cabo por el juez ejecutor, quedó evidenciado que el ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez no sufrió torturas, ni malos tratos crueles o infamantes, por lo que la Sala de lo Constitucional es del parecer que la sentencia que dispuso declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito y que se conoce en revisión, fue dictada apegada a la Constitución de la República y a las leyes, pero haciendo la salvedad de que es procedente dictar su reforma en cuanto a la motivación de la misma, debido a que la verdadera causa de desestimación de la garantía de habeas corpus o exhibición personal es el estado de la sentencia que ordena la excarcelación, debido a su falta de ejecutoria causada por no haber alcanzado firmeza al momento de interponerse la garantía constitucional de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno VISTA: En revisión las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta y uno de octubre dos mil veinte, dictada por el honorable Juzgado de letras seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, mediante la cual declaró sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la abogada Arely Martínez Rodríguez a favor del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez, en contra de actuaciones del director del Centro penal de Yoro, con relación a la causa instruida en contra del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez por suponerlo responsable del delito de violación impropia en perjuicio de una persona menor de edad. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, la abogada Arely Martínez Rodríguez actuando como defensora pública del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez, para interponer garantía constitucional de exhibición personal a su favor aduciendo que su poderdante ha sido recluido ilegalmente en el centro penal aun después de haber sido admitida la suspensión de la ejecución de la pena en audiencia de procedimiento abreviado celebrada en fecha siete de octubre de dos mil veinte. (Folios 1-2 del antecedente). 2. En la misma fecha el juzgado en mención admitió la garantía constitucional de exhibición personal y nombró juez ejecutor al defensor público, abogado Allan Eduardo Ávila Zatruxh a efecto de hacer efectiva la garantía de mérito y en definitiva rindiera el informe detallando los extremos de su práctica. (Folio 3 del antecedente). 3. Siempre en la misma fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el juez ejecutor nombrado, rindió ante el juzgado su informe mediante el cual entre otros elementos decidió declarar no ha lugar la garantía de mérito. (Folios 12-17 del antecedente). 4. En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, el Juzgado de letras seccional del departamento de Yoro tuvo por recibido el informe remitido por el juez ejecutor nombrado para estas diligencias, y una vez analizado el caso procedió a dictar sentencia mediante la cual confirmó lo actuado por el juez ejecutor y declaró sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de mérito. (Folios 20-23 del antecedente). 5. En fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. El párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por el honorable Juzgado de letras seccional de Olanchito, departamento de Yoro. La sentencia que se conoce en revisión es la de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el honorable Juzgado de letras seccional de Olanchito, departamento de Yoro, mediante la cual se declaró sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal interpuesto a favor del señor Jeison Soriel Romero Martínez. Para ello, el juzgador se basó en el informe rendido por el juez de paz de lo civil Allan Eduardo Ávila Zatruxh, nombrado juez ejecutor para realizar las diligencias de mérito. Entre otros extremos, el juez ejecutor en mención da cuenta que en el expediente penitenciario del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez aparece que se encuentra enjuiciado por el delito de violación según expediente judicial número 140-2020. En el mismo expediente penitenciario aparece un oficio de fecha dieciséis de julio de dos mil veinte en el que el juez de letras de Olanchito dictó el auto de formal procesamiento por el delito expresado. Por otra parte, el juez ejecutor da cuenta que entrevistó personalmente al privado de libertad, quien le manifestó encontrarse bien de salud y con su mascarilla para evitar contagiarse con el virus; asimismo que se encontraba preso desde el doce de julio de dos mil veinte por haberse robado una cipota y que no había comparecido personalmente a las audiencias del juicio, sino que lo hacía por video llamadas por el coronavirus. El juez que dictó la sentencia asimismo menciona que el ejecutor incluyó en su informe el haber analizado el expediente judicial del recluso, estableciendo la existencia de un requerimiento fiscal en su contra presentado el catorce de julio de dos mil veinte, la audiencia de imputado y la remisión al centro penal de Olanchito. También la audiencia inicial en el que se dictó el auto de formal procesamiento el dieciocho de septiembre de dos mil veinte y la medida de prisión preventiva. También señala que en dicho informe consta que en el expediente judicial aparece una solicitud conjunta de procedimiento abreviado, para lo cual se celebró audiencia el siete de octubre de dos mil veinte, en la que el juzgado señala que se resuelva lo solicitado en sentencia condenatoria y que a la vez se declare la suspensión de la ejecución de la pena. Sobre esto último, este alto tribunal de justicia hace constar que, en la sentencia dictada por el juzgado de letras en mención, se estableció en forma literal lo siguiente: “… considerando de igual manera que lo que ha ocurrido en la presente causa es una dilación y retardo de justicia en cuanto a darle cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de procedimiento abreviado de fecha siete de octubre del año en curso, en la cual la suscrita juez de letras declaró a lugar en acta el procedimiento abreviado estableciendo en el acta QUE SE DICTARÁ SENTENCIA CONDENATORIA en base al artículo 403 y 404 y de igual forma declaró a lugar la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por la defensa y en la cual no hubo oposición por pate del Ministerio Público, por lo que de conformidad al artículo 3 y 5 del Código Procesal Penal que son principios universales que DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL DICTAR LA SENTENCIA EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE ya que su anuncio en el acta no detalló las particularidades o los efectos de lo que le solicitaron las partes a excepción de la declaración ha lugar del procedimiento abreviado y de la suspensión de la ejecución de la pena ya que el momento procesal en donde detallaría lo mismo al realizar la sentencia, tal y como lo manda la ley de conformidad al artículo 344 numeral 1 del Código Procesal Penal que establece que en las sentencias condenatorias se fijarán con precisión las penas y las medidas de seguridad a que quedara sujeto el reo, y cuando corresponda otorgará la suspensión condicional de la ejecución de la pena que es literalmente el caso que nos ocupa, por lo que el acta de audiencia de procedimiento abreviado por sí sola no reviste las foralidades ni los requisitos de una sentencia tal y como lo establece el artículo 139 inciso 5 que tendrán carácter de una sentencia, la que con vista de todo lo alegado y probado por los intervinientes son dictadas para dar concluido el juicio oral y público o el procedimiento abreviado o el recurso de apelación o de casación respectivamente que proceda contra estas, por lo tanto el juez de letras está obligado a emitir la sentencia donde deberá motivar y fundamentar jurídicamente lo que la motivó a declararle con lugar a las partes en la audiencia de procedimiento abreviado y en cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena con el fin de que las partes puedan conocer sus derechos y el alcance de los mismos, siendo ella la obligada a dictar la sentencia en referencia por el principio de inmediación que rige el ordenamiento penal. Situación que considera esta suscrita no ocurrió en la presente causa.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia dictada por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro. La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente reformar la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de letras seccional de Olanchito, departamento de Yoro, en virtud de ser correcta su decisión de declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal, pero se modifica su motivación porque se deben establecer algunos aspectos con más claridad. Este alto tribunal toma en cuenta para su decisión que en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el mismo Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, dictó la sentencia definitiva mediante la cual condenó al joven Jeison Soriel Romero Martínez a la pena de cuatro años con seis meses de reclusión y a la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión; asimismo le suspende dicha pena y se ordena su inmediata excarcelación. En virtud de todo lo anterior, quedó constatado en autos que la detención del joven Jeison Soriel Romero Martínez en principio se hizo de manera legal porque la orden fue emitida por autoridad judicial competente, y que se mantuvo su privación de libertad legal en virtud de habérsele dictado auto de formal procesamiento e impuesto la medida de prisión preventiva; también consta en autos que una vez dictada la sentencia arriba mencionada se ordenó su inmediata libertad luego de habérsele suspendido la ejecución de la pena, y que la solicitante de la exhibición personal se notificó de dicha sentencia hasta el trece de noviembre de dos mil veinte, quedando evidenciado con ello, lo siguiente: 1. La garantía de exhibición personal, se interpuso el treinta de octubre de dos mil veinte, mismo día en que se dictó la sentencia que ordena la excarcelación del ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez. 2. La actual solicitante del habeas corpus se notificó de dicha sentencia el trece de noviembre de dos mil veinte. Con lo anterior se evidencia que la excarcelación del joven Jeison Soriel Romero Martínez no era posible en virtud de que la sentencia que ordena la suspensión de la pena impuesta y su inmediata libertad, no se encontraba firme y no causaba ejecutoria al momento de interponerse la presente garantía constitucional de exhibición personal. De manera que no hubo en todo ese tiempo detención ilegal. Asimismo, con la entrevista y demás diligencias llevadas a cabo por el juez ejecutor, quedó evidenciado que el ciudadano Jeison Soriel Romero Martínez no sufrió torturas, ni malos tratos crueles o infamantes, por lo que la Sala de lo Constitucional es del parecer que la sentencia que dispuso declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito y que se conoce en revisión, fue dictada apegada a la Constitución de la República y a las leyes, pero haciendo la salvedad de que es procedente dictar su reforma en cuanto a la motivación de la misma, debido a que la verdadera causa de desestimación de la garantía de habeas corpus o exhibición personal es el estado de la sentencia que ordena la excarcelación, debido a su falta de ejecutoria causada por no haber alcanzado firmeza al momento de interponerse la garantía constitucional de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No. 1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: REFORMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, mediante la cual declaró sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, interpuesta por la abogada Arely Martínez a favor del joven Jeison Soriel Romero Martínez. No obstante, se declara que la motivación para su desestimatoria sea la expuesta por la presente sentencia dictada en revisión. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-1140-2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.