Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-1110-21 — Registro 13650

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición, exponiendo el peticionario que interpone el presente recurso: “… para que se constate el estado de salud del agraviado, que se mande a evaluar al Hospital Militar, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla…”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (10): Que, consta del informe requerido y presentado en el marco del presente Recurso de Exhibición Personal, ante esta alta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada VERÓNICA MONCADA GONZÁLEZ; la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; informe el cual se aprueba, en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO por parte de la autoridad denunciada; de todo lo cual se infiere no haber mérito para la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del Señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, exponiendo el peticionario que interpone el presente recurso: “… para que se constate el estado de salud del agraviado, que se mande a evaluar al Hospital Militar, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla…”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), compareció en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del Señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, exponiendo el peticionario que interpone el presente recurso: “… para que se constate el estado de salud del agraviado, que se mande a evaluar al Hospital Militar, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla…”. (Folio 1 del presente Recurso) 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada VERONICA MONCADA GONZALES, Defensora Publica de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 3 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora tiene por recibida la comunicación con procedencia de la Honorable Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “PRIMERO: Que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, siendo las tres de la tarde con cuarenta y seis minutos de la tarde, recibí comunicación por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, a efecto de conocer sobre el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, en su condición de Defensor Privado, a favor del Señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, en contra de las acciones del Instituto Nacional Penitenciario. SEGUNDO: Me personé al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, llegando el jueves veintiocho de Octubre del año en curso, siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde, procediendo a Requerir al Director de dicho centro, para que: 1) Rinda informe detallado de los hechos y argumentaciones que motivan la interposición del Recurso de Habeas Corpus a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO.- 2) Que sea evaluado, para constatar el estado de salud del agraviado sobre su condición física y de salud.- Manifiesta el Director en su informe que el privado de libertad el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, ingresó al anexo del primer Batallón de Infantería de este Centro Penitenciario de Támara el 11 de febrero del año 2020, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional, según Expediente 08-2020, JLP/PN/PJ, siendo su condición jurídica procesado.- Asimismo remite informe de la Evaluación Médica realizada por el Doctor PEDRO ALEJANDRO MERAZ SANCHEZ, Medico Asistencial del Centro Penitenciario; y establece haciendo la aclaración en dicho informe, que a favor de este privado de libertad se han presentado anteriormente seis (6) Recursos de Exhibición, mencionándolos en el siguiente orden: 1) El primero fue nombrada Juez Ejecutora la Abogada CAROLINA LARA, No.SCO-0273-2020.- 2) El segundo se resolvió el 3 de Julio del 2020, mediante comunicación del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa bajo el No.SCO-0483-2020, donde se nombró como Juez Ejecutor al Abogado GIANCARLO MENDIETA MONCADA.- 3) La tercera se resolvió el 22 de Julio del 2020, mediante comunicación del Juzgado Letras Penal de Tegucigalpa, bajo el No.17857, se nombró como Juez Ejecutor al Abogado GIANCARLO MENDIETA MONCADA.- 4) La cuarta, se dio respuesta en fecha 20 de Agosto del 2020, mediante comunicación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nombrado como Juez Ejecutora a la Abogada LIKZA GISSEL MARTINEZ SUAZO.- 5) La quinta se resolvió el 18 de Diciembre del 2020, mediante el No.SCO-0483-2020, presentada ante la Sala de lo Constitucional, nombrado como Juez Ejecutora a la Abogada GAVY CAROLINA HENRIQEUZ BANEGAS.- 6) La sexta se resolvió el 14 de Julio del presente año, mediante comunicación del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, bajo el No.16448, nombrado como Juez Ejecutor al Abogado JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ VELASQUEZ. TERCERO: Que el DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, Francisco Morazán, manifiesta en respuesta al Acta de requerimiento presentada en fecha 28 de Octubre del año 2021, y rindiendo el informe solicitado el día 01 de Noviembre del año en curso, dice lo siguiente: En su informe de Salud de fecha 29 de Octubre del año 2021, realizado por el Doctor PEDRO ALEJANDRO MERAZ SANCHEZ, Medico Asistencial Anexos Penitenciarios del Primer y Segundo Batallón, que el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra en buen estado general de salud y recibiendo atención medica oportuna,… De todo lo anterior la suscrita Juez Ejecutora adjunta los siguientes documentos: 1) Informe emitido por el Señor director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. 2) Se presenta informe de Evaluación médica física realizada por el medico Asistencial de Centro Penitenciario Nacional de Tamara informe, mismas realizadas en fechas 01 de noviembre de 2021 y 29 de octubre del 2021, de Oficio CPNT-DM-271-2021. CUARTO: El Director Nacional del Instituto Nacional Penitenciario CORONEL DE JUSTICIA MILITAR RONY JAVIER PORTILLO, informa refiriéndose a las argumentaciones que se encuentran plasmadas en el escrito de interposición de la garantía de presentada por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, que actualmente el Anexo Penitenciario Primer Batallón de Infantería del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán, cuenta con Médicos Asistenciales, nombrados para dar la atención medida a las personas privadas de libertad y recluidas en el mismo anexo, razón por la cual ha sido evaluado en este momento por el Doctor PEDRO ALEJANDRO MERAZ SANCHEZ, Medico Asistencial del Anexo Primer Batallón de Infantería del Centro Penitenciario, adjuntando el informe. QUINTO: La Exhibición Personal procede cuando una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. SEXTO: Que en base a los argumentos detallados, esta Juez Ejecutora llega a la siguiente conclusión: 1) Que el imputado LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra cumpliendo la medida de Prisión preventiva, enmarcado en el Código Procesal Penal, en su artículo 178, dicha resolución fue emitida por el Juez de Letras la cual se encuentra apegada a derecho. 2) Que el imputado señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra recibiendo la debida atención medida cada vez que lo solicita de parte del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, así como lo establece el artículo 63 de la Ley del Sistema Penitenciario… y lo detalla el informe entregado a la suscrita Juez Ejecutora por parte del señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara. Con base a todo lo anteriormente expuesto la suscrita DECLARA SIN LUGAR LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL: interpuesta por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO. Comunicar la presente resolución a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.” (Folios 12–28 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”.[7] CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha proscrito la infracción del derecho a la integridad personal en sus dimensiones física y psíquica, al declarar, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8] CONSIDERANDO (8): Que, en atinencia a lo anterior, se sigue categóricamente el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; coadyuvando al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana. CONSIDERANDO (9): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (10): Que, consta del informe requerido y presentado en el marco del presente Recurso de Exhibición Personal, ante esta alta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada VERÓNICA MONCADA GONZÁLEZ; la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; informe el cual se aprueba, en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO por parte de la autoridad denunciada; de todo lo cual se infiere no haber mérito para la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8, 25 y 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del ciudadano LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de exhibición personal registrada en este Tribunal con el número SCO-1110-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.

[6] Ver artículo 30 de la CADH.

[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.

[8] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.