Sentencia EP-1110-20 — Registro 13664
Resumen
En Revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró no ha lugar el recurso de Exhibición Personal en el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, manifestando los peticionarios que el agraviado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, alegando vencimiento de la prisión preventiva.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (18): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar con lugar el Recurso Constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención del señor Ricardo Aguilera Chirinos, no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Ricardo Aguilera Chirinos, de inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el señor Ricardo Aguilera Chirinos, con la cual el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veintiuno. VISTAS: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que declaró no ha lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Félix Antonio Ávila Ortíz, a favor del señor Ricardo Aguilera Chirinos, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, manifestando los peticionarios que el agraviado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, alegando vencimiento de la prisión preventiva. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha once de noviembre de dos mil veinte, comparecieron ante esta Sala, los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Félix Antonio Ávila Ortíz, interpusieron ante esta Sala, recurso de exhibición personal favor del señor Ricardo Aguilera Chirinos, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, manifestando los peticionarios que el agraviado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, alegando vencimiento de la prisión preventiva. (Folios 1-18 del antecedente) 2) En fecha once de noviembre de dos mil veinte, esta Sala, resolvió: 1°DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MÉRITO; 2° REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para los efectos legales consiguientes; 3°A PREVENCIÓN DESIGNAR COMO JUEZA EJECUTORA para efectos del habeas corpus solicitado, a la Abogada PATRICIA MARGARITA FLORES, Defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa. (Folio 20 vuelto del antecedente) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre de dos mil veinte, tuvo por recibido el recurso de exhibición personal interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Félix Antonio Ávila Ortíz, a favor del señor Ricardo Aguilera Chirinos. (Folio 26 del recurso) 4) En fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, tuvo por recibido el informe emitido por la Jueza Ejecutora designada, en el cual se consignó entre otros extremos lo siguiente: “…fue hasta el día 13 de noviembre del año en curso que me trasladé a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Varones, ubicada en el Valle de Támara, llegando a dicho centro penitenciario a las 9:00 a.m. horas con la finalidad de requerir al Director de la Penitenciaría Nacional de Támara, y entrevistar al privado de libertad RICARDO AGUILERA CHIRINOS, al cual entrevisté a las 9:23 a.m., quien me manifestó que ingresó en fecha 16 de abril del 2018, acusado del delito de Lavado de Activos, y que ya se ha emitido un fallo de culpabilidad en su contra, que el motivo de interponer el recurso de exhibición es por lo injusto del fallo que emitió el Tribunal de Sentencias, ya que a criterio de él no valoraron la prueba pericial propuesta, que él siente que ha sido objeto de vejámenes y torturas por el actuar de los compañeros de celda y por la falta de acción de las autoridades penitenciarias, manifiesta que padece de algunas enfermedades y que hay dificultades para el ingreso de medicamentos al centro penitenciario, que él pide que se reconsidere su caso porque él considera que está detenido ilegalmente, siendo todo lo manifestado por el privado de libertad. CONSIDERANDO: Que del informe rendido por la Abogada WALTER ANTONIO LARA MEJIA, en su condición de Juez Presidente del expediente TS/JN (8) 99-2019, se desprende del mismo que el señor RICARDO AGUILERA CHIRINOS, en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se realizó audiencia de declaración de imputado, en donde se le impuso la medida cautelar de detención judicial; por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho se realizó audiencia inicial en la cual se le dictó auto de formal procesamiento por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS imponiéndole una medida cautelar de prisión preventiva.- En fecha 25 de abril de dos mil dieciocho los Defensores Privados presentaron recurso de apelación, desistiendo posteriormente del mismo la Defensa del señor RICARDO AGUILERA CHIRINOS, en fecha 12 de abril de 2019 se celebró audiencia preliminar donde el A-quo emitió el correspondiendo auto de apertura a juicio.- Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal de Sentencia en fecha 21 de junio de 2019, una vez encontrándose el expediente a cargo del Tribual de Sentencia en fecha 3 de abril de 2020, se recibió escrito de ampliación de la prisión preventiva, a la vez se informó que se había señalado audiencia de juicio oral y público del 17 al 28 de agosto del año en curso, por la carga procesal que tiene asignada el Tribunal pero que debido a la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por la pandemia COVID-19, no se pudo evacuar el mismo, señalándose nueve fecha de iniciación de juicio oral y público para el 28 de septiembre del año en curso, en fecha en la cual las defensas solicitaron la reprogramación del debate, señalándose nueva fecha para juicio oral y público del 5 al 16 de octubre de 2020 POR LA PETICIÓN REALIZADA POR LAS PARTES, en fecha 30 de octubre de 2020, se emitió FALLO DE CULPABILIDAD, en la misma fecha se señaló audiencia de individualización de pena para el día 27 de noviembre de 2020.- Con la constancia emitida por la Abogada OSIRIS NINOSKA CASTELLANOS Secretaria Adjunta de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, se establece que el acta de juicio oral y público se encuentra en redacción y que la audiencia de individualización de pena se encuentra señalada para el 27 de noviembre de 2020 a la 1:30 p.m. POR LO TANTO: La Suscrita Jueza Ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional, DECLARA: 1)No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por los Abogados RITZA ANTUNEZ y FELIX AVILA, en su condición de Apoderados Legales, a favor del señor RICARDO AGUILERA CHIRINOS, 2) Se recomienda a la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que a la mayor brevedad se incorpore el acta de juicio oral y público, que a la mayor brevedad se lleve a cabo la audiencia de individualización de pena y lectura de la sentencia, 3) Se recomienda al Director de la Penitenciaría Nacional realizar los correctivos necesarios a fin de evitar que el privado de libertad sea molestado por sus compañeros de celda, a fin de salvaguardar su integridad física y su vida en dicho establecimiento penitenciario, asimismo, que en el caso de no contar con los medicamentos necesarios se le permita que a través de un familiar se le hagan llegar los medicamentos que requiera el privado de libertad RICARDO AGUILERA CHIRINOS haciéndose uso de las medidas de bioseguridad ya implementadas. (Folios 107-114/116 del antecedente) 5) Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos falló: Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito. (Folios 117-119 del antecedente) 6) Que en fecha uno de diciembre de dos mil veinte, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente relacionado se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el abogado Walter Leonel Ramírez García, a favor del Privado de Libertad RICARDO AGUILERA CHIRINOS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en relación a la posible detención ilegal del referido ciudadano, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que en el caso de autos, de las actuaciones practicadas por la Juez Ejecutora Abogada Patricia M. Flores Martínez, se aprecia que en efecto el imputado ya tiene la condición de condenado y se encuentra esperando la imposición de la pena concreta conforme lo dispone la norma adjetiva, el 27 de noviembre del 2020, asimismo en observancia a lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional en sentencias SCO-0254-2019 y SCO-0589-2019, la Corte es del parecer porque se declare NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus interpuesta por los Abogados RITZA YOLANDA ANTUNEZ Y FELIX ANTONIO AVILA. POR TANTO: FALLA: (SIC) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho merito”. CONSIDERANDO (3): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo siete (7) numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. CONSIDERANDO (4): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. CONSIDERANDO (5): Que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, está vinculado con el derecho a ser oído en un plazo razonable reconocido en el artículo ocho (8) numeral primero de la Convención antes citada; pudiéndose citar el caso de la Corte Interamericana Suárez Rosero vs. Ecuador, en el que se razonó los artículos siete y ocho de la Convención, expresando que “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”[1]. CONSIDERANDO (6): Que también se puede estimar que la Corte ha establecido que se debe de tutelar que solo se restringa el derecho a la libertad personal, cuando existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesario para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de justicia[2]. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso se discutirá sobre la licitud de la detención del beneficiario del presente recurso, para ello habrá que indicar que la legitimación de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permita aplicarla en ciertas situaciones específicas, como presunción general, sino que debe de mediar con base al principio de proporcionalidad, que debe de tenerse en cuenta no solo en el plano normativo sino también en el de ejecución. CONSIDERANDO (8): Que la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales[3]. En el Caso López Álvarez en contra de nuestro Estado, la jueza Medina Quiroga indica que los procesos judiciales requieren un tiempo considerable para que se resuelvan en un asunto de fondo, ya sea de carácter penal o civil, porque hay que darles a las partes la posibilidad, inter alia, de buscar pruebas, presentarlas a juicio, objetar las del contrario y hay que darle al tribunal la posibilidad de ponderar todo esto con cuidado. De ahí que el plazo debe ser razonable, lo que significa que no puede ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto. CONSIDERANDO (9): Que el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución No. 43/173, del nueve de diciembre de 1988) establece en su principio 39 que excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de un infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelas que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificaciones suficientes de la prisión preventiva[4]. CONSIDERANDO(11): Que en el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, estableciendo el Principio III, punto dos que dice: La privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos. CONSIDERANDO (12): Que se vuelve necesario analizar el artículo 181 del Código Procesal Penal de la República de Honduras, dado que dicho precepto establece la duración de la prisión preventiva, indicando que como regla general podrá durar hasta un (1) año, pero cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la misma podrá durar hasta dos (2) años. En ambas situaciones de forma excepcional se podrá ampliar la prisión preventiva hasta por seis (6) meses más, a solicitud fundada del Ministerio Público, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Posteriormente dicta la norma procesal que, en ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, asimismo se puede leer que, una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prologarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (13): Que se puede entender que la prisión preventiva se extiende hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza, por lo que una vez que se hayan vencido los plazos ordinarios o extraordinarios, podría alegarse que el mantenimiento de la prisión preventiva vulneraría derechos constitucionales como el principio de inocencia; pero ya resuelta dicha situación el Código Procesal expresa que dicha medida cautelar podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia. Es necesario interpretar lo anterior conforme a la Convención Americana, siendo que el órgano jurisdiccional deberá de reevaluar posterior a la declaración de culpabilidad, la necesidad de asegurar que el presunto culpable no eludirá la acción de justicia. CONSIDERANDO (14): Que es fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en perjuicio del beneficiario del presente hábeas corpus, dado que el treinta (30) de octubre del año dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, declaró la culpabilidad del señor Ricardo Aguilera Chirinos, lo que rompe la presunción de inocencia. Esta Sala analiza los artículos 338, 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal, en los cuales podemos encontrar los requisitos de las sentencias, estando enunciado que la quinta regla (del artículo 338) indica que, en la parte resolutiva, se absolverá o condenará a la persona acusada, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada acusación. Cuando la sentencia sea de condena, como en el presente caso, el juicio se divide en dos fases, la de deliberación y notificación de la culpabilidad del imputado y la última fase de individualización de la pena (fase de punición) que deba de imponerse al imputado. La segunda fase consiste en la audiencia para determinar la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. CONSIDERANDO (15): Que, si bien el Código Procesal Penal establece que la emisión de la Sentencia Condenatoria contiene dos momentos procesales diferenciados, es en la primera fase en que el Tribunal señala que el imputado cometió una acción típica, antijurídica, culpable y punible, fase en la que también se indica la pena abstracta con que se partirá la determinación de la fijación de la pena concreta en la segunda fase del proceso. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala debe de indicar que el presente caso se ha de presumir que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la primera fase de forma apegada al ordenamiento jurídico de nuestra República (sin perjuicio que el órgano jurisdiccional de casación determine lo contrario en un posterior recurso), pero no se ha finalizado la emisión de la sentencia condenatoria, estando pendiente su culminación con la fase de punición. Pese a lo anterior es claro que existe un acto judicial de autoridad competente que señala la culpabilidad del señor Ricardo Aguilera Chirinos; por lo que no sería correcta una interpretación que niegue tal extremo. CONSIDERANDO (17): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia de que el señor Ricardo Aguilera Chirinos, tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria. CONSIDERANDO (18): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar con lugar el Recurso Constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención del señor Ricardo Aguilera Chirinos, no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, siendo que se ha modificado el status penitenciario del señor Ricardo Aguilera Chirinos, de inocente a culpable, es aplicable el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en el señor Ricardo Aguilera Chirinos, con la cual el beneficiario del hábeas corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpabilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme. CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones y planteamientos antes plasmados la Sala de lo Constitucional estima procedente CONFIRMAR la sentencia venida en revisión que declara SIN LUGAR el presente recurso de exhibición personal a favor del señor Ricardo Aguilera Chirinos. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 59, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos1, 5, 7, 8y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos: 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos: 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMAR el Recurso de Exhibición Personal venido en Consulta, interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antunes Reyes y Feliz Antonio Avila Ortiz, a favor del señor Ricardo Aguilera Chirinos, contra las omisiones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: 1) Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redactó la magistrada Reina A. Hercules Rosa - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-1110-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 70.
[2]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 93.
[3]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, párr. 162.
[4]Ver Sentencia de la Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74.