Sentencia EP-09-21 — Registro 13515
Resumen
Autoridad recurrida,revocó medidas cautelares de arresto domiciliario otorgadas por Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal a favor de supuestos agraviados poniéndolos en situación de detención ilegal en tanto que el término legal máximo establecido para la prisión preventiva se encuentra vencido a la fecha según impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que de los antecedentes consta que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal ordenó en este caso la imposición de medidas cautelares sustitutivas distintas a la prisión preventiva a favor de los imputados, no obstante, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán conociendo por vía recursiva, determinó la revocación de dichas medidas, ordenando que se mantuviese la prisión preventiva, y, para ello, se fundó en un desafortunado razonamiento partiendo de una interpretación evidentemente errada de la ley, indicando en su sentencia que el término de la prisión preventiva no podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, cuando el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone con meridiana claridad que el plazo máximo de la prisión preventiva no puede exceder de dos años pudiendo ser ampliado hasta por seis meses en determinados casos. La ley establece que el plazo puede prolongarse una vez dictada la sentencia condenatoria—que no es el caso—hasta la mitad de la pena impuesta durante la tramitación y resolución que pueda interponerse contra la sentencia de condena.- CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha dicho ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.- CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (10): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (11): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.- CONSIDERANDO (13): Que esta Sala difiere de los criterios externados por los jueces ejecutores designados en el presente recurso, pues lo procedente aquí era estimar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los agraviados anteriormente señalados, en tanto que, según fue constatado de los antecedentes, éstos han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo permitido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, sin que el proceso haya llegado a su culminación, por lo que resulta evidente que dicho plazo efectivamente ha transcurrido sin que ello haya sido advertido por la Corte de Alzada.- CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, como queda dicho, que, de acuerdo con lo expuesto e informado por los jueces ejecutores designados, que los agraviados han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, por lo que resultaba procedente declarar HA LUGAR el recurso de habeas corpus que se conoce y así debe ser ordenado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno- VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado DIDIER IVÁN GUEVARA MARADIAGA, a favor de los señores HÉCTOR MORENO EUCEDA, RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, MELVIN GEOVANI BELTRÁN E ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA, contra actuaciones de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario, que sus representados se encuentran en una situación de detención ilegal y alto riesgo y peligro a sus vidas. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 69, 71, 80, 81, 84, 89, 90, 98, 303-305, 313, 316 y 321 de la Constitución de la República, y; 1, 7, 24, 25 y 27.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete (7) de enero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado DIDIER IVÁN GUEVARA MARADIAGA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores HÉCTOR MORENO EUCEDA, RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, MELVIN GEOVANI BELTRÁN E ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA, contra actuaciones de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifestando el peticionario, que la autoridad recurrida, en fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), revocó las medidas cautelares de arresto domiciliario otorgadas por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha treinta y uno (11) de agosto de dos mil veinte (2020), poniéndolos a todos en una situación de detención ilegal en tanto que el término legal máximo establecido para la prisión preventiva se encuentra vencido a la fecha, poniendo a su vez en alto riesgo sus vidas. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 69, 71, 80, 81, 84, 89, 90, 98, 303-305, 313, 316 y 321 de la Constitución de la República, y; 1, 7, 24, 25 y 27.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1-14 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Jueces Ejecutores a la abogada DÉBORA MARÍA OCHOA MONTOYA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; a la abogada BRENDA ELVIRA VÁSQUEZ CABRERA, Defensora Pública de la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, y; a la abogada TATIANA WALESKA GUILLEN ORDOÑEZ, Defensora Pública de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca; a efecto de que todas rindieran un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 15 del presente Recurso).- 3) Que en fecha catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora BRENDA ELVIRA VÁSQUEZ CABRERA, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021), se constituyó en las instalaciones del Centro Penal de Nacaome, departamento de Valle, para inspeccionar el expediente administrativo del señor HÉCTOR MORENO EUCEDA, en donde pudo constatar: que se le sigue una causa, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGA, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, Y BANCO DEL PAÍS (BANPAIS); que ingresó a dicho centro penal en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); tiene la condición jurídica de procesado; que en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil veinte (2020), se ordenó mediante oficio al subinspector de policía, la inmediata guarda y custodia del señor HÉCTOR MORENO EUCEDA, para el traslado a la casa de habitación con la nueva medida de arresto domiciliario, y; que en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), se le dio su segundo ingreso al sistema penitenciario, por la misma causa y bajo la misma condición; B) Que en esa misma fecha, se dio la exhibición inmediata del señor HÉCTOR MORENO EUCEDA, y pudo constatar que no estaba siendo objeto de ningún tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción o molesta innecesaria. Además, se realizó la respectiva entrevista, en donde le manifestó: no ha sido maltratado o coaccionado; no se le han violado ningún derecho; lleva recluido dos (2) años, diez (10) meses y seis (6) días; que su prisión preventiva se encontraba vencida; el cinco (5) de septiembre de dos mil veinte (2020), se le traslado con arresto domiciliario a su casa, donde solo permaneció tres (3) meses y dos (2) días; que volvió a ingresar a dicho centro en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), por lo misma causa, y que no le parece justo, pues su prisión preventiva ya se encuentra vencida; C) Que en la misma fecha, también hizo inspección del expediente administrativo del señor RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, en donde pudo constatar: que se le sigue una causa, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE DROGA, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, Y BANCO DEL PAÍS (BANPAIS); que ingreso a dicho centro penal en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); tiene la condición jurídica de procesado; que en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil veinte (2020), se ordenó mediante oficio al subinspector de policía, la inmediata guarda y custodia del señor RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, para el traslado a la casa de habitación con la nueva medida de arresto domiciliario, y; que en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), se le dio su segundo ingreso al sistema penitenciario, por la misma causa y bajo la misma condición; D) Que también en esa fecha, se dio la exhibición inmediata del señor RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, y se pudo constatar que no estaba siendo objeto de ningún tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria. Además, se realizó la respectiva entrevista al recurrente, quien le manifestó: que se encuentra bien y nunca ha sido agredido ni torturado; su único problema, es que ha sido recluido mucho más tiempo de lo que establece la ley para la prisión preventiva, pues lleva dos (2) años, diez (10) meses y seis (6) días detenido; ingresó en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y salió el cinco (5) de septiembre de dos mil veinte (2020), por arresto domiciliario, pero este mismo solo duró tres (3) meses, doce (12) días, pues volvió ingresar a dicho centro penitenciario en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), y; considera que se le están violentando sus derechos, pues la prisión preventiva ya se encuentra vencida; E) Que continuando sus actuaciones, en la misma fecha tuvo la oportunidad de inspeccionar el expediente administrativo del señor MELVIN GEOVANI BELTRÁN, en donde pudo constatar: que se le sigue una causa, por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Y ALLANAMIENTO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, BANCO DEL PAÍS (BANPAIS) y JUVAL MOLINA COELLO; que ingresó a dicho centro penal en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); tiene la condición jurídica de procesado; que en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil veinte (2020), se ordenó mediante oficio al subinspector de policía, la inmediata guarda y custodia del señor MELVIN GEOVANI BELTRÁN, para el traslado a la casa de habitación con la nueva medida de arresto domiciliario, y; que en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), se le dio su segundo ingreso al sistema penitenciario, por la misma causa y bajo la misma condición; F) Que también en esa fecha, se dio la exhibición inmediata del señor MELVIN GEOVANI BELTRÁN, y se pudo constatar que no estaba siendo objeto de ningún tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria. Además, se realizó la respectiva entrevista al recurrente, quien le manifestó: que nunca ha sido agredido o torturado; tiene buenas relaciones con las autoridades del centro penal; su problema es con la prisión preventiva, pues lleva preso dos (2) años, diez (10) meses y seis (6) días, por lo que la misma se encuentra vencida, pues el ingresó a dicho centro en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y; que de fechas quince (15) de septiembre al diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), le concedieron arresto domiciliario, pero ya volvió a ingresar a dicho centro penitenciario. (Folios 21–71 del presente Recurso)- 4) Que también en fecha catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora TATIANA WALESKA GUILLEN ORDOÑEZ, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha ocho (8) de enero del dos mil veintiuno (2021), recibió el informe solicitado a las autoridades del Centro Penitenciario de Choluteca, departamento de Choluteca, en donde pudo constatar: que el señor ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA, ingresó por orden del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia penal, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020); se le sigue una causa, por suponerlo responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA; ALLANAMIENTO DE MORADA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, BANCO DEL PAÍS (BANPAIS) Y JUVENAL MOLINA COELLO, y; desconocen el término de la prisión preventiva ordenada por el tribunal antes citado; B) Que en la misma fecha, procedió a realizar la entrevista al señor ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA, quien le manifestó: que se encuentra en un muy buen estado físico de salud; no ha sido objeto de tormento, tortura, o vejámenes, pues lo han tratado bien; que la última vez que ingresó a dicho centro penitenciario, fue el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), y; que no se le ha violentado ningún derecho; CDEF) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Concluyó: (SIC) “… que no existe ningún tipo de tortura, vejamen, maltrato, coacción en donde se le vea alterada su seguridad individual.” (Folios 72–79 del presente Recurso)- 5) Que en fecha quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Juez Ejecutora DÉBORA MARÍA OCHOA MONTOYA, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que recibió el informe rendido por la abogada EMILY GERALDINA PAGE GALLEGOS, en su condición de magistrada presidente de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en donde pudo constatar: que ellos conocieron de dicha causa, por un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), contra las medidas cautelares impuestas a los señores, que se les fueron otorgadas en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020); que en fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), por unanimidad de votos, resolvió declarar con lugar dicho recurso de apelación, y revocar la resolución apelada; B) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “ES DEL CRITERIO DE DECLARAR NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición personal, interpuesta por el Abogado DIDIER IVÁN GUEVARA MARADIAGA, a favor de los señores HÉCTOR MORENO EUCEDA, ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA , RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ Y MELVIN GEOVANNY BELTRÁN.” (Folios 83–91 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad.- CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Hábeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Hábeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención.- CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por los jueces ejecutores designados, revela que los imputados HÉCTOR MORENO EUCEDA, RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, MELVIN GEOVANI BELTRÁN E ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA tienen, a la fecha, TRES (3) AÑOS DOS (2) MESES DIECINUEVE (19) DÍAS de encontrarse en efectiva prisión. De lo anterior se colige que al momento de la presentación de la presente garantía de hábeas corpus, los referidos encausados han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo establecido en la ley, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la audiencia de juicio oral y público, superando así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, que establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durara hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal).- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva.- CONSIDERANDO (6): Que de los antecedentes consta que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal ordenó en este caso la imposición de medidas cautelares sustitutivas distintas a la prisión preventiva a favor de los imputados, no obstante, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán conociendo por vía recursiva, determinó la revocación de dichas medidas, ordenando que se mantuviese la prisión preventiva, y, para ello, se fundó en un desafortunado razonamiento partiendo de una interpretación evidentemente errada de la ley, indicando en su sentencia que el término de la prisión preventiva no podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, cuando el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone con meridiana claridad que el plazo máximo de la prisión preventiva no puede exceder de dos años pudiendo ser ampliado hasta por seis meses en determinados casos. La ley establece que el plazo puede prolongarse una vez dictada la sentencia condenatoria—que no es el caso—hasta la mitad de la pena impuesta durante la tramitación y resolución que pueda interponerse contra la sentencia de condena.- CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha dicho ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva más allá de los plazos legalmente establecidos, constituye no solo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.- CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los detenidos.- CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (10): Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (11): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan—en principio—esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.- CONSIDERANDO (13): Que esta Sala difiere de los criterios externados por los jueces ejecutores designados en el presente recurso, pues lo procedente aquí era estimar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los agraviados anteriormente señalados, en tanto que, según fue constatado de los antecedentes, éstos han permanecido en prisión preventiva más allá del término máximo permitido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, sin que el proceso haya llegado a su culminación, por lo que resulta evidente que dicho plazo efectivamente ha transcurrido sin que ello haya sido advertido por la Corte de Alzada.- CONSIDERANDO (14): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del presente recurso de habeas corpus, esta Sala Constitucional ha logrado constatar, como queda dicho, que, de acuerdo con lo expuesto e informado por los jueces ejecutores designados, que los agraviados han permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, por lo que resultaba procedente declarar HA LUGAR el recurso de habeas corpus que se conoce y así debe ser ordenado.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 181 del Código Procesal Penal; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR HA LUGAR la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida por el abogado DIDIER IVÁN GUEVARA MARADIAGA, a favor de los señores HÉCTOR MORENO EUCEDA, RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, MELVIN GEOVANI BELTRÁN E ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA, contra actuaciones de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO, por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENAR: Que se proceda a imponer a los señores HÉCTOR MORENO EUCEDA, RONY ALBERTO LAGOS HERNÁNDEZ, MELVIN GEOVANI BELTRÁN E ILDER GUSTAVO MUÑOZ ZEPEDA medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia de los encausados en el proceso; III) Para el cumplimiento de esta sentencia la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, debe proceder de inmediato con el acatamiento de este fallo. Y MANDA: 1) Que una vez firme la presente sentencia que la Secretaría de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, envíe certificación de este fallo al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, así como a las autoridades penitenciarias que correspondan para los efectos legales correspondientes; 2) Que, en estricto acatamiento de lo que ordena el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala dispone poner conocimiento de estos hechos al Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal que corresponda; 3) Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se le dé debido e inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0009-2021.
Y para ser entregada al TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL/CENTRO PENAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE/CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA/MINISTERIO PÚBLICO (MP), de conformidad a lo ordenado en la presente Sentencia, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0009-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados parte a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.