Sentencia AP-992-20 — Registro 13907
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recursos de apelación y confirmó el sobreseimiento provisional contra recurrente en causa contra él y otros imputados por suponerlos responsables de delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos del funcionario en perjucio de la Administración Pública y la economía del Estado de Honduras; el Tribunal de apelaciones advierte causal de inadmisibilidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez..."..."del examen de los antecedentes puede apreciarse que la decisión del Tribunal de Alzada que se impugna por medio de la presente acción de amparo, tal y como lo ha hecho constar en su motivación, es efecto directo de otra sentencia proferida por esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, mediante la que se decidió denegar el recurso de amparo con número de Registro AP 198-2019, interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del Estado de Honduras dentro del mismo proceso penal que hoy nos ocupa. En dicho fallo la Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal de Apelación dictar una nueva resolución conforme a derecho..."..."esta Sala advierte entonces que el acto reclamado con la presente acción de amparo es efecto directo de una sentencia dictada por esta misma Sala en el trámite de un recurso de amparo que fue denegado previamente en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, tal y como consta de los antecedentes..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46.2, es improcedente el recurso de amparo dirigido contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que las resoluciones dictadas en el procedimiento regular del recurso de amparo o aquellas que son consecuencia directa de sentencias definitivas dictadas como resultado de un recurso de amparo son inatacables por medio de una nueva acción de amparo y caen dentro de la precitada causal de inadmisión. Esta Sala es del criterio que la causal advertida tiene como propósito prevenir el abuso en el ejercicio de este derecho y el consecuente retardo indebido en la resolución del asunto principal. Siendo además que resultaría redundante y excesivo instaurar un nuevo juicio de garantías sobre una decisión que fue derivación directa de una sentencia dictada previamente en un recurso de amparo por parte de esta Sala. Por otro lado, la normativa en materia constitucional establece el procedimiento de ejecución de las sentencias dictadas en juicios de amparo, el cual puede ser instado por la parte que esté legitimada conforme con la ley..."..."en acatamiento a las disposiciones de ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el sobreseimiento de la acción de amparo que nos ocupa, al resultar evidenciado en autos el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 2º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando establecido en el trámite de mérito, que el acto reclamado en amparo ha sido emitido como consecuencia de una sentencia previa dictada por esta Sala, resultando sus consideraciones un efecto directo de la misma, como ya queda dicho, por lo cual, según ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, resulta procedente en este estado del trámite, sobreseer el recurso de mérito, al constar en autos la causal para decretar su inadmisibilidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor del señor CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en la audiencia inicial, que inició en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018); con relación a la causa instruida contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSÉ RAMÓN BERTTETY OSORIO, JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA, EDITA LIZETH LÓPEZ MATAMOROS, MICHELL ALEJANDRA ROJAS FLORES, ILSA VANESSA MOLINA AGUIRRE, ALEX NAHÚN SARMIENTO ZELAYA, CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, JOHN CHARLES BOGRÁN VELÁSQUEZ, JOSÉ DAVID CARDONA GÓMEZ, MARIBEL CARDONA GÓMEZ Y MARIANO ARGUETA REYES, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, LAVADO DE ACTIVOS Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad Quem es violatoria, en perjuicio de su representado, de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el abogado MARCO ANTONIO CRUZ HERNÁNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSÉ RAMÓN BERTTETY OSORIO, JOSÉ ALBERTO ZELAYA GUEVARA, EDITA LIZETH LÓPEZ MATAMOROS, MICHELL ALEJANDRA ROJAS FLORES, ILSA VANESSA MOLINA AGUIRRE, ALEX NAHÚN SARMIENTO ZELAYA, CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, JOHN CHARLES BOGRÁN VELÁSQUEZ, JOSÉ DAVID CARDONA GÓMEZ, MARIBEL CARDONA GÓMEZ Y MARIANO ARGUETA REYES, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, LAVADO DE ACTIVOS Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–25 del Tomo I de la pieza de antecedentes) 2) Que, en la celebración de la audiencia inicial, que comenzó en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dictó resolución mediante la cual determinó: (SIC) “…1. Se Declara Sin Lugar la excepción por falta de acción planteada por la Defensa Privada del Imputado GUSTAVO CORRALES REGALADO. 2. AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 3. Se les impone al acusado la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara “Dr. Marco Aurelio Soto por lo que se enviara el oficio correspondiente al Director de dicho Centros Penal.- 3.- Sirven de fundamento legal a la presente resolución, los artículos, 80, 82, 84, 88, 89 y 92 reformado de la Constitución de la República de Honduras; 1 y 40 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 101, 141, 166, 167, 172, 173 numeral 3, 178 numerales 1 y 2, 179 numerales 1 y 2, 181, 184 reformado,198, 199, 202, 226, 237, 294 reformado, 297 numeral 1 y 298 del Código Procesal Penal; 36 numeral 1 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos.- Quedan en esta acto notificadas las Partes de la presente resolución por si tienen algún recurso que interponer en el término establecido por la ley, dándose por concluida la presente audiencia, firmando para Constancia ante la Suscrita Juez y Secretario del Despacho que da fe.- Quedan en este acto notificadas las Partes de la presente resolución por si tienen algún recurso que interponer en el término establecido por la ley, dándose por concluidas la presente audiencia, firmando para Constancia ante la Suscrita Juez y Secretario del Despacho que da fe….”. (Folios 5768–5784v del Tomo XI y 7055–7061v del Tomo XII de la pieza de antecedentes) 3) Que, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Falló: (SIC) “…1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR el sobreseimiento provisional.” (Folios 7171–7181 del Tomo XII de la pieza de antecedentes) 4) Que el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, contra la Sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–4 del Presente Recurso) 5) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 27 del Presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, la precitada sentencia de fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que se dejó previamente relacionada. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que el recurrente sostuvo que la resolución denunciada violentó en perjuicio de su representado su derecho a la defensa y la garantía a un debido proceso, ello a razón de que, según afirma, no se le permitió a la defensa oponerse a una resolución que le afecta, siendo además que el fallo de la Alzada carece de la debida motivación, al adolecer de falta de [sic] “razonabilidad judicial” la misma no dio una respuesta lógica con respecto a la pretensión de la defensa con relación a la procedencia de una supuesta excepción de extinción de la acción penal, sino que fue una [sic] “simple repetición de la resolución” dictada en perjuicio del presunto agraviado. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha determinado que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (8): Que también esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (9): Que, con respecto a la indefensión constitucional, esta Sala ha establecido que la misma supone una privación material (no meramente procesal), efectiva, actual y sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional en perjuicio del impetrante, en el que el accionante se haya visto de alguna forma imposibilitado para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. CONSIDERANDO (10): Que del examen de los antecedentes puede apreciarse que la decisión del Tribunal de Alzada que se impugna por medio de la presente acción de amparo, tal y como lo ha hecho constar en su motivación, es efecto directo de otra sentencia proferida por esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, mediante la que se decidió denegar el recurso de amparo con número de Registro AP 198-2019, interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del Estado de Honduras dentro del mismo proceso penal que hoy nos ocupa. En dicho fallo la Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal de Apelación dictar una nueva resolución conforme a derecho. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala advierte entonces que el acto reclamado con la presente acción de amparo es efecto directo de una sentencia dictada por esta misma Sala en el trámite de un recurso de amparo que fue denegado previamente en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, tal y como consta de los antecedentes. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46.2, es improcedente el recurso de amparo dirigido contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que las resoluciones dictadas en el procedimiento regular del recurso de amparo o aquellas que son consecuencia directa de sentencias definitivas dictadas como resultado de un recurso de amparo son inatacables por medio de una nueva acción de amparo y caen dentro de la precitada causal de inadmisión. Esta Sala es del criterio que la causal advertida tiene como propósito prevenir el abuso en el ejercicio de este derecho y el consecuente retardo indebido en la resolución del asunto principal. Siendo además que resultaría redundante y excesivo instaurar un nuevo juicio de garantías sobre una decisión que fue derivación directa de una sentencia dictada previamente en un recurso de amparo por parte de esta Sala. Por otro lado, la normativa en materia constitucional establece el procedimiento de ejecución de las sentencias dictadas en juicios de amparo, el cual puede ser instado por la parte que esté legitimada conforme con la ley. CONSIDERANDO (13): Que en acatamiento a las disposiciones de ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el sobreseimiento de la acción de amparo que nos ocupa, al resultar evidenciado en autos el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 2º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando establecido en el trámite de mérito, que el acto reclamado en amparo ha sido emitido como consecuencia de una sentencia previa dictada por esta Sala, resultando sus consideraciones un efecto directo de la misma, como ya queda dicho, por lo cual, según ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, resulta procedente en este estado del trámite, sobreseer el recurso de mérito, al constar en autos la causal para decretar su inadmisibilidad. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 148, 203 y 204 del Código Procesal Civil; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 2), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor del señor CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno en el recurso de amparo interpuesto por el referido Abogado BERGANZA GODOY a favor del señor CARLOS GUSTAVO CORRALES REGALADO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020). CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la resolución contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente el sobreseimiento de la acción constitucional de amparo intentada por el recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación del fallo y resolución en fechas primero y veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0992=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL