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Sentencia AP-989-19 — Registro 13040

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que por mayoría de votos denegó la acción de amparo contra la resolución mediante la cual, se decretó el abandono de la defensa y la suspensión del ejercicio profesional en la causa por suponerlo responsable del delito de robo en su grado de ejecución de tentativa. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos de defensa y debido proceso contenidos en artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 5: Que del estudio de las diligencias, observa esta Sala que se recurre en Amparo contra la resolución emitida en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en relación al abandono de la defensa y suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses a la Abogada Linda Waleska Hyde Licona, alegando la recurrente que el Tribunal de Sentencia de Comayagua no es juez natural para conocer asuntos de orden disciplinario, por lo que la garantía constitucional se ve violentada al tomarse el Tribunal de Sentencia funciones propias de Inspectoría de Tribunales, Dirección de Personal y Consejo de la Carrera Judicial; en la motivación de la resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, éste sostiene que (Sic) “Consideramos que la Abogada LICONA debió entregar su informe o carga procesal a ella asignada como defensora publica al día siguiente de su fecha de nombramiento, ya que consta en autos (folio 70 y 71 segunda pieza de autos) denuncia rendido por la Coordinadora de la Defensa Publica a la Suoervicion General del Poder Judicial, de esta ciudad, que hasta la fecha la Abogada Licona no ha presentado informe alguno, a pesar de habérsele conminado en varias ocasiones por la misma coordinación….” CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico que ha dejado relacionado el Magistrado disidente en su Voto Particular, ello porque el 9 de agosto del año 2019 la Abogada Hyde Licona ya había perdido la condición de Defensora Pública, por ende no era de desconocimiento del tribunal infractor, teniendo ya asignadas funciones diferentes desde el plano constitucional; que así lo hace saber en su motivación, con la que contradictoriamente justifica la suspensión ya no de un Defensor Público, sino de un Juez integrante del mismo tribunal. Asimismo, la resolución del Tribunal de Sentencia fundamenta su decisión en un acto administrativo no propio de la facultad del tribunal de decretar el abandono de la defensa, al señalar que la quejosa no rinde informe a la Coordinadora local de la Defensa Pública sobre la carga laboral que manejaba. En ese orden de ideas el Tribunal de Sentencia actúa en infracción del debido proceso, al concebir un acto, mediante la resolución del ejercicio profesional por abandono de defensa, con justificación en causa “conocida y justificada”, separándose del requisito que señala la norma de sanción, contenida en el artículo 118 párrafo último del Código Procesal Penal. Era causa conocida y justificada, toda vez que el tribunal infractor, señala conocer que la accionante ya había perdido la condición de defensora pública y tenía la condición de Juez, que además integraba el mismo tribunal infractor. CONSIDERANDO 7: Que, siguiendo esta línea de ideas, no desconoce este Alto Tribunal que la recurrente tuvo un lapso de diez días para informar a su superior jerárquico de la carga procesal a ella asignada, no obstante, a ello ésta es una situación de orden administrativa que debe investigarse y ser resuelta por los órganos disciplinarios que integran el Poder Judicial, pues la ley procesal penal no otorga tales facultades al tribunal sancionador. Bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en su Dictamen emitido en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, al señalar que a la luz del artículo 118 del Código Procesal Penal, que lo ocurrido no se adapta al ámbito de protección que trata de generar el artículo en comento, esta norma trata de evitar retrasos indebidos, irresponsabilidades e indefensiones, en este caso en particular la no asistencia de la Abogada Hyde Licona como defensora Pública del imputado no se produce con la finalidad de generar retrasos indebidos, sino que ocurre dentro del marco de su transición de Defensora Pública a Jueza de Sentencia, éste último cargo sin duda le imposibilitaba acudir como Defensora a la Audiencia, por ende no es que abandona la causa, sino que ya no puede acudir a las audiencias. (Folios 28 y 29 de la pieza de antecedentes de Amparo) CONSIDERANDO 8: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva es necesario que el acceso a los jueces y tribunales sea cierta, entendiendo ello como un auténtico derecho a todo aquel que tenga un conflicto, para que pueda acudir a jueces y tribunales imparciales que enjuicien su caso y determinen sus derechos y obligaciones, y que resuelvan definitivamente los conflictos sometidos a su conocimiento; citando de Diego Diez,la SSTC 99/1985 y 115/1987, se afirma que “la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República”; entendiendo lo anterior en consonancia a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República, que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; en ese mismo orden de ideas el artículo 59 constitucional establece: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla…”, es por ello que si Honduras es un Estado de Derecho, democrático y la persona humana es el fin supremo de la sociedad, las actuaciones que realicen las autoridades de administración pública irán encaminadas a ese fin, pues la Constitución constituye la supremacía del ordenamiento jurídico; de la Constitución se deducen e inspiran las demás leyes llamadas ordinarias y conforme a ella será que actuarán los impartidores de justicia, en procura de garantizar a los ciudadanos el goce de la justicia y la libertad, evitando los formalismos que impiden que en la aplicación de las leyes se logren esos fines declarados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO 9: Que, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que no se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo a declarar el abandono de la defensa y la suspensión en el ejercicio de la profesión a la recurrente en amparo. CONSIDERANDO 10: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que la resolución recurrida en Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que la sentencia Venida en Consulta debe ser REVOCADA y en consecuencia debe ser otorgada la acción Constitucional de Amparo interpuesta por la recurrente, en los términos que se han dejado establecidos en el libelo de esta sentencia, debiendo ser restituido en el goce los derechos que han sido vulnerados a la recurrente con la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua y relacionada en el presente libelo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que por Mayoría de Votos denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, mediante la cual, se decretó el abandono de la defensa y la suspensión del ejercicio profesional, por un período de tres (3) meses, a la Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA, en relación a la causa instruida contra el señor OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES, por suponerlo responsable del delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor JOSE DE JESUS TORRES. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos de defensa y debido proceso contenidos en artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de mayo del año dos mil doce, la Abogada GUILLERMINA URQUÍA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores NORLAN ALFREDO EUCEDA CRUZ, GERMAN DONALDO GUTIERREZ Y OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES, por suponerlo responsables de los delito de ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a NORLAN ALFREDO EUCEDA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 3 de la pieza de Antecedentes del A-quo) 2) Que habiéndose celebrado la Audiencia Preliminar en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil doce (2012), procediendo el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, mediante resolución de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil (sic) once (2011), a resolver lo siguiente: “…2) DECRETAR EL AUTO DE APERTURA A JUICIO, en las presentes diligencias contra imputados NORLIN EUCEDA CRUZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, siendo su abogado el abogado DONALDO LAGOS, y GERMAN DONALDO GUTIERREZ Y OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES por el delito de tentativa de robo en perjuicio de JOSE JESUS TORRES CACERES,…” (Folios 69, 70, 77 y 78 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, remitió las diligencias al Tribunal de Sentencia de Comayagua. (Folio 01 de la pieza de antecedentes correspondiente al trámite del Tribunal de Sentencia) 4) Que en fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, se inicia la Audiencia de Juicio Oral y Público, con la comparecencia de la abogada Linda Waleska Hyde Licona, en su condición de Defensora Pública del imputado Olman Orlando López Reyes, audiencia en la que se formalizan cargos y se contestan los mismos, anunciando que la misma se reanudara en fecha 23 de agosto a las seis de la tarde. En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se reanuda la audiencia, en la cual no comparece la Abogada LINDA WALESKA HYDE, Defensora Pública del señor OLMAN ORLANDO LOPEZ, comparece el Abogado ALEX GERMAN FLORES GUILLEN, Defensor Público, quien es nombrado de Oficio por parte del Tribunal de Sentencia y luego ratificado por el imputado OLMAN ORLANDO LOPEZ. En consecuencia, en esa misma fecha, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, declaró el Abandono de la defensa por parte de la Abogada LINDA HYDE. (Folios del 58 al 61 de la pieza de antecedentes correspondiente al trámite del Tribunal de Sentencia) 5) Que mediante auto de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Decretar la Suspensión de la profesional del Derecho Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA por haber abandonado la defensa técnica del imputado OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES en la causa que se le instruye por el delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de José Jesús Torres bajo el expediente número TSC. 3-244-2014, sin justificación válida alguna, por el término de tres (3) meses; y para tal efecto una vez firme la presente resolución dese cuenta al Colegio de Abogados de Honduras, a la Dirección de Personal de la Carrera Judicial y al Departamento de Personal, a la Dirección Nacional de la Defensa Pública y a la Supervisión General del Poder Judicial, para los efectos legales subsiguientes…” (Folios 72 y 73 de la pieza de antecedentes correspondiente al trámite del Tribunal de Sentencia) 6) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, la Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Acción de Amparo a favor de SI MISMA, contra la Resolución de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por considerar que la misma es contraria a los derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1–3 de la pieza de antecedentes de Amparo) 7) Seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), en la cual por mayoría de votos falló: “DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO que se ha hecho relación. Y MANDA: Que una vez notificada la presente sentencia, se remita en CONSULTA, junto con sus antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 31 al 37 de la pieza de antecedentes de Amparo) 8) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesto por la Abogada LINDA WALEAKA HYDE LICONA, contra la resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, con relación al abandono de la defensa y la suspensión del ejercicio profesional por el periodo de tres meses a la Abogada Linda Waleska Hyde Licona, en la causa instruida contra el señor OLMAN ORLANDO LOPEZ REYES, por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de JOSE DE JESUS TORRES. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución que se recurre, se deja evidenciado por parte del Tribunal de Sentencia que su suspensión obedece a su incumplimiento de haber informado al día siguiente de haber sido nombrada Juez de Sentencia, a su superior jerárquico, Abogada Eva Maribel Pineda, del estado procesal de las causas; en ese sentido argumenta la recurrente que nada está más alejado de la realidad, pues todos sabemos la enorme carga con la que se cuenta en las distintas dependencias del Poder Judicial de esa ciudad; sostiene la impetrante que el Tribunal como conocedor de la carga procesal de los funcionarios en general de Comayagua debe saber más que nadie que esa “carga de expedientes” está por encima de la carga procesal que “debería” manejarse, que no desconoce su obligación de informar el estado de sus casos ante su superior; no obstante lo anterior, el Tribunal de Sentencia asuma la no existencia de tal informe, no es propio de su competencia conocer de ello, en todo caso, será inspectoría de tribunales, según la normativa de la carrera judicial, como juez natural, quienes podrían conocer en función de su trabajo administrativo. Lo cierto es que el Tribunal de Sentencia no es juez natural para conocer asuntos de orden disciplinario, por lo que la garantía constitucional se ve violentada al tomarse el Tribunal de Sentencia funciones propias de Inspectoría de Tribunales, Dirección de Personal y Consejo de la Carrera Judicial. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve por Mayoría de Votos Denegar la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA, contra la Resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que si partimos de los hechos que la Abogada Linda Waleska Hyde Licona tomo posesión del cargo de Juez de Sentencia en fecha 13 de agosto del 2019 y fue citada el 9 de agosto para comparecer a continuación de juicio, la abogada dispuso de un término de 10 días para revisar su carga laboral y cuando menos de las causas emergentes con audiencias en curso como el caso de autos, poder informar a su jefe inmediato a fin de que en ese lapso de tiempo se realizara la asignación de un nuevo defensor que la sustituyera en el cargo y que fuese debidamente instruido sobre el estado del proceso y no incurrir en abandono de la defensa y a su vez evitar la reprogramación que implicó su omisión; cómo podemos observar no es como afirma la recurrente que se le pidió informe de su carga laboral de inmediato era solo cuestión de informar los procesos emergentes que tienen audiencias en curso para tomar medidas pertinentes que eviten retrasos injustificados y vulneración de derechos y por ende la amparista si incurre en abandono injustificado porque ya sabemos que una vez que tomo posesión como juez ya no podía ejercer la defensa del procesado, pero lo reprochable es que tuvo diez días después de su toma de posesión para tomar las medidas para que se realizara la sustitución del poder e instruir el nuevo defensor. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que del estudio de las diligencias, observa esta Sala que se recurre en Amparo contra la resolución emitida en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en relación al abandono de la defensa y suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses a la Abogada Linda Waleska Hyde Licona, alegando la recurrente que el Tribunal de Sentencia de Comayagua no es juez natural para conocer asuntos de orden disciplinario, por lo que la garantía constitucional se ve violentada al tomarse el Tribunal de Sentencia funciones propias de Inspectoría de Tribunales, Dirección de Personal y Consejo de la Carrera Judicial; en la motivación de la resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, éste sostiene que (Sic) “Consideramos que la Abogada LICONA debió entregar su informe o carga procesal a ella asignada como defensora publica al día siguiente de su fecha de nombramiento, ya que consta en autos (folio 70 y 71 segunda pieza de autos) denuncia rendido por la Coordinadora de la Defensa Publica a la Suoervicion General del Poder Judicial, de esta ciudad, que hasta la fecha la Abogada Licona no ha presentado informe alguno, a pesar de habérsele conminado en varias ocasiones por la misma coordinación….” CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico que ha dejado relacionado el Magistrado disidente en su Voto Particular, ello porque el 9 de agosto del año 2019 la Abogada Hyde Licona ya había perdido la condición de Defensora Pública, por ende no era de desconocimiento del tribunal infractor, teniendo ya asignadas funciones diferentes desde el plano constitucional; que así lo hace saber en su motivación, con la que contradictoriamente justifica la suspensión ya no de un Defensor Público, sino de un Juez integrante del mismo tribunal. Asimismo, la resolución del Tribunal de Sentencia fundamenta su decisión en un acto administrativo no propio de la facultad del tribunal de decretar el abandono de la defensa, al señalar que la quejosa no rinde informe a la Coordinadora local de la Defensa Pública sobre la carga laboral que manejaba. En ese orden de ideas el Tribunal de Sentencia actúa en infracción del debido proceso, al concebir un acto, mediante la resolución del ejercicio profesional por abandono de defensa, con justificación en causa “conocida y justificada”, separándose del requisito que señala la norma de sanción, contenida en el artículo 118 párrafo último del Código Procesal Penal. Era causa conocida y justificada, toda vez que el tribunal infractor, señala conocer que la accionante ya había perdido la condición de defensora pública y tenía la condición de Juez, que además integraba el mismo tribunal infractor. CONSIDERANDO 7: Que, siguiendo esta línea de ideas, no desconoce este Alto Tribunal que la recurrente tuvo un lapso de diez días para informar a su superior jerárquico de la carga procesal a ella asignada, no obstante, a ello ésta es una situación de orden administrativa que debe investigarse y ser resuelta por los órganos disciplinarios que integran el Poder Judicial, pues la ley procesal penal no otorga tales facultades al tribunal sancionador. Bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en su Dictamen emitido en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, al señalar que a la luz del artículo 118 del Código Procesal Penal, que lo ocurrido no se adapta al ámbito de protección que trata de generar el artículo en comento, esta norma trata de evitar retrasos indebidos, irresponsabilidades e indefensiones, en este caso en particular la no asistencia de la Abogada Hyde Licona como defensora Pública del imputado no se produce con la finalidad de generar retrasos indebidos, sino que ocurre dentro del marco de su transición de Defensora Pública a Jueza de Sentencia, éste último cargo sin duda le imposibilitaba acudir como Defensora a la Audiencia, por ende no es que abandona la causa, sino que ya no puede acudir a las audiencias. (Folios 28 y 29 de la pieza de antecedentes de Amparo) CONSIDERANDO 8: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva es necesario que el acceso a los jueces y tribunales sea cierta, entendiendo ello como un auténtico derecho a todo aquel que tenga un conflicto, para que pueda acudir a jueces y tribunales imparciales que enjuicien su caso y determinen sus derechos y obligaciones, y que resuelvan definitivamente los conflictos sometidos a su conocimiento; citando de Diego Diez[1], la SSTC 99/1985 y 115/1987, se afirma que “la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República”; entendiendo lo anterior en consonancia a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República, que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; en ese mismo orden de ideas el artículo 59 constitucional establece: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla…”, es por ello que si Honduras es un Estado de Derecho, democrático y la persona humana es el fin supremo de la sociedad, las actuaciones que realicen las autoridades de administración pública irán encaminadas a ese fin, pues la Constitución constituye la supremacía del ordenamiento jurídico; de la Constitución se deducen e inspiran las demás leyes llamadas ordinarias y conforme a ella será que actuarán los impartidores de justicia, en procura de garantizar a los ciudadanos el goce de la justicia y la libertad, evitando los formalismos que impiden que en la aplicación de las leyes se logren esos fines declarados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO 9: Que, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que no se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 118[2] del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo a declarar el abandono de la defensa y la suspensión en el ejercicio de la profesión a la recurrente en amparo. CONSIDERANDO 10: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que la resolución recurrida en Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que la sentencia Venida en Consulta debe ser REVOCADA y en consecuencia debe ser otorgada la acción Constitucional de Amparo interpuesta por la recurrente, en los términos que se han dejado establecidos en el libelo de esta sentencia, debiendo ser restituido en el goce los derechos que han sido vulnerados a la recurrente con la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua y relacionada en el presente libelo. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia venida en consulta, dictada por Mayoría de Votos por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha treinta de octubre del año dos mil diecinueve. 2) OTORGANDO EL AMPARO promovido por la Abogada LINDA WALESKA HYDE LICONA, a favor de SÍ MISMA, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, en los términos que se han dejado establecidos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-989-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP

[1] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. Tegucigalpa, Honduras. 5 de febrero de 2014. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Primera edición. pág. 32.

[2] Abandono de la Defensa. Defensor Emergente. Si el Defensor del imputado abandona la defensa y éste no nombra otro Defensor, el Juez ordenará su inmediata sustitución por un Defensor Público o de oficio. El responsable del abandono no podrá intervenir de nuevo en el proceso.

En casos complejos o prolongados el órgano jurisdiccional podrá nombrar en la etapa preparatoria del debate, o antes, si lo considera necesario, un Defensor Público sustituto para que asista a todos los actos del proceso. Este último, sin embargo, sólo podrá intervenir si el defensor en propiedad abandona el proceso.

El Profesional del derecho que abandone la defensa sin causa justificada, deberá ser suspendido por el Juez en el ejercicio de la profesión por tres (3) meses. Para los efectos correspondientes, se dará cuenta al Colegio de Abogados de Honduras.