Sentencia AP-974-19 — Registro 16335
Resumen
La Sala determinó que el personamiento del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) está legitimado en su condición de víctima y en nada menoscaba la administración de justicia, antes bien permite la transparencia y objetividad en la misma, puesto que le asiste el derecho como tal y desde el momento en que se deniega el derecho de defensa y una tutela judicial efectiva a sus derechos, se han quebrantado sus derechos no solo reconocidos constitucionalmente sino a nivel internacional de derechos Humanos, incumpliendo las obligaciones que el Estado de Honduras a constituido desde el momento que ratifica una convención o un tratado a nivel internacional y que como Estado parte debe cumplir con sus postulados. Por todo ello esta Sala concluye la Corte de Apelaciones ha vertido un criterio errado que lo lleva a dictar una resolución no conforme a derecho. En consecuencia, debe otorgarse el amparo interpuesto, a fin de que en la condición de víctima puedan intervenir en todo el proceso, conforme lo establecido en la ley, respetando sus derechos en igual de condiciones que las demás partes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO; (14) Que Honduras es signatario del Convenio 169, de la OIT, ratificado por el Estado de Honduras en fecha 28 de marzo de 1995, tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas, de vida e instituciones propias, y sus derechos a participar de manera efectiva en la forma que los afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. El Convenio 169 de la OIT en su artículo 7, también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo social o cultural. Además, dichos pueblos deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”
Legislación citada
- Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “Por su parte el artículo 13 No. 2, dispone que la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16, deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados utilizan u ocupan de alguna otra manera. Al ratificar el Convenio de la OIT, los Estados parte se comprometen a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT, sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control. Este compromiso suscrito por Honduras, obliga a los jueces y magistrados a que impartan justicia no de la misma manera para todos. Es decir, acá, es donde el derecho a la igualdad cobra vida cuando se otorga un trato desigual a desiguales, pues sería constitutivo de violación al debido proceso, interpretar y aplicar las leyes de igual manera a un ciudadano común y a un ciudadano indígena; es por ello que según el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (visita a Honduras del 2 al 10 de noviembre del año 2015) de fecha 21 de julio del año 2016, manifiesta que: entre las principales preocupaciones que los pueblos indígenas enfrentan, constituyen problemas sistémicos que impiden el pleno goce de sus derechos. En ese sentido, se menciona la desprotección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la impunidad y deficiente acceso a la justicia, problemas fundamentales que los colocan en una situación de total indefensión ante actos de violencia por distintos actores y uno de los problemas fundamentales es la aplicación de justicia aparatada de los conocimientos especiales en la materia y la sensibilización para la interpretación de los mismos.”
Legislación citada
- Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 16 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: (18) Que esta Sala de lo constitucional manifiesta que la conclusión a la que llegó la Convención Americana, relativa a que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, debe ser aplicada a personas jurídicas distintas a aquellas cuya finalidad es velar por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en tanto en cuanto al mismo tiempo llega a la conclusión que con respecto a esta minoría, SI deben ser consideras como titulares de ciertos derechos humanos por encontrarse en una situación particular. La situación particular la demarca precisamente la diferencia de costumbres, dioses, leyes, sistema de aplicación de justicia etc., que guardan con el resto de la sociedad, y lo hacen con el afán de no perder sus raíces, tratando en lo que les sea posible de vivir tal y como vivían sus ancestros. El resto de la sociedad que no se encuentran dentro de esta situación particular será a quienes se aplicará la negativa concluida en la Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 20216, sobre la Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos Humanos.”
Legislación citada
- Opinión Consultiva No. 22/16, art. 26 de febrero de 20216 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: (18) Que esta Sala de lo constitucional manifiesta que la conclusión a la que llegó la Convención Americana, relativa a que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, debe ser aplicada a personas jurídicas distintas a aquellas cuya finalidad es velar por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en tanto en cuanto al mismo tiempo llega a la conclusión que con respecto a esta minoría, SI deben ser consideras como titulares de ciertos derechos humanos por encontrarse en una situación particular. La situación particular la demarca precisamente la diferencia de costumbres, dioses, leyes, sistema de aplicación de justicia etc., que guardan con el resto de la sociedad, y lo hacen con el afán de no perder sus raíces, tratando en lo que les sea posible de vivir tal y como vivían sus ancestros. El resto de la sociedad que no se encuentran dentro de esta situación particular será a quienes se aplicará la negativa concluida en la Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 20216, sobre la Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el Sistema Interamericano de derechos Humanos.”
Legislación citada
- Opinión Consultiva No. 22/16, art. 26 de febrero de 20216 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “Así las cosas, se acepta que sociedad civil es una esfera de relaciones más allá de la gubernamental, existe diversidad de organizaciones civiles, para el caso en estudio, el COPINH es una organización estructurada que cuenta con personería jurídica, en consecuencia forma parte de la sociedad civil, la que representa los derechos e intereses de las comunidades indígenas, pueblos lencas, que pertenecen a ésta, en este orden de ideas, y constando en autos que ciertamente la controversia resulta porque precisamente las acciones realizadas por funcionario públicos y otras personas se realizaron con el fin de otorgar concesión sobre dicho rio Gualcarque, para la construcción de una represa denominada Agua Zarca, que tales actividades desarrolladas por los funcionarios públicos se encuentran en tela de juicio, al ser sometidas a un proceso por suponerlos responsables de delitos que dañan bienes jurídicos protegidos, como su derecho a la tierra y al agua. Siendo así esta Sala estima que la concesión del río Gualcarque a través de acciones, que de ser declaradas culpables menoscaban los derechos de los pueblos indígenas y lo hacen de manera directa afectando sin lugar a dudas toda la comunidad Indígena en sus territorios. De allí el derecho de estos pueblos de personarse como acusador privado en el proceso que se ventila por tales acciones. Si bien la Procuraduría General del Estado representa el Estado de Honduras, no es menos cierto que el personamiento del COPINH está legitimado en su condición de víctima y en nada menoscaba la administración de justicia, antes bien permite la transparencia y objetividad en la misma, puesto que le asiste el derecho como tal y desde el momento en que se deniega el derecho de defensa y una tutela judicial efectiva a sus derechos, se han quebrantado sus derechos no solo reconocidos constitucionalmente sino a nivel internacional de derechos Humanos, incumpliendo las obligaciones que el Estado de Honduras a constituido desde el momento que ratifica una convención o un tratado a nivel internacional y que como Estado parte debe cumplir con sus postulados. Por todo ello esta Sala concluye que el Ad Quem ha vertido un criterio errado que lo lleva a dictar una resolución no conforme a derecho. En consecuencia, debe Otorgarse el Amparo interpuesto, a fin de que en la condición de víctima puedan intervenir en todo el proceso, conforme lo establecido en la ley, respetando sus derechos en igual de condiciones que las demás partes.”
Legislación citada
- Opinión Consultiva No. 22/16, art. 26 de febrero de 20216 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “En consecuencia, debe Otorgarse el Amparo interpuesto, a fin de que en la condición de víctima puedan intervenir en todo el proceso, conforme lo establecido en la ley, respetando sus derechos en igual de condiciones que las demás partes. CONSIDERANDO: (19) Que el Debido Proceso representa el conjunto de derechos y garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Todo lo cual es inherente a un adecuado derecho de defensa, implica, entonces: el derecho de ser oído; poder hacer uso de todos instrumentos o mecanismos legales/procesales propios para una defensa eficaz. Observando las normas constitucionales como la ley secundaria, con una interpretación jurídica acorde al contenido de la norma jurídica, lo contrario implica alterar el Principio de Legalidad, y quebrantar el Debido Proceso y Derecho de Defensa, lo que desemboca en la falta de una Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO: (20) Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del Recurso en estudio, no observó ni interpreto la norma procesal penal ajustada al caso concreto, tal como se reseña en los acápites que anteceden, por todo ello su decisión no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como sucede en caso sub judice, por todo ello es conforme a derecho Otorgar el Amparo demandado. CONSIDERANDO: (21) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por los abogados RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, a favor del CONSEJO CIVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación, interpuestos contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019); todo con relación a la causa instruida contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 63, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 8, 21 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados KARINA YANECY VARELA ANDRADA Y LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–46v del Tomo I de la pieza principal de antecedentes) 2) Que como consta en el Acta de la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “… tener por admitido el personamiento presentado por el COPINH, como víctima y parte acusadora en el proceso en cuanto a la nulidad presentado declarar sin lugar y se ordena a la secretaría del juzgado elaborar solicitud a inspectoría para que se revise la pérdida del auto faltante en el expediente. … Por tanto, la suscrita Juez resuelve: 1.- En cuanto a la solicitud de nulidad presentada de admitir este Juzgado como víctima al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, quien se constituyó como acusador privado, dando poder de representación al abogado VICTOR FERNANDEZ el cual a su vez delegó su representación en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIEL MADRID se declara SIN LUGAR, por considerar la suscrita que ellos tienen carácter de victima mediata o por extensión de la victimización.- 2.- En cuanto al personamiento del Abogado VICTOR FERNANDEZ esta juzgadora una vez que se revisó el expediente de mérito, ha alertado la ausencia del auto donde se resolvió admitir el personamiento del abogado antes mencionado como acusador privado y siendo que este no se encuentra en el expediente, de oficio se repone la resolución ordenando tener por personado al Abogado Víctor Fernández como acusador privado en representación del pueblo Lenca y delegado el poder en que actúa en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIAL MADRID, fundamentada en los artículos 9 y 171 del Código Procesal Penal en cuanto al saneamiento de irregularidades procesales, por lo que se ordena a la secretaría de este despacho judicial, elabore un informe el cual deberá de enviar a la supervisión de tribunales para que comiencen una investigación exhaustiva sobre el desaparecimiento del folio donde se encontraba el auto donde se tenía por personado al Abogado VICTOR FERNANDEZ en su condición antes mencionada.-”. (Folios 603–643 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes) 3) Que, conociendo de una serie de recursos de apelación, interpuestas contra la resolución que antecede, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción Falló: (SIC) “1. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por su posible participación en la comisión de los delitos de Fraude en el grado de participación de cómplice y Uso de Documentos Falsos a título de autor. REVOCA el auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por su posible participación en la comisión de delitos de Negociaciones Incompatibles con sus Funciones. 2. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone mantener el Auto de Formal Procesamiento contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por su posible participación en la comisión del delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 3. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 4. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ y CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplices. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 5. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por su posible participación únicamente en la comisión de un delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 6. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 7. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone se mantenga el Auto de Formal Procesamiento contra la señora SAIDA ODILIA PINEL, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude y ordena se dicte un Sobreseimiento definitivo por el delito de Fraude. 8. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 9. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor JOSÉ MARIO CARBAJAL FLORES, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 10. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de Autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 11. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 12. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 13. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciados en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 14. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 15. La corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor RAÚL PINEDA PINEDA, por su posible participación en los delitos de Falsificación de Documentos Públicos en Concurso Ideal con Usurpación de Funciones. CONFIRMA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 16. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los señores, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANÍBAL MARÍNEZ LOZANO, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, SAIDA ODILIA PINEL, JOSÉ MARIO CARBAJAL FLROES, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA, MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, DARIO ROBERTO VARDONA VALLE y RAÚL PINEDA PINEDA. 17. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las Medidas Cautelares de Prisión Preventiva para el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA.” (Folios 1760–1824 del Tomo IV de la pieza principal de antecedentes) 4) Que los abogados RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, comparecieron ante este Tribunal en fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del CONSEJO CIVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH), contra la Sentencia de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los derechos contenidos en los artículos 63, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 8, 21 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1–28 del Presente Recurso) 5) Que en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, y a la vez, omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 76 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, a favor del CONSEJO CIVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HOODURAS (COPINH), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, EN FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación y revocó (ordenando la deslegitimación del COPINH), la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia Inicial, en la cual se tuvo al COPINH como parte en la causa instruida contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES Y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y OTROS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO: (3) Que los Abogados RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en la formalización de la Acción de Amparo, exponen que el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, (referido en el considerando que antecede), señalada la Audiencia Inicial, oportunamente presentaron personamiento como acusadores privados en representación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), víctima de los delitos objetos del proceso, el cual fue admitido por el Juzgado. Manifiestan que la defensa del señor ROBERTO DARIO CARDONA VALLE, promovió incidente de nulidad el cual fue declarado Sin Lugar por el juzgado, preservando el derecho como víctima de nuestras representadas de participar en el proceso, el 29 de marzo del 2019 la defensa del señor Roberto Darío Cardona Valle presentó recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. La Corte de Apelaciones en fecha 28 de agosto del 2019 revocó por unanimidad de votos la resolución, negando a sus representadas su derecho a comparecer a través de esta acusación privada, no conforme interpusieron el recurso de reposición el cual fue Denegado. CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes manifiestan que con la resolución impugnada se quebrantan derechos constitucionales a sus representada a saber: Derecho de Acceso a la Justicia contenido en los artículos 63, 80, y 82 párrafo segundo, cuando niega el derecho de participación e intervención de sus representada, pretendiendo sustentar su resolución en que el objeto de dicho proceso no es más que averiguar el delito: […] afectan la Fe pública y la Administración del Estado, no tanto si las actuaciones reprochadas a los funcionarios implicados que aprobaron permisos y licencia o firmaron contratos, violentaron con ello el derecho humano al acceso al agua de las comunidades o cualquier otro derecho humano”. Señala que el derecho penal sustantivo está orientado a la tutela de aquellos bienes jurídicos que tienen íntima relación con los derechos humanos, incluyendo la “Fe y la Administración Pública”, los cuales, en concreto, como se advierte en el presente caso son la causa de una serie de violaciones a los derechos humanos de que fue objeto las comunidades que integran a su representada, así como a otras comunidades del pueblo Lenca y pertenecientes a otras culturas. CONSIDERANDO: (5) Que los impetrantes, exponen que la autoridad impugnada omite hacer mérito sobre los alcances de lo previsto en el artículo 96 del Código Procesal Penal, que dispone: “En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal deberá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales”. Señalando que precisamente, ese vínculo entre derecho penal y derechos humanos queda evidenciado en lo dispuesto en el artículo 96 ante mencionado. Además se quebranta el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional y el control de convencionalidad, de sus representada y de participar en las audiencias del proceso, en su condición de víctima de los delitos seguidos en la causa, manifiesta que concretamente la Corte establece que: “es forzado considerar al COPINH como víctima por conducto y aplicación del artículo 17.3 del Código Procesal Penal, pues evidentemente el numeral citado hace referencia a los socios respecto de los delitos que afectan a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio pro indiviso y dado que de la narración de los hechos se puede determinar que los mismos no afectan de modo alguno el patrimonio o razón social de una entidad civil mercantil, como tampoco se indaga la afectación del derecho a la propiedad sobre un bien; o que los delitos inquiridos dañan el derecho de una persona que ostenta el derecho de propiedad sobre ese bien parcialmente puesto que comparte la titularidad con otra personas”. CONSIDERANDO: (6) Que los recurrentes exponen que la Corte de Apelaciones impugnada, no observó en ninguna medida la naturaleza del COPINH, sus estatutos y su finalidad como asociación civil indígena, a la cual responden sus socios y socias o integrantes por ellos representadas. Desestiman lo relacionado con el trabajo de defensa de la propiedad colectiva del pueblo indígena Lenca, de defensa de bienes naturales comunes y la concepción de colectividad que forma parte de la cosmovisión Lenca. Además señalan que el análisis realizado por la Corte de Apelaciones omite considerar que se reputarán como víctimas y tendrán tal condición, en primer lugar “las personas que individual o colectivamente”, es decir las personas individuales o naturales, así como los colectivos de personas que pueden comparecer por si mismos o a través de sus instituciones representativas, como en este caso lo hace el pueblo indígena Lenca a través del COPINH, por lo que no queda duda de que el COPINH como organización representativa del Pueblo indígena Lenca puede actuar como colectivo en los procesos judiciales donde se exija tutela efectiva de los derechos de las comunidades indígenas Lencas como el proceso penal de mérito. CONSIDERANDO: (7) Que los Quejosos señalan como elemento sustancial en el análisis de las afectaciones producidas por los delitos imputados en que los hechos por los que se procesa a los encausados provocaron el menoscabo de los derechos de sus representadas, conductas que se enumeran en los delitos de Fraude, Uso de documentos Falsos, Abuso de Autoridad, y la Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, Usurpación de Funciones, y Falsificación de Documentos Públicos, sin embargo la Corte de Apelaciones impugnada omitió realizar éste análisis que le llevaría a la única conclusión que sus representadas ostenta el carácter de víctima según la legislación interna e internacional de la que el Estado de Honduras es suscriptora. La no consideración de todos estos elementos derivó en la violación del derecho a un debido proceso de su representada, la cual persiste hasta la actualidad y del ejercicio de un efectivo control de convencionalidad el cual es transversal a las violaciones de los demás derechos referidos. CONSIDERANDO (8) Que el Ad Quem dicta resolución dejando establecido en el párrafo de los antecedentes procesales que el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve, se llevó a cabo Audiencia Inicial en el proceso antes relacionado, en la que la Defensa del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, promovió un incidente de nulidad promovido por considerar que el CONSEJO CIVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDIGENAS DE HONDURAS (COPINH), en cuanto a su admisión de su personamiento como acusador privado, con fundamento en la inobservancia de las disposiciones concernientes a la iniciativa de los fiscales y de los acusadores privados basados en el artículo 166 párrafo 2,6 igualdad entre las partes y 7 de la violación de los derechos y libertades fundamentales del Código Procesal Penal, considerando además la parte reclamante que debió notificárseles de la presentación de dicho documento, ya que se encuentran en una audiencia debió haber sido puesta en su conocimiento para someterlo al contradictorio, señalando que los delitos que se les imputa a los procesados son: Fraude, Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos, cuyo titular del bien jurídico protegido es la Administración Pública y la Víctima es el Estado, personamiento que se fundamentó en el acceso a la justicia considerando los peticionarios que no es un derecho absoluto, siendo la legislación secundaria la que debe regular esta actividad, es por ello que no hay personas naturales ejerciendo Requerimientos Fiscales , por la naturaleza de los delitos no tiene legitimación ni capacidad para ser parte en este proceso, señalando que la acusación de COPINH, pretende fraudulentamente introducir más hechos de los establecidos en el requerimiento fiscal, presentó para tal efecto dos sentencias: una del 8 de mayo del 2018 y la otra del 28 de mayo del 2018, en las cuales ya fue objeto de enjuiciamiento los procesos de consulta previa, libre e informada del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca y el COPINH en su personamiento está introduciendo estos hechos. CONSIDERANDO; (9) Que ante el incidente de nulidad propuesto por la defensa del señor DARÍO ROBERTO CARDONA VALLE, los demás representantes de la defensa se adhirieron al mismo, por su parte el Ministerio Público, expuso que la admisión del personamiento presentado (por el COPINH), como acusador privado, se encuentra apegado a derecho por considerar que el mismo se subsumen en el artículo 96, párrafo 3 y 17 No. 3, considerando además que con el Proyecto (hidroeléctrico Agua Zarca), se les podía privar del derecho al Agua a las comunidades que representa el COPIH, por lo tanto ellos ostentan la calidad de víctima. Exposición a la que se adhirió el representante de La Procuraduría General de la República. Por su parte el COPINH, manifestó que no hay fraude de ley, puesto que las comunidades indígenas que representa se encuentran ubicadas en el lugar de impacto del proyecto hidroeléctrico Gualcarque. El A quo resolvió admitiendo el personamiento presentado por el COPINH, como víctima y parte acusadora en el proceso, a quienes con el proyecto se les limitaría el acceso al agua, así como que manifestaron que no fueron debidamente consultados para la ejecución de dicho proyecto, haciendo referencia a quienes debe considerarse víctimas de acuerdo a la organización de las Naciones Unidas. Declarando Sin Lugar la nulidad planteada. CONSIDERANDO (10) Que el Ad Quem, en cuanto al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la Defesa del señor CARDONA VALLE, a la que, los demás representantes de la Defensa de los demás imputados se adhirieron, estima que la Defensa tiene la razón y la nulidad pedida es de recibo. Por consiguiente, no son atinentes los argumentos esgrimidos por los representantes del COPINH, el Ministerio Público, ni el Juzgado de Letras. En primer lugar, ciertamente es forzado considerar al COPINH como víctima por conducto y aplicación del artículo 17.3, pues evidentemente el numeral citado hace referencia a los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso y dado que de la narración de los hechos fácticos, se puede determinar que los mismos no afectan de modo alguno el patrimonio o razón social de una entidad civil mercantil, como tampoco se indaga la afectación del derecho de propiedad sobre ese bien parcialmente puesto que comparte la titularidad con otras personas. Tampoco es aplicable el artículo 96 del Código Procesal Penal, pues de un abordaje correcto de la finalidad teleológica y un análisis integral de la norma se obtiene en limpio que, en los delitos de acción pública la víctima puede: 1.-Provocar la persecución penal por medio de un abogado. 2.- Intervenir en las ya iniciadas por el Ministerio Público…. Señala que el párrafo tercero de la citada norma, de suma importancia, pero no puede interpretarse de forma aislada de los enunciados anteriores, pues prescribe que “… el mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos, que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, hayan violado derechos humanos. Es decir, en los delitos en que incurran los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas, hayan violado derechos humanos, la ley reserva los mismos derechos a la víctima ofendida por delitos públicos o privados. - Cuáles son? Pues provocar la persecución penal por medio de un abogado o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, o ser representada por el Ministerio Público. CONSIDERANDO: (11) Que el Ad Quem en relación al considerando que antecede manifiesta, que no pierde de vista el objeto de este proceso penal, que no es más que averiguar los delitos que afectan la Fe Pública y la Administración del Estado, no tanto si las actuaciones reprochadas a los funcionario implicados que aprobaron permisos y licencias o firmaron contratos, violentaron el derecho humano al acceso al agua de las comunidades o cualquier otro derecho humano, por ello es que sostenemos que la resolución de este asunto pasaba por identificar con precisión milimétrica quien o quienes en un proceso penal tienen la condición de víctima, siendo evidente que esta bizarra discusión procesal, no se agota simplemente al analizar el concepto de víctima que efectúa las Naciones Unidas, cuya categorización se encuentra recogida en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos pues la norma interna (Art. 17 CPP), desarrolla tales conceptualizaciones en el entendido que tienen el carácter de víctima no solamente el directamente ofendido, sino aquellas personas afectadas de manera indirecta e inmediata. Además, hace referencia a que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPIN) resulta ser una víctima indirecta en la muerte de la señora Berta Cáceres Flores, sin embargo, el objeto mismo del proceso que se conoce no es para inquirir ese crimen repudiable, que como se sabe forma parte de otras acciones y las piezas judiciales se tramitan y ventilan en otras jurisdicciones. Por todo ello, EL Ad Quem, declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE. CONSIDERANDO: (12) Que las conductas tipificadas en los delitos de corrupción tiene como finalidad el correcto desempeño de la función pública tipifica actuaciones que persigue la obtención de ganancias ilícitas atentando al principio de imparcialidad y objetividad que debe regir su conducta y causando un perjuicio económico a la administración o a los administrados; se protege el correcto ejercicio de la función pública conforme a parámetros constitucionales, concretamente el respeto al principio de legalidad en el ejercicio de las distintas funciones públicas, como principio esencial en un Estado de Derecho[1]. CONSIDERANDO: (13) Que el COPINH es una organización social y política, de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas Lencas y de Honduras[2]. Es, además, un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional, se estableció el 7 de agosto del año 2002, con personalidad jurídica expedida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, por medio de la resolución No.369-2002. El origen de la controversia resulta ubicarse en el rio Gualcarque, lugar que sirve de marco para realizar una serie de actividades de funcionarios públicos a través de la cuales se pretende otorgar la concesión de este, con el fin de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua - Zarca, es una propiedad comunitaria del Pueblo Lenca. CONSIDERANDO; (14) Que Honduras es signatario del Convenio 169, de la OIT, ratificado por el Estado de Honduras en fecha 28 de marzo de 1995, tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas, de vida e instituciones propias, y sus derechos a participar de manera efectiva en la forma que los afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. El Convenio 169 de la OIT en su artículo 7, también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo social o cultural. Además, dichos pueblos deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Por su parte el artículo 13 No. 2, dispone que la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16, deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados utilizan u ocupan de alguna otra manera. Al ratificar el Convenio de la OIT, los Estados parte se comprometen a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT, sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control. Este compromiso suscrito por Honduras, obliga a los jueces y magistrados a que impartan justicia no de la misma manera para todos. Es decir, acá, es donde el derecho a la igualdad cobra vida cuando se otorga un trato desigual a desiguales, pues sería constitutivo de violación al debido proceso, interpretar y aplicar las leyes de igual manera a un ciudadano común y a un ciudadano indígena; es por ello que según el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (visita a Honduras del 2 al 10 de noviembre del año 2015) de fecha 21 de julio del año 2016, manifiesta que: entre las principales preocupaciones que los pueblos indígenas enfrentan, constituyen problemas sistémicos que impiden el pleno goce de sus derechos. En ese sentido, se menciona la desprotección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la impunidad y deficiente acceso a la justicia, problemas fundamentales que los colocan en una situación de total indefensión ante actos de violencia por distintos actores y uno de los problemas fundamentales es la aplicación de justicia aparatada de los conocimientos especiales en la materia y la sensibilización para la interpretación de los mismos. CONSIDERANDO: (15) Que la “Corte Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, dispone: “Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las víctimas o sus familiares de participar en todas las etapas de los respectivos procesos, de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus derechos, dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación”[3]. Que el artículo 16 del Código Procesal Penal establece cuales son los derechos de las víctimas entre ellos, los de constituirse en acusador privado o querellante y a intervenir como tal en todo el proceso conforme lo establecido en el presente código. Para lograr lo anterior, si lo necesita, tendrá derecho ser asistido por el Ministerio Público en el caso de carecer de medios económicos, entre otras podrá participar de las audiencias públicas conforme lo establecido. Por su parte el artículo 17 del mismo cuerpo legal establece quienes tienen el carácter de víctima: 1.- Los ofendidos directamente por el delito incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0974-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Gargalle Planchadell Andrea. Las Víctimas en los Delitos de Corrupción. Estudios Penales y –Criminológicos. Volumen XXXVI, 2016. ISSN 1137 -7550: 1-77- Pág. 18. 19
[2] Copinh. https://copinh.org/2008/12/que-es-copinh/
[3] La Participación de la Sociedad Civil en la Lucha contra la Corrupción. Una mirada a partir del informe CIDH, “Sobre Corrupción y Derechos Humanos” Segunda Sesión. La Sociedad civil como víctimas del delito de corrupción. 13 de agosto del 2020. Pág.15.
[4] Cruz Anabel y Espinoza José Luis.Organizaciones de la sociedad civil en Honduras. De la Consulta a la participación. Págs. 2 y 3