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Sentencia AP-966-20 — Registro 12918

Resumen

Resolución que declaró Sin Lugar recurso de apelación y solicitud de revisión de Medida Cautelar,ademas denegar cauciòn ofrecida por recurrente con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerlo responsable de los delitos de Facilitación para el Lavado de Activos y de Cohecho, asimismo 21 Delitos de Fraude, En Perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, donde resolución recurrida declaró sin lugar revisión de medida cautelar y solicitud de caución como medida sustitutiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."12) Que la finalidad constitucional legítima de las medidas cautelares es garantizar el desarrollo del proceso penal, asegurando el resultado del juicio. Para la aplicación de las medidas cautelares deberá considerarse el principio de necesidad en cuanto a la finalidad esencial de asegurar la eficacia del proceso, y el principio de proporcionalidad que implica que la medida cautelar debe estar debidamente adecuada a las circunstancias objetivas y subjetivas de caso concreto. En todo caso, el principio de proporcionalidad, impone la obligación de estimar siempre la medida cautelar que menos perjudique al imputado, ya en su persona como, igualmente, en su reputación y patrimonio, atendiendo el hecho de que la medida no solo debe estimarse como necesaria sino que debe ser idónea al caso y subsidiaria a cualquier otra que pueda cumplir efectivamente con la finalidad perseguida, lo que exige un juicio de razonabilidad en cuanto a la mencionada finalidad y las circunstancias concurrentes al caso concreto. CONSIDERANDO: (13) Que la medida cautelar de rendimiento de caución suficiente a favor del imputado, tiene su base y fundamento en la Constitución de la República en su artículo 93 que a la letra dice: “Aun con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley. Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 173 No. 10 dispone: “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal. En ese orden de ideas, la aplicación de medidas cautelares como la caución por parte de imputado es legítima constitucionalmente, por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la misma Constitución como en la Norma Procesal Penal, nada impide que pueda rendir esta caución una persona distinta al imputado. CONSIDERANDO: (14) Que uno de los elementos fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho en los regímenes que poseen una constitución escrita es el principio de la Supremacía de la Constitución, según el cual esta última prima sobre cualquier otra norma jurídica o acto que emane del Estado. El principio de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 320 de la Constitución de la República que dispone: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera”. Frente a la ley suprema, aquella del órgano derivado instituido (el congreso) que la contradice no debe tener ninguna aplicación porque carece de valor. Disposiciones constitucionales que en el caso concreto se vinculan al precepto constitucional en su artículo 93 que dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley” en relación con el artículo 64 constitucional, que establece: “No se aplicarán leyes ni disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, a la vez relacionados con el artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De la supremacía de la Constitución, que literalmente dice: “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley. En ese orden de ideas no existe justificación legal que permita contrariar un precepto constitucional aplicando una norma secundaria, lo contrario implica una resolución arbitraria contra derecho. CONSIDERANDO: (15) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto ”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia . CONSIDERANDO: (16) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO: (17) Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo . A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (18) Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, en el caso de autos, los recurrentes señalan que la resolución impugnada deniega la medida cautelar de otorgamiento de caución a favor del imputado. Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la resolución impugnada que confirmó el auto mediante el cual deniega la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, a favor del señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, ésta Sala aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem, no apreció los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar la caución presentada por el recurrente se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio porque se Otorgue el amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (19) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ y HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, contra la sentencia de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, por suponerlo responsable de los delitos de FACILITACION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y DE COHECHO, ASIMISMO VEINTIUN (21) DELITOS DE FRAUDE, en perjuicio DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 69, 89, Y 93 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que consta en autos en la causa instruida que se le sigue al señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, por suponerlo responsable de los delitos de FACILITACION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y DE COHECHO, ASIMISMO VEINTIUN (21) DELITOS DE FRAUDE, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que en fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, los Abogados FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ y HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, en su condición de defensa privada del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, solicitaron ante el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción , revisión de medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a su representado. (Folios 02 al 10 de los antecedentes). 2) Que en Acta de Audiencia de Revisión de Medidas de fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte (2020), el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ y MANDÓ: Por unanimidad de los miembros del Tribunal se Declara SIN LUGAR la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, presentada por la defensa del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA… (Folio 1987 al 1988 del Tomo IV de la pieza del Tribunal) 3) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción RESOLVIÓ: UNICO “Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación y confirma la resolución del Tribunal de Sentencias.- (Folios 131 al 137 de la Corte de Apelaciones) 4) Los recurrentes abogados FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ y HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 89, Y 93 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 30 de la Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha ocho (8) de enero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que los recurrentes interponen Acción de Amparo contra la resolución dictada en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fechas ocho de septiembre del veinte, con relación a la causa instruida contra el señor: MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, a quien se supone responsable de los delitos de FACILITACIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, Y DE COHECHO, asimismo VEINTIUN DELITOS DE FRAUDE, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes exponen: Que se presentó requerimiento fiscal en contra de su representado y otras personas ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, entre otros por un delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, seguido el proceso en la audiencia inicial se dictó Auto de Formal Procesamiento con la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, el juzgado decidió la apertura del acto de Juicio Oral y Público, remitiendo las actuaciones al Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, órgano jurisdiccional que está sustanciando el proceso, dentro de esta sustanciación la Defensa del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, solicitó la revisión y en consecuencia la sustitución de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, por considerar que no se cumplen con los presupuestos legitimadores de dicha Medida Cautelar, celebrada la Audiencia de mérito el Tribunal de Sentencia declaró Sin Lugar la revisión de Medida Cautelar, resolución contra la que se interpusieron los recursos de ley y fueron declarados también Sin Lugar. CONSIDERANDO: (5) Que los recurrentes manifiestan que la resolución impugnada ha quebrantado Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de su representado a saber: Violación directa del Derecho a la Libertad protegido por el artículo 69 constitucional en relación con el artículo 89 del Estado de Inocencia y 93 de la misma Constitución, Derecho a ser Oído en Juicio mediante caución y en relación con los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; invoca además el artículo 7.3 de la misma Convención, que dispone que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras o se establezca legalmente su culpabilidad”. CONSIDERANDO: (6) Que la Corte de Apelaciones impugnada, expone que el Tribunal de Sentencia apelado, dejó establecido en su resolución, que los presupuestos para revocar o sustituir una Medida Cautelar Privativa de Libertad, no concurren en la presente causa atendiendo las razones siguientes: “todavía existe el peligro de fuga, señalando que aun cuando la Defensa presentó Medios de Prueba que acreditan suficiente arraigo, pero, a su vez estos medios podrían facilitar a éste, permanecer oculto dentro o fuera del país, pudiendo eludir la acción de la justicia mediante la fuga, poniendo en riesgo el establecimiento de la verdad, además la norma adjetiva también señala que para el riesgo de fuga debe considerarse la gravedad de la pena, a imponer como resultado del proceso. En este caso se le imputan veintiún (21) delitos de Fraude, Cohecho y un delito de Facilitación para el Lavado de Activos, delitos considerados graves, tanto en las disposiciones sustantivas vigentes al momento de la comisión de los hechos imputados, como en las actuales normas sustantivas del nuevo Código Penal, respecto del daño que deba indemnizar, hipótesis que si bien no constituyen ningún prejuzgamiento, de conformidad a los hechos por los cuales ha sido sometido a proceso el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR, se puede advertir que en caso de salir condenado, existe la posibilidad de que nazca una obligación de indemnizar al Estado de Honduras con una fuerte cantidad de dinero.” CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones impugnada, sigue exponiendo que el Tribunal de Sentencia apelado, en cuanto al peligro de obstrucción consideró: ”existe un indicio racional de que en efecto éste puede influir en los demás imputados, así como en los testigos o peritos para que informen inadecuadamente sobre los hechos objeto del presente proceso, o como el Ministerio Público apuntó, simplemente para que no comparezcan a la Audiencia de Juicio Oral, por lo que, el peligro de fuga y obstrucción a la investigación es latente y razonable. En cuanto a que haya transcurrido el plazo de la duración de la Prisión Preventiva y su prórroga, sostiene que la Medida Cautelar de Prisión Preventiva fue impuesta al señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por lo que a la fecha aún no se cumple con el plazo máximo establecido para la Prisión Preventiva que de conformidad a la norma Procesal Penal, es de dos (2) años, misma que está sujeta a una posible ampliación de seis (6) meses, misma que no adquiere la característica de pena anticipada.” CONSIDERANDO (8) Que el Tribunal de Sentencia respecto a la Medida Cautelar de Prisión Preventiva relacionada con la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia causada por el Covid-19, para aquellos privados de libertad que tengan enfermedades de base que pudiesen verse afectados en caso de contraer este virus, señala, que este no ha sido el principal argumento de la Defensa para plantear su petición y por el contrario como bien lo indicó el Abogado Ávila, su representado ya contrajo la enfermedad y se recuperó sin mayores complicaciones. Manifiesta, además, que las medidas alternativas de Prisión Preventiva no pueden imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida, que es garantizar la presencia del encausado y la obtención de los Medios de Pruebas en el proceso, siendo su criterio que la medida más idónea, útil y proporcional es la Prisión Preventiva, para asegurar la presencia del imputado en juicio y de esa manera cumplir con dicho fin. Explica además que por otra parte el objeto de petición de la Defensa ha sido las múltiples enfermedades que adolece su representado, pero de los certificados médicos presentados se aprecia que todos los padecimientos se encuentran bajo control médico, son estables y controlados, además cuenta con el apoyo de las autoridades penitenciarias para recibir de forma oportuna la asistencia médica necesaria, lo cual le garantiza su salud y consecuentemente la vida del encausado. CONSIDERANDO: (9) Que la Corte de Apelaciones en el numeral Séptimo de la resolución deja establecido que: “Analizados los antecedentes, es importante destacar, que el ofrecimiento de una caución hipotecaria no busca reparar el daño causado al Estado, sino que sirva para asegurar la presencia del acusado en el debate. Los Jueces de sentencia centraron su análisis en el peligro de obstrucción y el peligro de fuga, incluyendo los valores morales demostrados por el imputado, su ocupación, los bienes que posee, sus vínculos familiares y referencias personales y una caución hipotecaria que le mantendrían en el país. Al respecto la Corte señala que, dándole peso a esto, la caución debería ser de tal nivel que la perspectiva de perderla sería un elemento disuasivo suficiente para evitar que el procesado se fugue del país o eluda la acción de la justicia, en ese sentido valora, principalmente que el acusado no aportó bienes personales. Con relación a los bienes de su familia, específicamente los de su esposa, se estimó que la pérdida del inmueble propiedad de su esposa, adquirida por herencia no opera como garantía suficiente para evitar su fuga, siendo una justificación insuficiente, lo que permite la continuación de la prisión preventiva. Señala además que…, las circunstancias valoradas por el A Quo, como indicadores de riesgo procesal fueron analizadas adecuadamente a partir del marco hermenéutico…. Exponiendo que “no debe entenderse que la libertad bajo caución sea una garantía constitucional absoluta y automática, ya que la misma norma constitucional establece que debe ser suficiente de conformidad con la ley” y por lógica deóntica, no hay lugar a contradicciones en cuanto a la facultad del juzgador de otorgar dicha libertad, tomando en consideración que la “suficiencia” no debe entenderse únicamente en cuanto a la cuantía sino a la garantía de comparecencia del imputado en juicio, lo cual debe atender criterios legales que el juez debe apreciar, como la gravedad del delito, la capacidad económica del imputado, su personalidad moral, sus antecedentes y su voluntad reparadora. Asimismo, dice, que debe tomarse en cuenta el artículo 184 del Código Procesal Penal, que contiene un catálogo de delitos sobre los cuales la Prisión Preventiva no podrá ser sustituida, lo anterior estará siempre sujeto a que desaparezcan los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva, una vez que la misma ha sido impuesta”. CONSIDERANDO: (10) Que la Corte de Apelaciones expone que en el presente caso el señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA, está probablemente involucrado, un factor esencial para fijar esta garantías personales o hipotecarias es que debe ser una caución personal y económica suficiente, y las presentadas por el recurrente no permiten sugerir que haya estado preparado para cumplir con estas. La resolución hace referencia al Decreto 36-2020, que reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal, en su artículo 1, parte conducente ordena: “En ningún caso procederá la aplicación de otra Medida Cautelar distinta a la Prisión Preventiva, en los delitos de narcotráfico, violación especial, tráfico de armas o delitos relacionados con grupos criminales conocidos como “maras y pandillas” y en el artículo 4 parte conducente también ordena, “Las disposiciones contenidas en el presente artículo, no son aplicables, cuando a criterio de juez la persona que está siendo procesada, se considera de alta peligrosidad por pertenecer a un grupo delictivo organizado, o porque el delito se dio bajo esta modalidad, o por la posibilidad de reinserción en la actividad criminal por parte del imputado; o cuando se trata de delincuentes habituales conforme se define en el código penal, en estos casos la revisión de la prisión”. CONSIDERANDO: (11) Que la Corte de Apelaciones impugnada, señala que el Decreto Legislativo referido, no tiene aplicación de forma universal más bien, contiene algunas excepciones, entre ellas que los hechos se consumaron bajo la modalidad de grupo delictivo organizado, pues de conformidad con el requerimiento fiscal el imputado no actuó de forma unilateral para la comisión de un delito de Facilitación para el Lavado, veintiún delitos de Fraude y un Cohecho, sino que, muy probablemente operó dentro de una modalidad de red delictiva organizada, por lo que no es aplicable el beneficio del decreto supra citado. Argumento que no considera irracional, pues la competencia objetiva de estos Órganos Jurisdiccionales se establece en el Decreto 246-2010, que contiene la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales, Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que es el cuerpo jurídico que define esa competencia objetiva (párrafo en fine del artículo 5), para el conocimiento de causas definidas en esa ley. El artículo 1 establece que, para establecer el esfuerzo de lucha contra la corrupción, la extorsión y los grupos delictivos organizados, se crean los órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. En el artículo 2 se define como grupo delictivo organizado desglosando el catálogo de delitos. El articulo 6 fija la competencia objetiva por razón de materia definiendo que corresponde a los Órganos Jurisdiccionales con Competencia territorial nacional en Materia Penal, el conocimiento de los delitos cometidos por grupos delictivos organizados, descritos en el artículo 2.1 de la ley. Deja establecido que relacionada la normativa referida se considera que la competencia objetiva se por razón de territorio (competencia territorial nacional); y por razón de la materia (inventario de los delitos definidos en el artículo 2.1) siempre que sean cometidos o ejecutados por grupos delictivos organizados. Dejando establecido que si bien es cierto no puede considerarse como persona peligrosa al imputado, también lo es, que no puede obviarse dado los hechos facticos, que los indicios presentados que sustentaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, llevan a la convicción de que se ejecutaron bajo la concurrencia de un grupo delictivo organizado para defraudar el Estado, constituyendo ésta una razón más para denegar el cambio de medida solicitada. Por todo ello declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación solicitado. CONSIDERANDO:(12) Que la finalidad constitucional legítima de las medidas cautelares es garantizar el desarrollo del proceso penal, asegurando el resultado del juicio. Para la aplicación de las medidas cautelares deberá considerarse el principio de necesidad en cuanto a la finalidad esencial de asegurar la eficacia del proceso, y el principio de proporcionalidad que implica que la medida cautelar debe estar debidamente adecuada a las circunstancias objetivas y subjetivas de caso concreto. En todo caso, el principio de proporcionalidad, impone la obligación de estimar siempre la medida cautelar que menos perjudique al imputado, ya en su persona como, igualmente, en su reputación y patrimonio,[1] atendiendo el hecho de que la medida no solo debe estimarse como necesaria sino que debe ser idónea al caso y subsidiaria a cualquier otra que pueda cumplir efectivamente con la finalidad perseguida, lo que exige un juicio de razonabilidad en cuanto a la mencionada finalidad y las circunstancias concurrentes al caso concreto.[2] CONSIDERANDO: (13) Que la medida cautelar de rendimiento de caución suficiente a favor del imputado, tiene su base y fundamento en la Constitución de la República en su artículo 93 que a la letra dice: “Aun con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley. Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 173 No. 10 dispone: “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal. En ese orden de ideas, la aplicación de medidas cautelares como la caución por parte de imputado es legítima constitucionalmente, por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la misma Constitución como en la Norma Procesal Penal, nada impide que pueda rendir esta caución una persona distinta al imputado. CONSIDERANDO: (14) Que uno de los elementos fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho en los regímenes que poseen una constitución escrita es el principio de la Supremacía de la Constitución, según el cual esta última prima sobre cualquier otra norma jurídica o acto que emane del Estado. El principio de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 320 de la Constitución de la República que dispone: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera”. Frente a la ley suprema, aquella del órgano derivado instituido (el congreso) que la contradice no debe tener ninguna aplicación porque carece de valor. Disposiciones constitucionales que en el caso concreto se vinculan al precepto constitucional en su artículo 93 que dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley” en relación con el artículo 64 constitucional, que establece: “No se aplicarán leyes ni disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, a la vez relacionados con el artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De la supremacía de la Constitución, que literalmente dice: “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley. En ese orden de ideas no existe justificación legal que permita contrariar un precepto constitucional aplicando una norma secundaria, lo contrario implica una resolución arbitraria contra derecho. CONSIDERANDO: (15) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (16) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO: (17) Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (18) Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, en el caso de autos, los recurrentes señalan que la resolución impugnada deniega la medida cautelar de otorgamiento de caución a favor del imputado. Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la resolución impugnada que confirmó el auto mediante el cual deniega la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, a favor del señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, ésta Sala aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem, no apreció los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar la caución presentada por el recurrente se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio porque se Otorgue el amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (19) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90,93, 183, 303, 313 No.5, y 316Y 320 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 172, 173 numeral 10 del Código Procesal Penal; Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte en la acción de amparo interpuesta por los abogados: FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ Y HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, a favor del señor MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0966=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Las Medidas Cautelares en el Nuevo Proceso penal. Tegucigalpa, Honduras. Abril 2001. Litocom, S de R.L. Pág. 15.

[2] Barona Vilar, Silvia. Con Montero Aroca, Gómez Colomer y Montón Redondo. Derecho Jurisdiccional III, mencionado por Cuellar Cruz Rigoberto en Las Medidas Cautelares en el Nuevo Proceso Penal.

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod