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Sentencia AP-962-19 — Registro 13003

Resumen

Resolución que declara con lugar excepción de Falta de Acción por no Haber Debido Promoverse en relación en causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Desobediencia, en perjuicio de la administración Publica y otro ciudadano, que una de las victimas acudió a la vía civil, solicitando la ejecución de la sentencia, pero imputado incumplió resolución a favor de víctimas dictada por la Dirección General de protección al Consumidor

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(13): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(13): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(16): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019); motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ SIKAFFY, a favor del señor NILTON JOSE OSORTO OYUELA Y DEL ESTADO DE HONDURAS, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0962-2019, y; 2) La Abogada KENIA YADIRA LEMUS LOPEZ, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0965-2019; ambos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra el señor JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y NILTON JOSE OSOSRTO OYUELA.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem, es violatoria en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los Artículos 59, 62, 63, 70, 76, 80, 82, 89, 90, 228 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada EUGENIA MANARDI MARCONI, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la de LA ADMINISTRACION PUBLICA y NILTON JOSE OSOSRTO OYUELA. (Folios 1 al 5 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), tras la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado RESUELVE: PRIMERO: Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL favor del imputado JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE a quien se le supone responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. SEGUNDO: REVOCAR las medidas cautelares antes impuestas establecida en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal. TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo peticionado por el ente acusador, en cuanto dictar un Auto de Formal Procesamiento, contra el encausado. - CUARTO: Declarar SIN LUGAR la petición de la defensa en cuanto a dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor de su representado. (Folios 212-220 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019), los Abogados JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA y MARVIN RENE MANCHUCA SANDOVAL, comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando escrito de EXCEPCION POR FALTA DE ACCION.-4) Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal antes referido, Resolvió: Después del análisis hecho ante la petición de la defensa en la presente excepción, consideramos que el alcance de la misma no es posible conocerla, ya que se refiere al fondo del asunto y en este momento el tribunal no puede referirse en cuanto al fondo; será hasta evacuarse el juicio oral y después de evacuada la prueba cuando el tribunal si podrá conocer aspectos del fondo, esto será después de evacuada la prueba que deberá ser sometida al contradictorio; por ello se declarar SIN LUGAR la excepción planteada por la defensa, ya que del análisis del Artículo 346 del CP, sin entrar al fondo considera este tribunal que el Ministerio Publico está facultado para conocer del proceso, por ello el proceso ha llegado a este punto.-5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en fecha dos (02) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), la Corte antes citada, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa. SEGUNDO: REVOCAR: el auto dictado por el Tribunal de Sentencia que declara Sin Lugar la Excepción de falta de acción interpuesta por la Defensa en la presente causa. TERCERO: DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE ACCION POR NO HABER DEBIDO PROMOVERSE en esta causa. (Folios 10 al 15 de la segunda pieza de antecedentes).-6) Que en fecha treinta y uno (31) de julio de dos ml diecinueve (2019), comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional, a interponer los respectivos Recursos de Amparo: 1) El Abogado CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ SIKAFFY, a favor del señor NILTON JOSE OSORTO OYUELA y DEL ESTADO DE HONDURAS, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0962-2019, y; 2) La abogada KENIA YADIRA LEMUS LOPEZ, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0965-2019; ambos contra la Resolución de fecha dos (02) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios del 1-08 y 23–24 del presente Recurso).-7) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal Dispuso: (SIC) “… al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve su acumulación, …” (Folio 26 del Presente Recurso).-8) Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 48 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que las garantías Constitucionales de Amparo promovidas por los Abogados CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ SIKAFFY, a favor del señor NILTON JOSE OSORTO OYUELA y DEL ESTADO DE HONDURAS (SCO-0962-2019), y; KENIA YADIRA LEMUS LOPEZ, a favor DEL ESTADO DE HONDURAS, (SCO-0965-2019); se dirigen contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra el señor JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y NILTON JOSE OSOSRTO OYUELA.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha treinta y uno (31) de julio de dos ml diecinueve (2019), el Abogado CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ SIKAFFY compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, a favor del señor NILTON JOSE OSORTO OYUELA y DEL ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 59, 62, 63, 70, 76, 80, 82, 89, 90, 228 y 321 de la Constitución de la República, ya que teniendo a disposición todos los elementos de prueba disponible para esclarecer las violaciones alegadas, niega el derecho del señor Nilton José Osorto Oyuela y del Estado de Honduras, a proseguir con el proceso penal para demostrar la responsabilidad del señor Jorge Demetrio Kafati Segebre, el A-Quo, no puede tomar actitudes de defensor en el proceso, puesto que violenta el mismo dejando en indefensión a las víctimas.

CONSIDERANDO CINCO (5): Que en esa mimas fecha treinta y uno (31) de julio de dos ml diecinueve (2019), la Abogada KENIA YADIRA LEMUS LOPEZ compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 59, 62, 63, 70, 76, 80, 82, 89, 90, 228 y 321 de la Constitución de la República, al decretar con lugar la excepción por falta de acción; manifiesta en su fundamentación fáctica jurídica que la víctima particular, debió iniciar otras instancias legales como ser en lo Contencioso Administrativo Civil, mismas que si fueron ya utilizadas; y, el Artículo 98 de la Ley de protección a Consumidor, establece qué el consumidor podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019),; se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que, que el interesado no acudió ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, pero en consonancia con la Ley de Protección al Consumidor ejerció otra acción judicial como ser acudir al Juzgado de lo Civil, solicitando la “ejecución” de la resolución de la Dirección General de Protección al Consumidor que le favoreció, es decir que el reclamo originalmente iniciado en la DGPC continuó en la vía civil, a efectos de solicitar la “ejecución” de la referida resolución de la DGPC, la cual así fue ordenado por el Juzgado Civil de primera instancia siendo ésta impugnada ante la Corte de Apelaciones Civil, la cual resolvió que según la Ley de Protección al Consumidor la resolución de la DGPC no es título ejecutivo y que por lo tanto no era procedente ordenar “su ejecución” ya que solamente constituyen títulos ejecutivos los acuerdos conciliatorias homologados, lo cual no se acreditó que se haya dado en éste caso, por lo que ante esa decisión de la Corte de Apelaciones Civil, el interesado (consumidor) puede continuar su reclamo por la vía “ordinaria” civil, a fin de que por esa vía se ordene el cumplimiento de la resolución de la DGPC que le favorece; y, si decretándose el cumplimiento de la misma en esa vía, ésta se incumple por la empresa REASA, es entonces que habiéndose agotado esas instancias, procederá la interposición de la acción penal por el delito de desobediencia a la autoridad siendo que de acuerdo al precitado Artículo 98 de la Ley de Protección al Consumidor, a éste le es permitido iniciar, como ya se dijo, otras acciones judiciales independientes a la de acudir a las autoridades administrativas; esas otras acciones judiciales pueden ser por la vía civil o por la vía penal, pero para optar por la vía penal como ha ocurrido en ésta causa, se debe primariamente tener en cuenta, el carácter fragmentario del derecho penal por el cual es considerado la última ratio, es decir que solamente debe acudirse a la vía penal, cuando otras legislaciones que contienen sanciones menos lesivas ya lo han hecho para resolver el conflicto, que en éste es que se de cumplimiento de la resolución de fecha 18 de mayo del 2015 decretada por la DGPC, razón por la cual concluimos que es procedente la excepción de falta de acción por no haber debido interponerse, ya que no procede acudir aún, a la vía penal, siendo que debe esperarse que por la otra vía legal se obtenga la orden judicial de cumplimiento de dicha resolución previo a hacer los apremios correspondientes, y si agotado ello, no se da dicho cumplimiento, procedería acudir a la vía penal por la acción de desobediencia a la autoridad.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue violación al debido proceso por indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[1].-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019); motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 962 y 965-2019 (acumulados).

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.