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Sentencia AP-96-21 — Registro 14055

Resumen

sobreseimiento definitivo decretado con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA CONTINUADA

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; radicando en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas al debido proceso. Cabe mencionar que, en el presente caso, tal derecho no ha sido violentado y que la confirmatoria del auto de sobreseimiento definitivo, venido en apelación, ha sido debidamente motivado por la Corte de Apelaciones, respetando tal derecho constitucional, puesto que el artículo 294 del Código Procesal Penal exige que exista tanto la probabilidad de la comisión del ilícito como la probabilidad de participación del acusado en el hecho, y en ese sentido, se le concede mayor credibilidad a la prueba de descargo que a la prueba de cargo, por ende, no es posible considerar la probabilidad de la comisión del hecho típico ni la participación del acusado, puesto que el hecho no ha sido probado. CONSIDERANDO (10): Que debe considerarse, que con base al principio de legalidad, el sobreseimiento solo puede acordarse por los motivos previstos en el artículo 295 del Código Procesal Penal, y en este sentido, tanto el A-Quo como la Corte de Apelaciones consideraron que se dieron todos los presupuestos para decretar un sobreseimiento definitivo puesto que a su criterio no es posible que exista la probabilidad de la comisión del hecho típico y mucho menos la participación del acusado, habida cuenta que no se puede participar en un hecho que no se ha probado. CONSIDERANDO (11): Que vistos los antecedentes del caso, resulta que la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en materia de Extorsión ha fallado en el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin quebrantar el derecho al debido proceso invocado por la garantista; el cual no resulta infringido, necesariamente, cuando el sentido resolutivo de la resolución judicial no se vincula a las pretensiones establecidas por las partes procesales, en el ejercicio de su derecho de acción, de defensa y en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción de Amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra el Señor JAREN FERNANDO RODRIGUEZ BARAHONA por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO XS027-2020-LA. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de febrero del dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada LOURDES RIVAS ARITA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor JAREN FERNANDO RODRIGUEZ BARAHONA por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO XS027-2020-LA. (Folios 01–09 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado dicto Acta de Audiencia Inicial, en el cual Resolvió: (SIC): “. . . Con los medios de prueba evacuados en la presente audiencia, se ha logrado establecer, que los agentes, han declarado y ratificado las actas que hicieron, en esta audiencia, que han recibido una denuncia, que hicieron las diligencias de actas de sereo, vigilancia para la entrega controlada, y que estuvieron presentes el día y la hora, así como que pudieron observar la entrega de un sobre blanco, el cual contenía una cantidad de dinero, y que pudieron cotejarlo con el acta de sereo y los billetes decomisados que eran los mismos; encontrándose las siguientes contradicciones: que el señor JAREN FERNANDO Rodríguez Barahona, fue detenido antes de las ocho de la mañana, ya que quedo establecido con la inspección realizada en el libro de ingresos de personas que lleva el Centro Integrado, que antes de las ocho de la mañana la esposa del imputado señora Sulmy Marleny Euceda Munguía, lo andaba buscando, lo que significa que el señor Jaren Fernando Rodríguez ya estaba detenido, ya que desde horas previa a detención que señalan los agentes, en sus actas, los familiares lo andaban buscando, tal como consta en el libro de entrada del Cein, ella misma se presentó a las ocho de la mañana, a preguntar si el señor JAREN, se encontraba detenido; lo cual es congruente, y lo confirma en su declaración el testigo Yohan Fernando Barahona Martínez, el cual manifestó que iban tarde para el trabajo que no llegaron a la hora que deberían estar en el puesto de trabajo, seis de la mañana, ya que si lo hubiesen detenido a las ocho de la mañana como señalan las actas, debieron haberlo hecho dentro de las instalaciones de la escuela donde estaban reparando una caseta, igual lo manifestó el testigo Veder que le hablaron y le informaron que el joven J., imputado, no había llegado al trabajo antes de las siete de la mañana y por eso se desplazó a la escuela llegando minutos después de las siete, y Jaren ya no estaba en su lugar de trabajo; por lo que el registro y el decomiso y la detención hecha al señor JAREN FERNANDO RODRIGUEZ BARAHONA, en las fechas y horas que señalan las actas, tal como se puede aprecian en el acta de Vigilancia Policial, que establecen que en fecha 22 DE FEBRERO DE AÑO DOS MIL VEINTE, se conforman dos equipos, como a las 08:00, y como a eso de las 08:20 horas observan que llego el testigo y se aproximó a una de las esquinas, de la escuela, minutos después observaron a una persona del sexo masculino, se acercan al Testigo Protegido e intercambiaron palabras y posteriormente el Testigo Protegido le hizo entrega de un sobre color blando, y que luego a 100 metros fue requerido, ENCONTRANDOLE LOS INDICIOS PROBATORIOS DEL DELITO SE PROCEDIO A REALIZAR EL DECOMISO, A LEERLE SUS DERECHOS Y A DARLE FORMAL DETENCION A LAS 6:30 HORAS. Siguiente párrafo establecen: SE RATIFICA CONSTANCIA DE LA MISMA FIRMA Y RATIFICA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU INICIO, SIENDO LAS 17:39 HORAS, lo cual se encuentra en el acta de vigilancia, la que fue ratificada por el agente, a criterio de esta suscrita, no son congruentes, no son reales, se contradicen; así como que en su declaración los agentes mencionan que el imputado los agredió, lo cual se contradice con el dictamen que señala las lesiones recibidas por el imputado, no concuerda con lo manifestado, aunado a ello, el hecho de la agresión, no hubiese sido desapercibido por los agentes, hubiesen puesto otro delito, como atentado en contra de la policía, y en el escrito del requerimiento no se registra ningún atentado; en vista de las contradicciones señaladas luego de analizar todo lo actuado en la presente audiencia no se desprenden los indicio racionales de participación en el hecho delictivo por parte del imputado, si los agentes no hicieron las diligencias tal como lo señalan en sus actas, entonces están mintiendo, y por mentiras de unos agentes, no se puede imputar delitos, ya que se evidencia que si no sucedió en las horas que ellos señalan, el hecho no ha existido; a criterio de la suscrita no se dieron tales hechos, por ende esta juzgadora decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de J. F. R. B. a quien se le supone como responsable a título de autor por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CS027-2020 LA. Con base al artículo 296 numeral 2 del Código Procesal Penal que consiste en que NO EXISTEN FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DECRETAR QUTO DE PRISION O DECLARATORIA DE REO Y NO HAY MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE EL IMPUTADO TUVO PARTICIPACION EN EL DELITO.- Y en atención a lo anterior se debe levantar cualquier restricción que sobre la libertad del encausado que exista, extiéndase la carta de libertad definitiva a favor del encausado, líbrese atento oficio al director del Centro Penal de esta ciudad, para que lo deje en inmediata libertad.” (Folios 34–48 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada LOURDES RIVAS ARITA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó resolución en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Una vez firme la resolución recaída en el Recurso de Apelación interpuesto, devuélvase el expediente de mérito al Juzgado de su procedencia. NOTIFIQUESE.” (Folios 80-85 de la pieza del A-Quo). 4) Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–07 del Presente Recurso). 5) Que en fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones Penal con competencia Nacional en materia de Extorsión, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual resolvió: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada”; fundamentando la procedencia de sobreseer definitivamente la causa instruida contra el señor JAREN FERNANDO RODRIGUEZ BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO XS027-2020-LA en virtud de no existir fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hay motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito, por tanto, no es posible considerar la probabilidad de la comisión de un hecho típico y mucho menos la participación del acusado, habida cuenta que no se puede participar en un hecho que no se ha probado, en consecuencia, se aplicó lo previsto en el artículo 296 del Código Procesal Penal, tal como lo hizo el A-Quo. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo, compareció la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del Estado de Honduras, considerando que dicha resolución ha quebrantado el artículo 90 de la Constitución de la República al inobservar los requisitos esenciales de una debida motivación de las resoluciones judiciales establecidos en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal; en virtud de haber quebrantado el debido proceso producto de una motivación incongruente e insuficiente por parte de la Corte de Apelaciones al no ser resultado de un razonamiento judicial formado por conclusiones razonables derivadas y deducidas únicamente de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, en vista de considerar que el Ministerio Público no logró desvirtuar la tesis de la defensa, limitándose a referir que concedía mayor credibilidad a la prueba de descargo pero sin expresar las razones precisas y objetivas para restarle valor probatorio a la prueba de cargo. Asimismo, refiere la solicitante de amparo, que el Tribunal de Alzada inobservó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales tal como lo manda la normativa procesal penal, que precisa que dicho tribunal debe motivar de forma conjunta, razonada y justifique según las reglas de la sana critica, el valor probatorio que mereció toda la prueba aportada al proceso, sin utilizar argumentos subjetivos y equívocos en que fundamento su resolución para desmeritar la prueba de cargo. CONSIDERANDO (5): Que sigue señalando la amparista, que, en el presente caso, la alzada inobservó los parámetros de una debida motivación, en tanto que el cuestionamiento sobre la forma que ocurrió la entrega del dinero exigido lo sustenta los razonamientos meramente subjetivos al restarle credibilidad a la declaración de los agente de investigación por simples errores de apreciación de la información que consta en las actas, sin razonar con claridad y persistencia de su testimonio, el cual se complementa y resulta congruente con lo manifestado por el ofendido y demás evidencias. Asimismo, se observa otra apreciación subjetiva por parte de la Alzada al señalar que el acta de registro establece que éste se realizó a las 8:20am, que los agentes manifiestan que la detención ocurrió a las 8:30 am y el acta de vigilancia indica que la detención ocurrió a las 6:30 horas, olvidando que la acción de registro se realiza momentos previos a la detención. En ese orden de ideas, los elementos aportados por el ente acusador no se limitan a la prueba testifical de los agentes de investigación sino también en la declaración del testigo protegido, así como el reconocimiento pleno que hizo del encausado en la audiencia de reconocimiento, la denuncia y el acta del seriado de dinero, los cuales han sido desmeritados por el Ad-Quem al no fundamentar su resolución con argumentos claros, legítimos y lógicos, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión resolvió por mayoría de votos declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirma la resolución apelada, por considerar que los argumentos del Ministerio Público se contraen a considerar que la valoración de la prueba realizada por el A-Quo no está apegada a las reglas de la sana critica, por cuanto no le concedió credibilidad la prueba aportada, pero si concedió la prueba de la defensa. En ese sentido, y para dar una respuesta mas atinada a los planteamientos del Ministerio Público, la Corte señala que existen dos situaciones: una de ellas es la forma en que debe ser valorada la prueba y el nivel de exigencia probatoria que se requiere para emitir un auto de formal procesamiento. En relación a la valoración de la prueba, ya el Código Procesal Penal establece que la prueba debe ser valorada en su conjunto y conforme las reglas de la sana critica, las cuales exigen la aplicación de los principios de la lógica y reglas de la experiencia cuando se realice un análisis de la prueba evacuada. En cuanto a la exigencia probatoria durante la etapa intermedia, la juez debe analizar si la prueba del Ministerio Público es suficiente para sostener un auto de formal procesamiento, y al respecto el Código Procesal Penal exige que exista tanto de la probabilidad de comisión del ilícito como la probabilidad de participación del acusado en el hecho. En ese contexto, una vez analizada la resolución dictada por el A-Quo, la Corte de Apelaciones pudo verificar que, si se realiza un análisis de la prueba evacuada, señalando que se le concede mayor credibilidad a la prueba de descargo que a la de cargo y se explica las razones compelidas para ello. En tal sentido, la Corte estima que la valoración de la prueba sea contraria a las pretensiones de una de las partes procesales no significa que dicha valoración no existe o es contraria a las reglas de la lógica tal como lo asume el Ministerio Público, por ello, se aprecia que dicha prueba reviste de varias incongruencias y no resulta posible otorgarle la credibilidad requerida para considerar que efectivamente existió la entrega del mencionado dinero, por tanto no es posible considerar la probabilidad de la comisión del hecho típico y mucho menos la participación del acusado, habida cuenta que no se puede participar en un hecho que no se ha probado. CONSIDERANDO (7): Que, según se desprende del voto particular de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones por mayoría de votos en virtud de haber disentido la magistrada Lidia Margarita López Hernández que la misma no comparte el criterio del resto de integrantes de la referida Corte ni del Juez A-Quo sobre los criterios de valoración de prueba utilizados, que derivaron en que se decretara un sobreseimiento definitivo por considerar que la prueba de cargo por ser licita y veraz, con la misma es posible concluir que el Ministerio Público aportó indicios racionales suficientes de que si ocurrieron los hechos constitutivos del delito de extorsión al momento de los hechos y de la participación del imputado en los mismos como presupuestos para dictar un auto de formal procesamiento en su contra de conformidad a lo establecido en los artículos 294 y 297 del Código procesal Penal. Con fundamento en lo anterior, lo cierto es que la prueba de descargo no tiene la suficiente fuerza para desvirtuar la prueba de cargo, ameritando que se efectúe una investigación por parte del Ministerio Público, ya sea para desvirtuarlos o confirmar los dichos de los testigos de descargo y en su caso, deducir responsabilidades que en derecho correspondan. Por las razones expuestas la magistrada disidente es del criterio que la petición de la recurrente si tiene sustento y que el auto de sobreseimiento definitivo no ha sido emitido respetando la normativa procesal penal, al no cumplir los requisitos exigidos por el articulo 295 del Código Procesal Penal y si los requisitos para dictar auto de formal procesamiento, por lo que es procedent4 declarar con lugar el recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y que se prosiga con el curso normal del proceso. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; radicando en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas al debido proceso. Cabe mencionar que, en el presente caso, tal derecho no ha sido violentado y que la confirmatoria del auto de sobreseimiento definitivo, venido en apelación, ha sido debidamente motivado por la Corte de Apelaciones, respetando tal derecho constitucional, puesto que el artículo 294 del Código Procesal Penal exige que exista tanto la probabilidad de la comisión del ilícito como la probabilidad de participación del acusado en el hecho, y en ese sentido, se le concede mayor credibilidad a la prueba de descargo que a la prueba de cargo, por ende, no es posible considerar la probabilidad de la comisión del hecho típico ni la participación del acusado, puesto que el hecho no ha sido probado. CONSIDERANDO (10): Que debe considerarse, que con base al principio de legalidad, el sobreseimiento solo puede acordarse por los motivos previstos en el artículo 295 del Código Procesal Penal, y en este sentido, tanto el A-Quo como la Corte de Apelaciones consideraron que se dieron todos los presupuestos para decretar un sobreseimiento definitivo puesto que a su criterio no es posible que exista la probabilidad de la comisión del hecho típico y mucho menos la participación del acusado, habida cuenta que no se puede participar en un hecho que no se ha probado. CONSIDERANDO (11): Que vistos los antecedentes del caso, resulta que la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en materia de Extorsión ha fallado en el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin quebrantar el derecho al debido proceso invocado por la garantista; el cual no resulta infringido, necesariamente, cuando el sentido resolutivo de la resolución judicial no se vincula a las pretensiones establecidas por las partes procesales, en el ejercicio de su derecho de acción, de defensa y en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0096=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.