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Sentencia AP-94-21 — Registro 13428

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró ha lugar recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de asociación ilícita, almacenamiento de armas de uso prohibido, asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 80, 89, 90, 92, 183 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (19): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para otorgar—en forma parcial—la protección y restitución de derechos constitucionales a favor del agraviado, al advertirse violación a la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación insuficiente, formada en razonamientos erróneos en cuanto a la calificación de la tentativa de asesinato, al equipararse los actos preparatorios del delito con los actos de ejecución del mismo, situación que debe ser corregida por la Alzada, la que deberá proceder a subsanar la falta de motivación y los errores derivados de ésta que han sido advertidos por esta Sala."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN a favor del señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho(2018), con relación a la causa instruida contra el señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y HENRY NOEL LOBO, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 80, 89, 90, 92, 183 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES:1) Que en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL el Abogado IRVIN ERAZO, Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de NERY ROLANDO RAMÍREZ AGUILAR, CARLOS ALBERTO CASTRO GUIFARRO, WILKIN RAMON VELIZ, WILSON ARMANDO MENDOZA GUTIÉRREZ, FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, por la comisión del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 52 al 61 de la pieza de los antecedentes).- 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia Inicial fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) el Juzgado resuelve: “…1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra NERY ROLANDO RAMÍREZ AGUILAR, CARLOS ALBERTO CASTRO GUIFARRO y WILKIN RAMON VELIZ, por la Comisión del delito de ASESINATO en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de JAVIER ANTONIO VARELA RUBÍ Y KEBER GREEN CALDERÓN. 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra CARLOS ALBERTO CASTRO GUIFARRO, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de GEOFREY JOHAN AGUILERA. 3) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra CARLOS ALBERTO CASTRO GUIFARRO, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JAIRO HUMBERTO ORDOÑEZ PORTILLO. 4) Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, por suponerlo responsable de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de HENRY NOEL LOBO, para lo cual se librara la respectiva casta de libertad definitiva por este delito. 5) Se decreta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, por suponerlo responsable de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, para lo cual se libera la respectiva carta de libertad provisional. 6) Se decreta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado NERY ROLANDO RAMÍREZ AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de armas de fuego de uso comercial, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud d la veda del decreto 57-2017, que actualmente está vigente en el país, se ordena librar la respectiva carta de libertad provisional por este delito.- 7) Se le impone a los imputados NERY ROLANDO RAMÍREZ AGUILAR, CARLOS ALBERTO CASTRO GUIFARRO y WILKIN RAMON VELIZ, la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de Juticalpa, departamento de Olancho, debiendo librar el respectivo oficio al Director de dicho Centro Penal.- 8) En cuanto a las nulidades planteadas por la Defensa de cada imputado las mismas se declaran sin lugar, ya que existe una ley de las intervenciones de las comunidades a fin de garantizar el debido proceso…”. (Folios 435 al 445 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, RESUELVE: “…1) DECLARANDO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de FLAVIO ALVARADO por el delito de ASESINATO en su grado de EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de Henry Noel lobo y que el A-quo proceda a dictarle Auto de Formal procesamiento por dicho delito.- 3) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO y que el A-quo proceda a dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por dicho delito.- 4)REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de NERY ROLANDO RAMÍREZ AGUILAR por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de uso comercial en perjuicio de la Seguridad del estado de Honduras y que en su lugar el A-quo proceda a dictarle Auto de formal procesamiento por dicho delito.- 5) REVOCAR los Sobreseimientos Provisionales a favor de NERY ROLANDO RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO CASTRO, WILKIN RAMON VELIZ y el Sobreseimiento definitivo a favor de FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, por el delito de Asociación Ilícita y que en su lugar el A- quo proceda a dictar Auto de Formal Procesamiento, contra dichos imputados por el delito de Asociación Ilícita.- 6) NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Nery Rolando Ramirez Aguilar.- 7) CONFIRMA los demás contenidos de la resolución…”. (Folios 517 al 526 de la pieza Antecedente).-4) Que el recurrente, abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, la resolución dictada por la por la referida Corte de Alzada, que en fecha uno (1) de junio de dos mil diecinueve (2019), resolvió declarar HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en la causa que se instruye contra el señor ALVARADO MURILLO y otros. -La sentencia de la Alzada revocó inter alia, un sobreseimiento definitivo dictado a favor del mencionado imputado por los delitos de TENTATIVA DE ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA, así como un sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS, ordenándose que en su lugar fuesen dictados—por el juzgado de letras—los correspondientes autos de formal procesamiento en contra del referido imputado.-ALEGACIÓN DEL RECURRENTE.-CONSIDERANDO (6): Que el impetrante cuestionó la decisión de la Corte de Alzada, estimándola como arbitraria y carente de la debida motivación, fundándose básicamente en dos argumentos: 1) Con respecto a la decisión de ordenar que se dictase un auto de formal procesamiento por el delito de TENTATIVA DE ASESINATO, el recurrente censuró la motivación de la Alzada en cuanto a que ésta no estableció con claridad la manera en la que los requisitos que la ley dispone para calificar el grado de ejecución de tentativa concurrieron en el caso que nos ocupa, cuestionándose el hecho que el Tribunal de Apelación estableció en su fallo que se acreditó en el proceso que se llevaron a cabo “actos preparatorios” para la comisión del delito, desconociendo con ello lo estipulado por el Código Penal en su artículo 15, en cuanto a que para establecer la tentativa de delito se requiere del cumplimiento de tres requisitos, siendo uno de ellos que se lleven a cabo actos inequívocos de ejecución y no actos preparatorios del delito, que son términos disímiles cuya diferencia parece haber sido malentendida o confundida por la Alzada; 2) Con respecto a la revocación de los sobreseimientos dictados por los otros dos delitos, el recurrente cuestionó que a su representado no se le vinculó con tales hechos, ello de conformidad a la prueba aportada en el curso del proceso.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (9): Que la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.- La Sala a su vez ha puntualizado que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2].-CONSIDERANDO (11): Que, examinando el fallo recurrido, en lo que a la motivación y consiguiente calificación que ha hecho la Alzada con respecto al delito de ASESINATO en su grado de ejecución de TENTATIVA, se observa que efectivamente, como bien lo ha señalado el impetrante, los razonamientos esgrimidos por el Tribunal de Apelaciones resultan ser escasos y limitados, pues no alcanzan a explicar de qué manera se acreditaron los requisitos que la ley dispone para estimar el proceder del encartado como una tentativa de asesinato. -La decisión de la Alzada se percibe limitada en cuanto a su estructura de forma y de fondo, observándose que, en lo que respecta a este delito, no hay relación clara de cómo los hechos se han acreditado mediante la prueba aportada, tampoco cómo estos hechos encajan dentro del tipo y la forma de ejecución por parte del imputado. -Además, como acertadamente lo ha puntualizado el quejoso, la Alzada pareciera confundir los actos preparatorios del delito con los actos de ejecución del mismo y con ello se evidencia que aparentemente desconoce o interpreta erróneamente las circunstancias que por ley deben concurrir para estimar la existencia de una tentativa de delito.-CONSIDERANDO (12): Que nuestra ley penal define la tentativa señalando que esta ocurre cuando con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y el delito no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del agente. -Es ampliamente conocido en la doctrina del Derecho Penal que, en los delitos dolosos —es decir, aquellos en los que el sujeto actúa con conciencia y voluntad de la realización de los elementos objetivos del tipo— la resolución delictiva puede llegar o no a su plena realización. En algunos casos el sujeto puede conseguir la producción del resultado delictivo, es decir, la plena realización del tipo; en otros es posible que ésta no se produzca. Puede ocurrir, por tanto, que el dolo se realice plenamente, y estaremos entonces ante un delito consumado; pero también puede suceder que el resultado delictivo no llegue a producirse por razones ajenas a la voluntad del sujeto, y nos encontremos con una mera tentativa[3].-Los tratadistas han distinguido generalmente dos fases del llamado “camino al delito” o iter criminis: la fase interna, que ocurre en la mente del autor, en donde no puede intervenir el Derecho penal y la fase externa, que incluye los actos preparatorios, los actos de ejecución y la consumación.-Los actos preparatorios, y entre ellos la conspiración, la proposición y la provocación, presuponen que la ejecución del hecho típico pretendido todavía no ha empezado. En cuanto el autor traspasa la frontera de los actos preparatorios e inicia la fase ejecutiva, aparece la tentativa.[4] -CONSIDERANDO (13): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”.-CONSIDERANDO (14): Que como podemos apreciar, la motivación de la sentencia recurrida, al menos en lo que al delito de tentativa de asesinato concierne, se aprecia insuficiente y defectuosa, con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[5].-En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de revocar la decisión que conoció en apelación, pero no se han plasmado suficientes razonamientos lógico-jurídicos que sustenten su parecer en este respecto, situación procesal irregular que vulnera el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental vulnerado al no existir en el asunto venido a examen, una motivación clara, precisa, lógica o coherente que respalde indubitablemente la decisión que en torno al delito antes referido ha dictado el mencionado Tribunal de Apelaciones. -CONSIDERANDO (15): Que por otro lado, en lo que respecta a los argumentos esgrimidos por el quejoso en torno a la decisión del Tribunal de Alzada de revocar los sobreseimientos dictados a favor de su representado por los otros delitos que se le imputaron, estos argumentos se fundan, según advierte esta Sala, en aspectos relativos a la valoración probatoria, al cuestionarse que el Tribunal de Alzada no ha valorado adecuadamente los medios probatorios aportados en el proceso, refutándose que con la prueba allegada, se haya logrado demostrar la participación del imputado en estos hechos.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha sido enfática en afirmar que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[6]. La Sala ha dicho que la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso, situaciones que no se advierten en el presente caso.-CONSIDERANDO (17): Que esta Sala observa que en lo atinente a su decisión de ordenar se dictase auto de formal procesamiento contra el mencionado encartado por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y PORTACIÓN DE ARMAS PROHIBIDAS, el Tribunal de Alzada ha deducido que existe una mínima actividad probatoria que conduce, razonablemente, a advertir que el acusado pudo tener participación en estos delitos, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo. -CONSIDERANDO (18): Que siendo así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que, sobre este punto en específico, el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo derivada de la valoración probatoria, también propia de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que no se aprecia que, para llegar a esta conclusión, haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-CONSIDERANDO (19): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para otorgar—en forma parcial—la protección y restitución de derechos constitucionales a favor del agraviado, al advertirse violación a la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación insuficiente, formada en razonamientos erróneos en cuanto a la calificación de la tentativa de asesinato, al equipararse los actos preparatorios del delito con los actos de ejecución del mismo, situación que debe ser corregida por la Alzada, la que deberá proceder a subsanar la falta de motivación y los errores derivados de ésta que han sido advertidos por esta Sala.-CONSIDERANDO (20): Que con respecto a las demás alegaciones del recurrente relacionadas a supuestas violaciones referentes a la revocación de los sobreseimientos dictados por el juez de instancia por los otros dos delitos imputados al señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, esta Sala observa que estos argumentos del quejoso se basan en aspectos de estricto derecho relacionados con la valoración de elementos probatorios, los que se encuentran fuera del control constitucional ejercido por el recurso de amparo en tanto que en dicha valoración no se advierte que haya mediado arbitrariedad, error, o quebramiento de las formas o principios esenciales del proceso, por lo que la garantía solicitada en cuanto a éstas alegaciones debe ser denegada.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO EN FORMA PARCIAL el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN a favor del señor FLAVIO JOEL ALVARADO MURILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), únicamente en torno a las consideraciones que se han dejado aquí establecidas, por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación y los errores en la apreciación de las normas penales que han sido advertidos por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; 2) DENEGANDO la garantía de amparo en lo que respecta a las demás alegaciones del recurrente; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0094-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[2] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pág. 56

[3] MIR PUIG, Derecho Penal parte General", Editorial Reppetor, 7ª edición, 2005, Barcelona

[4] Así también MIR PUIG

[5] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012

[6] PICÓ I JUNOY, cita jurisprudencia del TCE asentida por esta Sala en “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200