Sentencia AP-934-20 — Registro 14164
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial por los delitos de usurpación de un derecho real y desobediencia, en perjuicio de los habitantes del casco urbano de Tatumbla y la administración pública respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en los artículos 141, 338 y 350 del Código Procesal Penal, que establecen el deber de motivación y los requisitos que deberá contener la sentencia dictada en materia penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a revocar la resolución apelada que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se cita números de expedientes, fechas y personas ofendidas en los procesos que se siguieron con anterioridad contra el imputado, para concluir que ha operado la cosa juzgada, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, así como los hechos que fueron ventilados en cada uno de esos procesos, si los bienes jurídicos protegidos son los mismos etc., para conforme a ello ordenar el dictado de un Sobreseimiento Definitivo, por haber operado la cosa juzgada, como bien lo expone la recurrente.-CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que declara Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de revocar el Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, por haber operado la cosa juzgada.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve decretar Auto de Formal procesamiento, con relación a la causa instruida contra el señor HECTOR ROLANDO GONZALES RAMOS, por suponerlo responsable de los delitos de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DE TATUMBLA y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en los artículos 141, 338 y 350 del Código Procesal Penal, que establecen el deber de motivación y los requisitos que deberá contener la sentencia dictada en materia penal.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada MERCEDES RUIZ FLORES actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor HECTOR ROLANDO GONZALES RAMOS, en su condición de presidente de la Directiva de la Junta del Patronato del caserío el Rodeo, del Municipio de Tatumbla, por suponerlo responsable de los delitos de USURPACIÓN DE UN DERECHO REAL Y DESOBEDIENCIA EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DE TATUMBLA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, respectivamente. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) En fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la audiencia inicial celebrada, RESOLVIÓ: (Sic) “1.-) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del imputado HECTOR ROLANDO GONZALEZ RAMOS, de generales ya conocidas en las presentes diligencias por suponerlo responsable de los delitos de USURPACION DE UN DERECHO REAL Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DE TATUMBLA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2.-) Decretar la medida cautelar la que ha venido gozando en declaración de imputado la establecidas en el artículo 173, numerales 6 del código Procesal Penal.- 1) Someter al hoy imputado para firmar en el libro del Juzgado de Paz de Tatumbla para que firme el libro de control que lleva ese Juzgado cada quince días; En cuanto a lo solicitado el representante de la sociedad la Procuraduría General del Estado de Honduras, por lo que se declara con lugar y se ordena la Neutralización o sea la demolición de la obra que siga el curso normal de agua y que vuelva al estado en que se hallaban antes…” (Folios del 62-79 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados EDWIN NATANAHEL SANCHEZ NAVAS y CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, en su condición de apoderados legales del señor HECTOR ROLANDO GONZALEZ RAMOS, contra la resolución dictada en audiencia inicial y que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual FALLÓ: (Sic) “1)Declarar Ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa. 2) Revocar la resolución apelada. 3) Que el A- Quo dicte el correspondiente Sobreseimiento Definitivo…” (Folios del 305-324 y del 377-384 de la pieza de antecedentes del A-quo).-4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en los artículos 141, 338 y 350 del Código Procesal Penal, que establecen el deber de motivación y los requisitos que deberá contener la sentencia dictada en materia penal.-5) Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), ésta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por el Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 de los autos).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, contra la resolución de Auto de Formal Procesamiento dictada en audiencia inicial, revocando la resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, en contra del imputado Héctor Rolando Gonzales Ramos, dictada en fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, por el a-quo; por considerar el Ad-quem que: (Sic) “observa este Tribunal que en efecto en este caso en concreto y de la revisión de la causa, los hechos que en ella se imputan, aun cuando con modificación de su calificación e incluso alegando nuevas circunstancias, son hechos que ya han sido ventilados de igual manera en la querella seguida al imputado HECTOR ROLANDO GONZALES RAMOS, a quien en sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil ocho dictada por el Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se resolvió absolverlo por el delito de Usurpación en perjuicio de la Municipalidad de Tatumbla, Francisco Morazán y también en el proceso iniciado al imputado y otras personas por los delitos de Daños Agravados y Amenazas en perjuicio de Rolando Mejía Cruz y Claudia Blanco que fue decidido con un Sobreseimiento Definitivo en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, confirmado por esta Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho (Expediente 059-18) de tal manera que lo que esta situación provoca es otra de las decisiones que procesalmente se pueden tomar al concluir la audiencia inicial, es decir un sobreseimiento definitivo por haberse extinguido la acción penal como efecto de la cosa juzgada….” (Ver folios del 377-384 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización del presente recurso de amparo constitucional, la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo, violenta el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en los artículos 141, 338 y 350 del Código Procesal Penal, que establecen el deber de motivación y los requisitos que deberá contener la sentencia dictada en materia penal.- CONSIDERANDO (5): Que la recurrente argumenta que esa representación fiscal no comparte el fallo proferido por el Tribunal Ad-quem, cuando el mismo estima la procedencia de un sobreseimiento definitivo como efecto de la cosa juzgada, en virtud de no existir razones de fondo o forma para interpretar como que ha existido en el caso de autos, un doble juzgamiento, al no concurrir los preceptos para que opere el principio constitucional ne bis in ídem; por cuanto cuando uno de los tipos penales imputados califica en forma exclusiva, los actos particulares realizados por el encausado e implica la protección penal de bienes jurídicos distintos, como finalidad esencial del Derecho Penal. Evidentemente nos encontramos ante supuestas acciones que dieron lugar a la realización de varios tipos delictivos, que se dieron al causar daños sobre una tubería, proferir amenazas contra una persona, usurpar un inmueble propiedad de la Alcaldía Municipal, desviando agua indebidamente de una micro-cuenca y, desobedeciendo el mandato de la autoridad competente; en cuyo caso, el razonamiento del Tribunal de Alzada inobservó el deber de motivación que manda el debido proceso reconocido en nuestra Constitución, al no explicar lo suficiente cuales fueron los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda para considerar la aplicación de uno solo de los tipos delictivos sin la valoración plena de la configuración legal de cada uno de los tipos delictivos objeto de enjuiciamiento; lo que a su vez constituye una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que se requiere para una tutela judicial efectiva, la cual, garantiza el derecho a obtener una resolución suficientemente motivada a sus pretensiones, como elemento esencial del Debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (8): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5].-CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al revocar la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un derecho Real y Desobediencia, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión.-CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 95 de la Constitución de la República establece: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.” - CONSIDERANDO (11): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[6].-CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de los testimonios rendidos en la Audiencia Inicial, asimismo se limita a indicar que los hechos planteados, ya han sido juzgados en juicios precedentes como se indica en los agravios, es decir la cosa juzgada y enuncia las fechas y números de expedientes en procesos seguidos con anterioridad contra el imputado Héctor Rolando Gonzales Ramos, para concluir en el numeral 6 lo siguiente: (Sic) “Por las razones antes indicadas, resulta procedente declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado revocar la resolución apelada y que el A-quo dicte el correspondiente Sobreseimiento Definitivo.- CONSIDERANDO (14): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a revocar la resolución apelada que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se cita números de expedientes, fechas y personas ofendidas en los procesos que se siguieron con anterioridad contra el imputado, para concluir que ha operado la cosa juzgada, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, así como los hechos que fueron ventilados en cada uno de esos procesos, si los bienes jurídicos protegidos son los mismos etc., para conforme a ello ordenar el dictado de un Sobreseimiento Definitivo, por haber operado la cosa juzgada, como bien lo expone la recurrente.-CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que declara Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de revocar el Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Usurpación de un Derecho Real y Desobediencia, por haber operado la cosa juzgada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 95, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución proferida en fecha CUATRO (04) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0934-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[6] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.