Sentencia AP-930-20 — Registro 14163
Resumen
Se interpusieron recursos de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, y el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública.- Estimando los recurrentes que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, es violatoria del derecho al debido proceso, defensa y el estado de inocencia, contenidos en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República; relacionándolos con el contenido de los artículos 2, 141, 294 y 338 del Código Procesal Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(14): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes, que decretó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se transcribe toda la prueba aportada por las partes, conceptualizando únicamente el delito de Fraude, para concluir que se confirma la resolución apelada en relación al señor Lozano Reyes, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, para en atención a ello confirmar la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decretó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes, se ha vulnerado en perjuicio de los recurrentes en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes.4 de junio 2022.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y 2) Los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del señor TOMAS RAYMUNDO LOZANO REYES, contra la Resolución de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Defensa, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa instruida contra el señor TOMAS RAYMUNDO LOZANO REYES, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y contra el señor HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA.- Estimando los recurrentes que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, es violatoria del derecho al debido proceso, defensa y el estado de inocencia, contenidos en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República; relacionándolos con el contenido de los artículos 2, 141, 294 y 338 del Código Procesal Penal.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil cinco (2005), compareció ante la Corte Suprema de Justicia, el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE, actuando en su condición de Fiscal General de la República, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores TOMAS LOZANO REYES por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA. (Folios del 1-20 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) Que mediante auto de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Natural Designado, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Tener por recibidas las presentes diligencias que contienen el proceso instruido en contra de los señores TOMAS LOZANO REYES, a quien se le supone responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y contra el señor HECTOR RAMON TROCHEZ VELAZQUEZ, a quien se le supone responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la FE PÚBLICA; SEGUNDO: Remitir las presentes diligencias al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por ser el órgano jurisdiccional competente para continuar con el conocimiento del presente proceso, al tenor de lo dispuesto en el Decreto No. 89-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,109 de fecha 11 de Agosto del año 2016, por haber perdido los acusados la calidad que ostentaban de Altos Funcionarios del Estado;…” (Folios del 284-287fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo).- 3) Que en la continuación de la Audiencia Inicial de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, RESOLVIÓ: (Sic) “Primero: Accede parcialmente a lo solicitado por el Ministerio Público, se accede parcialmente a lo solicitado por la defensa privada del señor Lozano, y con Lugar el Sobreseimiento Definitivo solicitado por la defensa privada del señor Héctor Troches.- Segundo: Se les dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor TOMAS REYMUNDO LOZANO REYES por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- Tercero: Se les dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor TOMAS REYMUNDO LOZANO REYES, por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- Cuarto: Se dicta al señor Tomas Lozano la medida cautelar distinta a una prisión preventiva como ser la de presentarse a este despacho de Justicia Una vez al mes y la prohibición de salir del país hasta la culminación del proceso.- Quinto: Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor HECTOR RAMON TROCHEZ por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA…” (Folios del 4841 al 4849fv del Tomo XIII de la pieza de antecedentes del A-quo).-4) Que conociendo de los recursos de apelación promovidos por el Ministerio Público y la Defensa del señor Tomas Raymundo Lozano reyes, contra la resolución dictada en audiencia inicial y que se deja relacionada en el acápite que antecede, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual por unanimidad de votos RESOLVIÓ: (Sic) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico en contra del Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de HECTOR TROCHEZ.- REVOCAR el mismo y que se dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Falsificación de Documentos Públicos.- 2.- NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa de Tomas Lozano.- CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios del 4939 al 4959fv del Tomo XIII de la pieza de antecedentes del A-quo).-5) Que la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-7 de los autos).-6) Que los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), vía correo electrónico recibido en esta Sala de lo Constitucional, interpusieron recurso de amparo a favor del señor TOMAS RAYMUNDO LOZANO REYES, contra la resolución de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la misma vulnera la garantía de no dictar auto de formal procesamiento sin que se acredite la existencia de un delito, el estado de inocencia y el debido proceso, contenido en los Artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República y en el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios del 55-60fv de los autos).- 7) Que en fechas veintiocho (28) de enero y cuatro (4) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo interpuestos por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA (Exp. 930-2020) y por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA (Exp. 1001-2020) respectivamente, relacionados en los numerales anteriores; y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 54 y 95 de los autos).-8) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), ésta Sala de lo Constitucional resolvió acumular los recursos de amparo registrados bajo los números de expediente 0930-2020 y 1001-2020, al apreciar que los mismos se dirigen contra la resolución dictada en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. (Folio 96 de los autos).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado a favor del encausado Héctor Ramón Trochez, consecuencia de ello ordena se dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Falsificación de Documentos Públicos; asimismo declara NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa del encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes, siendo esta segunda decisión en relación al encausado Lozano Reyes que ambas partes procesales, tanto el Ministerio Púbico y la Defensa recurren en Amparo, pues con ello se confirma la decisión adoptada por la Juez A-quo en fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, en cuanto a decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública; por considerar el Ad-quem que: (Sic) “5.- En el curso del proceso no se ha comprobado los elementos objetivos del tipo de fraude como ser: que se empleo artificios, astucia o engaño para inducir a error, uso de documentos falsos, calidad simulada, entre otras. 6.- Por lo anterior consideramos que los agravios expuestos no son de recibo y por tanto debe declararse sin ligar el recurso de apelación interpuesto. 7.- Sobre el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad, la defensa expone como agravios…. Al revisar la documentación presentada se comprueba que se hicieron una cantidad de enmiendas a las bases de licitación, las cuales no siempre fueron del conocimiento de los participantes en el momento oportuno; enmiendas que modificaban las bases de licitación que fueron formuladas por consultores internacionales y asimismo modificaban el contrato a suscribir entre el Estado y la Empresa a quien se le adjudicara la licitación; y esto lo realizo por el poder que tenia como Coordinador de la Comisión por lo que se configura el delito de Abuso de Autoridad.” (Ver folio 4958fv del Tomo XIII de la pieza de antecedentes del A-quo).-CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización de los recursos de amparo constitucional, promovidos por el Ministerio Público y la Defensa, ambas partes procesales centran sus exposiciones en advertir a esta Sala de lo Constitucional que con la resolución emitida por el Tribunal de Apelación se ha vulnerado inter alia el derecho constitucional al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, que establecen el deber de motivación y los requisitos que deberá contener la sentencia dictada en materia penal, consecuencia de ello la vulneración de otros derechos fundamentales como ser el derecho a la defensa, estado de inocencia y la garantía de no dictarse auto de formal procesamiento sin que se acredite la existencia de un delito. -CONSIDERANDO (5): Que la recurrente Abogada Sussy G. Coello García, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público argumenta que la resolución que se reclama en esta vía constitucional, quebranta el derecho del Ministerio Público a obtener una sentencia de fondo motivada y fundada en derecho, lo cual se produce por la falta de motivación por parte de la Corte de Apelaciones, al inobservar los requisitos esenciales establecidos en el artículo 141 y 338 del Código Procesal Penal, en cuanto al deber del juzgador de expresar los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. Función jurisdiccional que no se observa en el caso de autos, ya que en la resolución impugnada no existe concordancia entre el acervo probatorio aportado y la conclusión final a la que llego el tribunal, en vista que su argumento motivacional se limito a conceptualizar el delito de Fraude y concluir en el numeral cinco de la motivación, que éste no existe, sin precisar que elementos de prueba le sirvieron de sustento para arribar a su conclusión.- CONSIDERANDO (6): Que los Abogados defensores del señor Tomas Raymundo Lozano Reyes, exponen en su tesis de vulneración de derechos constitucionales que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, ha violentado esenciales garantías de su representado, por no indicar en la resolución recurrida qué elementos de prueba le permitieron afirmar que en el proceso de licitación para la concesión de los aeropuertos internacionales, las enmiendas que se produjeron a las bases del mismo o al modelo de contrato de concesión no fueron puestas en conocimiento de los oferentes en las distintas etapas de la licitación; como tampoco su resolución ofrece un fundamento probatorio que le permita afirmar que su representado en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, era el coordinador de la Comisión -de la que por cierto no se precisa de cual se trata-, ya que la única entidad encargada de efectuar las comunicaciones a las enmiendas que se producían durante el desarrollo del proceso licitatorio era la Comisión Consultiva de Privatización, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de la cual su representado no era parte. Asimismo, sostienen los recurrentes, al exigir la norma constitucional la existencia de evidencia probatoria que acredite la comisión de un delito y la norma procesal que debe aportarse y en consecuencia señalarse el material indiciario que evidencia la probable realización del hecho que se imputa y al estar ausentes estas exigencias en la resolución recurrida, resulta claro que a su representado se le ha violentado la garantía establecida en el art. 92 de la Constitución de la República por haberse confirmado el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad, sin señalarse qué elementos de prueba brindan a la Corte de Apelaciones recurrida el sustento necesario para sostener los dos hechos antes referidos.-CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5]-CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al declarar No Ha Lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa del encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes y confirmar respecto a él la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión.-CONSIDERANDO (11): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[6]. -CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de la prueba aportada y de los testimonios rendidos en la Audiencia Inicial, asimismo se limita como bien expone la Fiscal del Ministerio Público a conceptualizar el delito de Fraude, sin precisar como bien lo argumentan ambas partes procesales que recurren en Amparo, cuáles fueron los elementos de prueba que le sirvieron de fundamento probatorio a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo en relación a la participación o desvinculación del encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes en los delitos acusados de Abuso de Autoridad y Fraude. Para concluir sin ninguna fundamentación jurídica, ni enunciación de valoración de la prueba aportada y tenida en cuenta para confirmar la resolución del A-quo en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes.-CONSIDERANDO(14): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes, que decretó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se transcribe toda la prueba aportada por las partes, conceptualizando únicamente el delito de Fraude, para concluir que se confirma la resolución apelada en relación al señor Lozano Reyes, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, para en atención a ello confirmar la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decretó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes, se ha vulnerado en perjuicio de los recurrentes en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Fraude, en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución proferida en fecha TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en su condición de Defensores Privados, a favor del señor TOMAS RAYMUNDO LOZANO REYES, contra la Resolución proferida en fecha TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 3.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, siendo imperativo se dicte nueva resolución en la que en atención a los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución dictada por el A-quo en audiencia inicial, culminada en fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, en relación al encausado Tomas Raymundo Lozano Reyes. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Acumulado, registrado en este Tribunal bajo el número 930 y 1001-2020 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[6] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.