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Sentencia AP-929-20 — Registro 13906

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal que decretó sobreseimiento provisional a favor de Carlos Geovany García, uno de los imputados por suponerlo responsable del delito de robo de vehículo agravado en perjuicio de Distribuidora de Confites y Galletas Conga S de R L; el Tribunal de Apelaciones por voto mayoritario considera que la prueba no logró establecer el indicio racional de participación del imputado en el delito que se le imputa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada se aprecia que el voto mayoritario del Tribunal Ad-Quem, específicamente en el numeral 4.- de la motivación de la sentencia relacionada, da únicamente por acreditada la existencia de un juicio incoado contra el señor Carlos Geovany García por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil Distribuidora de Confites y Galletas Conga, S. de R.L, no así el indicio racional de participación de éste en los hechos; acordándose sobreseimiento provisional al señor Carlos Geovany García, al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal. En sustentación de su resolutivo, motivan los sentenciadores que, en su juicio, la prueba ofertada y evacuada en esta etapa procesal no logró establecer con suficiencia el indicio racional de la participación del imputado en el ilícito penal de Robo de Vehículo Agravado..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta y bajo el tamiz de la sana critica..."..."la motivación desarrollada por la Corte Ad Quem incurre en insuficiencia en la cumplimentación del deber de motivación judicial; a lo cual se aúna, no haber indicado concretamente cuál es el elemento probatorio que deberá evacuarse, a efecto obtener el indicio racional del caso. Cabe destacar que una respuesta adecuada y razonable en el marco del debido proceso o proceso justo no puede prescindir de la valoración de los elementos probatorios válidamente allegados para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable (“applicatio legis ad factum”);[1] desvalorándolos, a contrario sensu, de incidir consideraciones que pudieran viciar sustancialmente las diligencias investigativas y resoluciones judiciales emitidas durante la etapa preparatoria del proceso..."..."en consideración al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se valora éste como omiso en la resolución del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, la cual no se ajusta, en definitiva, a las garantías y requisitos que son propios del debido proceso legal; pues no se ha motivado de manera razonada y razonable porque se descarta la valoración efectuada por la parte apelante, sobre el contenido probatorio y argumentativo demostrativo ínsito en el fallo vertido por el Juez A Quo; limitándose a declarar que no se ha adquirido la convicción de la participación del encartado en la comisión del delito contra la propiedad a él imputado, sobre la base de elementos insuficientes de prueba de cargo allegada al proceso. Por ello, considera la Sala, que no se ha brindado respuesta fundada a la pretensión recursiva de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar;[2] por todo lo cual, acorde las motivaciones que preceden, debe otorgarse el amparo demandado, a efecto de reenvío, para que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán emita nueva resolución motivada y fundada en derecho..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sussy G. Coello García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de junio de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores Juan Alberto Núñez García, Carlos Geovany García y Luis Alberto Aceituno Claros, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Distribuidora de Confites y Galletas Conga S. de R.L., y contra Luis Alberto Aceituno Claros por suponerlo responsable de la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 141 y 338 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Kenia Yaquelin Rivera, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación contra de los señores Juan Alberto Núñez García, Carlos Geovany García y Luis Alberto Aceituno Claros, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Distribuidora de Confites y Galletas Conga S. de R.L., y contra Luis Alberto Aceituno Claros por suponerlo responsable de la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-4 del antecedente) 2) En fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el proceso instruido en contra de los señores Juan Alberto Núñez García, Carlos Geovany García y Luis Alberto Aceituno Claros, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Distribuidora de Confites y Galletas Conga S. de R.L., y contra Luis Alberto Aceituno Claros por suponerlo responsable de la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, remitidos por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua. (Folio 56 del antecedente) 3) En fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial decretó: 1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JUAN ALBERTO NUÑEZ GARCÍA, CARLOS GEOVANY GARCÍA Y LUIS ALBERTO ACEITUNO CLAROS por suponerlos responsables del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y GALLETAS CONGA, S. DE R.L. 2.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra LUIS ALBERTO ACEITUNO CLAROS por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 3.-DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los imputados JUAN ALBERTO NUÑEZ GARCIA, CARLOS GEOVANY GARCIA Y LUIS ALBERTO ACEITUNO CLAROS, por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y GALLETAS CONGA, S. DE R.L.- 4.-Se les impone a los señores JUAN ALBERTO NUÑEZ GARCÍA, CARLOS GEOVANY GARCIA Y LUIS ALBERTO ACEITUNO CLAROS la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA misma que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán. 5.-… (Folios 57-70 del antecedente) 4) En fecha trece de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, conociendo sobre la procedencia de decretar auto de apertura en el proceso incoado contra el señor Carlos Geovany García por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil Distribuidora de Confites y Galletas Conga, S. de R.L, resolvió: Decretar un Sobreseimiento Provisional a favor del ciudadano CARLOS GEOVANY GARCÍA, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y GALLETAS CONGA S. DE R.L. procediendo a la entrega de su carta de libertad provisional, con el objeto de que el Ministerio Público en el término de cinco años proceda a evacuar nuevos elementos de prueba y solicitar la prosecución del proceso. Todo ello basado en lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal. (Folios 315-322 del antecedente) 5) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marbin Dolores Zabala Mena, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en numeral anterior, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia por mayoría de votos mediante la cual falló: DECLARAR: 1) NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Ministerio Público, Abogado Marbin Dolores Zabala Mena.-2) CONFIRMAR la presente resolución. (Folios 369-374 vuelto del antecedente) 6) Que la recurrente, Abogada Sussy G. Coello García, compareció ante este Tribunal en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y demás aplicables de la Constitución de la República. 7) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada Sussy G. Coello García, en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos de sus miembros, en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en Audiencia Preliminar por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha trece de junio de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores Juan Alberto Núñez García, Carlos Geovany García y Luis Alberto Aceituno Claros, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Distribuidora de Confites y Galletas Conga S. de R.L., y contra Luis Alberto Aceituno Claros por suponerlo responsable de la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria del artículo 90 constitucional, con relación a lo prescrito en los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 37, 218, 219.2 y 225.4 del Código Penal y los artículos 1, 141, 202, 294, 297 numeral 1), 338, y demás aplicables, del Código Procesal Penal; particularmente, en lo que concierne a la desestimación de la impugnación del sobreseimiento provisional, dictado en la audiencia preliminar, contra el señor Carlos Geovany García por el delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil Distribuidora de Confites y Galletas Conga, S. de R.L. CONSIDERANDO (4): Que en formalización del recurso, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, expresó que tal preceptiva constitucional ha sido vulnerada por el Ad-Quem en vista al argumento motivacional empleado por la judicatura para declarar sin lugar el auto de apertura a juicio y sobreseer provisionalmente al señor Carlos Geovany García; lo cual sustenta en el dictamen pericial del vaciado telefónico 9567-6012, decomisado al encausado; el cual lo ubica en Rio Lindo, Cortés, un lugar distinto de la hora y lugar de comisión del hecho delictivo; deduciendo luego, bajo criterios subjetivos, que se le pidió una carrera fuera de Rio Lindo, prestando dicho celular al coimputado Juan Alberto Núñez, al quedarse sin comunicación por falta de saldo; no estableciendo con claridad los elementos de prueba que le sirvieron de sustento para arribar a dicha conclusión. Manifiesta la amparista que, con tal proceder, incumple la judicatura los parámetros requeridos para una debida motivación de las resoluciones judiciales, al apoyar su decisión en razonamientos meramente subjetivos, no acreditados con elementos de prueba aportados al proceso; los cuales no han sido demeritados en forma alguna por el Ad Quem, explicando los fundamentos del razonamiento empleados para restarle valor probatorio a la prueba de cargo practicada; ni justificar, según las reglas de la sana crítica, el valor atribuido a la prueba de descargo para concluir que le merecían la mayor convicción. CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización del recurso, manifestó la Abogada recurrente, que compartía el criterio sostenido por el voto particular disidente, en cuanto a que se había aportado la mínima actividad probatoria tendiente a acreditar la vinculación que ha existido entre el señor Carlos Geovany García, quien se encontraba en compañía de Juan Alberto Núñez García, de cuyos teléfonos se realizaron llamadas al conductor del camión robado, señor Luis Aceituno. Con lo anterior quedaría establecido el conocimiento y participación del imputado, así como el rol y lugar que cada uno tenía dentro de la comisión de los hechos delictivos; siendo lo procedente, revocar el sobreseimiento provisional y decretar, en su lugar, apertura a juicio. Finalmente, censura la amparista resolución impugnada como incompleta, por no reunir los requisitos que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual demanda del juez que indique de manera concreta, en la resolución respectiva, los elementos de prueba necesarios para arribar al indicio racional; debiendo otorgarse la garantía de amparo impetrada, en aras de asegurar la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece, inter alia, el artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete al juez o tribunal que conoce del asunto litigioso. CONSIDERANDO (8): Que al estudiarse la foliada se aprecia que el voto mayoritario del Tribunal Ad-Quem, específicamente en el numeral 4.- de la motivación de la sentencia relacionada, da únicamente por acreditada la existencia de un juicio incoado contra el señor Carlos Geovany García por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil Distribuidora de Confites y Galletas Conga, S. de R.L, no así el indicio racional de participación de éste en los hechos; acordándose sobreseimiento provisional al señor Carlos Geovany García, al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal. En sustentación de su resolutivo, motivan los sentenciadores que, en su juicio, la prueba ofertada y evacuada en esta etapa procesal no logró establecer con suficiencia el indicio racional de la participación del imputado en el ilícito penal de Robo de Vehículo Agravado. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso garantiza que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta y bajo el tamiz de la sana critica. CONSIDERANDO (11): Que la motivación desarrollada por la Corte Ad Quem incurre en insuficiencia en la cumplimentación del deber de motivación judicial; a lo cual se aúna, no haber indicado concretamente cuál es el elemento probatorio que deberá evacuarse, a efecto obtener el indicio racional del caso. Cabe destacar que una respuesta adecuada y razonable en el marco del debido proceso o proceso justo no puede prescindir de la valoración de los elementos probatorios válidamente allegados para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable (“applicatio legis ad factum”);[1] desvalorándolos, a contrario sensu, de incidir consideraciones que pudieran viciar sustancialmente las diligencias investigativas y resoluciones judiciales emitidas durante la etapa preparatoria del proceso. CONSIDERANDO (12): Que en consideración al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se valora éste como omiso en la resolución del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, la cual no se ajusta, en definitiva, a las garantías y requisitos que son propios del debido proceso legal; pues no se ha motivado de manera razonada y razonable porque se descarta la valoración efectuada por la parte apelante, sobre el contenido probatorio y argumentativo demostrativo ínsito en el fallo vertido por el Juez A Quo; limitándose a declarar que no se ha adquirido la convicción de la participación del encartado en la comisión del delito contra la propiedad a él imputado, sobre la base de elementos insuficientes de prueba de cargo allegada al proceso. Por ello, considera la Sala, que no se ha brindado respuesta fundada a la pretensión recursiva de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar;[2] por todo lo cual, acorde las motivaciones que preceden, debe otorgarse el amparo demandado, a efecto de reenvío, para que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán emita nueva resolución motivada y fundada en derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de sus miembros; haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 82, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-929-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] SÁNCHEZ-OSTIZ, P. “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación”, en: ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales. Miró Llinares, F. (director) / Samuel Rodríguez Ferrández (Coordinador). Dikynson, Madrid, 2010. Págs. 86-87.

[2] (…) Los actos que forman la etapa intermedia son la formalización de la acusación, la contestación de la acusación y el auto de apertura del juicio (…) La audiencia preliminar al igual que la audiencia inicial deberá ser una audiencia oral, pero a diferencia de ésta, la actuación de las partes se limitará a formalizar la acusación y contestarla por quien corresponde. AVILA ORTIZ, F. Los nuevos roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Tegucigalpa, Honduras, LITOCOM S. de R.L. de C.V. 2001. Pág. 106.