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Sentencia AP-927-20 — Registro 14162

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación al delito de homicidio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (9) Que la Audiencia Inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el Auto de Formal Procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[5]. El Auto de Formal Procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 294 de la Audiencia Inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. CONSIDERANDO: (11) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la Audiencia Inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO: (12) Que en este sentido, el Auto de Prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare Sin Lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (13) Que del estudio de los antecedentes y del razonamiento seguido por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, que Revoca el Auto de Formal Procesamiento al señor: RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA; Esta Sala aprecia que en la Audiencia Inicial el Ente Acusador ofertó diversos Medios de Prueba con los que se acredito la plena prueba de la comisión de un hecho penado por la ley como ser el delito de Homicidio en perjuicio del señor SANTOS ERMAN MARADIAGA, existe además un margen de sospecha de participación del encartado en los mismos, dejando de esta forma el Ad Quem al Ente Fiscal quien representa la defensa y protección de los intereses de la sociedad con mínimas posibilidades de continuar con el presente Proceso Penal y el esclarecimiento de los hechos por los cuales se presentó el Requerimiento Fiscal. En ese orden de ideas esta Sala considera que el Ad Quem ha violentado el Debido Proceso que contiene el Principio de Legalidad, sin los cuales no hay una Tutela Judicial Efectiva, al inobservar los procedimientos, formalidades, derechos y garantías que establece nuestra Constitución, al haber dictado un Sobreseimiento Provisional, en lugar de Confirmar el Auto de Formal Procesamiento tal y como lo establece la Norma Adjetiva en el artículo 294 Numeral Tercero. De ahí que, al constatarse la vulneración de preceptos constitucionales invocados por la recurrente en el caso bajo estudio, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a la culpabilidad del ahora imputado, esta Sala es del criterio que se Otorgue el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO:(14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso Amparo intentado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha doce de agosto de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fechas cinco y veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores Wilson Aguilar Mendoza, Rigoberto Calderón Villeda, Richar Omar López Rodas y Luis Fernando Reyes Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Santos Erman Maradiaga. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Claudia Laínez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Wilson Aguilar Mendoza, Rigoberto Calderón Villeda, Richar Omar López Rodas y Luis Fernando Reyes Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Santos Erman Maradiaga. (Folios 1-5 de la pieza del A-quo) 2) En fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la audiencia de declaración indagatoria del imputado el señor Rigoberto Calderón Villeda por el delito de Homicidio en perjuicio del señor Santos Erman Maradiaga, resolvió: Tomando en consideración la naturaleza de los hechos y el delito que se investiga es de gravedad y se encuentra en el catálogo de los delitos que no admiten medidas sustitutivas por lo que este Juzgado considera que la medida más idónea y proporcional es la DETENCIÓN JUDICIAL a cumplir en el centro penal por el término de ley para inquirir, SEÑALANDOSE AUDIENCIA INICIAL para el día MARTES CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA. (Folio 79 vuelto de la pieza del A-quo) 3) En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia inicial del imputado Rigoberto Calderón Villeda, resolvió: PRIMERO: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del señor: RIGOBERTO CALDERÓN VILLEDA, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de (Sic) SANTOS ERNAN MARADIAGA. SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE IMPUTADO celebrada en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), y en su defecto IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN JUDICIAL POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. Se libre OFICIO al centro penitenciario de esta ciudad de Choluteca informando lo resuelto. DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS DOS SOBRES CON LA LEYENDA DE TESTIGO PROTEGIDO “C” Y “G”, sellados, quedan en custodia de la Secretaria. (Folios 85-90 de la pieza del A-quo) 4) En fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la audiencia indagatoria del imputado, el señor Richar Omar López Rodas, resolvió imponerle la medida de DETENCIÓN JUDICIAL, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de esta ciudad hasta la celebración de la AUDIENCIA INICIAL que se llevará acabo el día LUNES VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA. (Folio 96 vuelto de la pieza del A-quo) 5) En fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia inicial del imputado Richar Omar López Rodas, resolvió: PRIMERO: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del señor: RICHAR OMAR LÓPEZ RODAS, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de (Sic) SANTOS ERNAN MARADIAGA. SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN AUDIENCIA DE DECLARACIÓN DE IMPUTADO (Sic) celebrada en fecha (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), y en su defecto IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN JUDICIAL POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA. Se libre OFICIO al centro penitenciario de esta ciudad de Choluteca informando lo resuelto. (Folios 98-102 de la pieza del A-quo) 6) En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, los Abogados Nardin Fabricio Galo Rueda y Nixon David García Ortega en su condición de Defensores Privados del señor Rigoberto Calderón Villeda, interponiendo recurso de apelación en contra de resolución de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, que se ha dejado relacionada en el numeral tres. (Folios 105-108 de la pieza del A-quo) 7) En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, los Abogados Nardin Fabricio Galo Rueda y Nixon David García Ortega en su condición de Defensores Privados del señor Richar Omar López Rodas, interponiendo recurso de apelación en contra de resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, que se ha dejado relacionada en el numeral cinco. (Folios 111-113 de la pieza del A-quo) 8) La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, conociendo de los recursos de apelación interpuestos que ya han sido relacionados en los numerales que anteceden, en fecha doce de agosto de dos mil veinte, por unanimidad de votos, resolvió: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Abogados NARDIN FABRICIO GALO RUEDA y NIXON DAVID GARCÍA ORTEGA, en su condición de Defensores Privados, contra la resolución decretada por el A-quo en la audiencia inicial de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal incoada contra el señor RIGOBERTO CALDERON VILLEDA de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Abogados NARDIN FABRICIO GALO RUEDA y NIXON DAVID GARCÍA ORTEGA, en su condición de Defensores Privados, contra la resolución decretada por el A-quo en la audiencia inicial de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal incoada contra el señor RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDO, en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA.-TERCERO: REVOCAR el auto de formal procesamiento en contra de RICHAR OMAR LÓPEZ RODAS, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA. CUARTO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL A FAVOR DEL SEÑOR RICHAR OMAR LOPEZ RODAS y revocar la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra. QUINTO: Confirmar la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Juez A-quo. (Folios 24-32 de la pieza del Ad-quem) 9) Que la recurrente, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, compareció ante este Tribunal en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 10) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter Excepcional y Extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(3) Que la Resolución contra la que se recurre en Amparo es la dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha doce de agosto del año dos mil veinte, que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del imputado contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve. Con relación a la causa instruida contra el señor WILSON AGUILAR MENDOZA, RICHARD OMAR LOPEZ RODAS Y LUIS FERNANDO REYES AGUILAR, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA. CONSIDERANDO:(4) Que la recurrente en la formalización de la Acción de Amparo manifiesta, “Que en fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, el Ministerio Publico presentó Requerimiento Fiscal en el cual se establece que el día 16 de abril del 2018 a eso de las 6:00 PM, el hoy occiso se encontraba en compañía de WILSON AGUILAR MENDOZA, RIGOBERTO CALDERON VILLEDA, RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, BRAYAN ONIL ZELAYA HERRERA (menor de edad) Y LUIS FERNANDO REYES AGUILAR, departiendo en un lugar denominado “La BASE”, en la aldea Altos de las Guarumas, Concepción de María, Choluteca, y aproximadamente a las 7:35 PM el ahora occiso SANTOS ERMAN MARADIAGA, se fue del lugar siendo perseguido por los acusados, quienes al alcanzarlo le propinaron varios golpes en diferentes partes de su cuerpo hasta quitarle la vida, posteriormente trasladaron el cuerpo de la víctima en las motocicletas en que se conducían dejándolo a la orilla de un río y aproximadamente a las 12 de la media noche regresaron al lugar donde habían dejado a la víctima, y lo subieron a una de las motocicletas, siendo lanzado a la poza del río, donde al día siguiente fue encontrado el cuerpo del señor SANTOS ERMAN MARADIAGA”. Continúa exponiendo que “en fecha 25 de febrero del año 2018, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, celebró Audiencia Inicial, en la cual se decretó Auto de Formal Procesamiento en contra del encausado RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, por el delito de Homicidio en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA, resolución que fue recurrida por la Defensa del imputado, siendo dicho Recurso de Apelación declarado Con Lugar por el Ad Quem, decretando a favor del encartado un Sobreseimiento Provisional”. Considera violado la amparista el Debido Proceso y Principio de Legalidad consignados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Que de la lectura del Fallo hoy impugnado se aprecia que el Ad Quem establece en su Resolución, que la prueba evacuado no arroja mayores elementos para determinar la participación del señor RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, en los presentes hechos, ya que según la prueba el único indicio por el que se le ha señalado responsable del Homicidio es el haber transitado por el lugar donde apareció el cadáver de SANTOS ERMAN MARADIAGA, no obstante, esto no es indicio racional mínimo para determinar la sospecha de participación del acusado y se trata de un delito de Homicidio en el que no hay prueba que lo señale como partícipe a título de autor o cómplice en quitarle la vida al señor SANTOS ERMAN MARADIAGA. El ente Fiscal no comparte el razonamiento vertido por el Ad Quem, ya que durante el desarrollo de la Audiencia se evacuaron Medios de Prueba, como ser Acta de Levantamiento del Cadáver, Acta de Inspección Ocular y específicamente la declaración del Testigo Protegido “G”, quien señaló que el día 16 de abril entre las 8 y 9 de la noche, observó dos motocicletas con luces apagadas, que trasladaban un bulto y la fueron a tirar a una burra de monte, asimismo observó que entre 11 y 12 de la noche regresaron 3 motocicletas, llevaron el mismo bulto y lo tiraron a una poza y al día siguiente le dijeron que era HERNAN MARADIAGA, Presidente del Patronato y Vice-Presidente de la Junta de Agua. Al interrogatorio de la Fiscal contesta, ¿Dónde se encontraba? R= Viendo unos animalitos y vi 2 motos con luces apagadas y me escondí. ¿Vio dos motos? R= Iba primero RIGO, WILSON, RICHAR Y BRAYAN, estas dos motos iban encendidas y despacio con luces apagadas. ¿Qué traían? R= Traían un bulto y luego lo tiraron, me fui a ver miré una persona, pero no lo pude identificar. ¿Dónde tiraron a esa persona? R= A una burrita de monte de la calle para abajo, en unas peñonas ahí lo tiraron. ¿La segunda vez cuantas motos venían? R= Los mismos 4, RIGO, RICHAR, BRAYAN y a las 11 venía Fernando… ¿Cómo es Richard? R= Es bien delgado, trigueño, alto. ¿Cuándo las 3 motos regresaron que hicieron con el bulto? R= Lo traían de la misma forma, en medio y las otras motos lo traían custodiando para que no se les cayera. A las preguntas de la Defensa contesto: que los reconoció por la voz y cuando pasaron en la lámpara, que los conoce hace tiempo. Sigue manifestando la recurrente que el Testigo Protegido “G”, identifica plenamente al acusado RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, y lo vincula como participe directo en los hechos, pues el testigo ubica al encausado inicialmente entre 8 y 9 de la noche en compañía de los otros encausados, quienes trasladaban un bulto en sus motocicletas y lo tiraron a la orilla de un río, asimismo observó al acusado RICHAR que regreso al lugar donde habían dejado el bulto y procedieron a tirarlo a la poza, confirmándose al siguiente día que ese bulto era el cuerpo sin vida del señor SANTOS ERMAN MARADIAGA, quien según el Levantamiento Cadavérico presentaba en diferentes partes de su cuerpo, una herida abierta, escoriaciones de formas irregulares, entre otras, de ahí que los elementos probatorios evacuados, no solo acreditaron la existencia del delito si no que generaron indicios suficientes de participación del imputado, quien en todo momento estuvo vinculado a los hechos, tal como lo indicó el testigo protegido y lo cual se encuentra concatenado con el resto de los elementos probatorios, por lo tanto debió haberse confirmado el Auto de Formal Procesamiento decretado por el A Quo, inobservando de esta manera lo establecido en el artículo 304 de la Constitución de la Republica. Manifiesta la recurrente que la Resolución del Ad Quem así mismo quebranta el Debido Proceso, al haberse dictado un Sobreseimiento Provisional, pues el mismo no es conforme con la prueba evacuada, considerando que dicho Principio envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los Derechos Fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el Derecho a una Resolución fundada en Derecho es un elemento esencial del Debido Proceso. De igual manera la amparista estima violado el Principio de Legalidad, el cual establece que un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el Ordenamiento Jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus Resoluciones en estricto apego a Derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el Derecho a Aplicar; si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el presente caso se aprecia que concurre una contravención a la ley. Por lo que considera que la actuación realizada por el Ad Quem no es conforme a derecho y violenta los derechos y garantías constitucionales ya enunciados.” CONSIDERANDO (5) Que la Corte de Apelaciones, expone de manera clara y detallada los agravios invocados por el apelante y la contestación a los mismos, y en el acápite de la Fundamentación Jurídica y Motivación en el numeral cuarto expone: “Que de la prueba evacuada en la Audiencia Inicial de fecha cinco y veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, se desprende lo siguiente: En la primera Audiencia de fecha (cinco de febrero), se evacuo prueba del Ministerio Publico, señalando como responsable a RIGOBERTO CALDERON VILLEDA, por el delito de Homicidio en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA, consistente en; 1) Informe Investigativo Final. 2) Levantamiento de Cadáver 52-2018. 3) Acta de Reconocimiento de Cadáver. 3) Álbum Fotográfico. 4) Inscripción de Defunción. 5) Patrón Fotográfico del difunto y del imputado. 5) Acta de Nacimiento del imputado y el ofendido. 6) Declaraciones Administrativas. 7) Pruebas anticipadas del testigo protegido “G”.- El testigo manifestó que paso un problema en la Guaruma el día 16 de abril entre las 8 y 9 de la noche, vi dos motos con luces apagadas, se escondió en un bordito, se escondió porque le dio terror, llevaban un bulto y lo tiraron, y después reviso que era una persona, estuvo hasta las 11 u 12 de la noche, regresaron tres motos y tiraron a una poza el bulto, al día siguiente se dio cuenta que el bulto era ERMAN MARADIAGA, el Presidente del Patronato, en las motos iban RIGO, WILSON RICHAR y BRAYAN, en la segunda vez que regresaron venían en las motos RIGO, RICHAR, BRAYAN y FERNANDO, refirió que RIGO es trigueño y delgado, WILSON es blanco con moñito atrás en el pelo y delgado, RICHAR el delgado, trigueño, alto, BRAYAN es buen chele. RIGOBERTO manejaba la moto y WILSON cargando el bulto, las otras motos custodiaban, a las preguntas de la Defensa contestó que los reconoció por la voz y cuando pasaron estuvieron en la lámpara, que los conoce hace tiempo, que no sabe quién lo mató. En Audiencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), donde se evacua pruebas en relación al imputado RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, por el delito de Homicidio en perjuicio del SANTOS ERMAN MARADIAGA, consistente en la misma prueba evacuada el cinco (5) de febrero del año dos mil diecinueve (2019). Sigue exponiendo el Ad Quem que el Ministerio Publico señala como responsable del delito de Homicidio a los señores RIGOBERTO CALDERON VILLEDA Y RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, entre otros, sin embargo, la prueba no arroja mayores elementos para determinar la participación del señor RICHAR OMAR LOPEZ RODAS en los mismos, ya que según la prueba, el único indicio por el que se le ha señalado responsable del homicidio, al señor Richard, es el haber transitado ´por el lugar donde apareció el cadáver, no obstante esto no es indicio racionales mínimos para determinar la sospecha de participación del acusado y se trata de un delito de Homicidio en el que no hay prueba que lo señale como partícipe a título de autor o cómplice en quitarle la vida al señor SANTOS ERMAN MARADIAGA, y por consiguiente debe decretarse un Sobreseimiento Provisional a su favor. Respecto al imputado RIGOBERTO CALDERON, al ser observado por el testigo protegido “G” conduciendo una motocicleta en la que llevaban un bulto que resultó ser el cuerpo sin vida del señor SANTOS ERMAN MARADIAGA, debe confirmarse el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio. Por lo anteriormente expuesto el Ad Quem declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del señor RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, y Revoca el Auto de Formal Procesamiento que había sido dictado por el A Quo y decreta el Sobreseimiento Provisional a favor del encartado.” CONSIDERANDO (6) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. CONSIDERANDO: (7) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4]. CONSIDERANDO: (8) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la etapa preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al requerimiento fiscal, como último momento de la etapa preparatoria esta la Audiencia Inicial. CONSIDERANDO: (9) Que la Audiencia Inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el Auto de Formal Procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[5]. El Auto de Formal Procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 294 de la Audiencia Inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. CONSIDERANDO: (11) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la Audiencia Inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO: (12) Que en este sentido, el Auto de Prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare Sin Lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (13) Que del estudio de los antecedentes y del razonamiento seguido por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, que Revoca el Auto de Formal Procesamiento al señor: RICHAR OMAR LOPEZ RODAS, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de SANTOS ERMAN MARADIAGA; Esta Sala aprecia que en la Audiencia Inicial el Ente Acusador ofertó diversos Medios de Prueba con los que se acredito la plena prueba de la comisión de un hecho penado por la ley como ser el delito de Homicidio en perjuicio del señor SANTOS ERMAN MARADIAGA, existe además un margen de sospecha de participación del encartado en los mismos, dejando de esta forma el Ad Quem al Ente Fiscal quien representa la defensa y protección de los intereses de la sociedad con mínimas posibilidades de continuar con el presente Proceso Penal y el esclarecimiento de los hechos por los cuales se presentó el Requerimiento Fiscal. En ese orden de ideas esta Sala considera que el Ad Quem ha violentado el Debido Proceso que contiene el Principio de Legalidad, sin los cuales no hay una Tutela Judicial Efectiva, al inobservar los procedimientos, formalidades, derechos y garantías que establece nuestra Constitución, al haber dictado un Sobreseimiento Provisional, en lugar de Confirmar el Auto de Formal Procesamiento tal y como lo establece la Norma Adjetiva en el artículo 294 Numeral Tercero. De ahí que, al constatarse la vulneración de preceptos constitucionales invocados por la recurrente en el caso bajo estudio, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a la culpabilidad del ahora imputado, esta Sala es del criterio que se Otorgue el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO:(14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso Amparo intentado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 2, 4, 8, 13, 14, 294 numeral 3 del Código Procesal Penal. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las Resolución de fecha doce de agosto del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Valle. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-927-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[3] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[4] Idem Pág.1305

[5] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99