Sentencia AP-921-20 — Registro 12881
Resumen
Resolución que resuelve declarar Con Lugar Recurso de Apelación Parcial interpuesto por la defensa, contra Sentencia Interlocutoria y revoca orden de medida de expulsión de territorio de condenado por el delito de actos de lujuria,dictada en Audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión por pago de dinero en efectivo por Juzgado de Ejecución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que esta Sala de lo Constitucional del examen de la resolución impugnada por la recurrente, observa que en el acápite 4 de la motivación, la Alzada razona su decisión de la siguiente forma: (Sic) “4.- En este orden de ideas, si bien es cierto el precepto citado ut supra deja a la facultativa decisión del Juez de Ejecución el “poder” decretar la medida de expulsión del país, también no es menos cierto que ello no es una patente de corso para que el funcionario judicial dicte esa medida a su discreción o libre albedrío, pues tiene el condicionante o premisa mayor que el convicto haya cumplido su condena y, ésto último, si es de aplicación restrictiva, porque ante aquella su libre decisión, el letrado deberá anteponer siempre el cumplimiento de la condena.- La literalidad del precepto y el sentido común nos indican entonces, que sólo cuando el condenado extranjero haya cumplido su pena o condena podrá ser expulsado del territorio nacional; nunca antes; de donde se viene en conocimiento inequívoco que en el caso del señor GING PO LEAN, en rigor jurídico no nos encontramos ante el “cumplimiento de su condena”, sino de aplicación de una figura distinta que es la conmuta de la pena de reclusión que le fue impuesta; de consiguiente, carece de sustento legal la decisión del hoy aquo relacionada con la expulsión del territorio nacional.” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (7): Que, de la lectura de la motivación plasmada por el Tribunal recurrido, específicamente en el numeral 4 se argumenta que en el caso sub júdice no nos encontramos ante el “cumplimiento de la condena”, sino de la aplicación de una figura distinta que es la conmuta de la pena de reclusión que fue impuesta. Y ello es así, en atención a la lectura del contenido del artículo 402 del Código Procesal Penal, es condición sine qua non para poder decretar la expulsión del territorio nacional de extranjeros el cumplimiento de la condena principal; condena que en el caso del señor GING PO LEAN no fue cumplida, ante la aplicación de la figura de conmuta de la pena. En relación a los argumentos expuestos por la recurrente, que la conmuta consiste en modificar o sustituir una pena por otra, el mencionado argumento no armoniza con lo establecido en el artículo 38 del Código Penal, que divide las penas en principales y accesorias; en las penas principales se encuentra la reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial; así entonces en las penas accesorias se encuentran la interdicción civil y el comiso. No estableciendo la ley sustantiva la figura de la conmuta como pena principal o accesoria. Conmuta significa cambiar una cosa por otra, y en el caso en estudio la pena principal de reclusión impuesta al señor GING PO LEAN, le fue conmutada por el pago de dinero en efectivo y no por otra pena como argumenta la recurrente. Aunado a ello, la expulsión de extranjeros del territorio nacional conforme a lo establecido en el artículo 402 en comento, es una facultad otorgada al Juez de Ejecución, la cual no es imperativa, debiendo el órgano jurisdiccional ponderar los derechos fundamentales en conflicto, ello en atención a la protección de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos corresponden con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de la resolución emitida en fecha doce de febrero del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma es conforme a derecho, ello porque no procede la expulsión del territorio nacional del señor GING PO LEAN, cuando no se ha hecho efectiva el cumplimiento de la pena principal de reclusión impuesta, ante la aplicación de la figura de la conmuta de la pena de Reclusión por el pago de dinero en efectivo; como bien lo expone la Alzada, el juzgador debe anteponer siempre el cumplimiento de la condena, aunado a ello el deber de motivación de la resolución que es elemento indispensable y de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Que una resolución sea adversa a las pretensiones de las partes no es indicativo de vulneración de derechos o garantías, toda vez que se observa la aplicación de la ley al caso concreto, lo cual constituye el imperativo de los operadores de justicia al momento de emitir sus resoluciones. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la aplicación errónea, según sus argumentos, del artículo 402 del Código Procesal Penal, en la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veinte dictada por el Ad-quem, quebranto que no ha sido observada por este Alto Tribunal, en atención a los hechos y el contenido del precepto en comento. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 402 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor de L. S. M. contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado y revoca en lo conducente la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE EJECUCIÓN PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, que decreta la expulsión del territorio nacional del señor GING PO LEAN, con relación a la causa instruida contra el señor GING PO LEAN quien fue condenado por el delito de ACTOS DE LUJURIA, a la pena de tres (3) años, nueve (9) meses de reclusión y a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, en perjuicio de L. S. M. R.. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el artículo 402 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR al encausado GING PO LEAN de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena principal de TRES (03) AÑOS NUEVE (09) MESES DE RECLUSIÓN; por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de L. S. M. R.. Misma que deberá cumplirse en la Penitenciaria Nacional de la Aldea de Tamara del Distrito Central de este Departamento. SEGUNDO: Se les condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL; Asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PÚBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, lo anterior será por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el Juicio…”; en consecuencia, el citado Juzgado remitió las diligencias en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), al Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folios del 01–03 y 06 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), los Abogados GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS Y CARLOS ARIEL ANDINO REYES, actuando en su condición de Apoderados Judiciales del señor GING PO LEAN, comparecieron ante el Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, anunciando la presentación voluntaria del sentenciado y solicitando el beneficio de conmuta de la pena de reclusión. (Folio 95fv de la pieza de antecedentes del A-Quo) 3) Que, en audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión Por Pago en Efectivo, celebrada en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán Resolvió: (Sic): “1.- Declarar CON LUGAR la solicitud de Conmuta de Pena de TRES (03) AÑOS NUEVE (09) MESES DE RECLUSIÓN por Pago en Efectivo a favor del sentenciado GING PO LEAN. 2.- Se fija como cuantía del pago de la conmuta TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA (L 13,640.00) LEMPIRAS, cantidad que hará efectiva en una institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. 3.- Extender recibo oficial de pago. 4.- Extender Carta de Libertad Definitiva, una vez se haya acreditado el pago de la conmuta correspondiente. 5.- Decretar la expulsión del territorio nacional del señor GING PO LEAN. 6.- Declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto parcialmente contra la presente resolución que declara la expulsión del territorio nacional de GING PO LEAN. MANDA: LIBRAR COMUNICACIÓN a la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, a fin de que haga cumplir por medio de la dirección general de población y política migratoria, en el plazo prudencial que determine la resolución de expulsión del territorio nacional…” (Folios del 19–24 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 4) Que conociendo del recurso de apelación de manera parcial, interpuesto por los Abogados GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS Y CARLOS ARIEL ANDINO REYES, actuando como Apoderados Judiciales del señor GING PO LEAN, contra la decisión de expulsión del país de su representado, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), Resolvió: (Sic) “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado; 2) REVOCA en lo conducente la resolución apelada de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa relacionada…” (Folios del 50–52 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción constitucional de Amparo a favor de L. S. M., contra la resolución de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 01–06 de los autos) 6) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 32 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa, que el acto contra el cual se está invocando la garantía constitucional de amparo, lo constituye la resolución emitida en fecha doce de febrero del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en forma parcial, por la Defensa del condenado señor GING PO LEAN, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve decretar la expulsión del territorio nacional del sentenciado GING PO LEAN de nacionalidad china, quien fue condenado a cumplir una pena de tres años, nueve meses de reclusión, por el delito de Actos de Lujuria, en perjuicio de L. S. M. R. y a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajos en obras públicas dentro del establecimiento penal por el tiempo que dure la misma. CONSIDERANDO (3): Que en fecha trece de octubre del año dos mil veinte, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor de L. S. M., contra la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veinte, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve declarar Con Lugar el Recurso de Apelación Parcial interpuesto por la defensa, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada en Audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión por pago de dinero en efectivo, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el proceso instruido en contra del señor GING PO LEAN; resolución que decreta la expulsión del territorio nacional del señor GING PO LEAN; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida viola los derechos contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, relacionado con la interpretación errónea del contenido del Artículo 402 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (4): Que en la acción constitucional invocada la recurrente sostiene que la figura de la conmuta consiste en modificar o sustituir una pena por otra y en el presente caso al condenado se le conmutó la condena principal de (3 años, 9 meses de reclusión) por dinero en efectivo, lo que indica que la penal a la cual fue condenado se cumple no en reclusión, sino gozando de libertad, surtiendo por ende todos los efectos de cumplimiento de la condena principal una vez que ha sido pagada la cuantía de la conmuta como lo exige el Estado, tal como aconteció en el presente caso de autos; por ende se tiene cumplida la condena, aspecto por el cual se le extendió la carta de libertad definitiva cumpliéndose con ello la textualidad prevista en el articulo 402 del Código Procesal Penal. Argumenta la impetrante que de lo expuesto se colige que el Ad-quem, en la resolución recurrida ha inobservado el cumplimiento de dicha disposición legal de obligatorio cumplimiento, adecuando erróneamente la literalidad del artículo 402 del Código Procesal Penal en la motivación jurídica de la resolución recurrida; lo cual conlleva a una vulneración al Principio de Legalidad previsto en el artículo 304 constitucional, en virtud de haberse inaplicado la norma procesal penal citada; vulnerándose además la garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente en amparo cuestiona la decisión adoptada por el Ad-quem, pues a su criterio se aplicó en forma errónea el contenido del articulo 402 del Código Procesal Penal que dispone: “El Juez de Ejecución y la Expulsión de Extranjeros. Una vez cumplida la condena principal, el Juez de Ejecución podrá decretar la expulsión del territorio nacional, del extranjero que fuese condenado a mas de tres (3) años de reclusión, fuese reincidente o se le hubiese aplicado medida de seguridad, en virtud de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Para el cumplimiento de la medida, librará comunicación a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a fin de que la haga cumplir por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería en el plazo prudencial que determine.” –Énfasis y subrayado suplidos- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional del examen de la resolución impugnada por la recurrente, observa que en el acápite 4 de la motivación, la Alzada razona su decisión de la siguiente forma: (Sic) “4.- En este orden de ideas, si bien es cierto el precepto citado ut supra deja a la facultativa decisión del Juez de Ejecución el “poder” decretar la medida de expulsión del país, también no es menos cierto que ello no es una patente de corso para que el funcionario judicial dicte esa medida a su discreción o libre albedrío, pues tiene el condicionante o premisa mayor que el convicto haya cumplido su condena y, ésto último, si es de aplicación restrictiva, porque ante aquella su libre decisión, el letrado deberá anteponer siempre el cumplimiento de la condena.- La literalidad del precepto y el sentido común nos indican entonces, que sólo cuando el condenado extranjero haya cumplido su pena o condena podrá ser expulsado del territorio nacional; nunca antes; de donde se viene en conocimiento inequívoco que en el caso del señor GING PO LEAN, en rigor jurídico no nos encontramos ante el “cumplimiento de su condena”, sino de aplicación de una figura distinta que es la conmuta de la pena de reclusión que le fue impuesta; de consiguiente, carece de sustento legal la decisión del hoy aquo relacionada con la expulsión del territorio nacional.” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (7): Que, de la lectura de la motivación plasmada por el Tribunal recurrido, específicamente en el numeral 4 se argumenta que en el caso sub júdice no nos encontramos ante el “cumplimiento de la condena”, sino de la aplicación de una figura distinta que es la conmuta de la pena de reclusión que fue impuesta. Y ello es así, en atención a la lectura del contenido del artículo 402 del Código Procesal Penal, es condición sine qua non para poder decretar la expulsión del territorio nacional de extranjeros el cumplimiento de la condena principal; condena que en el caso del señor GING PO LEAN no fue cumplida, ante la aplicación de la figura de conmuta de la pena. En relación a los argumentos expuestos por la recurrente, que la conmuta consiste en modificar o sustituir una pena por otra, el mencionado argumento no armoniza con lo establecido en el artículo 38 del Código Penal, que divide las penas en principales y accesorias; en las penas principales se encuentra la reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial; así entonces en las penas accesorias se encuentran la interdicción civil y el comiso. No estableciendo la ley sustantiva la figura de la conmuta como pena principal o accesoria. Conmuta significa cambiar una cosa por otra, y en el caso en estudio la pena principal de reclusión impuesta al señor GING PO LEAN, le fue conmutada por el pago de dinero en efectivo y no por otra pena como argumenta la recurrente. Aunado a ello, la expulsión de extranjeros del territorio nacional conforme a lo establecido en el artículo 402 en comento, es una facultad otorgada al Juez de Ejecución, la cual no es imperativa, debiendo el órgano jurisdiccional ponderar los derechos fundamentales en conflicto, ello en atención a la protección de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos corresponden con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de la resolución emitida en fecha doce de febrero del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma es conforme a derecho, ello porque no procede la expulsión del territorio nacional del señor GING PO LEAN, cuando no se ha hecho efectiva el cumplimiento de la pena principal de reclusión impuesta, ante la aplicación de la figura de la conmuta de la pena de Reclusión por el pago de dinero en efectivo; como bien lo expone la Alzada, el juzgador debe anteponer siempre el cumplimiento de la condena, aunado a ello el deber de motivación de la resolución que es elemento indispensable y de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Que una resolución sea adversa a las pretensiones de las partes no es indicativo de vulneración de derechos o garantías, toda vez que se observa la aplicación de la ley al caso concreto, lo cual constituye el imperativo de los operadores de justicia al momento de emitir sus resoluciones. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la aplicación errónea, según sus argumentos, del artículo 402 del Código Procesal Penal, en la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veinte dictada por el Ad-quem, quebranto que no ha sido observada por este Alto Tribunal, en atención a los hechos y el contenido del precepto en comento. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 38 y 61 del Código Penal Decreto 144-83; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de L. S. M., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. – NOTÍFIQUESE Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0921=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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