Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-917-20 — Registro 16333

Resumen

Acto recurrido que resolvió declarar sin Lugar los recursos de apelación interpuestos contra la del a-quo, confirmando la resoulucion. En perjuicio de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … las resoluciones del Ad-quem se muestran lo suficientemente razonadas, no advirtiendo esta Sala visos de arbitrariedad en las mismas, encontrándose debidamente motivadas y coherentes en relación a la decisión adoptada, por todo ello no son de recibo los argumentos expuestos por las recurrentes en cuanto a la vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 60 constitucional..." ..." Que, como corolario de los hechos y fundamentos de derechos expuestos, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar los recursos de amparo que ahora se conocen..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que es jurisprudencia de la Sala de lo constitucional que la garantía genérica del debido proceso conforme la disposición constitucional contenida en el precepto 92, en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo Penal Interpuestos: 1.- Por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 917-2020); 2.- El Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ a favor de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS (Reg. No. 1058-2020); AMBOS contra la resolución dictada por Mayoría de Votos de la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resolvió declarar Sin Lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, el Abogado Marlon Duarte Amador, el Abogado Gilberto Navas Izaguirre, los abogados Luis Alonso Rodríguez Ordoñez y Maria Dolores López Godoy; confirmó el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados 1. José Jacobo Regalado Weizenblut; 2. Laura Aidee Arita Palma; 3. Velkis Rosibel Hernández y el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado William Chong Wong, por extinción de la responsabilidad penal por causa de fallecimiento; declara Con Lugar las apelaciones interpuestas por los Abogados Defensores Dagoberto Mejía Pineda, Marlon Duarte Amador, Melvin Edgardo Bonilla Mejía e Indiana Beatriz Castellanos Barahona, Darwin Lindolfo García, Rosa Elena Bonilla Galindo e Iván Adán Martínez Ordoñez, Dagoberto Aspra Iglesias y Marco Rogelio Clara García, Roberto Carlos Echenique Salgado, Ritza Yolanda Antúnez Reyes, Aldo Francisco Santos Sosa y Mario Enrique Castro Ortiz, Raúl Rolando Suazo Barillas y Rodolfo Elías Sorto Bueso, Félix Antonio Ávila Ortiz, Rodolfo Antonio Zamora Galeas, Doris Imelda Madrid Zerón, Juan Sánchez Cantillano, Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en consecuencia Revoca en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados siguientes: José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Diaz, Ramon Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenin Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes, por suponerlos responsables del delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor; declara Con Lugar en forma parcial la apelación interpuesta por el abogado Mario José Cárdenas Ruiz y Marco Tulio Castro Canales en su condición de defensores de la señora Norma Keffy Montes Chandías, en consecuencia se reforma el auto de formal procesamiento dictado contra la imputada por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD y mantiene el auto de formal procesamiento por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Recursos de apelación promovidos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho; 3.- Por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 1088-2020); contra la resolución dictada por Mayoría de Votos de la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resolvió declarar Sin Lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República; declarar Con Lugar las apelaciones interpuestas por los abogados Dora del Carmen Ramos, Darwin Lindolfo García y Arturo Efraín Chinchilla Castro, en consecuencia Revoca en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados Claudia Yamila Noriega González y Luis Fernando Urrutia Ramirez, en consecuencia dicta sobreseimiento definitivo a su favor. Recursos de apelación promovidos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho; 4.- Por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 1089-2020); contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resolvió declarar Sin Lugar la apelación interpuesta por el Ministerio Público; declara Con Lugar la apelación interpuesta por los abogados Raúl Rolando Suazo Barillas y Rodolfo Elías Sorto Bueso, en consecuencia Revoca en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra del encausado Ernesto Elvin Santos Lozano, conocido también como Elvin Ernesto Santos Lozano, por el delito de FRAUDE en perjuicio de la Administración Pública. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor. Recursos de apelación promovidos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha diez de enero del año dos mil diecinueve; y 5) Por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, (Reg. No. 1090-2020); contra la resolución dictada por Mayoría de Votos de la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resolvió declarar Sin Lugar la apelación interpuesta por el Ministerio Público; declarar Con Lugar la apelación interpuesta por los abogados Omar Menjívar Rosales y Ricardo Sorto Ramos, en consecuencia Revoca en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra del encausado Sixto Pineda Hernández. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor. Recursos de apelación promovidos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. Estiman los recurrentes, los Fiscales del Ministerio Público que se han violentado los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte el recurrente abogado defensor de la encausada Norma Keffy Montes Chandías considera que la resolución dictada por el Ad-quem vulnera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el artículo 7 del nuevo Código Penal vigente, Decreto número 130-2017 que define el Principio del Non Bis in Ídem. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) los Abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, ANA LUCIA POHL y CARLA CRISTINA PAVON NAVARRO, actuando en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores: 1) JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 3) WILLIAM CHONG WONG por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 4) VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ, por cuatro (4) delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de FE PÚBLICA; 5) FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, PREVARICATO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 6) JAIME ANTONIO SUAREZ, por suponerlo responsable del delits de FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 7) LAURA AIDEE ARITA PALMA, por suponerla responsable del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA en perjuicio de FE PÚBLICA y del delito de LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 8) JORGE ALBERTO IZAGUIRRE ZAMORA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 9) LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, FELIX FRANCISCO PACHECO REYES, EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES, JOSE ADOLFO SIERRA MORALES y LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 10) JOSE CELÍN DISCUA ELVIR, RODOLFO IRIAS NAVAS, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, ELDEN VASQUEZ, ARNALDO URBINA SOTO, CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE, WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ, RAMON ANTONIO LARA BUESO, REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO, ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUÍN, HERNÁN SEAMAN ELVIR, CLAUDIA YAMILA NORIEGA GONZALEZ, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES, JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE, ALBA LUZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN, MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE, DALIA ESMERALDA PALMA SÁNCHEZ, JOSSUE FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, JOSE LUIS FLAMENCO MEJÍA, ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ, ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO y ERNESTO GALEAS MARTINEZ, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; 11) SIXTO PINEDA HERNANDEZ, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-66 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que seguido el trámite, en Audiencia Inicial celebrada en las fechas del veinticinco (25) de julio y culminada en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia resolvió: (Sic) “DECRETAR: 1.-) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al imputado JOSÉ JACOBO REGALADO WEIZENBLUT por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; En relación a la medida cautelar a imponer a dicho encausado, esta Juez Natural Designada, estima pertinente, proporcional e idónea, la PRISION PREVENTIVA, por considerar que existe gravedad de la pena que conllevan los delitos de por los cuales se le ha decretado Auto de Formal Procesamiento, el riesgo fundado de que estando en libertad pueda darse a la fuga y no someterse al proceso, riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represarías en contra del Testigo Protegido, Destruir modificar, ocultar, suprimir o falsificar las pruebas existentes relacionadas con el delito. 2.-) SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a la imputada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; En relación a la medida cautelar se considera pertinente, proporcional e idónea, IMPONER, las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal,… 3.-) SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a la imputada LAURA AIDEE ARITA PALMA por suponerla responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA respectivamente; En relación a la medida cautelar, se considera pertinente, proporcional e idónea, IMPONER, las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal,… 4.-) SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a la imputada VELKIS ROSIBEL HERNÁNDEZ por suponerla responsable de cuatro (4) delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA; En relación a la medida cautelar, se considera pertinente, proporcional e idónea, IMPONER las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal,… 5.-) SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a los imputados JOSÉ CELÍN DISCUA ELVIR, RODOLFO IRÍAS NAVAS, ELVIN ERNESTO SANTOS ORDÓÑEZ, MIGUEL EDGARDO MARTÍNEZ PINEDA, ELDEN VÁSQUEZ, ARNALDO URBINA SOTO, CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE, WILSON ROLANDO PINEDA DÍAZ, RAMÓN ANTONIO LARA BUESO, REDIN LENIN CHÁVEZ GALINDO, ARMANDO JOSÉ RIVERA MARROQUÍN, HERNÁN SEAMAN ELVIR, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, FRANKLIN ERICK TORUÑO COLINDRES, JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS, JOSSUÉ FRANCISCO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS FLAMENCO MEJÍA, ERNESTO GÁLEAS MARTÍNEZ, EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES, LENIN RIGOBERTO RAMOS VELÁSQUEZ, JOSÉ ADOLFO SIERRA MORALES Y FÉLIX FRANCISCO PACHECO REYES por suponerlos responsables del delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- En relación a la medida cautelar, se considera pertinente, proporcional e idónea, IMPONER, las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal,… 7.-) SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a la imputada LAURA HAYDEE ARITA PALMA por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; por resultar probado que el hecho no ha existido y que no existen fundamentos suficientes para decretar auto de formal procesamiento; 8.-) SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR de los imputados LAURA HAYDEE ARITA PALMA, NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS Y JACOBO JOSÉ REGALO por suponerlos responsables del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO; por considerar que no ha quedado acreditado los presupuestos legitimadores del tipo penal para dictar auto de formal procesamiento; 9.-) SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR de los imputados MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN Y MARIO EDGARDO SUAZO MATUTE por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; por resultar probado que el hecho no ha existido y que no existen fundamentos suficientes para decretar auto de formal procesamiento; en consecuencia que la Secretaria del Despacho proceda a extenderles sus respectiva Carta de Libertad Definitiva, para los efectos legales correspondientes. 10.-) SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR del imputado WILLIAM CHONG WONG por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DECLARANDO EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD PENAL; …” (Folios del 6096-6200 del Tomo IX-B- de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Natural Designado, celebró audiencia inicial, la que culminó en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en relación a los imputados Claudia Yamila Noriega González y Luis Fernando Urrutia Ramirez, resolviendo en la misma fecha: (Sic) “Decretar Auto de Formal Procesamiento a los imputados Claudia Yamilia Noriega González y Luis Fernando Urrutia Ramírez por considerársele responsable del delito de Fraude y Exacciones Ilegales en perjuicio de La Administración Pública; en relación a la medida cautelar a imponer a dichos encausados, esta jueza natural designada, estima pertinente, proporcional e idónea, la Prisión Preventiva, que deberán de cumplir en el centro que el Instituto Nacional Penitenciario destine, en atención del articulo 85 y 87 de la Constitución de la República…” (Folios del 6320-6347 del Tomo IX-B- de la pieza de antecedentes del A-quo). 4) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Natural Designado, celebró audiencia inicial en relación al imputado Ernesto Elvin Santos Lozano, conocido también como Elvin Ernesto Santos Lozano, resolviendo en la misma fecha: (Sic) “PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al señor ERNESTO ELVIN SANTOS LOZANO CONOCIDO TAMBIÉN COMO ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al imputado ERNESTO ELVIN SANTOS LOZANO CONOCIDO TAMBIÉN COMO ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO por considerársele responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; con relación a la medida cautelar a imponer a dicho encausado, esta jueza natural designada, estima pertinente, proporcional e idónea la imposición de las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numerales: 6 y 7 del Código Procesal Penal…” (Folios del 103-121 del Tomo XI de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Natural Designado, celebró audiencia inicial en relación al imputado Sixto Pineda Hernández, resolviendo en la misma fecha: (Sic) “Decretar Auto de Formal Procesamiento al imputado Sixto Pineda Hernández por considerársele responsable del delito de Fraude y Exacciones Ilegales en perjuicio de La Administración Pública; en relación a la medida cautelar a imponer a dicho encausado, esta Juez Natural Designada, estima pertinente, proporcional e idónea la imposición de las medidas cautelares establecidas en el Artículo 173 numerales: 6 y 7 del Código Procesal Penal,….” (Folios del 93-104fv del Tomo XII de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) Que la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, conociendo de los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Publico, La Procuraduría General de la República y las Defensas de los imputados, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Natural Designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en las audiencias iniciales de fechas 28 de julio y 7 de agosto del año 2018; 10 de enero y 23 de abril del año 2019, dictó en total cuatro resoluciones en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas en las cuatro audiencias iniciales celebradas por el Juzgado de Letras Natural Designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es así que en relación a los recursos de apelación promovidos contra la resolución emitida en audiencia inicial de fecha 28 de julio del año 2018, la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dictó la siguiente resolución: (Sic) “Uno. Declarar SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por: 1. Las agentes de tribunales Carla Pavón Y Ana Lucía Pohl en representación del Ministerio Público. 2. El Procurador Luis Enrique Urbina Portillo en representación de la Procuraduría General de la República. 3. El Abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de apoderado defensor de la señora Velkis Rosibel Hernández. 4. El Abogado Gilberto Navas Izaguirre, actuando en su condición de defensor privado de la señora Laura Aidee Arita Palma. 5. Los Abogados Luis Alonso Rodríguez Ordoñez y María Dolores López Godoy actuando en su condición de defensores de Jacobo José Regalado Weisenblut En consecuencia: SE CONFIRMA en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados siguientes. 1. José Jacobo Regalado Weizenblut por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, asimismo la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA. 2. Laura Aidee Arita Palma por suponerla responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y FRAUDE en perjuicio de LA FE PÚBLICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA respectivamente, asimismo las medidas cautelares establecidas en el Artículo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal. 3. Velkis Rosibel Hernández por suponerla responsable de cuatro delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA; asimismo las medidas cautelares establecidas en el Artículo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal. 4. El sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado William Chong Wong por extinción de la responsabilidad penal por causa de fallecimiento. Dos Declarar CON LUGAR las apelaciones interpuestas por: 1. El abogado Dagoberto Mejía Pineda, actuando en su condición de abogado defensor privado del señor Jean François Marie de Peyrecave Fiallos. 2. El abogado Marlon Duarte Amador, en su condición de apoderado defensor de los señores Lenin Rigoberto Rodas Velásquez y Arnaldo Urbina Soto. 3. Los abogados Melvin Edgardo Bonilla Mejía e Indiana Beatriz Castellanos Barahona, en su condición de defensores privados del señor Eduardo Enrique Lanza Raudales. 4. El abogado Darwin Lindolfo García, en su carácter de defensor del señor Ernesto Galeas Martínez. 5. Los abogados Rosa Elena Bonilla Galindo e Ivan Adán Martínez Ordóñez como apoderados de los señores Elden Vásquez, Wilson Rolando Pineda y Carlos Alberto Pineda Fasquelle. 6. Los abogados Dagoberto Aspra Iglesias y Marcos Rogelio Clara García, actuando en su condición de apoderados defensores del señor Miguel Edgardo Martínez Pineda. 7. Los abogados Dagoberto Aspra Iglesias y Marcos Rogelio Clara García, actuando en su condición de apoderados defensores del señor Arnold Gustavo Castro Hernández. 8. El abogado Roberto Carlos Echenique Salgado, en su carácter de representante defensor del señor Félix Francisco Pacheco Reyes. 9. La abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, apoderada defensora de los señores Redín Lenin Chávez Galindo y Hernán Seaman Elvir. 10. Los abogados Aldo Francisco Santos Sosa y Mario Enrique Castro Ortiz, actuando en su condición de apoderados legales del ciudadano Jossué Francisco Velásquez Sánchez. 11. Los Abogados Raúl Rolando Suazo Barillas y Rodolfo Elías Sorto Bueso, actuando en su condición de apoderados judiciales del señor Elvin Ernesto Santos Ordóñez. 12. El abogado Félix Antonio Ávila Ortiz, en su carácter de defensor de los señores José Celín Discua Elvir y Ramón Antonio Lara Bueso. 13. El abogado Rodolfo Antonio Zamora Galeas, actuando en su condición de defensor del ciudadano Franklin Erick Toruño Colindres. 14. Los abogados Doris Imelda Madrid Zerón y Juan Sánchez Cantillano, actuando como defensores del ciudadano William Chong Wong. 15. El abogado Juan Sánchez Cantillano, actuando en su condición de defensor técnico de los señores Rodolfo Irías Navas y Armando José Rivera Marroquín. 16. El abogado Jaime Erick Rodríguez Ordóñez a favor de José Adolfo Sierra Morales. En consecuencia: SE REVOCA en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados siguientes: José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean François de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Gáleas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenin Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes por suponerlos responsables del delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor; asimismo se dejan sin valor y efecto las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal. Tres: Declarar CON LUGAR EN FORMA PARCIAL la apelación interpuesta por los abogados Mario José Cárdenas Ruiz y Marco Tulio Castro Canales en su condición de defensores de la señora Norma Keffy Montes Chandías. En consecuencia: Se REFORMA el auto de formal procesamiento dictado en contra de la imputada Norma Keffy Montes Chandías por no ser procedente en su caso tipificar la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, razón por la cual se mantiene dicho auto formal procesamiento únicamente por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA…” (Folios del 57 al 231 de la pieza de Apelación expediente VP 0036-2018) 7) Que en respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada en la audiencia inicial de fecha 7 de agosto del año 2018, la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, emitió en fecha 19 de junio del año 2020 la siguiente resolución: (Sic) “Uno. Declarar SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por: 1. Las agentes de tribunales Carla Pavón y Ana Lucia Pohl en representación del Ministerio Público. 2. El Procurador Luis Enrique Urbina Portillo en representación de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dos: Declarar CON LUGAR las apelaciones interpuestas por: I. Dora del Carmen Ramos y Darwin Lindolfo García, actuando en su condición de Defensores Privados en la causa instruida contra LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ. II. Arturo Efraín Chinchilla Castro, actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZÁLEZ. En consecuencia: SE REVOCA en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZÁLEZ y LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor; asimismo se deja sin valor y efecto las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal…” (Folios del 2-85 de la pieza de Apelación expediente VP 0036-2018) 8) Que en respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada en la audiencia inicial de fecha 10 de enero del año 2019, la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, emitió en fecha 19 de junio del año 2020 la siguiente resolución: (Sic) “Uno. Declarar SIN LUGAR la apelación interpuesta por Las agentes de tribunales Carla Pavón y Ana Lucia Pohl en representación del Ministerio Público. Dos: Declarar CON LUGAR la apelación interpuestas Abogados Raúl Rolando Suazo Barillas y Rodolfo Elías Sorto Bueso defensores del señor ERNESTO ELVIN SANTOS LOZANO conocido también como ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO En consecuencia: SE REVOCA en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra del encausado ERNESTO ELVIN SANTOS LOZANO conocido también como ELVIN ERNESTO SANTOS LOZANO por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor; asimismo se dejan sin valor y efecto las medidas cautelares establecidas ene el articulo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal…”

(Folios del 8-68 de la pieza de Apelación expediente VP 0036-2018) 9) Que en respuesta a los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada en la audiencia inicial de fecha 23 de abril del año 2019, la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, emitió en fecha 19 de junio del año 2020 la siguiente resolución: (Sic) “Uno. Declarar SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por: 1. Las agentes de tribunales Carla Pavón y Ana Lucia Pohl en representación del Ministerio Público. Dos: Declarar CON LUGAR las apelaciones interpuestas por: 1. Los Abogados Omar Menjívar Rosales y Ricardo Sorto Ramos actuando en su condición de Abogados defensores privados del señor Sixto Pineda Hernández. En consecuencia: SE REVOCA en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado en contra del encausado Sixto Pineda Hernández. En consecuencia, dicta sobreseimiento definitivo a su favor; asimismo se dejan sin valor y efecto las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numerales: 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal…” (Folios del 8-52fv de la pieza de Apelación expediente VP 0036-2018) 10) Que en fecha doce de octubre del año dos mil veinte, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial, por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho. Por estimar la recurrente que se han violentado los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Folios del 1-94 de los autos) 11) Que el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte de noviembre del año dos mil veinte, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar en forma parcial el Recurso de Apelación promovido por la defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial, por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho. Considera el recurrente que la resolución dictada por el Ad-quem vulnera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el artículo 7 del nuevo Código Penal vigente, Decreto número 130-2017 que define el Principio del Non Bis in Ídem. (Folios del 145-150fv de los autos) 12) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial, por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia en fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho. Por estimar la recurrente que se han violentado los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Folios del 189-232 de los autos) 13) Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial, por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia en fecha diez de enero del año dos mil diecinueve. Por estimar la recurrente que se han violentado los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Folios del 262-279fv de los autos) 14) Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial, por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia en fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. Por estimar la recurrente que se han violentado los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Folios del 315-348 de los autos) 15) Que mediante auto de fecha seis de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional al apreciar que los recursos de mérito, registrados bajo los números SCO-917-2020, SCO-1058-2020, SCO-1088-2020, 1089-2020 y SCO-1090-2020, se dirigen contra un mismo acto y se contraen a relacionar los mismos hechos, dispuso acumular dichas acciones, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia. Asimismo, se declaró sin lugar las solicitudes de Suspensión del Acto Reclamado y se ordenó dar vista de los autos por el término de cuarenta y ocho horas a los recurrentes a efecto de formalizar sus peticiones por escrito. (Folios del 376-378fv de los autos) 16) Que habiéndose concedido vista a los recurrentes para que formalizarán sus recursos, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizados los recursos interpuestos por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien formalizó las acciones de amparo con registros Nos. SCO 917 y 1088-2020, respectivamente, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien formalizó la acción de amparo con registro No. SCO-1089-2020, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien formalizó la acción de amparo con registro No. SCO-1090-2020, y por el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, a favor de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS, quien formalizó la acción de amparo No. SCO-1058-2020, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 583 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[3]. CONSIDERANDO(3): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional las resoluciones dictadas en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el proceso instruido en contra de los señores JACOBO JOSÉ REGALADO WEIZENBLUT, NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, VELKIS ROSIBEL HERNANDEZ Y OTROS, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, PREVARICATO, LAVADO DE ACTIVOS, LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO, LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO, LAVADO DE ACTIVOS en la modalidad de ENCUBRIMIENTO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSEDAD IDEOLÓGICA y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA FE PÚBLICA, resoluciones por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por el Ministerio Público y declarar CON LUGAR EN FORMA PARCIAL, el recurso de apelación promovido por la defensa de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, en consecuencia revocó en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, en contra de varios encausados por el delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN y reforma el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada Norma Keffy Montes Chandías y mantiene el auto de formal procesamiento por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE. CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de la acción de amparo promovida, por el Abogado Mario José Cárdenas Ruiz, a favor de la encausada Norma Keffy Montes Chandías, el recurrente expone en sus argumentos que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, con la inobservancia del principio del Non Bis In Idem, pues ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos. Relacionado con lo establecido en el artículo 7 del nuevo Código Penal vigente, Decreto número 130-2017. Sostiene el impetrante que el principio non bis in idem, tal como está estructurado supone que no recaiga duplicidad de sanciones en diferentes ámbitos del derecho, siempre y cuando concurran los requisitos de identidad del sujeto, hecho y fundamento. Esta norma se extiende, del mismo modo, para sanciones del mismo órgano sancionador. A su vez, la tramitación simultánea de dos procedimientos administrativos sancionadores es contraria al principio non bis in idem, por desproporcionada y arbitraria. Representando, además, una amenaza para la seguridad jurídica, pues se corre el riesgo de obtener resoluciones contradictorias y podría presuponer que uno de los órganos está conociendo del procedimiento sin tener competencia para ello. Por tanto, un órgano administrativo, tan pronto advierta o sea advertido de que se están tramitando dos procedimientos por los mismos hechos, debe acudir a las normas sobre conflictos de competencia. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con su exposición, el recurrente en Amparo arguye que, al hacer un análisis de esa triple configuración de elementos que integran el principio non bis in idem, se puede observar en primer lugar la identidad del hecho fáctico. En cuanto al segundo elemento identidad de fundamento, este concurre cuando las sanciones obedecen a la misma perspectiva de la defensa social, la protección del mismo interés jurídico o bien jurídico. En nuestro caso los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, protegen un mismo bien jurídico, es decir la Administración Pública, en el entendido que lo que se trata de proteger es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, es decir que haya un correcto desempeño de los deberes y funciones que los servidores, funcionarios y empleados públicos que asumen o se les delega con la finalidad de administrar el Estado; y tercer lugar la identidad del sujeto, en este caso se trata de una persona natural, es decir el sujeto activo recae en una misma persona la Gerente Administrativa de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), siendo nombrada para tal cargo como funcionaria publica la señora Norma Keffy Montes Chandías, quien autorizaba los desembolsos a las fundaciones antes mencionadas. Sostiene el pedidor de Amparo que la señora Norma Keffy Montes Chandías no actuó en el momento de la firma de los convenios celebrados entre la SAG y las fundaciones involucradas, además que tampoco quedó comprobado que hubo un acuerdo para perjudicar al Estado, pues quedó comprobado que su representada no conocía a los señores Camille Ernest Rietmeijer y Jaime Antonio Suarez. CONSIDERANDO (6): Que, en relación a las acciones de Amparo promovidas por el Ministerio Público, a través de las Fiscales Yulibeth Garay Hernández, Sussy G. Coello García y Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, a favor del Estado de Honduras, este Alto Tribunal advierte que las sendas exposiciones plasmadas en las cuatro acciones de Amparo promovidas, se dirigen a señalar que las resoluciones emitidas por el Tribunal Ad-quem en fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, vulnera los artículos, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, ello en relación al debido proceso y el artículo 60 constitucional en relación al derecho a la igualdad, en lo conducente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el acápite intitulado “INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE LAS VIOLACIONES COMETIDAS POR LA AUTORIDAD RECURRIDA”, las impetrantes arguyen que se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz, que al propio cuño del Ad-quem, adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, para dar visos de legalidad a su arbitrariedad, reconociendo y legitimando la autoridad recurrida, a la inseguridad jurídica como un efecto programado por las defensas para garantizar la impunidad de la corrupción. Habiendo vulnerado en el ínterin y necesariamente, tanto el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución, como el principio establecido por el artículo 92 del mismo cuerpo fundamental; e igualmente el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 60 párrafo segundo de la Constitución, al haber creado un procedimiento que solo beneficia a dos grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos. Sostienen las recurrentes que se omitieron las reglas mínimas de valoración probatoria contenidas en el artículo 294 del Código Procesal Penal[4], mediante una aplicación velada de las reglas establecidas en el artículo 338 del CPC, al desconocer la taxatividad del primero y suplantar el procedimiento definido por el segundo, para que la autoridad recurrida fuera más allá de sus facultades de valoración probatoria y dictara una resolución que desarrolla una valoración objetiva que determino (aunque no lo expresa literalmente) la inexistencia de dolo, afirmando que no se determino objetivamente la responsabilidad de los imputados. CONSIDERANDO (7): Que, en relación a la vulneración del derecho al debido proceso, las recurrentes sostienen que la estricta observancia de estos principios fundamentales, implicaba que, al momento de valorar las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, solo se exigía (como manda la Constitución) la evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de la participación del imputado, desarrollándose de esta forma como es debido el principio constitucional, por la norma procesal, al establecer que debe existir una mínima actividad probatoria, pues su objetivo es aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado. En este sentido, de forma repentina y con el fallo del Ad-quem, se ha revertido “jurisprudencialmente”, mediante un nuevo procedimiento arbitrario, que se funda en un análisis general que omite la valoración mínima probatoria caso por caso (inconcluso) y se sustenta en razonamientos falaces, el procedimiento establecido por la norma procesal penal. El exceso de arbitrariedad que fue obra del Ad-quem, es grave, pues al suplantar las funciones valorativas complejas y estrictamente formales que solo corresponden a un Tribunal de Sentencia, desnaturalizó el objeto de la etapa preparatoria del proceso, vulnerando con ellos los artículos 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República. En relación a la valoración de la prueba, sostienen las recurrentes que la autoridad recurrida valoró la prueba en su conjunto, de forma arbitraria y parcial, pudiendo considerar el Ministerio público que con tal análisis el Ad-quem emitió una conclusión errónea al determinar la inexistencia de elementos objetivos suficientes para determinar la responsabilidad penal (“dolo”), en cuanto a dos (2), de los tres (3) “grupos” en los que dividió a los procesados; por dejar de considerar la autoridad recurrida, prueba de valor decisivo para llegar a tal “conclusión objetiva”. -Las negritas y entre comillas es de las recurrentes- CONSIDERANDO (8): Que, continuando con sus argumentos en relación a la vulneración del derecho al debido proceso, las impetrantes aducen que contrario a la propia jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional (citada por la Corte Ad-quem mampara para matizar los excesos en su valoración y finalmente, como una coraza para protegerse de su arbitrariedad); ésta, realizó una análisis de la prueba en el cual se esmeró (tal si obrara al parecer de las defensas, cumpliendo con el efecto programado en sus planteamientos), por acreditar, sin ninguna duda, que los delitos imputados no existieron; o en cada caso particular, que los señalados como responsables no lo eran realmente y que no existían elementos objetivos para determinar su participación y por ende responsabilidad en la comisión delictiva imputada (“dolo”). De esta forma, procuró enmarcar parcialmente su fallo dentro de los parámetros jurisprudenciales. Continuando con sus sendas exposiciones las impetrantes indican que, para dar un marco de resolución definitiva a los sobreseimientos, la autoridad recurrida establecido un proceso arbitrario, que suplantó al determinado por el articulo 338 ordinal cuarto No.1 y No. 2 del CPC; y para afianzar la “racionalidad” de su valoración, desconoció (al no aplicarla), la definición doctrinaria del término indicio[5]. Asimismo, exponen en un acápite intitulado “LA AUTORIDAD RECURRIDA DESARROLLÓ UN ANÁLISIS LLANO Y DE CARÁCTER GENERAL, EN EL CUAL, SI BIEN INDIVIDUALIZO LOS CARGOS Y DESCARGOS DE LOS IMPUTADOS, NO REALIZÓ UN PROCESO DE CONTRASTE INDIVIDUAL PROBATORIO, PARA EXIMIRLES DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTADA”, excepto en cuanto a quienes se les decreto auto de formal procesamiento. -Lo señalado entre paréntesis, comillas y negritas son de las recurrentes- CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la exposición de la vulneración al derecho a la igualdad, contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, las pedidoras de la garantía de Amparo señalan que como se explicó en los conceptos de las violaciones a los artículos 90 y 92 constitucionales relacionadas, la arbitrariedad que fue obra del Ad-quem, al tener éste por bien hecha la suplantación de funciones valorativas complejas y estrictamente formales que corresponden a un Tribunal de Sentencia, siendo desarrolladas éstas aún más allá de los excesos del A-quo, elaborando la autoridad recurrida un “nuevo proceso penal” que estableció la exigencia de “elementos objetivos sui generis”, para determinar la intencionalidad de los imputados (dolo), durante la etapa preparatoria (audiencia inicial); lo que desnaturalizó el objeto de la etapa preparatoria del proceso, vulnerando con ello los artículos 90 y 92 de la Constitución y con ello, vulnerando el principio de igualdad ante la Ley, al crear un derecho aplicable a una clase privilegiada, para la cual, la aplicación de la Ley no es igual, pues el Ad-quem en cuanto a ésta ha propiciado la impunidad de la corrupción, vulnerando el artículo 60 constitucional. CONSIDERANDO (10): En cuanto al grupo de los que actuaron desde el Estado, las recurrentes se muestran conforme con la decisión adoptada por el Ad-quem, pues arguyen que se omitió pronunciarse en el fondo, con relación a, si existía o no, dolo en la actuación de los imputados que lo componen, sujetando su decisión a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que para el caso (audiencia inicial/ etapa preparatoria) estableció el legislador en los artículos 92 de la Constitución de la República, en relación con el 294 del CPP. Es decir, no suplantó el procedimiento ordinario determinado limitándose a valorar si existía evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de la participación de los imputados, constatando la existencia mínima de una actividad probatoria, reconociendo que el Ministerio Público aportó suficiente material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa (al que la autoridad recurrida denomina en todos los casos “NO CONTROVERTIDO”). Pronunciándose únicamente en cuanto a su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación del imputado. CONSIDERANDO (11): En relación a los grupos II y III, las impetrantes sostienen, que se ha logrado demostrar luego de un extenso análisis, que los procesados incluidos en este grupo, fueron beneficiados ilegítimamente mediante la creación de un procedimiento arbitrario que generó desigualdad de trato y tergiversó la aplicación de la Constitución y la Ley (Arts. 90 y 92 Constitución; 294 del CPP), convirtiéndoles en un grupo privilegiado al ser comparados con la actividad desarrollada en cuanto al primer grupo. Exponen las pedidoras de Amparo que, en ambos casos, crearon un proceso sui generis, paralelo al legal, que falsificó mediante una suplantación de términos, la formalidad que manda el artículo 338 ordinal cuarto, numeral 1 del CPP, efectuando una declaración de hechos probados que denominaron “no controvertidos” y con ello pudieron afirmar que no existía dolo en la conducta de los procesados, tal cual si fueran un Tribunal de Sentencia (no obstante haber omitido la formalidad del juicio oral y público). -Lo subrayado es de las recurrentes- CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos, esta Sala de lo Constitucional comenzará dando respuesta al Amparo promovido por la defensa de la encausada Norma Keffy Montes Chandías, con el fin de determinar si la decisión adoptada del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de la recurrente el debido proceso preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; el recurrente abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, estima que tal derecho constitucional ha sido vulnerado por la resolución emitida por el Ad-quem, señalando específicamente, la inobservancia del contenido del artículo 7 del Nuevo Código Penal[6], el que a la letra dice: “PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. Un mismo hecho o circunstancia no debe ser utilizado mas de una vez para la calificación jurídica de la conducta de un sujeto, siempre que responda a un mismo fundamento. Se considera que no concurre identidad de fundamento en el castigo del delito continuado, la reincidencia o la habitualidad, en los términos establecidos en el presente Código”. CONSIDERANDO (13): Que el principio del ne bis in ídem, la doctrina la define como la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento; el ne bis in ídem opera en la cosa juzgada material “la verdadera cosa juzgada según se afirma doctrinalmente, es la vinculación en otro proceso penal que produce resolución de fondo firme. Se trata de un instituto procesal, consistente en un vínculo, de naturaleza jurídico-pública, que obliga a los jueces a no juzgar de nuevo lo ya decidido…”[7]; la postura doctrinal antes señalada es lo que recoge el artículo 95[8] de la Constitución de la República de Honduras; derecho que el impetrante en amparo sostiene le ha sido vulnerado a su representada, en atención a la infracción al debido proceso, al argumentar que en el caso particular se configura ese triple de elementos integrantes del principio del non bis in ídem, al mantenerse el auto de formal procesamiento en contra de la encausada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, por los delitos de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO (14): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[9]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[10] CONSIDERANDO (15): Que de los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo y la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil veinte, brinda respuesta a los agravios expuestos por la defensa de la imputada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, contra la resolución dictada en audiencia inicial en fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras Natural Designado. El recurrente centra su tesis en atención a su inconformidad con la resolución dictada por el Ad-quem, en cuanto a la vulneración del principio del non bis in ídem, pero lo cierto es que estos argumentos no fueron expuestos en el recurso de apelación que se promoviera contra la resolución dictada por el A-quo. Por ello no son de recibo en esta vía constitucional, los argumentos expuestos por la defensa de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, en relación a que le ha sido vulnerado el derecho al debido proceso, por la inobservancia del principio del non bis in ídem, contenido en el artículo 7 del nuevo Código Penal, elementos éstos que no fueron considerados en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, precisamente por no haber sido sometidos a examen en relación a los agravios expuestos por el recurrente en el recurso de apelación que promoviera en su momento, por ello un tribunal de apelación no puede pues, resolver otras cuestiones que aquellas, que le han sido trasladadas, en virtud del principio “Tantum Devolutum Quantum Apellatum”[11]. CONSIDERANDO (16): Que en relación a los asuntos sobre los que debe recaer una sentencia que resuelve un recurso y sus alcances, el artículo 350 del Código Procesal Penal determina que la sentencia que resuelve un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida (Non Reformatio In Pejus). De la lectura de este precepto contenido en la ley penal adjetiva, se infiere que el Tribunal Superior se encuentra limitado a la prohibición de la reforma de la resolución que se impugna, en perjuicio de la persona imputada y a entrar a conocer sobre situaciones que no hayan sido expuestos como agravios por las partes que impugnan la resolución emitida por el órgano jurisdiccional inferior. En el caso sub júdice, la defensa de la encausada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, no expuso como agravios en el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el A-quo en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho, la vulneración al principio del non bis in idem, contenido el artículo 95 de la Constitución de la República; por ello el Tribunal Ad-quem no se pronunció al respecto. Por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo promovido por la defensa de la imputada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS debe ser denegado. CONSIDERANDO (17): Que una vez dado respuesta a los argumentos expuestos en la acción constitucional de Amparo promovida a favor de la encausada NORMA KEFFY MONTES CHANDÍAS, este Alto Tribunal procederá al estudio de los argumentos expuestos por el Ministerio Público en relación a la vulneración de los preceptos 60, 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República. En ese orden de ideas y de las sendas exposiciones realizadas por las Fiscales del Ministerio Público y de la foliada de los antecedentes, los argumentos expuestos se centran en advertir a este Alto Tribunal sobre la vulneración a los derechos al debido proceso e igualdad, contenidos en el artículo 60 y 90 de nuestra ley suprema, ello con la inobservancia de las disposiciones contenidas en los preceptos 92, 304 y 321 de la norma en comento. En este punto es importante relacionar que en las sendas exposiciones plasmadas en las cuatro acciones constitucionales promovidas por el Ministerio Público, se observan apreciaciones subjetivas, en relación a las resoluciones que fueran dictadas en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, olvidando las recurrentes cual es el objeto de esta instancia constitucional, debiendo ceñirse este Alto Tribunal de Justicia, al contenido de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto a desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, procurando una eficaz protección de los derechos humanos; interpretando el contenido de la Ley de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en Honduras[12]. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional comenzará analizando los argumentos vertidos en relación a la vulneración del debido proceso por la inobservancia del artículo 92 constitucional que establece: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo”. Las recurrentes exponen que las resoluciones del Ad-quem revierten la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual fue utilizada como mampara para matizar los excesos en su valoración y finalmente como coraza para protegerse de su arbitrariedad; al respecto en efecto es jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal que la disposición constitucional contenida en el artículo 92, es desarrollada en el Código Procesal Penal, en sus artículos del 294 al 299, los cuales se refieren precisamente a los requisitos materiales que debe reunir el auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento definitivo o provisional. En ese orden de ideas y conforme al fallo constitucional con registro de expediente SCO-0369-2016[13] citado por el Ad-quem en las resoluciones que se impugnan en esta vía constitucional, el auto de formal procesamiento conforme al requerimiento constitucional solo exige evidencia probatoria de la existencia de un delito; no siendo por tanto exigible la plena prueba de la existencia del delito, como antes lo hacia el texto original del artículo 92 constitucional. De manera que, con la reforma constitucional, el constituyente derivado ha relevado al Ministerio Público de acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo. Mas adelante la referida sentencia dispone que el juez de letras debe dictar el auto de formal procesamiento, salvo que acredite en forma plena, evidente e incontrastable de que: a) el hecho no existió; b) que éste no se encuentra tipificado como delito; o c) que se haya extinguido la acción penal. En todos estos casos deberá dictar el sobreseimiento definitivo, de conformidad a lo que establece el artículo 296 del Código Procesal Penal. Sobre esto último indica la referida sentencia, el juez a quo para dictar auto de sobreseimiento definitivo debe tener la plena certeza de la concurrencia de las causales mencionadas[14]. CONSIDERANDO (19): Que de los alegatos formulados por las Fiscales del Ministerio Público en los escritos de interposición y formalización de las acciones constitucionales de Amparo, su tesis se centra en afirmar en relación a la vulneración del debido proceso, que la autoridad recurrida suplantó[15] el proceso regular por uno arbitrario[16] y falaz[17], que al propio cuño del Ad-quem adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral para dar visos de legalidad a su arbitrariedad; sostienen las impetrantes que se omitieron las reglas mínimas de valoración probatoria contenidas en el artículo 294 del CPP, mediante una aplicación velada de las reglas establecidas en el artículo 338 del CPC, al desconocer la taxatividad del primero y suplantar el procedimiento definido en el segundo, yendo la autoridad recurrida más allá de sus facultades de valoración probatoria[18], desnaturalizando con ello el objeto de la etapa preparatoria. Aunado a ello las recurrentes aducen que la autoridad recurrida valoró la prueba en su conjunto, de forma arbitraria y parcial[19] y con tal análisis consideran que se emitió una conclusión errónea al determinar la inexistencia de elementos objetivos suficientes para determinar la responsabilidad penal en cuanto a dos de los tres grupos en los que decidió a los procesados y dejó de considerar la autoridad recurrida, prueba de valor decisivo para llegar a tal “conclusión objetiva”. CONSIDERANDO (20): Que en relación al examen de los argumentos expuestos por las recurrentes ante esta instancia constitucional, en cuanto a la vulneración del debido proceso, resulta necesario indicar que a la Sala de lo Constitucional no le corresponde dentro del ámbito de la garantía de amparo, juzgar la valoración probatoria practicada por los órganos jurisdiccionales de instancia; como tampoco le compete pronunciarse sobre la correcta aplicación de la ley, en relación con el caso concreto; en particular, definir la concurrencia de presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o definitivo. Todo lo anteriormente descrito corresponde al ámbito decisional de instancia y la garantía constitucional de amparo no lo es. Continuando con el estudio de los alegatos formulados por las recurrentes en los recursos de Amparo promovidos a favor del Estado, este Alto Tribunal aprecia que las impetrantes utilizan en forma reiterada apreciaciones subjetivas en relación al reproche que les causa la decisión adoptada en las resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), en cuanto a revocar el auto de formal procesamiento que fuera dictado por el A-quo en contra de varios encausados, en relación al delito de Lavado de Activos. Las recurrentes exponen que la autoridad recurrida valoró la prueba en su conjunto, de forma arbitraria y parcial; al utilizar estos términos y según las definiciones brindadas, entiende esta Sala, que conforme a lo expuesto por las pedidoras de Amparo, el Ad-quem valoró la prueba contrario a las disposiciones contenidas en la ley, en el caso en particular el Código Procesal Penal y pretendiendo servir a su propio interés, cometiendo injusticia al fallar con arbitrariedad y obrando de modo sesgado o inclinado a favor de determinada postura; no obstante a ello las recurrentes en sus argumentaciones no indican como ello ha sucedido, en qué forma, en la valoración de la prueba se han omitido los presupuestos exigidos por el artículo 202 del CPC en atención a que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, se limitan a emitir apreciaciones subjetivas como por ejemplo: “ésta realizó un análisis de la prueba en el cual se esmeró (tal si obrara al parecer de las defensas, cumpliendo con el efecto programado en sus planteamientos), para acreditar sin ninguna duda, que los delitos imputados no existieron; o en cada caso en particular, que los señalados como responsables no lo eran realmente…”. Reiterando que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; atendiendo a los principios que rigen el sistema penal acusatorio entre otros el de contradicción, inmediación y defensa. CONSIDERANDO (21): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la fundamentación jurídica plasmada por la autoridad recurrida en las resoluciones emitidas con fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), las divide en acápites, los cuales los intitula de la forma siguiente: UNO (1): Sobre el recurso de apelación y objeto de la apelación de mérito; DOS (2): Análisis sobre los presupuestos procesales que son necesarios para dictar auto de formal procesamiento. Valoración y estándar de acreditación probatoria (jurisprudencia). en este acápite el Ad-quem hace referencia a la jurisprudencia procedente de este Alto Tribunal en relación a los presupuestos necesarios para el dictado de un auto de formal procesamiento o por el contrario dictar un sobreseimiento provisional o definitivo; citando para ello las sentencias de amparo penal con registros de expedientes números 278-2019, 416-2018 y 0369-2016, esta última a la cual nos referimos en acápites anteriores, en relación a los argumentos expuestos, en cuanto a que el Ad-quem actuó contrario a la jurisprudencia que invoca en la misma resolución, como fundamentación de su decisión, elemento éste que se abordará más adelante en el desarrollo de este libelo, a efecto de dar respuesta a este argumento; TRES(3): Establecimiento del cuadro fáctico del presente caso. En este acápite el Ad-quem indica que el establecimiento de los hechos en grado de certeza solo es exigible para el juicio oral y público y no durante la audiencia inicial, en la cual sólo es exigible el grado de probabilidad. Es en este acápite en donde el Ad-quen hace referencia a: “En este sentido es importante aclarar lo siguiente: a) existen hechos que fueron acreditados sin controversia, siendo aceptados en términos generales por las partes; b) existen hechos que fueron controvertidos por las partes y que son objeto de apelación, existiendo necesidad de que se haga una revaloración probatoria en sede de segunda instancia.”; CUATRO (4): Hechos que no fueron controvertidos y que por tanto quedan suficientemente demostrados. En este acápite la Corte de Apelaciones hace referencia a los hechos siguientes: 1. Obtención de fondos del Estado; 2. Otorgamiento de los fondos asignados a fundaciones; 3. Autorización y traslado de fondos de la SAG a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras; 4. Utilización de los fondos de la SAG con fines distintos a los convenidos; CINCO (5): Continuación de los hechos no controvertidos y de los cuales existe evidencia probatoria; SEIS (6): Hechos controvertidos. Sobre el concierto o acuerdo previo. En este acápite y en el análisis realizado por el Ad-quem, en atencion a la valoración probatoria requerida en Audiencia Inicial, estimó que los encartados pueden agruparse de acuerdo a sus diferentes participaciones así: a) el grupo de los que actuaron desde el Estado; b) el grupo de los actuaron desde las fundaciones; c) el grupo de los que actuaron desde el ámbito político electoral; y, d) los que actuaron desde sus empresas o sociedades comerciales; SIETE (7): Aspectos desarrollados durante la audiencia inicial; OCHO (8): Calificación de los delitos cometidos a partir de las conductas de los imputados. En este acápite el Ad-quem realiza un análisis de los delitos que acusa el Ministerio Público a saber: Lavado de Activos artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto Legislativo No. 45-2020 que contiene la Ley contra el delito de Lavado de Activos; Encubrimiento, Malversación de Caudales Públicos, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los funcionarios, Fraude, Falsificación de Documentos, Asociación Ilícita; NUEVE (9): Sobre la prisión preventiva y las medidas sustitutivas; y, DIEZ (10): Sobre otros extremos. CONSIDERANDO (22): Que, continuando con el análisis de la tesis de vulneración al debido proceso, las impetrantes alegan que se omitieron las reglas mínimas de valoración probatoria contenidas en el artículo 294 del CPP, mediante una aplicación velada de las reglas establecidas en el artículo 338 del CPC, al desconocer la taxatividad del primero y suplantar el procedimiento definido en el segundo. Entiende esta Sala y según lo expuesto por las recurrentes que el Ad-quem fue más allá de sus facultades de valoración probatoria, al omitir las reglas definidas para la audiencia inicial y en su lugar utilizó el procedimiento determinado en el artículo 338 ordinal cuarto No. 1 y No. 2; al respecto y conforme lo establecido en el precepto 294 de la ley penal adjetiva, en atención a las incidencias en la audiencia inicial, la parte que pretenda evacuar elementos de prueba se hará cargo de su presentación y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorporen. Una vez evacuada la prueba el juez pronunciará resolución dictando: 1) Sobreseimiento provisional; 2) Sobreseimiento definitivo; o bien 3) Decretando auto de formal procesamiento o declaratoria de reo. En esta audiencia y conforme lo enunciado en el artículo 92 de la Constitución de la República se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre: 1) la probable realización del hecho que se imputa; 2) sobre su relevancia jurídico penal; 3) la probabilidad de la participación del imputado en él; y 4) así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar. Estos presupuestos deben valorarse de acuerdo a la Constitución, en función de establecer una “evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. En este punto es importante advertir que cada caso debe analizarse en forma específica, y que no se puede contar con un criterio único o estandarizado para resolver los casos que se presentan ante un órgano jurisdiccional; el juzgador debe plantearse en cada caso a resolver, si la prueba que le ha sido presentada en la audiencia inicial, es suficiente para estimar la probable existencia de la comisión de un delito. Como bien se indica en el fallo constitucional número 278-2019 “Habrá casos en que la discusión versará, sobre si se produjo un hecho, pero habrá otros más complejos en los que además de eso, será necesario establecer puntos de derecho, debiéndose aclarar si de conformidad a lo expuesto en la ley, más lo expresado en la jurisprudencia y la doctrina, hubo comisión de delito o no”. Pero como ya se expresó anteriormente, no es competencia de la Sala de lo Constitucional en una garantía de amparo, establecer los elementos necesarios para determinar la mínima actividad probatoria, o la obtención del grado de probabilidad que demanda la Constitución y la ley procesal penal. CONSIDERANDO (23): Que, continuando con el análisis de la tesis planteada por las recurrentes, en atención a que la autoridad recurrida suplantó el procedimiento establecido para la audiencia inicial y en su lugar y excediendo sus facultades, utilizó el procedimiento establecido en el artículo 338 ordinal cuarto No.1 y No. 2, del CPC, es menester referir lo que se establece en el precepto procesal en comento a saber: “Artículo 338. Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA: … SEGUNDA: … TERCERA: … CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2. Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener sus conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados…”; esta Sala de lo Constitucional advierte de la estructura en la fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ad-quem, que en el acápite número tres intitulado “Establecimiento del cuadro fáctico del presente caso”, hace relación a la importancia de establecer que existen hechos que fueron acreditados sin controversia, siendo aceptados en términos generales por las partes y hechos que fueron controvertidos por las partes y que son objeto de apelación, existiendo necesidad de que se haga una revaloración probatoria en sede de segunda instancia. Llama la atención de esta Sala que las recurrentes se muestran conforme con lo decidido por el Ad-quem en relación a los encausados que se les decretó auto de formal procesamiento, no obstante, en relación a los encartados que fueron beneficiados con sobreseimiento definitivo, aducen que la autoridad recurrida desarrollo un análisis llano y de carácter general. Las recurrentes se contradicen en sus argumentaciones al indicar que: (Sic) “SI BIEN INDIVIDUALIZÓ LOS CARGOS Y DESCARGOS DE LOS IMPUTADOS, NO REALIZÓ UN PROCESO DE CONTRASTE INDIVIDUAL PROBATORRIO PARA EXIMIRLES DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTADA”; el Ad-quem en su fundamentación hace mención a la comunidad de la prueba, conforme a este principio el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios , etc). Como líneas arriba se dijo, las recurrentes no le indican a esta Sala, cuales elementos de prueba dejaron de ser valorados por la autoridad recurrida, a efecto de apreciar la vulneración de las reglas de la sana crítica, así como la suplantación del proceso que aducen fue realizado por el Ad-qeum, excediéndose en las facultades que la ley le señala en cuanto a lo decidido en audiencia inicial. En este punto es importante reiterar, que no es competencia de este Tribunal de justicia constitucional, juzgar la valoración probatoria practicada por los órganos jurisdiccionales de instancia; como tampoco le compete pronunciarse sobre la correcta aplicación de la ley, en relación con el caso concreto; en particular, definir la concurrencia de presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o definitivo. Todo lo anteriormente descrito corresponde al ámbito decisional de instancia. De la lectura de las resoluciones dictadas en fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, este Alto Tribunal encuentra que las mismas se encuentran emitidas conforme a los parámetros que marcan el dictado de las resoluciones en audiencia inicial, el utilizar terminología como la siguiente “hechos que fueron acreditados sin controversia, siendo aceptados en términos generales por las partes y hechos que fueron controvertidos por las partes”, no es indicativo a criterio de este Alto Tribunal de justicia, de suplantación del procedimiento establecido en la etapa preparatoria del proceso, específicamente la audiencia inicial que desarrolla el artículo 294 del CPP. Estima esta Sala que las resoluciones recurridas en amparo, no son contradictorias de la jurisprudencia procedente de este Alto Tribunal de justicia, ello es así porque se advierte de la motivación externada por la autoridad recurrida, que ésta no se aparta de los elementos “evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de participación”, presupuestos indispensables que debe valorar el órgano decisor, en atención a dictar un auto de formal procesamiento, conforme lo dispone el artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Es jurisprudencia de la Sala de lo constitucional que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En ese orden de ideas la disposición constitucional contenida en el artículo 92, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; requisitos éstos que no fueron advertidos por la autoridad recurrida, por ello procedió a dictar sobreseimiento definitivo a favor de varios encausados por el delito de Lavado de Activos; estima esta Sala que las recurrentes en sus argumentaciones, se orientan a exteriorizar apreciaciones subjetivas, en relación a la vulneración del derecho al debido proceso, con las resoluciones emitidas por la autoridad recurrida, obviando referirse a fundamentación legal en cuanto al porqué, las decisiones recurridas vulneran principios de valoración de la prueba, como ser las reglas de la sana crítica, por todo lo anteriormente señalado, no son de recibo los motivos en que sustentan las garantistas la vulneración al debido proceso, el cual se vincula en este caso, con la valoración de la prueba de forma arbitraria y parcial y suplantación del procedimiento establecido en el artículo 294 del CPP, en atención a la mínima actividad probatoria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa y la probabilidad de la participación del imputado en él, utilizando en su lugar el procedimiento establecido en el artículo 338, ordinal cuatro, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (25): Que además de la vulneración al debido proceso, las garantistas argumentan que se ha vulnerado el derecho a la igualdad contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, el que citamos a continuación: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”[20]. En sus argumentos las recurrentes reiteran de nuevo, que fue suplantado el proceso establecido para la audiencia inicial, y el Ad-quem creo un “nuevo proceso penal” que estableció la exigencia de “elementos objetivos sui generis”, para determinar la intencionalidad de los imputados (dolo), tal cual si fueran un Tribunal de Sentencia; con ello ha creado un derecho aplicable a una clase privilegiada, para la cual la aplicación de la Ley no es igual. De nueva cuenta las recurrentes se muestran conforme con la decisión adoptada por la autoridad recurrida en relación al grupo de imputados que actuaron desde el Estado, a quienes confirma en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo por los delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos. Llama la atención a esta Sala, que el Ministerio Público se muestra conforme con la decisión adoptada por la autoridad recurrida en relación a mantener el auto de formal procesamiento de los imputados que forman parte de los que actuaron desde el Estado, algunos de ellos a quienes se les presentó requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos, pues arguyen que respecto a ellos el Ad-quem omitió pronunciarse sobre el fondo, limitándose a valorar si existía evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio de participación de los imputados, no obstante a este argumento, de la lectura de la resolución impugnada, esta Sala advierte que el pronunciamiento fue el mismo, en cuanto a valorar la existencia de evidencia probatoria de la existencia del delito de Lavado de Activos. En relación a este delito se realiza una motivación suficiente, amplia y razonada por parte del Ad-quem para concluir que “Expuesto todo lo anterior, este alto tribunal de apelación es del parecer que no procede calificar las conductas de los encausados como lavado de activos, en virtud de que existe claridad sobre la procedencia de los fondos, de manera que si bien los encartados no pueden justificar su obtención licita, también es cierto que los fondos recibidos por los encausados no proceden de ninguno de los delitos determinados por el decreto legislativo No. 45-2002, incluyendo el fraude financiero”[21]. Entre esos encausados, a quienes se les presentó requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos, también se encontraba el señor Jacobo José Regalado Weizenblut, no obstante, a ello, las recurrentes se muestran conforme con la decisión del Ad-quem, en cuanto a que se mantenga el auto de formal procesamiento, excluyendo del delito de Lavado de Activos. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (26): Que, respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, las recurrentes exponen los mismos motivos invocados en relación a la vulneración del debido proceso. A criterio de las pedidoras de amparo, la resolución del Ad-quem beneficia a los encausados relacionados en el grupo II y III, que son los que actuaron desde el ámbito político electoral y los que actuaron desde sus empresas o sociedades comerciales, al crear un procedimiento arbitrario que generó desigualdad de trato. Ya este argumento fue dilucidado previamente, pues entiende esta Sala que el utilizar cierta estructura por parte del Ad-quem, en la argumentación de la fundamentación jurídica de su resolución, a efecto de dar respuesta a los agravios expuestos por las partes, en reproche a las audiencias iniciales celebradas por el A-quo, no es indicativo de suplantación del procedimiento de la etapa preparatoria del proceso penal, en el caso sub júdice la audiencia inicial. El Profesor Alejandro Nava Tovar, citando a Carlos Pereda dice que “Argumentar consiste en ofrecer una serie de enunciados para apoyar a otro enunciado que plantea ciertas complejidades, conflictos, o en general, problemas en torno a nuestras creencias teóricas o prácticas: argumentando procuramos resolver muchas dificultades que tienen que ver con nuestras creencias, incluyendo varias decisivas (aunque no todas las dificultades y no todas las decisivas). Para llevar a cabo esta labor, una persona que argumenta no expresa simplemente lo que piensa, expresa lo que piensa y lo respalda”[22]. Las recurrentes se limitan a exponer que los encausados fueron beneficiados con un sobreseimiento definitivo por el delito de Lavado de Activos, por la suplantación de la audiencia inicial y la exigencia de elementos objetivos sui generis, que son propis del juicio oral y público; no obstante a ello, esta Sala aprecia que la resolución se encuentra dictada en los parámetros de exigencia de la audiencia inicial, conforme al artículo 92 de la Constitución de la República, esto es a prima facie evidencia probatoria de la existencia de un delito. Para el Profesor Santiago Mir Puig “Estado, Derecho penal, pena y delito se hallan en una estricta relación de dependencia. La teoría del delito constituye, en efecto, la determinación de las fronteras mínimas de lo que puede ser prohibido y penado por el Derecho Penal, y da respuesta a la pregunta de cuáles son los elementos que deben concurrir, como mínimo y con carácter general, para que algo sea jurídico-penalmente prohibible y punible. La contestación a esta interrogante ha de depender, por tanto, de la función que se atribuya al derecho penal y de los límites que se impongan de modo general a su ejercicio”[23]. De la anterior definición esta Sala concluye que la autoridad recurrida, actuó conforme a los presupuestos que manda el artículo 92 constitucional. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (27): Que el reconocimiento del derecho a la igualdad de todos los hondureños ante la ley, contenido en el artículo 60 constitucional, encuentra igual reconocimiento en el ámbito de protección de derechos humanos internacional, específicamente el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual textualmente establece: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley”. El principio de igualdad jurídica o igualdad ante la ley, constituye por imperativo constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación, esto es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en su misma situación, de no mediar una justificación objetiva y razonable. En la Sentencia del Tribunal Constitucional Español (STC 83/1984, de 24 de julio) se ha referido que la igualdad jurídica es la de no soportar un perjuicio –o una falta de beneficio- desigual e injustificado en razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes públicos. El derecho a la igualdad alude a “los criterios jurídicos normativos, contenidos en las normas jurídicas, así como los criterios jurídicos adoptados por la aplicación de las normas”. En la misma línea de la sentencia ut supra, la Corte Interamericana ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación “posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el interno”,[24] y que “sobre el descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”[25]. En ese orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación No. 16 sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer indicó que “los Estados Partes deben respetar el principio de la igualdad en la ley y ante la ley”,[26] advirtiendo que la igualdad ante la ley implica que los órganos administrativos y jurisdiccionales “deben aplicar la ley por igual a hombres y mujeres”[27]. De conformidad con esto, la igualdad es entendida como la ausencia de discriminación, por lo que se estima que el respeto del principio de no discriminación conduce a una situación de igualdad. En atención a ello, la Corte Interamericana ha considerado invariablemente que la discriminación se configura cuando existe una distinción arbitraria, esto es, una distinción carente de justificación objetiva y razonable.[28] Siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vulneración al principio de igualdad se configura cuando se establecen distinciones arbitrarais en la aplicación de la ley, en el caso en estudio, las recurrentes argumentan que se ha vulnerado este principio constitucional, por el hecho que algunos de los imputados fueron beneficiados ilegítimamente mediante la creación de un procedimiento arbitrario que generó desigualdad de trato -argumento al que ya nos referimos en acápites anteriores-, pero no exponen en sus argumentaciones en qué forma se generó esa desigualdad de trato, o la “discriminación”[29] a que fueron expuestos algunos de los encausados, pues las recurrentes se muestran conforme con el auto de formal procesamiento que se mantiene en relación a los imputados que actuaron desde el Estado; el que a algunos de los encausados se les haya beneficiado con el dictado de un sobreseimiento definitivo por el delito de Lavado de Activos, no es indicativo de vulneración del derecho a la igualdad, pues para que éste pueda configurarse, es necesario que exista una distinción arbitraria entre unos y otros imputados; las resoluciones del Ad-quem se muestran lo suficientemente razonadas, no advirtiendo esta Sala visos de arbitrariedad en las mismas, encontrándose debidamente motivadas y coherentes en relación a la decisión adoptada, por todo ello no son de recibo los argumentos expuestos por las recurrentes en cuanto a la vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 60 constitucional. CONSIDERANDO (28): Que, como corolario de los hechos y fundamentos de derechos expuestos, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar los recursos de amparo que ahora se conocen. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 60, 80, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8, 24 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2, 3, 4, 8, 13, 14, 294, 296, 297 y 202 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando los recursos de amparo interpuesto por los Abogados: 1.- YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 917-2020); 2.- MARIO JOSE CARDENAS RUIZ a favor de la señora NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS (Reg. No. 1058-2020); 3.- YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 1088-2020); 4.- SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 1089-2020); 5) SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, (Reg. No. 1090-2020); todos contra las resoluciones de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), dictas por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que resuelve los recursos de apelación promovidos contras las resoluciones dictadas en Audiencia Inicial celebradas en fechas veintiocho de julio del año dos mil dieciocho; siete de agosto del año dos mil dieciocho; diez de enero del año dos mil diecinueve y veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTÍFIQUESE. Sello y firmas REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. RINA AUXILIADORA ALVARADO ROMERO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., once de febrero del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLLO GARCÍA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, consecuencia de ello revoca el auto de formal procesamiento dictado en contra de los encausados, en la causa instruida contra los señores Jacobo José Regalado Weizenblut, Norma Keffy Montes Chandías, Velkis Rosibel Hernández, Fernando José Suarez Ramirez, Jaime Antonio Suarez, Laura Aidee Arita Palma, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Lenin Rigoberto Rodas Velásquez, Félix Francisco Pacheco Reyes, Eduardo Enrique Lanza Raudales, José Adolfo Sierra Morales, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vasquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Diaz, Ramon Antonio Lara Bueso, Redin Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean François Marie de Peyrecave, Alba Luz Ramirez Hernández, Mario Rolando Suazo Morazán, Mario Edgardo Suazo Matute, Dalia Esmeralda Palma Sánchez, Jossue Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Ernesto Galeas Martínez, Luis Fernando Urrutia Ramirez, Claudia Yamila Noriega González, Elvin Santos Lozano, conocido también como Elvin Ernesto Santos Lozano. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Amparo de mérito, al indicar que no comparte el argumento esgrimido en el considerando 23 de la resolución impugnada, asimismo se encuentra en desacuerdo con la motivación contenida en el considerando 24 de la resolución impugnada, en cuanto considera que el Ministerio Público obvio referirse en cuanto al porqué estima que las resoluciones recurridas vulneran los principios de valoración de la prueba, como ser las reglas de la sana crítica. Criterio que no es compartido por esa representación fiscal, en virtud que en las vastas exposiciones plasmadas en las acciones constitucionales se explica con claridad y precisión, las razones formales y probatorias con los cuales se acreditó la relación directa de los procesados con los fondos objeto del delito, por cuya obtención ilícita resultaron procesados formalmente, así como la utilización de dichos fondos provenientes de la corrupción pública y con ello se acreditó la exigencia de elementos mínimos determinados por la Constitución (art. 92) y la norma procesal penal (art. 294), para valorarla prueba aportada luego de una valoración conjunta y armónica de la misma, de conformidad con lo señalado en el artículo 202 del mismo cuerpo legal. Continua exponiendo la recurrente que la resolución de alzada violenta las normas del debido proceso y el derecho a la igualdad contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, los que fueron ampliamente desarrollados en los escritos de interposición y formalización de las acciones de amparo de mérito y no como lo plasma la Sala en la sentencia recurrida, en tanto se explica de una simple lectura a los hechos no controvertidos resulta evidente que efectivamente el Tribunal de Alzada apreció la existencia de evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de participación en relación al grupo de los imputados que actuaron desde el Estado, a quienes confirma en todas sus partes el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo, por lo que la admisión de su ilícita procedencia por el Tribunal como un hecho probado constituye la base del indicio racional que, tanto el Grupo de los que actuaron desde el ámbito político electoral, como los del Grupo de los que actuaron desde sus empresas o sociedades tuvieron contacto directo con el dinero malversado, lucrándose del efecto del delito, no obstante, tuvieron un trato jurídicamente diferente a los que actuaron dentro de la función estatal estando en una misma situación, lo cual resulta manifiestamente impertinente y contrario a lo establecido por los artículos 92 de la Constitución y 294 del CPP. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[30]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[31] CONSIDERANDO (5): Que es jurisprudencia de la Sala de lo constitucional que la garantía genérica del debido proceso conforme la disposición constitucional contenida en el precepto 92, en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente arguye que se explica con claridad y precisión, las razones formales y probatorias con los cuales se acreditó la relación directa de los procesados con los fondos objeto del delito, así como la utilización de dichos fondos provenientes de la corrupción pública y con ello se acreditó la exigencia de elementos mínimos determinados por la Constitución (art. 92) y la norma procesal penal (art. 294); ante tal argumento esta Sala de lo Constitucional reitera, que no le corresponde dentro del ámbito de la garantía de amparo, juzgar la valoración probatoria practicada por los órganos jurisdiccionales de instancia; como tampoco le compete pronunciarse sobre la correcta aplicación de la ley, en relación con el caso concreto; en particular, definir la concurrencia de presupuestos legitimadores del auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o definitivo. Todo lo anteriormente descrito corresponde al ámbito decisional de instancia y la garantía constitucional de amparo no lo es. Este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 18 en adelante porque no se advierte vulneración de derechos fundamentales con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Natural Designada. Es necesario asimismo reiterar que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, la Sala de lo Constitucional no es un órgano de instancia que tenga entre sus facultades el valorar prueba que haya sido evacuada en Audiencia Inicial a efecto de determinar si procede o no dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo. Las recurrentes en las acciones de Amparo promovidas centraron sus argumentos en exponer que se vulnera los derechos al debido proceso e igualdad en atención a que la autoridad recurrida suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz, que al propio cuño del Ad-quem adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral para dar visos de legalidad a su arbitrariedad, asimismo sostienen que se valoró la prueba de forma arbitraria y parcial, no obstante a ello las recurrentes no exponen la forma en como ello sucedió, se olvidan de argumentar en forma que, como sostiene el profesor Alejandro Nava Tovar citando a Carlos Pereda “Argumentar consiste en ofrecer una serie de enunciados para apoyar a otro enunciado que plantea ciertas complejidades, conflictos, o en general, problemas en torno a nuestras creencias teóricas o prácticas: argumentando procuramos resolver muchas dificultades que tienen que ver con nuestras creencias, incluyendo varias decisivas (aunque no todas las dificultades y no todas las decisivas). Para llevar a cabo esta labor, una persona que argumenta no expresa simplemente lo que piensa, expresa lo que piensa y lo respalda”[32]. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional promovida. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4.7.8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. RINA AUXILIADORA ALVARADO ROMERO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de febrero del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, consecuencia de ello revoca el auto de formal procesamiento dictado en contra del encausado Sixto Pineda Hernández, por los delitos de Fraude y Exacciones Ilegales, en perjuicio de la Administración Pública. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Amparo de mérito, al indicar que no comparte lo señalado en la resolución emitida por este Alto Tribunal, específicamente lo plasmado en los considerandos 23, 24, 25 y 26, en atención a que mediante un proceso viciado de exegesis judicial, se suplantó el mandato constitucional y la regularidad normativa determinada por el Código Procesal Penal, para desarrollar el principio de actividad probatoria mínima requerido para dictar un auto de formal procesamiento, se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz, que al propio cuño del Ad-quem, adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, para dar visos de legalidad a su arbitrariedad, reconociendo y legitimando la autoridad recurrida, a la inseguridad jurídica como un efecto programado por las defensas, para garantizar la impunidad de la corrupción. Sostiene la recurrente que resulta sumamente importante aclarar, que, los términos, los esquemas, los planteamientos y los procedimientos en este juicio han sido manipulados veladamente para garantizar un exceso en la función valorativa tanto de la Juez en la etapa preparatoria, como de la autoridad recurrida, quien modifico las designaciones del articulo 338 del CPP, para utilizar la técnica valorativa de las sentencias definitivas en un fallo que impugna una resolución de la etapa preparatoria. Asimismo señalar que en su afán de dar visos de legalidad y buen derecho a su resolución, el Ad-quem, dedicó buena parte de su resolución a citar fallos de la Sala de lo Constitucional, pretendiendo de una manera llana, hacernos suponer que con esto, se estaba enmarcando su resolución, tanto en los principios fundamentales, como en la legalidad y la jurisprudencia; cuando por el contrario, lo único que se pretendía, era cubrir con el velo de la legalidad un acto bochornosos que pretende ocultar la connivencia de la autoridad judicial y su sometimiento a las ansias de impunidad de un grupo de corruptos que pretende operar impunemente en nuestro país. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[33]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[34] CONSIDERANDO (5): Que es jurisprudencia de la Sala de lo constitucional que la garantía genérica del debido proceso conforme la disposición constitucional contenida en el precepto 92, en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente es reiterativa en sus apreciaciones subjetivas en relación al reproche que le causa la decisión adoptada en las resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones Natural Designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 18 en adelante porque no se advierte vulneración de derechos fundamentales con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Natural Designada. Las recurrentes en las acciones de Amparo promovidas centraron sus argumentos en exponer que se vulnera los derechos al debido proceso e igualdad en atención a que la autoridad recurrida suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz, que al propio cuño del Ad-quem adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral para dar visos de legalidad a su arbitrariedad, asimismo sostienen que se valoró la prueba de forma arbitraria y parcial, no obstante a ello las recurrentes no exponen la forma en como ello sucedió, se olvidan de argumentar en forma que, como sostiene el profesor Alejandro Nava Tovar citando a Carlos Pereda “Argumentar consiste en ofrecer una serie de enunciados para apoyar a otro enunciado que plantea ciertas complejidades, conflictos, o en general, problemas en torno a nuestras creencias teóricas o prácticas: argumentando procuramos resolver muchas dificultades que tienen que ver con nuestras creencias, incluyendo varias decisivas (aunque no todas las dificultades y no todas las decisivas). Para llevar a cabo esta labor, una persona que argumenta no expresa simplemente lo que piensa, expresa lo que piensa y lo respalda”[35]. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional promovida. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4.7.8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. RINA AUXILIADORA ALVARADO ROMERO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y las resoluciones de fecha once y catorce de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en los Recursos de Amparo Penal registrados en este Tribunal con los números SCO-0917, 1058, 1088, 1089 y 1090-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[4] En adelante CPC.

[5] Según la cual, se entiende como tal la: “… acción o señal que da a conocer lo oculto. / Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. / Sospecha que algo conocido permite sobre aquello otro hasta entonces dudoso o desconocido. / Rastro, vestigio. / Huella. … Base. Los indicios se basan sobre hechos o circunstancias que se suponen probados y tratan mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer la relación con el hecho investigado, la incógnita del problema. La inferencia le da a esta prueba el carácter de indirecto, pero al basarse en el estudio de los hechos le concede la enorme fuerza de las objetivas… A los indicios materiales han de sumarse los morales, la capacidad o probabilidad de que una persona haya cometido el hecho investigado…”

[6] Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020).

[7] Cuellar Cruz, Fernández Entralgo, y Gómez Colomer. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico), Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. pág. 614 y ss. En el proceso penal únicamente gozan de la cosa juzgada material estos dos tipos de resoluciones: 1. Las sentencias, siempre de fondo en este proceso, tanto las absolutorias como las condenatorias; y, 2. Los autos de sobreseimiento definitivo, dictados con ocasión de la audiencia inicial (Art. 294, III-2), CPPHond), o preliminar (Art. 302 párrafo último), al amparo de cualquiera de los números del Art. 296 CPPHond.

[8] “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”.

[9] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[10] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[11] En la teoría de la impugnación tiene particular relevancia el llamado principio de limitación, en el cual, además, se encuentran inmersas las instituciones relativas a los principios del “tantum devolutum quantum apellatum” y el de la “reformatio in peius”. Dicho principio de limitación es intrínseco a la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada en tanto responde a la necesidad de que dicho órgano no pueda ir más allá de los temas propuestos por el impugnante, en razón de lo cual, tiene una limitación formal que implica avocarse a resolver solo las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trate de temas vinculados a la indefensión o que atenten contra el derecho al debido proceso.

Ello a su vez, es la razón del principio del “tantum devolutum quantum apellatum”, principio que, de acuerdo a lo expresado por el autor Hugo Alsina, es el que determina los poderes del tribunal de apelación limitados por la extensión del recurso, esto es, que el tribunal de alzada no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. El órgano revisor al cual se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad viene determinada por los argumentos de los partes contenidos en la apelación. De allí, que no pueda ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, salvo, claro está, que se constate que exista un vicio de orden público que afecte las garantías de las partes, en cuyo caso decretará de oficio la nulidad absoluta.

Conforme a este principio, el juez de la apelación encuentra una limitante en el pronunciamiento sobre el contenido de la apelación. Sólo lo cuestionado por el apelante respecto al acto procesal impugnado es lo que se encuentra sometido al conocimiento del tribunal superior, limitante que guarda estrecha vinculación con el principio de congruencia, pues el órgano jurisdiccional de grado no puede ir más allá de los límites de la impugnación, ni dejar de pronunciarse sobre los agravios propuestos por el impugnante, si lo hace la decisión judicial resulta incongruente.

Por su parte, el tratadista Eduardo Couture, al referirse a este principio intrínseco a la impugnación, señala que conducen hacía esa prohibición los principios del: a) “nemo iudex sine actore” (no hay juicio sin actor), expresión clásica del proceso dispositivo; b) del “ne procedeat iudex ex officio” (no procede el juez de oficio), que prohíbe, en línea general, la iniciativa del juez fuera de los casos señalados en la ley; y, c) el principio del agravio que conduce a la conclusión de que “el agravio es la medida de la apelación”, y por ello es que tiene un enlace directo con el principio dispositivo en cuanto a que solo las partes son las que proponen los agravios, y con el principio de congruencia, en tanto lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ellos. Por su parte, el principio de la prohibición de “reformatio in peius” o reforma en perjuicio, consiste en la prohibición que tiene el juez superior de empeorar la situación del apelante en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte, es decir, el poder de decisión del juez debe ceñirse al fuero de conocimiento atribuido en virtud de la apelación interpuesta, por ello sus facultades de revisión quedan circunscritas al análisis del gravamen denunciado. Extraído del sitio web https://accesoalajusticia.org, publicación de fecha abril3, 2018. Jurisprudencia Penal.

[12] Ver artículos 1 y 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional.

[13] Sentencia de fecha 22 de noviembre del año 2016. Garantía de amparo promovida por el Ministerio Público a favor del Estado de Honduras.

[14] Ver considerando número 5 de la sentencia en comento, en el acápite intitulado “Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe la vulneración denunciada por el amparista”. Sobre el mismo thema decidendi las resoluciones impugnadas invocan también el fallo constitucional con registro de expediente SCO-0278-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019.

[15] “Suplantación. Conducta que consiste en adulterar el contenido de un documento o falsificarlo, variando su sentido, y de presentarlo como real y verdadero. // 2. Conducta consistente en ocupar el lugar de otro por medios ilícitos o fraudulentos, o haciéndose pasar por la persona verdadera.” Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Durán Urrea… [et al.]; equipo colaborador Wilman Amaya León … [et al.]. —Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. 2v.

[16] “Arbitrariamente. Al arbitrio, es decir, de manera libre, según la voluntad y la razón. // 2. Con arbitrariedad o de forma caprichosa, injusta y abusiva, contra la ley. // 3. Este adverbio posee dos acepciones muy distintas. Por una parte, expresa al arbitrio (libremente según la voluntad y razón), sobre todo a falta de regla norma o leyes; como el juez cuando juzga según su sentido de la equidad y la justicia, por no existir preceptos legales aplicables a un asunto. // 4. En otro aspecto arbitrariamente expresa con arbitrariedad (abusivamente, de modo caprichoso o injusto). Aquí se procede contra la ley; allí, sin ley. En el primer caso hay una necesidad y se busca el acierto; en el otro, impera la iniciativa particular y se pretende servir el propio interés o conseguir una satisfacción. Se hace justicia juzgando al arbitrio; se comete injusticia fallando con arbitrariedad.” Ídem.

[17] “Falaz. Que miente o engaña”. “Falacia. Argumento o razonamiento falso que es alegado y utilizado para sustentar una afirmación que no es cierta. // 2. En sentido general, falsedad o mentira”. Ídem.

[18] En cuanto a que la autoridad recurrida fue más allá de las facultades otorgadas en la etapa preparatoria del proceso, específicamente en la celebración de la audiencia inicial, las recurrentes señalan que se dictó una resolución que desarrolla una valoración objetiva que determinó (aunque no lo expresa literalmente) la inexistencia de dolo, afirmando que no se determinó objetivamente la responsabilidad de los imputados.

[19] “Parcial. Que se refiere a una parte o porción de un todo o unidad. // 2. Incompleto, que presenta un faltante. // 3. Que obra o juzga de modo sesgado o inclinado a favor de determinada postura. // 4. Que esta de lado de cierta parte, partido o postura. // 5. Examen o evaluación que se presenta en un curso académico. // 6. En materia comercial cantidad que está dentro de una cuenta y que hace parte del total de la misma, dicha cantidad es a su vez producto de otras previamente adicionadas y restadas dentro de la misma contabilidad”. Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Durán Urrea… [et al.]; equipo colaborador Wilman Amaya León … [et al.]. —Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. 2v.

[20] En lo conducente, dicen las recurrentes el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

[21] Ver folio número 210 de la resolución del Ad-quem.

[22] Alejandro Nava Tovar. Argumentación Jurídica. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de México, primera edición, 2020; pág. 8.

[23] Santiago Mir Puig. Catedrático de Derecho Penal. Derecho Penal Parte General. 9ª edición, a cargo de Víctor Gómez Martín, Profesor Titular de Derecho Penal. Editorial REPPERTOR, Barcelona 2011. Pág. 137.

[24] Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 12, par. 185.

[25] Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, 17 de septiembre de 2003. Opinión Consultiva OC-18/03 párr. 101.

[26] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general N° 16, La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (articulo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005, párr. 9.

[27] Ibid.

[28] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-4/84, par. 56; Condición Jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, par. 46; y Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 89.

[29] Discriminación. Trato desigual e injustificado, que es conferido a un individuo o colectivo en razón de cierta característica, buscando excluirlo o distinguirlo de otros, o generando restricciones en torno suyo. Dirigida a seres humanos, se considera contraria a las disposiciones de Derecho internacional sobre Derechos Humanos; y es sancionada en las legislaciones nacionales mediante figuras que imponen castigos a quienes incurren en discriminación. Para la normatividad de Derechos Humanos, es especialmente relevante y de particular gravedad la discriminación a un individuo que le impida ejercer o gozar de las facultades que le son inherentes por su condición de persona. Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Durán Urrea… [et al.]; equipo colaborador Wilman Amaya León … [et al.]. —Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. 2v.

[30] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[31] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[32] Alejandro Nava Tovar. Argumentación Jurídica. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de México, primera edición, 2020; pág. 8.

[33] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[34] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[35] Alejandro Nava Tovar. Argumentación Jurídica. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ciudad de México, primera edición, 2020; pág. 8.