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Sentencia AP-905-20 — Registro 13963

Resumen

Revocatoria de sobreseimiento provisional y orden de formal procesamiento en relación a la causa instruida contra imputada por el delitos de trata de persona en su modalidad de adopción irregular

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11) Que el artículo 92 Constitucional establece: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. Del estudio de la foliada se aprecia que sigue un proceso contra la acusada por un delito de Trata de Personas en su modalidad de Adopción irregular, como queda expuesto en considerandos anteriores, la ley prevé una serie de verbos rectores, dentro de los que se enmarcan las acciones criminales que en se configura dicho delito, de igual manera, la misma ley define lo que es una Adopción Irregular, siguiendo ese orden de ideas para dictar un auto de formal procesamiento deben concurrir los elementos de la tipificación legal del delito de Trata de Personas en su modalidad de Adopción Irregular, sin embargo de los antecedentes no se aprecian la concurrencia de tales elementos. De la resolución impugnada no se aprecia el análisis de los elementos que conforman el delito por el que se acusa, no se aprecian los elementos objetivos y subjetivos para la existencia del ilícito, en consecuencia la apreciación del Ad Quem resulta errónea, por lo que la resolución dictada por el A quo es conforme a derecho, cuando ha realizado un análisis exhaustivo del acervo probatorio sometido al contradictorio durante la audiencia inicial, por lo que la decisión del A quo en cuanto a dictar un Sobreseimiento Provisional a favor de las acusadas, es conforme a derecho, lo que permite al Ministerio Público continuar con la investigación que le permita respaldar el requerimiento fiscal.-CONSIDERANDO: (12) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.-CONSIDERANDO: (13) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[3]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.-CONSIDERANDO: (14) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.-VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por los Abogados JEIMI SARAHI PAZ MARAMOROS y CARLOS EDUARDO RIVERA GONZALES, ambos a favor de la señora WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO, y por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de la señora EVELIN JASMINA RAMOS RUIZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis de octubre (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que Revoco el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra la señora WENDY WALESKA TOVAR GALLADOR, EVELIN JASMINA RAMOS RUIZ, por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONA EN LA MODALIDAD DE ADOPCION IRREGULAR AGRAVADA, en perjuicio de P. M. H. P..- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90, 92, 95, 182 y 316 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1)Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL el Abogado MARCIO ALEJANDRO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Público, solicitando Requerimiento Fiscal contra las señoras BRENDA YANETH PAZ MELENDEZ, EVELIN JAMINA RAMOS RUIZ, FANNY JESSICA LOPEZ MORALES GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, WENDY WALSKA TOVAR GALLADO, por suponerlas responsables del delito de TRATAS DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE ADOPCIÓN IRREGULAR, en perjuicio de P. M. H. P..- (Folio 321 al 37 de la pieza del Juzgado).-2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia Inicial que dio inició en fecha treinta (30) de mayo habiendo concluido en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019) en la causa instruida contra la señora BRENDA YANETH PAZ MELENDEZ, EVELIN YASMINA RAMOS RIUZ y WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO el Juzgado resolvió: “Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de las ciudadanas BRENDA YANETH PAZ MELENDEZ, EVELIN YASMINA RAMOS RUIZ y WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO, por suponerlas responsables del delito de TRATAS DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE ADOPCION IRREGULAR, en perjuicio de P. M. H. P., se ordena se extienda carta de libertad provisional…” (Folio 105 al 136 de la pieza del Juzgado).-3)Que en Audiencia Inicial de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019) en la causa instruida contra la señora FANNY JESSICA LOPEZ y GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, resolvió: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los ciudadanos FANNY JESSICA LOPEZ MORALES y GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE ADOPCION IRREGULAR, en perjuicio de P. M. H. P., y se ordena se extienda carta de libertad definitiva…” (Folio 375 al 383 de la pieza del Juzgado).-4) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, conociendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra el Sobreseimiento Definitivo de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019) RESOLVIÓ: “1) DECLARANDO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto POR EL Ministerio Público.- 2) REVOCAR los Sobreseimientos definitivos que se dicte Auto de Formal Procesamiento.-” (Folios 91 al 93 de la pieza Antecedente).-5) Que la recurrente abogada JEIMI SARAHI PAZ MATAMOROS, compareció ante este Tribunal en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de la señora WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 90, 92 y 95 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 11 de la pieza de Amparo).-6)Que el recurrente abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de la señora EVELIN JASMIN RAMOS RUIZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 80, 82,89 Y 90 de la Constitución de la República. (Folios 48 al 58 de la pieza de Amparo).-7) Que el recurrente abogado CARLOS EDUARDO RIVERA GONZALEZ, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de la señora WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 90, 92, 95, 182 y 316 de la Constitución de la República. Folios 29 al 35 de la pieza de Amparo).-8) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recurso de mérito presentados por los Abogados JEIMI SARAHI PAZ MATAMOROS y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 108 de la pieza de Amparo).-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL del departamento de Francisco Morazán, que REVOCÓ el sobreseimiento provisional dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia inicial celebrada en los días 30 y 31 de mayo, con relación a la causa instruida contra la señora WALESKA TOVAR GALLARDO Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE ADOPCIÓN IREGULAR AGRAVADA, en perjuicio de P. M. H. P..-CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la Formalización de acción de amparo exponen: 1.- La Abogada JEIMI SARAHI PAZ MATAMOROS, y por el Abogado CARLOS EDUARDO RIVERA GONZALEZ, en su condición de Defensores de señora WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO, manifiestan en la resolución recurrida que la imputada es “una profesional de la Odontología quien en fecha 1. De enero del 2018, perdió a sus dos hijos, ante esta situación profesionales de la psiquiatría y psicología le recomendaron que adoptara un niño. En el caso de autos la acusada buscó una persona que quisiera ceder en adopción su hijo, siendo la señora BRENDA YANETH PEREZ MELÉNDEZ, madre de la niña P. M. H. P., accedió en darla en adopción a la niña, (por otra parte la señora BRENDA YANETH PEREZ MELÉNDEZ, ya tenía un hijo y dos hijas más que estaba criando su madre); Sin embargo la niña P. M. H. P., nació con una enfermedad cardíaca que obliga a un tratamiento caro y especializado que su madre no estaba en disposición de facilitarle. Se señala que nunca hubo contacto entre la madre de la niña y la ahora acusada señora WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO.”-CONSIDERANDO: (5) Que los recurrentes exponen en el escrito de acción de amparo que su representada aceptó la menor con la grave dolencia cardíaca (deseando llenar el vacío de la pérdida de sus dos hijos), a quien de inmediato le dio un ambiente adecuado, asistencia médica especializada, y los cuidados que su madre natural no estaba en disposición de brindarle. Manifiesta que todo ello consta en los antecedentes del proceso, con la documentación que se acompañan y que prueban que la niña no estaba siendo utilizada para ninguno de los propósitos abyectos, que establece el tipo penal de Trata de Personas, señalando que su representada ha realizado un acto de caridad cristiana y el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, lo que genera en la destrucción del futuro de la niña que era esperanzador en manos de la Doctora Wendy Waleska Tovar Gallardo. Además expone que los vaciados electrónicos ilegalmente obtenidos por el Ministerio Público, refleja que en todo momento que la Doctora Tovar pretendió hacer un trámite legal por vía de adopción, lo que excluye cualquier posibilidad de dolo, pero las condiciones de salud de la menor obligaban a darle cuidados urgentes, dada su enfermedad cardiaca y ofrecerle una atención a la que solo podía acceder teniéndola en casa, con lo que, es claro que jamás se pretendió explotar a la menor para someterla a esclavitud o explotación sexual, matrimonio o embarazo forzado, extracción de órganos o tejidos corporales, experimentación para aplicación de medicamentos, todo lo que se hizo fue brindarle los mayores cuidados, sin que existiese para la teoría del caso ninguna acción dolosa”.-CONSDERANDO: (6) Que los recurrentes manifiestan que la resolución recurrida, vulnera los siguientes derechos constitucionales: 1.- El Principio de Legalidad contenido en el artículo 95, como exigencia de seguridad jurídica y garantía política, de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte de los jueces a penas no establecidas en la ley, invocando el postulado nullum crimen, nulla poena, sine lege. Señala que el artículo 632 del Código Penal en su numeral 7 deroga el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas aprobado por decreto 59-2012 del 25 de abril del 2012 y estando en vigencia desde el 25 de junio del año 2020, se aplica retroactivamente, lo que determina que la Trata de Personas mediante adopción irregular dejó de existir como tipo penal y en consecuencia su adjudicación a mi representada resulta violatoria a la garantía establecida en el artículo 95 constitucional por lo que procede la aplicación de la retroactividad de la ley en su favor, contemplado en el artículo 96 del mismo cuerpo legal. 2.-Violación de la Garantía Constitucional del Debido Proceso contenido en el artículo 90 y el artículo 92 de la motivación de la sentencia y el artículo 25 numeral primero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y Tribunales competentes, contra actos que violenten sus derechos fundamentales.”.-CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, interpuso acción de amparo a favor de la señora EVELIN JASMINA RAMOS RUIZ, a quien se le sigue proceso por considerarla partícipe en la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON LA MODALIDAD DE ADOPCIÓN IRREGULAR, en perjuicio de P. M. H. P.. El recurrente considera que se han quebrantado “el Debido Proceso y el Principio de Legalidad contenidos en el artículo 90 constitucional, además considera que se han quebrantado los artículos 89, 90 Y 94Cconstitucionales que determina el Principio Derecho Presunción de Inocencia, Juicio Previo y Derecho de Defensa. cuando en la resolución deja establecido que con las pruebas evacuadas en la audiencia inicial se establecen los indicios de participación en las acciones ilícitas. A título de autores directos, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal, que establece como requisito sine qua non para decretar un auto de formal procesamiento la plena prueba considerándose como tal la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal del delito, que necesariamente establece que para incurrir en la comisión de dicho delito la persona debe haber llevado a cabo un registro con apariencia de legalidad ante autoridad competente (Registro Nacional de las Personas) e inscribir a la menor P. M. H. P., como hija de otra persona distinta a su madre, según el artículo 52 de La Ley Contra la Trata de Personas, resulta imprescindible establecer cuál de los verbos rectores del tipo penal descrito en el artículo referido a ejecutado su representada, la respuesta es que ninguna de estas acciones fue ejecutada por ella, la Corte de Apelaciones dice que ella es autora, pero no explica cuál fue la acción que cometió según el tipo penal de Trata de Personas, por ende esas acciones no pueden considerarse como delictivas ya que para ello se requiere como requisito sine qua non una adopción irregular, pues resulta ilógico que se le atribuya a una persona este tipo penal, sin que concurra el principal requisito que exige su tipología. Considera el recurrente que todo ello además violenta el Principio de Legalidad procesal, que requiere la concurrencia de los elementos del tipo penal.” .-CONSIDERANDO: (8) Que la Ley de Trata de Personas en su artículo 6, numeral 11, de la Definiciones establece como ADOPCIÓN IRREGULAR: “Se produce cuando la adopción es equiparable a una venta es decir el caso en que los niños, niñas o adolescentes hayan sido sustraídos, secuestrados o entregados en adopción con o sin el consentimiento de sus padres, tutores o familiares”. Por su parte el artículo 52 de la citada ley, dispone: “Incurre en el delito de Trata de Personas quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad, y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de 18 años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con reclusión de 10 a 15 años.-CONSIDERANDO: (9) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2].-CONSIDERANDO; (10) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente.-CONSIDERANDO: (11) Que el artículo 92 Constitucional establece: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. Del estudio de la foliada se aprecia que sigue un proceso contra la acusada por un delito de Trata de Personas en su modalidad de Adopción irregular, como queda expuesto en considerandos anteriores, la ley prevé una serie de verbos rectores, dentro de los que se enmarcan las acciones criminales que en se configura dicho delito, de igual manera, la misma ley define lo que es una Adopción Irregular, siguiendo ese orden de ideas para dictar un auto de formal procesamiento deben concurrir los elementos de la tipificación legal del delito de Trata de Personas en su modalidad de Adopción Irregular, sin embargo de los antecedentes no se aprecian la concurrencia de tales elementos. De la resolución impugnada no se aprecia el análisis de los elementos que conforman el delito por el que se acusa, no se aprecian los elementos objetivos y subjetivos para la existencia del ilícito, en consecuencia la apreciación del Ad Quem resulta errónea, por lo que la resolución dictada por el A quo es conforme a derecho, cuando ha realizado un análisis exhaustivo del acervo probatorio sometido al contradictorio durante la audiencia inicial, por lo que la decisión del A quo en cuanto a dictar un Sobreseimiento Provisional a favor de las acusadas, es conforme a derecho, lo que permite al Ministerio Público continuar con la investigación que le permita respaldar el requerimiento fiscal.-CONSIDERANDO: (12) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.-CONSIDERANDO: (13) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[3]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.-CONSIDERANDO: (14) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de AMPARO del que se ha hecho mérito a favor de las señoras: WENDY WALESKA TOVAR GALLARDO Y EVELIN JASMINA RAMOS RUIZ, Interpuesto por sus representantes, contra la resolución dictada en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve, por la CORTE DE APELACIONES PENAL del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 905,1106 y 1044-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[3] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod