Sentencia AP-88-19 — Registro 13310
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto contra sobreseimiento definitivo en relación a la causa instruida contra imputada, por suponerla responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Torturas,en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y otra ciudadana
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el derecho de petición y debido proceso establecidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, pero únicamente se limitó a enunciar los artículos de los Derechos Constitucionales que se consideran violados o amenazados, (folio 2 pieza del recurso) no así a desarrollar cada uno, estableciendo porque la resolución emitida por el Ad-Quem es violatoria de estos derechos y así poder determinar si existe o no vulneración de los principios aludidos.- En cuanto a la resolución recurrida en amparo, la impetrante únicamente señala (sic) “Causa Agravios al Estado de Honduras la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, puesto que todas las pruebas aportas por parte de la Agente Fiscal en audiencia inicial fueron suficientes y fehacientes para llevar a la convicción de haberse cometido los ilícitos que se les atribuyen a la encausada, Recurso de Apelación que fue declarado SIN LUGAR en la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; …”. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (10): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a dar respuesta al Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo hace alusión a los artículo 80 y 90 de la Constitución de la República, como los derechos que se consideran vulnerados, pero no se observa que haya establecido porque la resolución de dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por ella enunciados.- En el caso sub judice, se ha constado que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la causa instruida contra la señora BRENDA GERALDINA SÁNCHEZ PÉREZ, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y la señora MARLEN MABEL GUTIERREZ, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada MARIA JOSE JUAREZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público presentado Requerimiento Fiscal contra la señora BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y TORTURAS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y la señora MARLEN MABEL GUTIERREZ, respectivamente. 2) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia Inicial los días diecinueve de abril del año dos mil dieciocho y en resolución de fecha ocho de mayo del mismo año DISPONE: (SIC) “PRIMERO: Declarar sin lugar el auto de formal procesamiento solicitado por el Ministerio Público y en su defecto dictase un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la imputada BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ, el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- SEGUNDO: DECRETAR UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la imputada BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ por el delito TORTURAS en perjuicio de MARLENE MABEL GUTIERREZ.- TERCERO: ORDENA, Revocarle la medida establecida en el artículo 173 numeral 6, y 7 interpuesta en la audiencia de declaración de imputado, Librándose los respectivos oficios a la Dirección de Migración y Extranjería, debiendo avocarse a la secretaría de este Despacho Judicial.- CUARTO: declarar SIN LUGAR el incidente de nulidad presentado por parte de la Defensa.-” (Folios 72 al 81 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA actuando en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, y por el Abogado MARVIN ALEX AGUILERA SANCHEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el numeral precedente, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió resolución en fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, en la cual resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado Penal Unificado de ésta ciudad.- SEGUNDO: REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de la imputada BRENDA GERALDINA SANCHEZ por el delito de TORTURAS en perjuicio de MARLENE MABEL GUTIERREZ. TERCERO: CONFIRMAR el Sobreseimiento Definitivo dictado por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. - CUARTO: Llegados los autos a Juzgado de su procedencia que la Juez de la causa proceda en base a ésta motivación fáctica y jurídica a dictar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de TORTURAS contra BRENDA GERALDINA SANCHEZ en perjuicio de MARLENE MABEL GUTIÉRREZ y asimismo, a la imposición de la medidas cautelares siempre bajo los principios de Idoneidad, Necesidad y Proporcionalidad. -” (Folios del 17 al 25 de la Segunda pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la resolución de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que se deja relacionada en el inciso que precede, es violatoria de los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.5) Que en fecha diez de junio de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la recurrente para que formalizara su acción y ordena continuar con el trámite de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 22 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, compareció en fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinte (20) de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80 y 90. CONSIDERANDO (3): Que el caso en estudio se origina en fecha veintiséis de Mayo del año dos mil diecisiete, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada MARIA JOSE JUAREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ, por suponerla responsable del delito de TORTURAS Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de MARLEN MABEL GUTIERREZ Y LA ADMINISTRACICON PUBLICA. CONSIDERANDO (4): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria HA LUGAR PARCIALMENTE del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República; recurso de apelación que se interpone contra la resolución adoptada por el A-quo en fecha ocho de mayo del año dos mil dieciocho, al decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de la encausada BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ, por los delitos de TORTURA Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la señora MARLEN MABEL GUTIERREZ Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADOO DE HONDURAS. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, RESUELVE: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, conta la resolución de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta ciudad.- SEGUNDO: REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de la imputada BRENDA GERALDINA SANCHEZ por el delito de TORTURAS en perjuicio de MARLENE MABEL GUTIERREZ. TERCERO: CONFIRMAR el Sobreseimiento Definitivo dictado por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD.- CUARTO: Llegados los autos al Juzgado de su procedencia que la Juez de la causa proceda en base a esta motivación fáctica y jurídica a dictar Auto de Formal Procesamiento por el delito de TORTURAS contra BRENDA GERALDINA SANCHEZ, en perjuicio de MARLENE MABEL GUTIERREZ y asimismo, a la imposición de las medidas cautelares siempre bajo los principios de Idoneidad, Necesidad y proporcionalidad.”. CONSIDERANDO (5): Que la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, en el planteamiento de su acción constitucional, hace relación a los antecedentes de la causa, en donde la resolución emitida por el A-Quo no está conforme a derecho, al decretar Sobreseimiento Definitivo por Abuso de Autoridad y Sobreseimiento Provisional por el delito de Torturas a favor de la encausada Brenda Geraldina Sánchez, y no estando conforme con dicho fallo, interpone recurso de apelación, bajo el argumento que la Juez no realizo una debida interpretación de la prueba propuesta en el desarrollo de la audiencia inicial, puesto que ha obviado los indicios racionales que arrojan las pruebas que acreditan ambos delitos. Argumenta la recurrente que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, causa agravios al Estado de Honduras, puesto que todas las pruebas aportadas por parte de la agente fiscal en audiencia inicial, fueron suficientes y fehacientes para llevar a la convicción de haberse cometido los ilícitos que se le atribuyen a la encausada. Sostiene la impetrante que los Derechos que se consideran violados o amenazados, son los establecidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición del recurso de amparo, son el derecho de petición y debido proceso, contenidos en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: “CUARTO: En cuanto al delito de Abuso de Autoridad por el cual el Ministerio Publico a interpuesto un recurso de apelación, ya que se ha dictado un Sobreseimiento Definitivo, y siendo que el Ministerio Publico, ha interpuesto Requerimiento Fiscal en base al artículo 349 numeral 2 del Código Penal, en el presente caso la Corte estima que no se cumplen los requisitos ni los elementos objetivos o subjetivos del tipo penal, al que el Ministerio Publico alude, ya que la imputada no ha dictado ni ejecutado órdenes, sentencias, ni providencias, por otro lado, este abuso de autoridad, es decir, torturar a la ofendida para obtener información o confesión esta subsumido en el delito de Torturas….”. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el derecho de petición y debido proceso establecidos en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República, pero únicamente se limitó a enunciar los artículos de los Derechos Constitucionales que se consideran violados o amenazados, (folio 2 pieza del recurso) no así a desarrollar cada uno, estableciendo porque la resolución emitida por el Ad-Quem es violatoria de estos derechos y así poder determinar si existe o no vulneración de los principios aludidos.- En cuanto a la resolución recurrida en amparo, la impetrante únicamente señala (sic) “Causa Agravios al Estado de Honduras la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, puesto que todas las pruebas aportas por parte de la Agente Fiscal en audiencia inicial fueron suficientes y fehacientes para llevar a la convicción de haberse cometido los ilícitos que se les atribuyen a la encausada, Recurso de Apelación que fue declarado SIN LUGAR en la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula; …”. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (10): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a dar respuesta al Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo hace alusión a los artículo 80 y 90 de la Constitución de la República, como los derechos que se consideran vulnerados, pero no se observa que haya establecido porque la resolución de dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por ella enunciados.- En el caso sub judice, se ha constado que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0088-2019
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.