Sentencia AP-876-20 — Registro 12870
Resumen
Resolución que denegó acción de amparo interpuesta contra denegatoria a petición realizada por impetrante encaminada a que se les permitiese actuar en calidad de terceros de buena fe en la causa instruida en contra de imputada y otros, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Economía y Seguridad del Estado de Honduras y que cualquier reclamo lo hagan a través de un proceso especial de privación de dominio no a través de proceso penal,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."5): Que se denuncia como acto reclamado la decisión emanada en audiencia Ad Hoc celebrada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual se denegó una petición hecha por la sociedad Banco Promerica, S.A., encaminada a que se les permitiese actuar en calidad de terceros de buena fe en la causa instruida en contra de la señora Jessica María Paz Castellanos y otros, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Economía y Seguridad del Estado de Honduras, estimando que la determinación de aseguramiento de bienes decretada por el órgano jurisdiccional afecta el derecho de su representada. El recurrente refirió que la denegatoria de su petición resultó ser violatoria de derechos y garantías constitucionales, como ser inter alia, el derecho de petición, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. A pesar de estos argumentos, el escrito de amparo presentado fue encaminado prácticamente a hacer una extensa—y en ocasiones innecesaria—relación cronológica de los hechos, así como una desaprobación de lo resuelto por el tribunal de sentencias, pero con escasos razonamientos jurídicos que pudieran justificar la acción constitucional de amparo que es objeto de examen. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, el Tribunal de Alzada fue del parecer por que se declarase inadmisible la acción interpuesta, en tanto que fue estimado que las alegaciones del impetrante resultaban propias de instancia o de mera legalidad, no advirtiéndose la existencia de violación a los derechos del recurrente. En su motivación, la Alzada fue categórica en afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional y que el asunto planteado debió ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, como de hecho así fue verificado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. Esta Sala no observa que en el procedimiento que no ocupa se haya actuado de manera arbitraria o ilegitima por parte del órgano jurisdiccional que conoce del asunto principal, pues este no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que se conoce. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos por la autoridad. Esta Sala ha insistido que el conocimiento de estos asuntos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones de estricto derecho, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes involucradas, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que este Alto Tribunal advierte que, efectivamente, las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por cuanto el órgano jurisdiccional denunciado se ha limitado a resolver la cuestión planteada en base a la legislación aplicable al caso conforme la materia, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto, tal y como se evidencia de las actuaciones que constituyen el proceso penal que ha sido examinado en virtud del presente recurso. CONSIDERANDO (12): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero de dos mil veintiuno VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró inadmisible el recurso de amparo promovido por el Abogado David Arturo Duarte, en su condición de apoderado legal de Banco Promerica S.A., contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha siete de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra la señora Jessica María Paz Castellanos y Otros, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita en perjuicio de la Economía y Seguridad del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado David Arturo Duarte, interponiendo recurso de amparo a favor del Banco Promerica S.A., contra la resolución de fecha siete de febrero de dos mil veinte, en la que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, celebrada en una audiencia Ad-Hoc, dispuso que: “…Después de haber deliberado resuelve por unanimidad, no se admite la solicitud hecha por los representantes de Banco Lafise y Banco Promerica, se les atendió por el derecho a petición que ellos tienen en ese sentido se les escuchó, pero la realidad es que ellos no forman parte en este proceso, no han sido citados porque no forman parte del proceso, aquí solo forman parte del proceso las victimas que están representadas a través de la procuraduría y el ente acusador del Estado que es la Fiscalía y los apoderados de los imputados, en ese sentido la Ley de Privación de Dominio establece que si ellos necesitan hacer un reclamo lo pueden hacer a través de un proceso especial de privación de dominio no a través del proceso penal, en ese sentido esto es lo que el Tribunal resuelve hasta la fecha nosotros no juzgamos personas jurídicas…”. En esa misma audiencia, el Abogado David Arturo Duarte, en su condición antes indicada, al no estar conforme con la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar por considerarse que tiene que ser ante un juzgado de privación de dominio y no ante dicho tribunal; argumentos estos que motivaron al recurrente a interponer recurso de amparo por estimar que dicha decisión le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-32/37-40 vuelto del expediente del Ad-quem) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes referida, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, resolvió: “…Rechazar de plano la acción que nos ocupa y en consecuencia DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO o ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el Abogado DAVID ARTURO DUARTE en su condición de Apoderado Legal de BANCO PROMERICA S.A., contra la resolución emitida en fecha 07 de febrero del año 2020 por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la causa instruida contra JESSICA MARÍA PAZ CASTELLANOS y otros, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita en perjuicio de la Economía y Seguridad del Estado de Honduras….”. (Folios 82-83 vuelto del expediente del Ad-quem) 3) Que en fecha dos de octubre de dos mil veinte, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado la decisión emanada en audiencia Ad Hoc celebrada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual se denegó una petición hecha por la sociedad Banco Promerica, S.A., encaminada a que se les permitiese actuar en calidad de terceros de buena fe en la causa instruida en contra de la señora Jessica María Paz Castellanos y otros, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Economía y Seguridad del Estado de Honduras, estimando que la determinación de aseguramiento de bienes decretada por el órgano jurisdiccional afecta el derecho de su representada. El recurrente refirió que la denegatoria de su petición resultó ser violatoria de derechos y garantías constitucionales, como ser inter alia, el derecho de petición, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. A pesar de estos argumentos, el escrito de amparo presentado fue encaminado prácticamente a hacer una extensa—y en ocasiones innecesaria—relación cronológica de los hechos, así como una desaprobación de lo resuelto por el tribunal de sentencias, pero con escasos razonamientos jurídicos que pudieran justificar la acción constitucional de amparo que es objeto de examen. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, el Tribunal de Alzada fue del parecer por que se declarase inadmisible la acción interpuesta, en tanto que fue estimado que las alegaciones del impetrante resultaban propias de instancia o de mera legalidad, no advirtiéndose la existencia de violación a los derechos del recurrente. En su motivación, la Alzada fue categórica en afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional y que el asunto planteado debió ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, como de hecho así fue verificado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. Esta Sala no observa que en el procedimiento que no ocupa se haya actuado de manera arbitraria o ilegitima por parte del órgano jurisdiccional que conoce del asunto principal, pues este no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que se conoce. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos por la autoridad. Esta Sala ha insistido que el conocimiento de estos asuntos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones de estricto derecho, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes involucradas, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que este Alto Tribunal advierte que, efectivamente, las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por cuanto el órgano jurisdiccional denunciado se ha limitado a resolver la cuestión planteada en base a la legislación aplicable al caso conforme la materia, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados de los que se deduce que su motivación no es otra que una simple inconformidad con lo resuelto, tal y como se evidencia de las actuaciones que constituyen el proceso penal que ha sido examinado en virtud del presente recurso. CONSIDERANDO (12): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-876-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL