Sentencia AP-86-21 — Registro 16336
Resumen
Acto recurrido que denegó el recurso de amparo contra la del a-quo; con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad del delito de Injurias constitutivas de Difamación. en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. -En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno.-VISTAS: En consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de amparo interpuesto por el abogado NORMAN TORRES HERRERA, a favor del señor GUILLERMO BUESO ANDURAY, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra el señor MILTON OMAR ÁVILA BENÍTEZ, quien transmite en redes sociales y en la comunicación cibernética en el perfil que se conoce como “EL PERRO AMARILLO”, por suponerlo responsable del delito de INJURIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACIÓN, en perjuicio del señor GUILLERMO BUESO ANDURAY. -Estima el recurrente, que la decisión de la autoridad recurrida es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 59, 68 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado NORMAN TORRES HERRERA, presentando querella contra el señor MILTON OMAR ÁVILA BENÍTEZ, acusándolo de ser responsable del delito de INJURIAS CONSTITUTIVAS DE DIFAMACIÓN, en perjuicio de su representado, el señor GUILLERMO BUESO ANDURAY. (Folios 1–7 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), el mencionado Tribunal de Sentencia Resolvió: (SIC) “PRIMERO: El artículo 406 del Código Procesal Penal ya citado, establece que se declarará sin lugar de plano la querella, cuando notoriamente la acción no es constitutiva de delito, está implícitamente diciendo que no se puede proceder cuando los hechos acusados no han sido debidamente subsumidos en un tipo penal. SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido anteriormente, esta Juzgadora declara de plano la inadmisibilidad de la querella presentada por el Abogado Norman Torres Herrera, en su condición de apoderado legal de GUILLERMO BUESO ANDURAY, contra el señor MILTON OMAR ÁVILA BENÍTEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de INJURIA Y DIFAMACIÓN. TERCERO: Téngase por acreditado y por conferido el poder con que actúa el Abogado NORMAN TORRES HERRERA, en su condición de apoderado legal del querellante, inscrito en el Honorable Colegio de Abogado de Honduras bajo el número 1261, quien atiende sus asuntos profesionales en el Banco Atlántida, sucursal el Trapiche, boulevard Suyapa, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con teléfono celular 33929898 y 22320106.” (Folios 9 y 9v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-3) Que en fecha siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020), el abogado NORMAN TORRES HERRERA, actuando a favor del señor GUILLERMO BUESO ANDURAY, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, un Recurso de Amparo contra la resolución de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia antes citado; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–15 al de la pieza de Corte de apelaciones).-4) Que en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones Falló: (SIC) “DENEGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NORMAN TORRES HERRERA, por las razones que se dejan señaladas.” (Folios 26–28 al de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado la decisión emanada de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa el veintisiete de enero de dos mil veinte, mediante la cual decidió inadmitir de plano la querella anteriormente referida, en atención a lo estipulado por el artículo 409 del Código Procesal Penal por apreciar que la acción denunciada no es constitutiva de delito, considerando que los hechos estipulados en la acción no han sido debidamente subsumidos en un tipo penal.-El recurrente refirió que la denegatoria de su petición resultó ser violatoria de derechos y garantías constitucionales, como ser inter alia, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que decidió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que las alegaciones del impetrante resultaban infundadas, al no advertirse la existencia de las violaciones denunciadas.- En su motivación, la Alzada refirió de manera fundada y ordenada, las razones por las que consideró la improcedencia del recurso, estableciendo que la juzgadora no violentó las garantías constitucionales precitadas, explicando que las expresiones del querellado no resultan ser constitutivas de delito, considerando que estas no pueden ser valoradas aisladamente, o fuera de contexto como se explicó en los razonamientos esgrimidos en el fallo que se examina.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. -Esta Sala no observa que en el procedimiento que nos ocupa se haya actuado de manera arbitraria o ilegitima por parte del órgano jurisdiccional que conoce del asunto principal, pues éste no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación penal, tanto procesal como sustantiva, atinente y correspondiente al asunto que se conoce. -CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (9): Que del análisis de las alegaciones presentadas por el recurrente, se observa que las mismas surgen más de una mera inconformidad con lo resuelto por la juez, pues del escrito de amparo, lejos de explicar la manera en la que se han conculcado los derechos fundamentales invocados, el amparista orientó sus alegaciones a censurar el proceder de la juez, cuestionando su capacidad y experiencia, en lugar de aportar argumentos jurídicos que justifiquen la acción de amparo y que en definitiva demuestren la violación a los derechos y garantías que asisten al supuesto agraviado.-CONSIDERANDO (10): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[1], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo, puesto que éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de conductas denunciadas como delitos, en el cual, dichas estimaciones han sido determinadas por parte del órgano jurisdiccional a quien por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. -Esta Sala ha insistido en que la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas, lo cual no resulta del caso objeto de estudio.- CONSIDERANDO (11): Que en lo referente al delito de injurias es importante decir que esta Sala concuerda con la abundante doctrina que en torno a los delitos contra el honor ha sido establecida en la materia, acotando que el elemento subjetivo del tipo exige que el agente tenga conciencia del carácter injurioso de la acción o expresión y voluntad, y pese a ello, la realiza, siendo esta voluntad entendida como el «animus iniuriandi», para lo que no basta que la expresión sea objetivamente injuriosa y el sujeto lo sepa, sino que se requiere un ánimo especial de injuriar,[2] lo cual no debe confundirse con la acción o voluntad de denunciar, la que, cuando no surge del deber objetivo de informar—atinente a la labor periodística—y es apoyada en hechos falsos, tiene otras connotaciones legales, las que no siempre están relacionadas con el honor de las personas. -CONSIDERANDO (12): Que esta Sala aprecia consecuentemente, que la juez designada no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, observándose que la resolución de mérito contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso, y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala no aprecia cuestionamiento alguno ni a los razonamientos de la autoridad recurrida, ni a los externados en el fallo que se examina por parte del Tribunal de Apelaciones, en tanto que ambos han limitado sus conclusiones a establecer precisamente las exigencias del texto constitucional, resultando así impropia la protección constitucional exigida por medio de la acción de amparo.-Esta Sala no encuentra fundamento para asumir que en este proceso se haya arribado a derivaciones que no estén apoyadas en ley, y tampoco que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (14): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. -En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. -POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0086-2021 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14 y 306-16
[2] Así, Múñoz Conde, “Derecho Penal Parte Especial”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004