Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-859-21 — Registro 14159

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resuelve un recurso de apelación que en relación al delito de detención ilegal .Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que los impetrantes estiman que el Ad-quem para emitir su resolución no desarrolla los fundamentos jurídicos en que basa su conclusión judicial, siendo del criterio también los recurrentes que el Ad-quem omitió realizar un análisis de la prueba y argumentos de descargo restándoles valor llegando a una conclusión que favorece a la tesis acusatoria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito y sobreseer, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JESSY MARÍA FIGUEROA NARVAEZ y SAMUEL ELÍAS AGUILAR SAUCEDA, a favor de HOLVIN RODOLFO PAZ, BYRON FABRICIO ALVARENGA LAZO y DENIS JOSELIN FUNEZ PONCE; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno; en relación a la causa instruida en contra de HOLVIN RODOLFO PAZ, BYRON FABRICIO ALVARENGA LAZO y DENIS JOSELIN FUNEZ PONCE, por suponerlos responsables del delito de DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de JUAN RAMÓN COTO LARA. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que los impetrantes estiman que el Ad-quem para emitir su resolución no desarrolla los fundamentos jurídicos en que basa su conclusión judicial, siendo del criterio también los recurrentes que el Ad-quem omitió realizar un análisis de la prueba y argumentos de descargo restándoles valor llegando a una conclusión que favorece a la tesis acusatoria. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición la recurrente señala que con el acto reclamado se vulneran los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada procedió a reformar el sobreseimiento definitivo a favor de los acusados y dictar un sobreseimiento provisional en virtud de que con de las pruebas presentadas y que no fueron desvirtuadas, se logró acreditar la concurrencia de los elementos del delito que fue imputado, apreciándose también en cuanto a la participación de los acusados en el mismo, la posibilidad de que en el futuro se incorpore nuevo elemento de prueba, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el órgano jurisdiccional denunciado. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito y sobreseer, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JESSY MARÍA FIGUEROA NARVAEZ y SAMUEL ELÍAS AGUILAR SAUCEDA, a favor de HOLVIN RODOLFO PAZ, BYRON FABRICIO ALVARENGA LAZO y DENIS JOSELIN FUNEZ PONCE; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno; toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-859-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL