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Sentencia AP-848-20 — Registro 12715

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo con relación a la solicitud para que se realice prueba de reconocimiento de persona con soporte de álbum fotográfico; diligencia que forma parte de las investigaciones preliminares que se instruyen en el delito de Asesinato. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado, el principio de legalidad, debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 65, 82, 90, 303, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; en relación a la investigación preliminar el artículo 272 indica que la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. Previendo que en la práctica de las diligencias de investigación un medio de prueba se pierda, el legislador estableció la práctica de recepción anticipada de la prueba, disposición que se encuentra contenida en el precepto 277 de la ley adjetiva penal, procedimiento que se encuentra regulado en el Título II, de la Etapa Preparatoria, Capítulo II de la Investigación Preliminar. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece el mecanismo o procedimiento a seguir en el reconocimiento de personas en rueda cuando el imputado no esté presente; la ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba se pueda recibir de forma anticipada, diligencia que está obligado a realizar el órgano jurisdiccional por mandato de ley, como se relaciona en el artículo 277 ut supra; legalidad que no observó el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula al momento de emitir la resolución por la cual niega la reprogramación de la audiencia de reconocimiento de persona mediante soporte de álbum fotográfico, que anteriormente había señalado. CONSIDERANDO 6: Que como bien lo ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA LEMUS, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la realización de diligencias de prueba mediante la recepción anticipada de las mismas, ante el peligro de pérdida o de inutilización, peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el debate, actuación que fue obviada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Wendy Vanessa Lemus, a favor de la Sociedad del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la solicitud para que se realice prueba de reconocimiento de persona con soporte de álbum fotográfico; diligencia que forma parte de las investigaciones preliminares que se instruyen contra Manuel de Jesús Alemán Ortiz y otra persona desconocida, por el delito de Asesinato cometido en perjuicio de Ramón Antonio Martínez Zuniga. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado, el principio de legalidad, debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 65, 82, 90, 303, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de julio del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Alisson Rivera, actuando en su condición de Agente de Tribunales Ministerio Público, presentando solicitud para que se reciba declaración testifical de Testigo Protegido con clave administrativa “SANTA ANA”, con las formalidades del anticipo de prueba, en cámara de Gessell, con la presencia de un facilitador; diligencia que forma parte de las investigaciones preliminares que se instruyen contra alias “RATÓN” a quien se le supone responsable de la comisión del delito de Asesinato, cometido en perjuicio de Ramón Antonio Martínez Zuniga. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Posteriormente en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, compareció nuevamente ante el referido juzgado, la Abogada Alisson Rivera, presentando solicitud de autorización judicial para practicar reconocimiento de persona con soporte de álbum fotográfico; petición que fue declarada con lugar, a través del auto de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciocho, señalando audiencia para reconocimiento de personas con soporte de álbum fotográfico para el día jueves veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho a las diez de la mañana, misma que no se logró realizar ante la falta de notificación a la defensa. (Folios del 46 al 53fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha diecinueve de marzo del año do mil diecinueve, compareció ante el Juzgado en mención, la Abogada Alisson Rivera, presentando manifestación y solicitando reprogramación de la audiencia de reconocimiento de persona mediante soporte de álbum fotográfico. (Folio 58 de la pieza de antecedentes del Ad-quo) 4)En fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, el referido Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en respuesta a la solicitud de reprogramación de la audiencia de reconocimiento de persona, resolvió: (Sic) “Declarar sin lugar la petición de la fiscal actuante, esto, en virtud que según lo establecido en el articulo 273 párrafo segundo del Código Procesal Penal ya que el Órgano Jurisdiccional no tiene competencias en las investigaciones o diligencias que le atañen únicamente al ente acusador. Artículos I, 7,9,12, 272 y 273 del Código procesal Penal…” (Folio 59 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) En fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Wendy Vanessa Lemus, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad del Estado de Honduras, contra la resolución referida en el acápite que antecede, argumentando la recurrente que dicha resolución vulnera en perjuicio de su representada, el principio de legalidad, debido proceso, consecuentemente la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 65, 82, 90, 303, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folios 1 y 2fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “Primero: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA LEMUS, Fiscal del Ministerio Público a favor de la Sociedad del Estado de Honduras contra la resolución de fecha dos (2) de abril del año 2019, dictada por el Juzgado d Letras Penal de esta sección judicial. Segundo: Ordena que la juez penal de esta sección judicial que preside la causa proceda a realizar la prueba de reconocimiento fotográfico solicitada por el M.P. de conformidad al art 253 CPP penúltimo párrafo y del art 64 pfo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Se autoriza de ser posible que todas las actuaciones se realicen por medios electrónicos u otros medios oportunos que puedan ser verificables, para garantizar el aislamiento necesario y disminuir los riesgos de contagios. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en CONSULTA a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 21-27 de la pieza de antecedentes de Amparo) 7) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos) CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido en trámite de consulta obligatoria, conocida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA LEMUS, contra la resolución de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resuelve declarar sin lugar la petición presentada por el Ministerio Publico de reprogramación de audiencia de reconocimiento de persona mediante soporte de álbum fotográfico; en relación a las investigaciones preliminares que se instruyen contra alias “RATON”, a quien se supone responsable de la comisión del delito de Asesinato en perjuicio de Ramón Antonio Martínez Zuniga. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución impetrada ha causado perjuicio a la sociedad en general, esto en virtud de realizar una interpretación errónea de la norma aplicada, sin tomar en consideración lo establecido en los artículos 253[1] y 277[2] del Código Procesal Penal. Que en análisis de los precitados artículos se puede establecer que es competencia del Órgano Jurisdiccional el control de las diligencias preliminares o prejudiciales que impliquen con posterioridad medios de prueba, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos que constituyen un posible delito y más siendo en el caso que nos ocupa uno tan gravoso como es la vulneración al bien protegido como lo es la vida, vulnerando con este accionar el A-quo el derecho al debido proceso. Por ende, la interpretación hecha por la Juez de Letras de lo Penal, implica evidentemente el quebrantamiento al derecho fundamental a ser juzgado con los derechos y garantías que la ley establece según el artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Sostiene la Alzada inter alia, en el considerando ocho de la motivación de su sentencia, que en el caso que antecede de este Amparo, por ser aún desconocida el nombre de la persona que dio muerte al señor Ramón Antonio Martínez Zúñiga, el Ministerio Público solicitó la práctica de dicho reconocimiento fotográfico, por lo que la A-quo al denegar la práctica de dicho reconocimiento mediante álbum fotográfico, violentó su derecho a una tutela judicial efectiva y evitó que se practicara dicho medio de prueba necesario para la defensa de la sociedad que representa el Ministerio Público; pues no observó este procedimiento indicado para cuando el imputado no esté presente, descrito en el referida disposición[3] que define claramente tanto el procedimiento a seguir para la práctica de reconocimiento del imputado cuando está presente y para su reconocimiento cuando no está presente. –El subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; en relación a la investigación preliminar el artículo 272 indica que la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. Previendo que en la práctica de las diligencias de investigación un medio de prueba se pierda, el legislador estableció la práctica de recepción anticipada de la prueba, disposición que se encuentra contenida en el precepto 277 de la ley adjetiva penal, procedimiento que se encuentra regulado en el Título II, de la Etapa Preparatoria, Capítulo II de la Investigación Preliminar. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece el mecanismo o procedimiento a seguir en el reconocimiento de personas en rueda cuando el imputado no esté presente; la ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba se pueda recibir de forma anticipada, diligencia que está obligado a realizar el órgano jurisdiccional por mandato de ley, como se relaciona en el artículo 277 ut supra; legalidad que no observó el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula al momento de emitir la resolución por la cual niega la reprogramación de la audiencia de reconocimiento de persona mediante soporte de álbum fotográfico, que anteriormente había señalado. CONSIDERANDO 6: Que como bien lo ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY VANESSA LEMUS, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la realización de diligencias de prueba mediante la recepción anticipada de las mismas, ante el peligro de pérdida o de inutilización, peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el debate, actuación que fue obviada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina A. Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-848-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] “… Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros…”

[2] “Actos Jurisdiccionales: Pruebas Anticipadas. En caso de peligro de pérdida o de inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba. Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, podrá disponer que se practique anticipadamente cualquier medio de prueba, cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate…”

[3] Artículo 253 del Código Procesal Penal.