Sentencia AP-837-21 — Registro 14157
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución en la querella por el delito de estafa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41, Numeral 9 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor de la sociedad mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veinte, en la querella por el delito de ESTAFA presentada por la sociedad mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA), contra el señor CESAR ALBERTO COELLO GALEAS, en su condición de gerente y representante legal de la sociedad mercantil denominada PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L. CONSIDERANDO: Que ésta Sala de lo Constitucional observa que el recurrente basa el presente recurso de amparo en razón a que mediante el acto reclamado se declaró sin lugar las excepciones de incompetencia por razón de la materia y por falta de acción cuando no haya debido promoverse o no pueda proseguirse que promovió, versando sus agravios ante esta Sala en cuanto a la excepción de falta de acción mencionada, siendo el parecer del impetrante que la Alzada emitió su pronunciamiento sin atender a sus argumentos motivo por el cual señala ha sido dictada sin la motivación suficiente y sustentada en razonamientos rigurosos y formalismo excesivo que riñe con el acceso a los tribunales de justicia, resolución que después de analizada por esta Sala, se advierte ha sido resuelto conforme a los asuntos planteados por el compareciente en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como quebrantada la declaración contenida en el artículo 61 constitucional y los derechos enmarcados en el artículo 80, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de lo expuesto por el quejoso son alegaciones propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometida la causa, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, apreciando esta Sala que la resolución de la Alzada contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley de la excepción interpuesta, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del Proceso Penal. Ahora bien, son medios de defensa, referidos a elementos procesales y no a los elementos constitutivos de delito o de tipo. De tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 del Código Procesal Penal hondureño, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, este artículo contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: a) cuando ésta no haya debido promoverse, y b) cuando no puede proseguirse. En el primer supuesto; es decir, cuando la acción no haya debido promoverse quedan incluidos supuestos como los siguientes: a) Por estar el imputado sometido a otro proceso por el mismo hecho ante otro tribunal (litispendencia), b) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público, en los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento, y en los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado. c) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal. En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que "…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….". Que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción, se refiere más a una cuestión semántica entre los términos tipicidad y acción, cuando se tratan de dos institutos diferentes. En conclusión, el nuevo sistema no establece la falta de tipicidad como una excepción, porque no afecta la acción sino a la existencia o no de la acción punible, del delito mismo; en suma, la falta de aplicación tiende a que se dé cumplimiento a determinado requisito de procedibilidad.CONSIDERANDO: Que para ejercitar la acción penal deben verificarse determinados requisitos, su ausencia o falta de observancia que los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción. Expresado de otra forma, la excepción de falta de acción procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. En buena parte de los casos la satisfacción o subsanación del presupuesto procesal omitido o irregular, no impide que pueda reiniciarse la acción penal válidamente. Las condiciones de procedibilidad son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción. En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso. Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal; entonces procede la excepción por falta de acción cuando se verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, por lo tanto, no se puede desarrollar válidamente el proceso penal. CONSIDERANDO: Que en el caso bajo examen la excepción opuesta se sustenta en cuestiones que deberán ser resueltas en el juicio oral y público por cuanto no son requisitos de exigibilidad. Por otra parte, este alto Tribunal observa como la Alzada en su resolución, sostiene que los parámetros en que se fundamenta la excepción son extremos que deberán ser objeto del debate para determinar si su conducta es delictiva por ser fondo del asunto, motivo por el cual procedió a declarar sin lugar la resolución apelada. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales alegados, toda vez que después de analizada la resolución denunciada esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, siendo que se autorizó a la Corte Suprema de Justicia, que pudiera celebrarse reuniones de sus órganos por medios electrónicos, siendo válidas las decisiones tomadas de esa forma cuando exista un soporte electrónico, y en aplicación de los artículos 1, 129, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1, 78 y 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de abril de 1990. RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor de la sociedad mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno, al advertirse que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo Y MANDA: Que se notifique la presente resolución y firme que sea la misma se archiven los antecedentes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 0837=21.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL