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Sentencia AP-819-21 — Registro 14156

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación con relación a los delitos de tráfico de drogas agravado, tenencia de armas de fuego de uso permitido y prohibido agravado, depósito ilegal de armas de fuego de uso comercial y prohibido agravado, posesión indebida de uniforme y equipo militar y asociación para delinquir, en perjuicio de la salud pública, seguridad interior, fe pública y constitución todos del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición contra la resolución de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, señalando que con la emisión del sobreseimiento se ha dejado de observar los principios en que se sustenta la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que según entiende el repitente en la etapa de admisibilidad debió verificarse si era aplicable o no alguna causal del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo de la opinión que al haberse admitido el recurso este debió continuar el proceso hasta la emisión del respectivo fallo, no entendiendo en que se fundamentó esta Sala para sobreseer el recurso de mérito por existir causales numerus clausus, y comprender que no se contempla parte del final de la resolución, la cual redacta en su escrito de reposición (sic) ”por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo”, motivo por el cual indica se omitió la motivación y señala como vulnerada la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que se procedió a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional en razón a los argumentos planteados por el recurente, apreciando que estos no son de recibido ya que es necesario indicar al impugnante que si bien en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala admitió el presente recurso después de verificar la observancia de los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y es hasta la remisión de los antecedentes que realiza el estudio necesario para determinar si concurre alguna de las causales del artículo 46 de la cita ley, aclarando que como señala el quejoso, en muchas ocasiones este alto Tribunal ha procedido a inadmitir recursos de amparo con solo el escrito de interposición, esto sucede cuando la causal de inadmisibilidad es evidente o el recurso resulta improcedente entre otras que podría apreciarse de entrada; En lo relativo a la causal en que se fundamentó esta Sala para sobreseer el recurso de mérito, esta Sala advierte que en el cuerpo de la resolución como en los fundamentos de derecho se aprecia con claridad la causal en que se enmarcó para dictarse el sobreseimiento en estudio, y si bien en la parte resolutiva no contempla la formula mera legalidad, sino (sic) ”por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo”, éste comporta el sentido de aquella, y siendo que las resoluciones deben ser apreciadas en su totalidad y no segmentadas, motivo por lo que esta Sala no aprecia la vulneración a los derechos que relaciona el suplicante, estimando que la resolución que este pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRRERA, a favor del señor ABRAHAM JOSUE BETANCOURT DOMINGUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de abril del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno; con relación a la causa incoada contra el señor ABRAHAM JOSUE BETANCOURT DOMINGUEZ, por los delitos de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO DE USO PERMITIVO Y PROHIBIDO AGRAVADO, DEPÓSITO IGEAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PROHIBIDO AGRAVADO, POSESIÓN INDEBIDA DE UNIFORME Y EQUIPO MILITAR Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA, SEGURIDAD INTERIOR, FE PÚBLICA y CONSTITUCIÓN todos del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que las alegaciones que formula el recurrente para fundar la acción de amparo, recaen en que estima que el acto reclamado carece de motivación y que la Alzada valoró las pruebas y los hechos de manera inadecuada. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso, se puede apreciar que el recurrente invoca como violentadas entre otros los derechos establecidos en los Artículos 80, 82, 89, 90, 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada concordó con el razonamiento vertido por el A-quo, motivo por el cual la confirma, determinando que al no haberse controvertido ni desvirtuado la prueba de cargo de la que realizó un análisis conjunto de la prueba que le permitió arribar a la conclusión de la acreditación del cuerpo de los delitos como del indicio racional de participación del procesado, motivos estos por los que declaró sin lugar la resolución apelada. CONSIDERANDO: Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su convicción, así como que su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92[1], dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, esta Sala observa, que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, estimando esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirma el recurrente y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el reclamante, teniendo como parte plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones, siendo necesario indicar al impetrante que esta Sala no emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de practica de prueba en segunda instancia de la que hace mención en el escrito de interposición del presente recuso al haberse pronunciado la Alzada sobre tal extremo en un auto distinto al acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRRERA, a favor del señor ABRAHAM JOSUE BETANCOURT DOMINGUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de abril del año dos mil veintiuno; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso reposición interpuesto por el Abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRRERA, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que la recurrente interpusiera a favor del señor ABRAHAM JOSUE BETANCOURT DOMINGUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de abril del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno; con relación a la causa incoada contra el señor ABRAHAM JOSUE BETANCOURT DOMINGUEZ, por los delitos de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO DE USO PERMITIVO Y PROHIBIDO AGRAVADO, DEPÓSITO IGEAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PROHIBIDO AGRAVADO, POSESIÓN INDEBIDA DE UNIFORME Y EQUIPO MILITAR Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA, SEGURIDAD INTERIOR, FE PÚBLICA y CONSTITUCIÓN todos del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición contra la resolución de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, señalando que con la emisión del sobreseimiento se ha dejado de observar los principios en que se sustenta la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que según entiende el repitente en la etapa de admisibilidad debió verificarse si era aplicable o no alguna causal del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo de la opinión que al haberse admitido el recurso este debió continuar el proceso hasta la emisión del respectivo fallo, no entendiendo en que se fundamentó esta Sala para sobreseer el recurso de mérito por existir causales numerus clausus, y comprender que no se contempla parte del final de la resolución, la cual redacta en su escrito de reposición (sic) ”por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo”, motivo por el cual indica se omitió la motivación y señala como vulnerada la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: Que se procedió a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional en razón a los argumentos planteados por el recurente, apreciando que estos no son de recibido ya que es necesario indicar al impugnante que si bien en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala admitió el presente recurso después de verificar la observancia de los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y es hasta la remisión de los antecedentes que realiza el estudio necesario para determinar si concurre alguna de las causales del artículo 46 de la cita ley, aclarando que como señala el quejoso, en muchas ocasiones este alto Tribunal ha procedido a inadmitir recursos de amparo con solo el escrito de interposición, esto sucede cuando la causal de inadmisibilidad es evidente o el recurso resulta improcedente entre otras que podría apreciarse de entrada; En lo relativo a la causal en que se fundamentó esta Sala para sobreseer el recurso de mérito, esta Sala advierte que en el cuerpo de la resolución como en los fundamentos de derecho se aprecia con claridad la causal en que se enmarcó para dictarse el sobreseimiento en estudio, y si bien en la parte resolutiva no contempla la formula mera legalidad, sino (sic) ”por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo”, éste comporta el sentido de aquella, y siendo que las resoluciones deben ser apreciadas en su totalidad y no segmentadas, motivo por lo que esta Sala no aprecia la vulneración a los derechos que relaciona el suplicante, estimando que la resolución que este pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRRERA, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas veintiséis de octubre y dieciocho noviembre de dos mil veintiuno, recaídas en el amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 819=21.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] El artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor.