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Sentencia AP-811-20 — Registro 13632

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró ha lugar parcialmente el recurso de apelación por el delito de otros fraudes,. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7) Que la Falta de Acción ha de entenderse como ausencia temporal o definitiva del poder de ejercicio de la acción penal con relación al proceso de que se trata. El Código Procesal Penal establece en el artículo 54 que le corresponde a la Jurisdicción Penal el conocimiento de los delitos y faltas, si bien es cierto de los antecedentes se aprecia que el recurrente comparece, en búsqueda de justicia penal al entablar una querella en contra del señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, en su propio nombre y por cuenta de CREDIT EXPRESS, S.A., a quien supone responsable del delito de Otros Fraudes, en perjuicio JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ. Del estudio de los antecedentes es claro que existe una acción civil como consecuencia de un contrato privado de Compra Venta de una casa suscrito en año dos ml siete “2007”, entre JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ y CARLOS FERNANDO MALDONADO VENTURA, contrato que posteriormente derivó en una serie de situaciones que llevaron a las partes ante la justicia Civil, situación que persiste a la fecha, sin que se haya dictado una resolución con carácter de cosa juzgada. el recurrente todos los recursos e instrumentos que le franquea la ley para hacer valer sus derechos ante la jurisdicción de lo civil. Todo ello sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso civil, se siga el procedimiento correspondiente a fin de establecer la probable existencia de hechos con apariencia de delito… CONSIDERANDO: (12) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad Quem en su resolución no ha vulnerado los derechos invocados por el recurrente, ciertamente, su resolución es clara y precisa, señalando las razones que tuvo en cuenta, para dictar la resolución en estudio. Dando respuesta a la pretensión del impetrante, conforme a derecho, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de SI MISMO, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por la JUEZ UNIPERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); en la causa instruida contra el señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio del señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (7) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, actuando en representación del señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ, presentando querella contra el señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, en su condición de Gerente General de CREDIT EXPRESS, S.A, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES S.A en perjuicio de JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ.-(Folios 1–3 de la pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), en la Audiencia de Exanimación de diligencias, dicho Tribunal de Sentencia Resolvió:… I.- Este Tribunal de Sentencia después del análisis y estudio de la prueba que se acompañó a la excepción planteada de incompetencia del Tribunal por parte del querellado, razona que, en cuanto a la petición de la excepción de incompetencia del Tribunal, se declara Sin Lugar la misma.- II.-… Documentos estos que una vez analizados en su conjunto vemos que la excepción que debería de haberse interpuesto es la falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; vemos que inclusive la parte Querellante en su relación de hechos en los Juzgados de materia civil; de igual manera señalo el querellante que en la Sala Tercera de este mismo Tribunal ha interpuesto otra querella en contra del señor CARLOS FERNANDO MALDONADO VENTURA, por los delitos de ESTAFA y OTROS FRAUDES (Copia de la querella folios 8 al 14 del expediente). Es por ello que considera el Tribunal, que una vez analizada la prueba presentada en su conjunto por el querellado y del estudio minucioso de los hechos (querella) conceptuamos que la excepción idónea es la falta de acción cuando no hay debido pronunciarse, basándonos de conformidad con el articulo 46 numeral 2, 47 y 296 numeral 1 todos del Código Procesal Penal Vigente, en tal sentido procedemos a dictar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.- Asimismo, una vez que la presente resolución adquiera el carácter de firme, se proceda al archivo de las presente diligencias .- III.- Quedando notificadas las partes en el estrado.-(Folios 122 al 123 de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, en su condición de apoderado legal del señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante. 2.- CONFIRMAR la falta de acción dictada y 3.- REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo a favor del Querellado por ser improcedente. (Folios 43–45v de la pieza de antecedentes) 4) Que el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ, contra la Resolución de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021). (Folios 1–16 y 48 del presente Recurso) 5) Que en fecha dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 50–57 del presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declaró Ha Lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente contra la resolución dictada en fecha veinte de enero del dos mil veinte, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que declaró Con Lugar la excepción de falta de acción, en relación a la Querella presentada por el recurrente contra el señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, en su propio nombre y por cuenta de CREDIT EXPRESS, S.A., por suponerlo responsable del delito de OTROS FRAUDES, en perjuicio del señor JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, en la formalización de Acción, expone que la resolución recurrida vulnera los derechos constitucionales de la propiedad, Debido Proceso y Tutela Judicial efectiva, siendo las causas de estas violaciones el quebrantamiento de las Reglas de la Sana Crítica, Defectuosa motivación fáctica, Error de Hecho, Interpretación errónea del líbelo de la querella y sus pruebas documentales. Expone que la resolución impugnada causa los siguientes agravios constitucionales: Lesiona el artículo 202 del Código Procesal Penal quebrantando de esta manera el Debido Proceso, cuando el Tribunal de Apelación confirma la Falta de Acción porque son cuestiones que pertenecen a la espera del ámbito civil, reconociendo como suyos los argumentos del Tribunal de Sentencia, al declarar que el mismo Tribunal de Sentencia por medio de otros expedientes de querella conoce de estos mismos hechos, lo que significaría según este criterio que el expediente 19111 también le comprende “falta de Acción” sin embargo dicho expediente 19111 aparee que el querellado CARLOS FERNANDO MALDONADO VENTURA “CFM”, promovió la misma excepción (F. 77, 84 y 85) y el Tribunal de Sentencia la declaró Sin Lugar y la Corte de Apelaciones La Confirmó según sentencia del 20 de agosto del 2010, la cual fue recurrida en Amparo en la que se Sobreseyó por considerar que eran cuestiones de mera legalidad, posteriormente la Corte Suprema de Justicia nuevamente conoció de la Querella 19111 en Amparo, e igualmente fue Sobreseída por la misma causal. Sigue manifestando que la Querella 19111 hace años pasó la etapa de incidentes, nulidades y excepciones siguiendo adelante con su trámite normal e incluso el sumo Tribunal de Justicia ha conocido Amparos posteriores, lo que significa que reconoce que los hechos “son cuestiones que pertenece a la esfera del ámbito Penal”. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente expone que la resolución recurrida viola el Derecho de Propiedad disminuyéndolo, quedando expuesto a que le rematen su casa porque jurisdicción Civil es incapaz de tutelar por si sola el Derecho de Propiedad indicado porque está obligado a aplicar la tarifa legal de pruebas, por lo que es precisa la jurisdicción Penal. Señala que hasta el momento no se ha producido el remate porque solicitó suspensión del remate fundado en la Prejudicialidad Penal prevista por el artículo 49 del Código Procesal Civil amparado en las querellas 19111 y 0068 y en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por “Falsificación de Documentos Públicos”. CONSIDERANDO: (6) Que el Ad Quem en el párrafo de la Motivación deja establecido que la excepción de Falta de Acción se configura en primer lugar, por la ausencia de legitimación o por legitimación inválida; en segundo lugar, porque la acción ya intentada, no sea constitutiva de delito perseguible por el Ministerio Público, de oficio o por instancia de la víctima, o perseguible por los particulares. En la causa en revisión el querellante explica que la génesis del problema inicia en el año dos mil siete “2007”, por un contrato privado de promesa de compra venta entre las partes y a favor de su representado, lo cual posteriormente deriva en un litigio en los Juzgados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, incluida una Tercería de Dominio en la que también conoce en Segunda Instancia la Corte Primera de Apelaciones Civil de esa jurisdicción, como puede observarse conflicto que vincula a cuestiones que pertenecen a la esfera del derecho civil por ser consecuencias de actos y negocios jurídicos civiles donde se ha dilucidado y desarrollado hasta llegar a una pronta resolución, siendo la excepción por Falta de Acción cuando no haya debido de promoverse por existir estos antecedentes la más conforme a dictar, señala que siguiendo esta línea de pensamiento no procede dictar un Sobreseimiento Definitivo, porque hasta el momento no se ha conocido el fondo de los hechos en materia penal, lo anterior conforme la norma procesal y adjetiva, ya que se estaría extinguiendo la misma, siendo incompatible con la Falta de Acción dictada. Además señala que los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrá ser resuelta por los tribunales civiles. Por todo ello declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMA LA FALTA DE ACCIÓN DICTADA por el Ad Quo, REVOCANDO el Sobreseimiento Definitivo a favor del querellado. CONSIDERANDO (7) Que la Falta de Acción ha de entenderse como ausencia temporal o definitiva del poder de ejercicio de la acción penal con relación al proceso de que se trata. El Código Procesal Penal establece en el artículo 54 que le corresponde a la Jurisdicción Penal el conocimiento de los delitos y faltas, si bien es cierto de los antecedentes se aprecia que el recurrente comparece, en búsqueda de justicia penal al entablar una querella en contra del señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, en su propio nombre y por cuenta de CREDIT EXPRESS, S.A., a quien supone responsable del delito de Otros Fraudes, en perjuicio JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ. Del estudio de los antecedentes es claro que existe una acción civil como consecuencia de un contrato privado de Compra Venta de una casa suscrito en año dos ml siete “2007”, entre JUAN RAMON MELENDEZ MARTINEZ y CARLOS FERNANDO MALDONADO VENTURA, contrato que posteriormente derivó en una serie de situaciones que llevaron a las partes ante la justicia Civil, situación que persiste a la fecha, sin que se haya dictado una resolución con carácter de cosa juzgada. Siendo así, se aprecia que se encuentra pendiente esta resolución, por lo que no es procedente que el recurrente se adelante a interponer querella por el delito de OTROS FRAUDES, sin que se haya resuelto el conflicto en la jurisdicción de lo Civil. Por lo que en este momento no procede que la controversia entre en el ámbito Penal, teniendo el recurrente todos los recursos e instrumentos que le franquea la ley para hacer valer sus derechos ante la jurisdicción de lo civil. Todo ello sin perjuicio de que una vez concluido el proceso civil, se siga el procedimiento correspondiente a fin de establecer la probable existencia de hechos con apariencia de delito. CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente invoca como quebrantado el Debido Proceso, entendido éste como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del Debido Proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (9) Que el Derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (10) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (11) Que “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad en su más alto concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o del interés público establezca la ley, según el contenido en el artículo 103 constitucional”. Entendiendo que el derecho de propiedad es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y revindicar sobre un objeto o propiedad, sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley.[6] Sobre el Derecho a la Propiedad Privada, la Corte Interamericana ha establecido que, el primer párrafo del artículo 21 de la Convención Americana consagra el Derecho a la Propiedad Privada, y señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien. Incluye a su vez una limitación a dichos atributos de la propiedad debido al interés social. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad[7] que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor[8]. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas[9]. CONSIDERANDO: (12) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad Quem en su resolución no ha vulnerado los derechos invocados por el recurrente, ciertamente, su resolución es clara y precisa, señalando las razones que tuvo en cuenta, para dictar la resolución en estudio. Dando respuesta a la pretensión del impetrante, conforme a derecho, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículos 8, 12, 13 Y 54 del Código Procesal Penal, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha catorce de febrero del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0811=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[5]Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[6] https://www.significados.com/derecho-de-propiedad/

[7] Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No.179. Párr. 55. Citando. Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 174.

[8]Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No.179. Párr. 55. Citando. Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 144; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr.102; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137; y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 129

[9] Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No.179. Párr. 55. Citando. Cfr. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 102.