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Sentencia AP-81-21 — Registro 14784

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación; confirma resolución dictada por Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia de Choluteca que declaró sin lugar excepción de incompetencia en querella contra recurrente por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de afectada; El Tribunal de Apelaciones considera que la pretensión del querellante es deducible ante la jurisdicción penal, la contienda jurídica es derivada de una presunta defraudación mediante engaño por una cuantía superior a cien mil lempiras, elementos constitutivos del tipo penal de estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, desde el momento que no consideró los documentos en los que, según el quejoso, quedaba claramente establecido que no procedía una acción penal en contra de su representado, sino que el asunto debió ser diferido a la vía civil..."..."esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso. Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido que las excepciones deben estar relacionadas con elementos procesales y no, como en este caso, a censurar si concurren o no en el proceso los elementos constitutivos del delito por cual se acusa, de tal suerte que, tal y como lo ha declarado esta Sala en reiterada jurisprudencia, no es viable oponer excepción cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que se reconoce a las partes en litigio..."..."Del examen detenido de las normas procesales relacionadas a la competencia en nuestro proceso penal, podemos establecer que en el asunto de mérito, se presentó una querella en la que se atribuye la presunta comisión de un delito que por su naturaleza puede ser perseguido por la víctima[2], no advirtiéndose por parte de esta Sala que, siguiendo los criterios anteriormente relacionados, pueda determinarse la incompetencia del Tribunal de Sentencia de Choluteca para conocer de esta controversia, pues dicho Tribunal ostenta a criterio de este Alto Tribunal, competencia objetiva, funcional y territorial para conocer el proceso penal que fue iniciado contra el señor Jorge Ramón Zapata Sánchez. La Sala observa que los argumentos del recurrente se orientan a cuestionar aspectos relacionados con los elementos constitutivos del delito, que por no ser un argumento de orden estrictamente procesal sino de fondo, deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo. IX. La Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar mas dirigidas a cuestionar la jurisdicción del tribunal y no su competencia puesto que es evidente que el Tribunal de Sentencia de Choluteca es competente para conocer de los procesos penales que sean iniciados en su ámbito territorial por la supuesta comisión de delitos. El recurrente cuestiona que los hechos en los que se funda la querella no son de naturaleza penal, pero esto no procede ser determinado por vía de una excepción procesal sino del conocimiento del fondo de la controversia como ya se dijo y será el Tribunal quien determine si efectivamente se trata de hechos que constituyen un infracción penal o no. Cierto es que el artículo 54 del Código Procesal Penal—concerniente a la jurisdicción penal—dispone en su párrafo final que hay determinados litigios que solo pueden ser resueltos por los tribunales civiles, siendo estos los referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de la usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, pero ninguno de estos supuestos guarda relación con el asunto que nos ocupa, en donde se atribuye la comisión de ciertos hechos que para la parte querellante con constitutivos de un delito de estafa, lo cual, como ya se dijo, deberá ser dilucidado por la jurisdicción penal que es a la que corresponde el conocimiento de los delitos y faltas de conformidad con la ley...."..."X. Con respecto a una alegada indefensión sufrida por la parte querellada como consecuencia de haber sido desestimada la excepción opuesta, esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba e imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo[3]. XI. Como se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a su favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso. XII. Siendo así, esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción penal, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una presunta defraudación mediante engaño por una cuantía que excede de los cien mil lempiras, elementos constitutivos del tipo penal de estafa...esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del asunto de mérito se ha realizado de manera imparcial por los órganos jurisdiccionales del Estado, los que han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcando sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades y principios que rigen el proceso...esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, estando la resolución del Tribunal de Alzada debidamente motivada y razonada, determinándose de su fallo una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho...de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, a favor del Señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020) que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, con relación a la causa instruida contra el Señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la Señora DELIA MERCEDES SÁNCHEZ. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82, 91 párrafo 1 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil veinte (2020), comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, los Abogados FRANCISCO ROBERTO WEDDLE LAÍNEZ y HENRRY GIOVANNI GARCÍA OCHOA, actuando en su condición de Apoderados Legales de la Señora DELIA MERCEDES SÁNCHEZ, interponiendo querella por el delito de estafa, en contra del Señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ. (Folios 01–51 de la pieza del A-Quo) 2) Que luego que la defensa del querellado opusiera excepción por falta de competencia del Tribunal, éste resolvió en audiencia celebrada al efecto en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) lo siguiente (SIC): “…El delito de estafa, es nada más la forma de referirse a la configuración del mismo, sin tocar los hechos, suponiéndose que hay una defraudación, en provecho propio, mediante un engaño lo que sería objeto de probanza en un juicio, el resultado final de una estafa es haber logrado el propósito; en este caso la excepción planteada por el Defensor por una excepción de incompetencia, entendiéndose que el Tribunal no es competente para conocer del delito de estafa, por cuanto los hechos no corresponde a la configuración, lo que si quedo evidentemente establecido es que a la fecha hay una situación pendiente, en este caso de cumplimiento por parte del acusado, con respecto a la persona que representa el Abogado Acusador. Si subsistiera a la fecha, el incumplimiento de una situación, ese será el punto toral que se dilucidara en un juicio. Si la parte Defensora, hubiese acreditado en la presente audiencia que todo está debidamente en regla a las expectativas o intereses de la parte acusadora, como Juzgador no tendría más que declarar que el delito no se configura como tal, pero al subsistir un elemento que si es necesario definir para que el Tribunal, se declare incompetente o se declaren cubiertos todos los requisitos, desapareciendo la configuración de estafa, sin tocar el fondo, porque tocarlo sería pronunciarse en cuanto a culpabilidad o inocencia, pero si le han dado las partes los suficientes elementos para poder darse cuenta que mientras subsista esa situación pendiente por la parte Defensora, no puede haber en el caso la terminación del presente expediente, ni sobreseimiento, ni mucho menos en una situación de incompetencia; por consiguiente se declaró sin lugar la situación de incompetencia que alego la parte defensora, quedando pendientes de la audiencia de proposición de medios de prueba si es que no se ha evacuado a la fecha; y siendo que está pendiente se señala para el día martes once (11) de diciembre a las ocho con cuarenta y cinco de la mañana (8:45 a.m.) en esta sede judicial, manifestando las partes no tener traslape para la fecha programada. De esa manera concluyó la presente audiencia.” (Folios 171–172 de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCANO GALO contra la resolución anteriormente descrita, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle dictó sentencia en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, en su condición de defensor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra el juez unipersonal del Tribunal de Sentencia de Choluteca, contra la resolución emitida en la audiencia de excepción en fecha diecinueve (19) noviembre del año dos mil dieciocho (2018) por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de DELIA MERCEDES SÁNCHEZ. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución recurrida.” (Folios 08-13 de la pieza del A-Quem) 4) Que el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, de fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 91 párrafo 1 de la Constitución de la República. (Folios 01–09 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 35 del Presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Conforme con la ley, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. La ley dispone que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones Seccional del Choluteca. OBJETO DEL RECURSO 5. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ la precitada sentencia de fecha seis de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la referida Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle. 6. En este fallo, censurado por el recurrente como violatorio de derechos y garantías constitucionales, se resolvió denegar un recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte querellada contra una resolución de fecha 19 de noviembre de 2018, mediante la cual, el Tribunal de Sentencia de Choluteca decidía denegar una excepción de incompetencia del Tribunal que fue opuesta por la parte querellada. En virtud de este fallo, la denegatoria del A Quo quedaba confirmada por el Tribunal de Alzada. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 7. Para fundar su acción de amparo, el recurrente argumentó que los documentos que presentó ante el juzgado de instancia eran suficientes para que éste dirimiera la acción penal a la vía civil, refiriendo que los mismos tenían un valor “incuestionable”, para efectos de desvanecer la acción penal incoada contra de su representado. Como parte de sus argumentaciones, el impetrante destacó que los hechos denunciados no corresponden a los elementos del tipo penal por el que se inició la querella, cuestionando que las acciones realizadas por su representado no son concernientes con la conducta determinada en el tipo penal, por lo que el tribunal de sentencia debió considerarlo como un asunto civil y al ser esta pretensión desestimada y confirmada posteriormente por la Alzada, el impetrante discurre que se violentaron en perjuicio de su representado el derecho a su defensa y la garantía a un debido proceso. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, se afirma que el Tribunal de Alzada incurrió en violación a la garantía a un debido proceso y al derecho de defensa por el hecho de haber decidido la confirmatoria de una resolución emitida por un juez de instancia, que desestimó una excepción procesal opuesta por la parte querellada, referente a una presumida incompetencia del Tribunal de Sentencia para conocer de la querella presentada, estableciendo que la jurisdicción de lo civil y no la penal es la competente para conocer de la acción penal entablada por la señora Delia Mercedes Sánchez. III. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. IV. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Así, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. V. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo éstas surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. VI. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, desde el momento que no consideró los documentos en los que, según el quejoso, quedaba claramente establecido que no procedía una acción penal en contra de su representado, sino que el asunto debió ser diferido a la vía civil. VII. Debemos decir primeramente que, con respecto a la naturaleza de las excepciones en el ámbito procesal penal, esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso. Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido que las excepciones deben estar relacionadas con elementos procesales y no, como en este caso, a censurar si concurren o no en el proceso los elementos constitutivos del delito por cual se acusa, de tal suerte que, tal y como lo ha declarado esta Sala en reiterada jurisprudencia, no es viable oponer excepción cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que se reconoce a las partes en litigio. VIII. Dicho lo anterior, y refiriéndonos en concreto al tema de la competencia, debemos acotar que esta Sala asiente que, conforme a doctrina ampliamente conocida y aceptada, la competencia en el proceso penal se distingue en diversas estructuras, y es así como tenemos la competencia objetiva, la competencia funcional y la competencia territorial. La Sala concuerda que la competencia objetiva es esencialmente la distribución que el legislador hace entre los distintos órganos que se integran en el orden penal para el enjuiciamiento penal y se determina mediante tres criterios fundamentales: 1. El ordinario que atañe a la gravedad de la infracción; 2. A razón de la materia, que atañe a criterio cualitativos o o por materia; y, 3. A razón de la persona, cuando el presunto autor de los hechos delictivos desempeña un cargo o función pública relevante dentro del aparato estatal que amerita un procedimiento especial a ser conocido por un órgano de rango superior. La competencia funcional viene a establecer con precisión los tribunales que han de intervenir en cada fase del procedimiento o en cada concreto acto procesal que se lleve a efecto, y la competencia territorial opera una vez que ha sido definida la competencia objetiva y funcional, y atañe a las reglas que deben seguirse para establecer cuál de los distintos tribunales radicados en el territorio de la República es el competente para conocer de determinado asunto. Del examen detenido de las normas procesales relacionadas a la competencia en nuestro proceso penal, podemos establecer que en el asunto de mérito, se presentó una querella en la que se atribuye la presunta comisión de un delito que por su naturaleza puede ser perseguido por la víctima[2], no advirtiéndose por parte de esta Sala que, siguiendo los criterios anteriormente relacionados, pueda determinarse la incompetencia del Tribunal de Sentencia de Choluteca para conocer de esta controversia, pues dicho Tribunal ostenta a criterio de este Alto Tribunal, competencia objetiva, funcional y territorial para conocer el proceso penal que fue iniciado contra el señor Jorge Ramón Zapata Sánchez. La Sala observa que los argumentos del recurrente se orientan a cuestionar aspectos relacionados con los elementos constitutivos del delito, que por no ser un argumento de orden estrictamente procesal sino de fondo, deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo. IX. La Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar mas dirigidas a cuestionar la jurisdicción del tribunal y no su competencia puesto que es evidente que el Tribunal de Sentencia de Choluteca es competente para conocer de los procesos penales que sean iniciados en su ámbito territorial por la supuesta comisión de delitos. El recurrente cuestiona que los hechos en los que se funda la querella no son de naturaleza penal, pero esto no procede ser determinado por vía de una excepción procesal sino del conocimiento del fondo de la controversia como ya se dijo y será el Tribunal quien determine si efectivamente se trata de hechos que constituyen un infracción penal o no. Cierto es que el artículo 54 del Código Procesal Penal—concerniente a la jurisdicción penal—dispone en su párrafo final que hay determinados litigios que solo pueden ser resueltos por los tribunales civiles, siendo estos los referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de la usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, pero ninguno de estos supuestos guarda relación con el asunto que nos ocupa, en donde se atribuye la comisión de ciertos hechos que para la parte querellante con constitutivos de un delito de estafa, lo cual, como ya se dijo, deberá ser dilucidado por la jurisdicción penal que es a la que corresponde el conocimiento de los delitos y faltas de conformidad con la ley. X. Con respecto a una alegada indefensión sufrida por la parte querellada como consecuencia de haber sido desestimada la excepción opuesta, esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba e imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo[3]. XI. Como se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a su favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso. XII. Siendo así, esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción penal, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una presunta defraudación mediante engaño por una cuantía que excede de los cien mil lempiras, elementos constitutivos del tipo penal de estafa. XIII. Es virtud de lo anterior, y contrario a lo afirmado por el recurrente, esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del asunto de mérito se ha realizado de manera imparcial por los órganos jurisdiccionales del Estado, los que han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcando sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades y principios que rigen el proceso. XIV. Asimismo, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, estando la resolución del Tribunal de Alzada debidamente motivada y razonada, determinándose de su fallo una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. XV. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 24, 26, 41.2, 46 y 54 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, a favor del Señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020) que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA, CHOLUTECA; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0081=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[2] De conformidad con el artículo 41.2 del Código Procesal Penal

[3] Como lo refiere JUAN PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012